LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

miércoles, 20 de mayo de 2015

Bienvenidos a la República Independiente de BANANARIA: razón social COSTAS S.A.

¿Es una Obra? o ¿una broma? o ¿un expolio?...

(Foto Diario Montañés)
-El día 18 de Mayo, sin informar a nadie (que se sepa), se inicia la retirada del vallado de la senda norte como exigíamos la ciudadanía. 
-Pero...¡Un momento! ¿Quien la inicia? ¿siguiendo que proyecto?, ¿con que presupuesto? ¿que se hará con la valla? (los¨palitos¨nos costaron al pueblo más de un millón de euros)...Por las imágenes y el aspecto de la "operación", pereciera que se están llevando los palos "alguienes" que nada tienen que ver con el gobierno y que actúan "pareciendo" que lo son. Si no ¿como se explica que no exista seguridad e información de la obra? ¡Es obligado informar de la ejecución de una obra, señalizar y avisar por seguridad...!, ¿como es que los trabajadores o en este caso ejecutantes, no cumplen ninguna medida de seguridad?...no hay cascos...ni guantes...,llevar al hombro la valla ¿es así como se trabaja?...Incluso hay un señor que parece OSORIO a pie de esta ¿obra? y un coche con logotipo de Costas... ¡que buen camuflaje!!
-Por que el pueblo sabemos que si se decide retirar la nefasta valla, el señor Osorio, la señora Tejerina y el alcalde Iñigo de la Serna, todos del PP, habrían informado de la misma con pelos y señales, habrían dicho al pueblo que proyecto de reversión se va a ejecutar. se habría convocado a los grupos políticos, asociaciones (¡incluso a la que defiende la senda!,seguro)...
-Actuar con tamaño desprecio a los contribuyentes a las personas y a las instituciones solo es imaginable en un país sin derechos ni democracia.
¿O es que estamos en ese escenario y por eso soberbia y desprecio campan sin recato por nuestra senda?      
 ¡Que alguien nos aclare, donde, cuantos y con que proyecto se esta llevando los palos!

http://elfarodelasendanortesantander.blogspot.com.es/

Otras preguntas
¿Por qué, para qué y dónde se llevan la tierra? ¿Quién a subcontratado a la empresa FRANFERMA SL? ¿Costas, TRAGSA, el Ayuntamiento?....

domingo, 10 de mayo de 2015

El día que la Junta pudo comprar El Algarrobico (y no lo hizo)

La operación de compraventa por la que Parque Algarrobico S.L. adquirió los terrenos del hotel en diciembre de 1995, fue notificada a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que rehusó explícitamente ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre estos.

Documentos a los que ha tenido acceso Actualidad Almanzora demuestran que la Junta de Andalucía pudo haber comprado el paraje de El Algarrobico en 1996. Así lo acredita un escrito firmado por el secretario general de la Delegación de Medio Ambiente en Almería, José Pedraza Martínez, quien, en marzo de ese año, comunicó a las empresas implicadas en la compraventa del sector R-5 - posteriormente denominado ST-1, y popularmente conocido como El Algarrobico- el desinterés de la Consejería por “ejercitar los derechos de tanteo y retracto” sobre éste. 


Los derechos de tanteo y retracto forman parte de los llamados derechos de adquisición preferente, y consisten, grosso modo, en la facultad de una tercera parte para interferir en una operación de compraventa, adquiriendo el bien a transmitir por el precio pactado entre comprador y vendedor.
Cuando la adquisición preferente se realiza a priori, es decir, antes de que se haya formalizado la venta, el derecho ejercido se denomina 'de tanteo'; mientras que cuando ésta se realiza a posteriori, invalidando la transmisión del bien, hablamos de derecho de retracto.

En la práctica, el ejercicio de ambos derechos está reservado casi exclusivamente a inquilinos, propietarios colindantes y administraciones públicas.

Al tratarse, ya en 1996, de un espacio protegido - el 75% del término municipal de Carboneras había sido incorporado al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar dos años antes-, la transimisión patrimonial estaba sujeta a lo dispuesto en la Ley 4/1989 de 27 de marzo, que en su artículo 10.3 establece: 

La declaración de un espacio como protegido lleva aparejada la de utilidad pública, a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados, y la facultad de la Administración competente para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, en las transmisiones onerosas intervivos de terrenos situados en el interior del mismo.

A los efectos del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, por el transmitente se notificarán fehacientemente a la Administración actuante las condiciones de la transmisión pretendida y, en su caso, copia fehaciente de la escritura pública en que haya sido instrumentada la citada transmisión. El derecho de tanteo podrá ejercerse en el plazo de tres meses y el de retracto en el de un año, ambos a contar desde la correspondiente notificación, que deberá efectuarse en todo caso y será requisito necesario para inscribir la transmisión en el Registro de la Propiedad.

Del mismo modo, la Ley 2/1989 de 18 de julio, en su artículo 24, dispone:

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Medio Ambiente, podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en todas las transmisiones onerosas de bienes y derechos inter vivos de los terrenos situados en el interior de los espacios declarados protegidos, en los términos previstos por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestres.

Se da además la circunstancia de que, desde el año 1987 - casi una década antes de esta compraventa-, el Ayuntamiento de Carboneras y la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo venían tramitando la clasificación de varias fincas incluidas en El Algarrobico para su desarrollo urbanístico.
Queda patente, por lo tanto, que la Administración autonómica no sólo no estaba interesada, como expresa en el escrito aportado la Consejería de Medio Ambiente, en adquirir los terrenos sobre los que posteriormente se edificó el hotel, sino que ni siquiera lo estaba en impedir la construcción en esa zona del parque natural.

Un desinterés, aquel, que contrasta vivamente con las declaraciones y últimas acciones del Gobierno andaluz, que ya ha convocado a la empresa Azata del Sol ante la notaría el próximo 12 de septiembre para llevar a cabo la formalización del derecho de retracto sobre los terrenos del hotel. 
¿De 720.000 a 9,3 millones de euros?
Un estudio realizado por la empresa pública Tragsa señala que el derribo del hotel y la posterior adecuación de los terrenos para devolverlos a su ‘estado original’, conllevaría un coste económico de 7 millones de euros, a los que habría que añadir, en caso de ejecutarse finalmente el derecho de retracto, los 2,3 millones que Azata del Sol abonó a Parque Club Algarrobico, S.L. en año 2001. Es decir, que en el mejor de los casos, la adquisición y restauración del paraje requerirá un desembolso de 9,3 millones de euros, frente a los 720.000 que hubiese costado evitar el despropósito jurídico-administrativo al que asistimos actualmente a cuenta de El Algarrobico.

No obstante, la factura total podría terminar siendo muchísimo más elevada, ya que en septiembre de 2013 Azata del Sol presentó varios recursos ante el Ayuntamiento de Carboneras, el Gobierno central y la Junta de Andalucía en los que solicitaba una indemnización de 70 millones de euros por el “anormal funcionamiento” de las Administraciones, dado que las tres dieron su visto bueno a la construcción del hotel.

Para deshacer el entuerto habría que preguntarles a los talibanes de Costas S.A. Cristina Narbona y José Fenández Pérez. Ellos empezaron esta guerra y otras muchas que dejaron incendiada y en rebelión a toda la costa española. ¿Por qué y para qué se inicia este ataque masivo y sistemático a la propiedad privada que el PP mantiene y amplía? Jamás nadie ha respondido a esta sencilla pregunta.

viernes, 8 de mayo de 2015

Un paraíso en el limbo legal

(pinchar para agrandar)
Si algo une a los vecinos de la Devesa es su amor por la naturaleza. Por ello un buen día se endeudaron para tener una casa en un lugar como éste. «Los que vivimos en la Devesa amamos más que nadie el medio ambiente y hemos demostrado que se puede vivir en armonía en un espacio natural. Es más, sin nosotros viviendo aquí, difícilmente el Ayuntamiento de Valencia habría invertido tanto en la protección del parque natural. Hemos propiciado que haya vigilancia y cuidado>, asegura María que también forma parte de la entidad vecinal.
"Sin embargo las administraciones nos han condenado, y vivimos con una falta total de servicios", se lamenta María, que cree las soluciones políticas que le han dado en los últimos años a los vecinos de la Devesa  "no han estado nunca a la altura de las personas"

Al margen de esta situación, un grupo de vecinos de la Devesa trata de defender sus derechos ante la presión la Ley de Costas, ya que la urbanización Casbah fue afectada hace unos años por el deslinde del Ministerio de Medio Ambiente y quedó dentro del dominio público marítimo-terrestre. Un deslinde que se encuentra recurrido ante el Supremo y que no tuvo en cuenta, entre otras cosas, el espectacular retroceso que ha sufrido la línea de playa en el último siglo debido a la ampliación del puerto de Valencia, según denuncian los afectados.

jueves, 23 de abril de 2015

Los vecinos del Sur de la Devesa también quieren trasvase de arena

La Asociación de Vecinos de la Devesa de El Saler está dispuesta a reclamar «donde haga falta» la reparación de las playas sur de la ciudad, desde Natzaret hasta El Perellonet, que en los últimos años han sufrido una espectacular regresión de arena debido a las sucesivas ampliaciones del Puerto de Valencia, al que instan a no aludir su responsabilidad.

Aunque el Ministerio de Medio Ambiente inició a finales del año pasado con fondos europeos el trasvase de arena de la playa de la Malva-rosa hasta el antiguo polideportivo de El Saler para regenerar el cordón dunar, los vecinos denuncian que las playas del sur de la ciudad, especialmente La Garrofera, necesitan urgentemente un aporte de arena para no desaparecer. Según fotografías realizadas en 1977, la zona donde actualmente está la urbanización Casbah contaba con una playa de 47 metros de amplitud. Hoy en día no hay ni un metro y las viviendas están protegidas por un muro de contención.

«Se tienen que tomar medidas de manera rápida porque todas las playas del sur de la ciudad están amenazadas», explican los vecinos, que llevan años batallando por una solución. «En 2007 una resolución de impacto medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente señalaba como culpable de la regresión de la arena de la playa al Puerto de Valencia. A ellos les atribuía la responsabilidad de la reparación, pero hay un contubernio entre las administraciones para no exigirles esta regeneración. En cambio acuden a la Unión Europea, que está financiando unos trabajos carísimos, mientras el puerto sigue destrozando las playas», denuncian desde la Asociación de Vecinos de la Devesa de El Saler.

La entidad vecina explica, además, que la arena que trasvasaron desde la Malva-rosa al polideportivo de El Saler no es compatible con la existente para la regeneración dunar. «Hemos pedido informes a Demarcación de Costas para que nos demuestre si están haciendo una buena regeneración de la zona. Primero decidieron no demoler el polideportivo porque era muy caro, y ahora su regeneración se hace con arena no adecuada», lamentan.


Explican que el Ministerio de Medio Ambiente dio su aprobación para la extracción de arena de un banco hallado frente a la costa de Sueca y Cullera, pero que no se lleva a cabo «porque la única draga capaz de hacerlo está en Singapur y es muy caro traerla. Así que en lugar de eso reparan el cordón dunar con arena que no es apta y con fondos europeos, mientras el Puerto de Valencia no cumple con su responsabilidad».

Demarcación de Costas tiene previsto iniciar una segunda fase para la reparación dunar, aunque al igual que la primera, la arena serviría para seguir soterrando el antiguo polideportivo de El Saler.

Residentes en las pedanías critican el abandono de zonas como La Garrofera y señalan al puerto como el gran responsable de la regresión



Costas reconoce en documentos oficiales todo cuanto denuncian los vecinos de El Saler. Pero ¿hace algo para evitar el deterioro ambiental en una zona de máxima protección? NO. A Costas S.A. sólo le interesa el dinero. Cuanto más destrucción ambiental exista, más fondos recibe y más excusas tiene para seguir confiscando la propiedad privada con nuevos deslindes.

miércoles, 22 de abril de 2015

Cospedal: "Hemos trabajado mucho en saquear a nuestro país" ¿Lapsus o la única verdad que ha dicho en su vida?


Que nos lo digan a los perjudicados por la Ley de Costas

Ley de Costas

Artículo 8
[...] no se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la presente Ley, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad.

Artículo 13
1. El deslinde aprobado [...] declara la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado [...]  sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.

Y esta ley la sigue permitiendo, avalando y apoyando ¡¡un Registrador de la Propiedad como es Rajoy!!

Con la Ley de Costas se puede proclamar la República independiente de Bananaria sobre una franja del territorio español sin ningún problema. 

miércoles, 15 de abril de 2015

EL IMPRESENTABLE CAPRICHO DE COSTAS S.A.:UNA SENDA COSTERA DE QUITA Y PON

El alcalde espera que Costas retire la "casi totalidad" del vallado de la senda costera

El Ayuntamiento de Santander está "a la espera" de que la Demarcación General de Costas "acote al mínimo" la intervención en la senda costera que une Cabo Mayor con la Virgen del Mar. De hecho, el alcalde de Santander cree que la Administración del Estado procederá a la retirada "casi total" del vallado que se colocó en 2014 y que levantó una gran protesta  vecinal que obligó a paralizar las obras del camino en octubre.

La retirada del cercado de madera es una de las principales propuestas del Ayuntamiento de Santander. Íñigo de la Serna recordó que la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Isabel García Tejerina, adelantó en su reciente visita a la capital cántabra que Costas incorporará al proyecto "todas las iniciativas y acciones" propuestas por el equipo municipal, que en todo momento ha abogado por mantener solo las estructuras que sean estrictamente necesarias por motivos de seguridad. El Consistorio sigue pendiente de que Costas finalice los procedimientos administrativos que tiene en marcha para que, después, empiece "cuanto antes" la retirada de los elementos que molestan.

Como es conocido, el Ayuntamiento aspira a que se elimine casi el 95% de la valla de protección y se sustituya el tipo de cerramiento en donde sea necesario mantenerla por seguridad. También quiere que se suprima los miradores de madera situados a la altura del campo de fútbol de Cueto y junto al Oceanográfico en El Bocal y también pidió en su día algunos pequeños cambios de trazado (por terrenos públicos) para mejorar la seguridad, entre otras modificaciones.

Estas no gustan a la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte de Santander, porque se consideran parciales e insuficientes, como ha señalado en numerosas ocasiones su portavoz, Santiago Sierra. Precisamente este colectivo tiene convocado para este domingo un acto de reivindicación sobre el área (en colaboración con 'Las Gildas') que consistirá en una presentación de los objetivos de la asamblea, que tendrá lugar a las 10,30 en el Centro de Interpretación de la Maruca, el recorrido del camino desde la Maruca hasta Cabo Mayor y la llegada al colegio público Vital Alsar, donde 'Las Gildas' ofrecerán a los participantes en la marcha un refrigerio, con actividades para los más pequeños.
2014 La Ministra y el Alcalde embelesados ante el cartel de la supuesta senda costera. Que la ministra esté encantada con la idea se entiende después de haber conseguido quedarse con 123.000 m2 de terreno gratis. Pero que el Alcalde lo esté también con el coste que ha supuesto para las arcas del Ayuntamiento las expropiaciones, eso si que ya no se entiende.
¿Quién va a pedir y a rendir cuentas del derroche de 1.000.000 € que ha costado ese esperpéntico cercado? ¿Por qué ningún fiscal investiga las obras de Costas? ¿No es ésto una malversación de fondos públicos? Por menos, otros están imputados o en la cárcel.

miércoles, 18 de marzo de 2015

Un misterio misterioso

Hay cuestiones que resultan difíciles de entender. Y lo que no se puede entender es imposible que se pueda explicar. Yo, por ejemplo, soy incapaz de explicarme a mí mismo por qué hay que tirar el hotel Médano. Porque, vamos a ver, uno coge el Google Maps, examina las costas de esta isla y no hace más que encontrarse casas tan cerca de las olas que hasta tienen lapas. En Candelaria, en el Puertito de Güímar, en El Médano, en Los Cristianos... En toda la isla hay edificaciones que están pegadas a la pleamar. A la trasera del ayuntamiento del Puerto de la Cruz, sin ir más lejos, casi le llega la espuma de las olas.
¿Se van a tirar todos estos edificios? No. Porque ya estaban en el momento de aprobar la ley de 1988. Las viviendas que ya existían en esa fecha se quedaron "fuera de ordenación", como en Santa Cruz; un limbo jurídico en el que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Con el tiempo, según la ley, muchas pasarían a ser propiedad del Estado. Luego la Unión Europea le dijo a España que era muy feo que se quedara con las viviendas que los pensionistas alemanes habían comprado con sus ahorros. Entonces el Gobierno, en 2013, volvió a regular las costas, pasando la prohibición de construir de cien a veinte metros del marisco, aunque según y cómo también ilegalizaba algunas casas en los otros ochenta metros... ¿Me siguen? ¿No? Tranquilos, yo tampoco.
La Ley de Costas del 88 establecía que a cien metros de la pleamar no puede haber ladrillo sobre ladrillo, excepto en los lugares que ya fueran urbanos en esa fecha. Ahí se aplicaba la frontera de los veinte metros. El dominio público es la ribera del mar. Pero luego hay seis metros de servidumbre de tránsito, aunque sean riscos por los que no puedan transitar ni los cangrejos. Luego hay zona de servidumbre de protección -que afecta a propiedades privadas- que llega a unos cien metros (u ochenta) en la que no se puede edificar. Y ahí es donde está el tomate. Porque uno se lee la ley y se enreda como en un trasmallo.
Al final lo que importa es que Costas, o sea, el Estado, o sea, el Gobierno, es el propietario de las riberas de la mar. Y como es el propietario no construye. Y demás, tampoco deja construir a los vecinos a una incierta distancia. Por qué son cien metros, ochenta o veinte o los que sean y no más o menos, es un misterio arbitrario. Por qué es igual para una costa continental que para otra insular, es más de lo mismo. Y también por qué hay casas que nadie se mete con ellas y otras que dicen que se van a tirar.
Es decir, que lo de Costas es un misterio muy misterioso. Si esto del cambio climático sigue adelante y se deshielan los polos y sube el nivel de la marea, como auguran los calentólogos, que dios nos coja confesados porque Costas se queda con todo. Y encima ruedan los mojones, como los magos, para ampliar la finca. Vaya peligro.

viernes, 13 de marzo de 2015

El enigma de las coordenadas

Un supuesto error de Costas en el vértice M-336 que coincidía con el campo de fútbol hace tambalearse la sentencia del mamotreto. La invasión de la zona de servidumbre de protección sería mínima.
Dicen que fue un error de transcripción. Que el funcionario o funcionaria que copió en el plano las coordenadas del deslinde marítimo terrestre de 1961 al de 2009 se equivocó en el M-336 y lo puso en el córner del campo de fútbol, un poco más arriba de donde debía ir.
Así se reconoce en un documento perteneciente al nuevo deslinde iniciado por Costas de Las Teresitas, en el que se establece que "la línea de deslinde propuesta [...] es coincidente totalmente con la aprobada por Orden Ministerial de fecha 12/02/2009 hoy anulada, salvo en el vértice M-336, donde se detectó que no coincidía con el vértice del tramo adyacente, error que se ha corregido".
Este error no pasaría de ser anecdótico si no fuera porque se examinaron y resolvieron alegaciones sobre ese vértice sin que nadie se diera cuenta en 2009 y porque ese vértice o mojón fue una de las bases del juicio del mamotreto, en el que han sido condenados y se ha ordenado entrar en prisión a dos concejales y una técnico de Urbanismo.
Costas, en vez de reconocer y clarificar estos hechos, salió el lunes al paso con un comunicado intencionadamente ambiguo en los medios de comunicación. "El deslinde que se está tramitando actualmente es coincidente aproximadamente con el del año 2009 [...]. Así mismo, este deslinde es prácticamente coincidente con el anterior (O.M. de 13 de mayo de 1961) en la zona del mamotreto. El deslinde del año 1961 es el vigente hasta tanto se apruebe el recientemente incoado".
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido un informe aclaratorio a Costas, pero ya está sacando la calculadora para empezar a sumar lo que les costó paralizar la obra porque invadía no solo el dominio público marítimo terrestre sino también la servidumbre de protección.
Sin embargo, la sentencia del Juzgado de lo Penal número cinco se refiere en sus hechos probados al deslinde de 1961, que estaba supuestamente bien pasado a plano. Aunque también lo hace al de 2009, con una frase: "Por Resolución de fecha 12 de diciembre de 2009, se aprobó el deslinde de los bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre en este tramo de costa, que es coincidente con el anterior (O.M. de 13 de mayo de 1961), en lo que atañe a los hechos aquí descritos".
Los abogados en la defensa están ahora personándose en el expediente administrativo de Costas, para poder examinar los deslindes y, en concreto, dónde estaba el vértice M-336 en el de 1961. Si estaba en el córner, nada habrá cambiado, si estaba más abajo, tienen que medir cuánto para comprobar entonces qué parte del mamotreto invadía la servidumbre de protección.
El último movimiento que se ha hecho del mojón en el nuevo expediente de deslinde que se ha incoado este año lo sitúa un poco más abajo y la invasión del mamotreto de la servidumbre pasaría de los 450 metros cuadrados a entre 25 o 50 metros.
Si esto fuera así, aplicando el principio de proporcionalidad de la Justicia, se pararía supuestamente la demolición ordenada en la parte de servidumbre de protección.
Además, algunos apuntan a que podría incidir en los delitos contra la ordenación del territorio por el que ya han sido condenados con sentencia firme Candelaria Benítez, Norberto Plasencia, Loreto Ariz, Epifanio Gómez, José Domínguez Pastor y Manuel Parejo.
El abogado de Candelaria Benítez, Alfonso Delgado, explica que "lo primero" ante esta situación es la "prudencia". Una vez que comprueben que el mojón M-336 del deslinde de 1961 no está en el córner, pedirán un "recurso de revisión de la sentencia al Tribunal Supremo" o "el indulto".
De cualquier forma, con este nuevo giro el proceso judicial puede alargarse tal vez años.
Ahora el enigma se centra en quién cometió aquel error fatal de transcripción, para rastrear si existió algún posible interés o fue la concatenación de una suma de errores "inaudita", en palabras del alcalde de Santa Cruz de Tenerife.
También se cuestiona incluso qué funcionarios de Costas rechazaron dos alegaciones al deslinde de 2009, amparándose, precisamente, en que el vértice M-336 "se representa en el interior del campo fútbol" y es "coincidente" con el de 1961. Y sobre todo, cómo es que nadie se percató del error en seis años.
Los culpables, ¿seguirían siéndolo?
Aunque los abogados de los condenados van a hacer todo lo posible para que se revisen las penas, no está tan claro que eso sea posible. El portavoz de Sí se Puede y también abogado Pedro Fernández Arcila sostiene que "el mamotreto era ilegal cuando se construyó porque el proyecto final invadía el dominio público marítimo-terrestre, considerando tanto donde antes se encontraba el mojón como donde se dice ahora que debiera estar, y, dado que esto es así, alguien informó favorablemente una obra que no debía ser autorizada". Además, aclaró "algo que los concejales de Coalición Canaria eluden de manera consciente o inconsciente: la acción que condena la justicia no tiene que ver solo con lo que está construido, sino también con lo que se autorizó". El citado fallo dice además que con esta acción, los condenados vulneraron aspectos legales en materia de ocupación, de usos del suelo, de altura y de edificabilidad, entre otros. Y, además, sigue siendo ilegal según el PGO, añadió.
Más información
El concejal del Partido Popular (PP) Carlos Garcinuño ha solicitado al consistorio una copia de la incoación del nuevo expediente de deslinde marítimo-terrestre en el que se reconoce el error. Tanto ediles del gobierno como de la oposición han tildado el supuesto error en ese mojón clave de "raro", debido a las numerosas ocasiones en las que ha habido que repasarlo e incluso declarar sobre él en el juicio por parte de los técnicos de Costas.

domingo, 22 de febrero de 2015

El inmenso poder de COSTAS S.A.; CUANDO QUIEREN, COMO QUIEREN, DONDE QUIEREN, LAS TRES PREMISAS DE LA LEY DE COSTAS

Un cambio en el deslinde de Costas amenaza con despenalizar la causa

Un cambio en el actual deslinde marítimo-terrestre en el litoral de la santacrucera Playa de Las Teresitas amenaza con dejar sin efectos penales el proceso llevado a cabo contra tres exconcejales y tres funcionarias del Ayuntamiento capitalino a cuenta del llamado caso Mamotreto, una edificación para aparcamientos erigida en la entrada de la playa y que ha supuesto condenas de cárcel y de inhabilitación para seis de los siete encausados inicialmente.
Dicho cambio fue comunicado el pasado viernes por la Dirección General de Costas al Consistorio tinerfeño, y supone una sustancial rebaja, ya que pasaría de los 400 metros fijados en principio a 50.
Si, como apuntan los expertos consultados, esta variación del deslinde implica que el llamado mamotreto no invade la servidumbre de protección, el proceso quedaría sin relevancia penal, ya que dicha invasión es, precisamente, la que ha justificado que todo el asunto se haya juzgado por esta jurisdicción en vez de por la administrativa.
Un dato fundamental radica en que no se trata de un nuevo deslinde sino de la corrección del anterior. Este cambio se produjo a raíz de una decisión de la Audiencia Nacional que anulaba la orden ministerial por la que el 12 de febrero de 2009 se aprobó el nuevo deslinde del dominio público marítimo terrestre de esta playa que tanto quehacer ha dado a la Justicia y lo que aún falta por dilucidarse.
Aunque el dato resulta asombroso, todo apunta a que Costas conocía este cambio clave para la suerte de este proceso desde el mes de junio del año pasado, y sin embargo la comunicación oficial del mismo se ha producido más de siete meses después.
Cabe recordar que la zona que supuestamente invadía el llamado mamotreto de servidumbre de protección era de siete metros en profundidad y de 60 en fachada, por lo que cabe suponer que el cambio actual puede llegar a dejar fuera de servidumbre la construcción o, al menos, reducirla a una distancia que se traduzca en irrelevante o, en todo caso, no lo suficiente como para justificar una condena como la actual.
La nueva situación por tanto que se dibuja a la vista de este cambio en el deslinde de la playa de Las Teresitas no sólo influye sobre las posibles condenas de cárcel de los imputados sino también al propio edificio y a la orden ya dictada por el alcalde, José Manuel Bermúdez, de iniciar el trámite para derribar la parte del inmueble que invade la zona de servidumbre.
Sólo existe una ley en el mundo que puede hacerte delincuente o víctima, culpable e inocente, legal o ilegal dependiendo de una raya dibujada en un plano al capricho de un señor/a. Si la ponen aquí, vas a la cárcel. Si la ponen allá, te libras de ella. ¿Cómo puede seguir existiendo semejante norma en un país civilizado? ¿Dónde está la seguridad jurídica? Esta ley permite, sin que nadie la cuestione, venganzas o amiguismos dejando a los tribunales, jueces, fiscales, UDEF, Guardia Civil... en un vacío legal muy poco recomendable. 
Teniendo a Costas con el poder absoluto en sus manos sobran todos lo demás.

Nadie, excepto nosotros, ha denunciado que existe una parte del territorio español, el costero, que vive en una dictadura total con vireyes con patente de corso, pero existe y alguien debería tomar medidas para que esta parte de España regrese al Estado de Derecho Europeo al que se supone pertenecemos todos.

sábado, 31 de enero de 2015

PISTOLETAZO DE SALIDA A LA ESPECULACIÓN DEL LITORAL: Las viviendas ubicadas en primera línea de El Puertito, en riesgo

El Ayuntamiento de Adeje aprobó, en la sesión plenaria ordinaria que celebró el 26 de septiembre de 2014, la modificación puntual del sector 6 del Plan General de Ordenación (PGO), "afectando a los vecinos del núcleo costero de El Puertito, en el que residen desde hace décadas unas 30 personas". Sin embargo, en el desarrollo de la ordenación pormenorizada publicada en el BOP del 12 de noviembre pasado, "solo se plantea que dichas edificaciones a pie de costa tengan uso comercial, prohibiendo el uso residencial".
Así lo denuncia públicamente Coalición Canaria (CC) al anunciar que presentó alegaciones "para que se mantenga el uso residencial, compatible con el terciario y comercial, esperando que se resuelva favorablemente para los vecinos en el próximo pleno ordinario".
El portavoz del Grupo Municipal de CC, Ricardo Moreno, dice no entender que "el gobierno municipal venda a bombo y platillo que garantiza y protege el núcleo residencial cuando, en el papel, está certificando que los vecinos de este barrio no puedan residir en El Puertito de Adeje".
El pasado mes de septiembre fue cuando el gobierno municipal adejero anunció la modificación del planeamiento vigente para facilitar una inversión de 180 millones de euros durante los próximos cinco años. Con ello se realizará el Plan de Desarrollo de El Puertito de Adeje, consistente en actuaciones turísticas (vinculadas a la naturaleza y el ocio), el deporte y residenciales.
La superficie total afectada será de 442.750 metros cuadrados, de los que 119.994 metros cuadrados serán de uso turístico edificable, 11.454 metros cuadrados se emplearán para espacios comerciales, otros 25.258 metros cuadrados son de uso recreativo y deportivo mientras que las zonas verdes sumarán 107.699 metros cuadrados. También tendrá 3,7 kilómetros de carril bici, con otros 5 kilómetros de recorrido peatonal y su edificabilidad será del 31%.
Poner en valor el territorio, respetar y potenciar la singularidad del entorno, desarrollar un turismo del siglo XXI, además de generar empleo, proteger el núcleo residencial y el Aula Marina existentes en la zona fueron las premisas con las que se planificó este nuevo proyecto turístico.

jueves, 29 de enero de 2015

El abogado Moreno sitúa el origen del conflicto de Hoya Pozuelo en una errónea aplicación de la Ley de Costas

El abogado especialista en derecho urbanístico Normando Moreno, que defiende desde marzo de 2000 a la empresa de Jaime Cortezo en el contencioso ante Costas por la invasión del dominio público marítimo terrestre de los dúplex de Hoya Pozuelo, en Telde (Gran Canaria), ha declarado este miércoles que tanto el promotor como los compradores de las viviendas "han sido víctimas de un sistema kafkiano, que no funciona".
En la sexta sesión del juicio contra Cortezo, Elena del Castillo y Juana Rosa Fuentes por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y alzamiento de bienes en la venta de los mencionados inmuebles, Moreno ha recordado en su declaración como testigo que el deslinde se realizó en el año 1985 al amparo de la Ley de Costas de 1969, que "no distinguía lo que era la ribera del mar ni establecía una zona de servidumbre".  
"Sin embargo", añadió el reputado letrado, "se basan en que el replanteo invade una servidumbre, una línea imaginaria que nadie ha trazado".  
Cabe recordar que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Rural (Apmun) del Gobierno de Canarias abrió en febrero de 2000 un expediente sancionador a Hoya Pozuelo SL tras la denuncia interpuesta por José Luis Arencibia (ya fallecido), un excolaborador de Cortezo que consideraba que las viviendas invadían los 100 metros de servidumbre que la normativa establece para proteger la costa. El procedimiento se resolvió con una orden de derribo para las viviendas de primera fila de esta promoción, orden que después fue ratificada por varias sentencias judiciales.
Moreno precisó que la Ley de Costas aprobada con posterioridad, en 1988, obligaba a la Administración a adaptar los deslindes anteriores, como el de Hoya Pozuelo, para fijar la ribera del mar y la zona de servidumbre.
El abogado ha relatado que en estos quince años de litigio, desde que Cortezo le encargara el escrito de alegaciones para el trámite de audiencia por el expediente de la Apmun, ha ejercido 31 acciones y ha trabajado en más de 40 expedientes "voluminosos" para "intentar llevar al sentido común este asunto".
Agotada la vía judicial en España, la defensa del empresario llevó el caso de las viviendas de Hoya Pozuelo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, Estrasburgo no ha admitido los recursos al entender que no concurren las causas para ello."La jurisdicción europea es muy particular", ha sentenciado  Moreno, quien, no obstante, cree que  aún hay margen de defensa y que el caso puede tener más recorrido. En los tribunales comunitarios "hay otras acciones que se pueden emprender", ha afirmado el letrado sin dar más detalles.
Moreno ha lamentado que en este proceso no haya habido una "mayor coordinación entre la estrategia de defensa de los propietarios de las viviendas y la de Jaime Cortezo", ya que las instituciones europeas son "más sensibles" a los problemas de los ciudadanos afectados por "decisiones desproporcionadas" como la que, a su juicio, ha derivado en este pleito.
"Nunca se pueden hacer afirmaciones rotundas, y menos en Derecho, pero las cosas podían haber sido de otro modo si se llega a hacer causa común. Hubiera sido ejemplarizante", ha concluido.

Para este encargo profesional, Moreno se ha servido de varios informes elaborados por el ingeniero topógrafo Enrique Vidania, que también ha declarado como testigo este miércoles.Vidania ha defendido que el deslinde realizado en la zona de Hoya Pozuelo es incorrecto: "El propio informe de la Demarcación de Costas dice que hay errores de metros".
Según el topógrafo, las viviendas de Hoya Pozuelo no se encuentran dentro de la  zona de servidumbre, puesto que, en su opinión,  no hay menos de 100 metros entre las mismas y la denominada ribera del mar. Afirmó además que es "imposible hacer una línea paralela" y que, pese a ello, en ese terreno sólo hay dos mojones que marcan el deslinde cuando debería haber "aproximadamente 24".
Vidania ha manifestado que la línea que delimitó la Apmun no coincide con la fijada por Costas y que en el caso de uno de los mojones, el número 22, hay un error "muy llamativo" de 13 metros que perjudica a la promotora. "Puede haber incluso falsedad de documento público", se ha atrevido a decir.
El tercer testigo en comparecer este miércoles ha sido Federico Rodríguez, que en febrero de 2000 reservó una vivienda en la parcela I4, una fase de la promoción posterior a la I2, en la que se encuentran las casas afectadas por la orden de derribo. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, ante la "incertidumbre" que existía, decidió no ejecutar la opción de compra y se le devolvió el dinero que había aportado. Según Rodríguez, el propio Cortezo le explicó que había un problema "con el tema del deslinde", aunque finalmente renunció "por el retraso de la obra".
El juicio por la presunta estafa de Hoya Pozuelo se reanuda el próximo lunes con la declaración de nuevos testigos.
http://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2015/01/28/9179.html Fuente: Texto de Iván Suárez (CanariasAhora.com)

domingo, 28 de diciembre de 2014

LA INOCENTADA DE MARIANO RAJOY ¡¡NO TIENE NINGUNA GRACIA!!

POLÍTICA ESPAÑOLA EN EL EXTRANJERO
Artículo 2. Principios y objetivos de la Política Exterior.
1. La Política Exterior de España tiene como principios inspiradores el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Política Exterior de España defenderá y promoverá el respeto y desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Promoverá los proyectos de construcción europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como el multilateralismo en el seno de la comunidad internacional.
2. Son objetivos de la Política Exterior de España:
c) La promoción y consolidación de sistemas políticos basados en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas;
Artículo 16. Acción Exterior en materia de derechos humanos.
1. La Acción Exterior en materia de derechos humanos promoverá la extensión, reconocimiento y efectivo cumplimiento de los principios fundamentales defendidos por la comunidad internacional de Estados democráticos y reconocidos en la propia Constitución Española, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los demás pactos y tratados ratificados por España en esta materia, en especial las Directrices de derechos humanos de la Unión Europea.
2. Asimismo, promoverá la cooperación internacional en materia de defensa y garantía de los derechos humanos y contará para ello con el trabajo de proyección exterior de los órganos constitucionales.
POLÍTICA INTERNA ESPAÑOLA VISTA DESDE EL PARLAMENTO EUROPEO
Conclusión: a falta de la intervención de los peticionarios, prevista para el día siguiente, la comisión concluye que existe un problema de seguridad jurídica y de indemnización justa, que las declaraciones de los representantes del Gobierno español y de la Comisión no son satisfactorias y que el Parlamento proseguirá el examen del asunto.
Decisión: solicitar al Presidente Buzek que remita un escrito al Presidente del Gobierno español, haciendo hincapié, entre otros, en la aplicación arbitraria de la ley, la falta de seguridad jurídica y la indemnización injusta; escribir una carta a la Comisaria Viviane Reding para solicitarle una aclaración de los aspectos de las peticiones relacionadas con la Carta de los Derechos Fundamentales y el CEDH. Los coordinadores debatirán otras posibles medidas de seguimiento.




domingo, 14 de diciembre de 2014

Costas admite la plena consolidación de todos los núcleos del litoral de Marín


El ministerio asume los criterios del gobierno local y confirma el asentamiento urbano de Casás, Teoira, Loira y Aguete » El próximo martes se reunirá la comisión de seguimiento

Costas del Estado ha admitido finalmente el grado de consolidación de los núcleos de Casás, Teoira, Loira y Aguete Sur, siguiendo los argumentos presentados por el Concello de Marín en julio del año pasado. En un informe remitido por la Dirección General de sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, se asumen los argumentos de Marín para defender los asentamientos urbanos que aún quedaban por aclarar en su litoral, adaptándose a la nueva ley de Costas de 2013.
"Se puede concluir que los citados núcleos cumplen con el grado de consolidación exigido para aquellas áreas que no contaban con servicios urbanísticos a la entrada en vigo de la Ley 22/1988, informando favorablemente a la aplicación de la Disposición transitoria primera de la Ley 2/2013", expone en sus conclusiones el informe remitido por el ministerio.
Se incluye a Marín en la disposición transitoria de la ley, que se refiere a los municipios que ya disponían de plan urbanístico antes de la entrada en vigor de la ley de Costas del año 1988, porque el municipio disponía de normas subsidiarias con similar consideración.
Marín había resuelto en gran parte el problema de los núcleos del litoral, al aprobar el nuevo plan xeral de ordenación municipal. Sin embargo quedan pendientes de ordenación estos cuatro lugares.
Estudio
Para solventar la situación, el gobierno local presentó a los integrantes de la comisión de litoral un estudio de consolidación elaborado por el equipo redactor del planeamiento, con el objetivo de reducir la línea de servidumbre para justifica una consolidación de dos tercios en los núcleos del litoral de Casás, Teoira, Loira y Aguete Sur.
El estudio de la consolidación elaborado por el equipo redactor, realizado teniendo en cuenta los cuatro documentos que ya se realizaron anteriormente en el municipio, trataba simplemente de "plasmar la realidad existente", como explicó entonces la alcaldesa, María Ramallo.
Para adaptarse a la Disposición transitoria de la ley, que da cabida a estas excepciones, se tomaron unos parámetros de consolidación, según los cuáles, a la entrada en vigor de la ley de Costas de 1988, Casás tenía un grado de consolidación del 78,48%, para el núcleo de Aguete Sur se establecía un 92,03%, para Teoira un 73,67% y, finalmente, para el núcleo de Loira un 76,04%.
El cálculo se realizó aplicando un método gráfico, que pone en relación la suma de las superficies de las parcelas consolidadas en 1988, con la superficie total del ámbito, tras descontar los viales y zonas verdes existentes en dicha fecha.
El reciente informe de Costas informa favorablemente a la argumentación del Concello para consolidar dichos núcleos, con lo que el gobierno local da por concluida la incertidumbre que pesaba sobre las viviendas afectadas.
Reunión
Para determinar las conclusiones definitivas del informe recibido por el Concello, el próximo martes se reunirá la comisión de seguimiento de la ley del litoral, con la presencia de los responsables de Xunta y Costas del Estado.