Costas mantiene en un limbo legal cientos de casas en núcleos rurales

La reforma de la Ley de Costas de mayo del 2013 dejó sin resolver la demanda histórica de Galicia para el reconocimiento de los núcleos rurales de su litoral, aunque al menos habilitó una vía para regularizar muchas de las 12.500 viviendas anteriores a esa norma (1988) que la Xunta estimó que pueblan la zona de servidumbre. Esto llevó a 34 concellos con plan general a solicitar en el plazo fijado la rebaja de esa franja de protección de costa de los 100 metros delimitados en la ley original, desde el límite interior de la ribera del mar, a los 20 que permite su reforma. Esos concellos, y otros 24 con PXOM aprobado (que elevan a 255 los núcleos deslindados), cumplían los requisitos de consolidación edificatoria, accesos y servicios. Pero la mayoría de las 4.500 casas levantadas en esas 255 aldeas tradicionales siguen en el limbo. En unos casos, la Dirección General de Costas, que depende de Medio Ambiente, reclama más documentación. En otros, ha denegado la solicitud. Solo en unos pocos ya ha resuelto el problema.

Limita la expectativa que abrió para legalizar miles de viviendas junto al mar

Algunos municipios ya tenían reconocida esa franja de protección a 20 metros del mar, como sucede, por ejemplo, con el núcleo tradicional de Combarro (Poio). Y con la reforma también quedó solventada la situación en aldeas de Marín, que fue el primer concello en dar a conocer su problema con las movilizaciones del 2004. Son los casos de núcleos como Mogor y parte de los de Loira y Aguete, donde fue necesario un trabajo arduo para su reconocimiento y delimitación legal. La aprobación del planeamiento urbanístico (PXOM) de Marín fue crucial para completar con éxito el proceso, en diciembre pasado.

También en Baiona, Nigrán, Outes (con seis aldeas afectadas) y Arteixo tienen la situación resuelta. En Ribadeo, su alcalde, Fernando Suárez (BNG), destaca que tienen el PXOM aprobado «con toda a normativa legal en aplicación».

Pero muchos ayuntamientos están recibiendo negativas a las solicitudes que cursaron ante Costas. En esa tesitura está Vilaboa, que además de carecer de PXOM no cumple los requisitos en cuanto a su grado de consolidación o existencia de servicios públicos cuando se aprobó la ley (1988). Esto deja en ese limbo alegal a cientos de casas de los núcleos de Larache, Paredes, San Adrián y Santa Cristina. Se da la circunstancia de que hay viviendas con orden judicial de demolición, con la consiguiente incertidumbre de los propietarios afectados. También en O Grove (12 núcleos costeros), A Illa de Arousa (5) y Vilanova (5), Costas ha rechazado las solicitudes. Vilanova ya recurrió la decisión y O Grove lo hará. Los tres municipios reprochan a Medio Ambiente las trabas que complican acogerse a la vía que abrió en la reforma. En Fene, la anterior corporación formalizó hace dos años los trámites para regularizar los núcleos de Barallobre y Maniños. Pero la respuesta por parte de Costas ha sido negativa.

En Sanxenxo (8 núcleos), Poio (donde Costas rechazó ampliar el de Raxó), Cangas (9), Muros (5), Ribeira (3), Boiro (29), A Pobra (7), Malpica (3), Ponteceso (1), Neda (2), Valdoviño (4), O Vicedo (3) y Xove (1), entre otros, esperan respuesta. En muchos de esos procesos, Costas ha requerido a los ayuntamientos documentación complementaria para acreditar que cumplen las exigencias. Pese a la relevancia de un problema que preocupa a centenares de familias, en varios concellos donde mudó el gobierno tras las municipales de mayo los nuevos alcaldes ignoran la gestiones que realizaron sus predecesores. Este asunto no ocupó en todos los casos un lugar prioritario de la agenda en el traspaso de poderes.

Con información de Susana Luaña, Marcos Gago, Carla Elías, Andrea Díaz, Mónica Torres, Toni Longueira, Ana Gerpe, Mar G. Balseiro, Xosé V. Gago y Toni Silva.

Opción de reformar, no de construir

La reforma de la Ley de Costas permite a los propietarios de viviendas que se regularicen reformarlas o incluso ponerlas en venta o alquiler. Pero esas obras se limitarán a la conservación de lo edificado, porque la norma impide modificar su altura, volumen y superficie. Por lo demás, la revisión que el PP aprobó en solitario en mayo del 2013 (el PSOE la recurrió al Constitucional) veta nuevas construcciones en la zona de servidumbre, donde antes tampoco eran posibles. En lo que no entra es en las demoliciones. Del mismo modo que la reforma no facilita la construcción indiscriminada en la costa, tampoco supone la condena de las casas sin regularizar. En este sentido, la piqueta seguirá amenazando a las edificaciones sobre las que pese una sentencia judicial firme.

La Xunta señala que el rechazo a la solicitud no cierra la puerta a la regularización

El Gobierno de Feijoo prefiere ver la botella medio llena en el proceso que abrió la reforma de la Ley de Costas para el reconocimiento legal de los núcleos tradicionales junto al mar. La secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, sostiene que lo relevante de la revisión en un ámbito que compete al Ministerio de Medio Ambiente es «que marca un antes y un después por el reconocimiento de que el suelo de núcleo rural es el ámbito natural en la costa gallega». Sostiene que la denegación no cierra la puerta, porque «todavía hay margen para ajustarse a los requisitos».

A diferencia de otras comunidades, en Galicia no se busca dar cobijo legal a procesos especulativos, sino a la seña de identidad de los pueblos marítimos, anteriores al marco legal de 1988. Mientras en el Mediterráneo el debate político sobre la reforma de la ley se centró en si era más permisiva con aberraciones urbanísticas a pie de playa, o si amnistiaba chiringuitos, aquí el objetivo es buscar soluciones por las que Galicia lleva años reclamando para sus núcleos tradicionales, con varios requerimientos unánimes del Parlamento. «Lo importante es que los concellos trabajen con rigor y seriedad en los ámbitos en los que solicita la reducción de la zona de servidumbre», apunta Rivas.

La falta de PXOM, un escollo

El principal obstáculo de algunos concellos para regularizar sus núcleos costeros es la falta de PXOM. Además del pontevedrés de Vilaboa, que ya ha recibido la denegación de Costas, en esa tesitura está también Malpica. Otro escollo es la alta dispersión edificatoria característica del urbanismo gallego, ya que la regularización está condicionada a que las viviendas en situación alegal conformen un núcleo.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/07/29/costas-mantiene-limbo-legal-cientos-casas-nucleos-rurales/0003_201507G29P2991.htm
Si los alcaldes no hubieran dado el visto bueno a los deslindes y se hubieran unido para defender a su gente y la integridad de su municipio, ahora no estarían en la situación que están, ni Costas mandaría más que el Ayuntamiento en Pleno.

De aquellos polvos vienen estos lodos.

El flamante nuevo Secretario de Estado de Medio Ambiente Pablo Saavedra encuentra 2.120 Kms de costa española que estaban perdidos

Pablo Saavedra: “Nuestros 10.000 km de costa, con cerca de 3.500 playas, constituyen un patrimonio natural de incalculable valor para España que todos debemos proteger”

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/150626presentacionappguiadeplayas_tcm7-387318_noticia.pdf

Ley de Costas 1988 - Exposición de motivos

I. España tiene una gran longitud de costa, aproximadamente 7.880 kilómetros, de los que el 24 por 100 corresponden a playas, con un patrimonio público de unas 13.560 hectáreas, valioso por las grandes posibilidades que ofrece, pero escaso ante las crecientes demandas que soporta, y muy sensible y de difícil recuperación en su equilibrio físico.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

¿De dónde habrá sacado los 2.120 Kms? ¿Será por eso que ha sido premiado con un ascenso? ¡Madre mía ¿y estos son nuestros representantes en los Foros internacionales?!

Un caso de locos. Los jueces se olvidan del principio in dubio pro administrado y condena al derribo al hotel Abeiras

Nuevo varapalo judicial contra el empresario grovense Rafael Mourelos y contra el hotel que construyó en Ardia hace diez años. El Tribunal Supremo confirmó en una sentencia el fallo del 2013 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordenaba el derribo del establecimiento hostelero por sobrepasar la línea de Costas. De nada sirvió el recurso del propietario, que apelaba a una incongruencia por exceso o por error. El Supremo dice que no hay tal incongruencia y que «la parte recurrente utiliza esta denuncia de un vicio in procedendo, detrás del cual late una discrepancia de fondo con lo resuelto, conclusión que se muestra con toda evidencia en el razonamiento que sustenta la denuncia de incongruencia por error, cuando lo que pone en cuestión es la posibilidad, negada por la sentencia, de una demolición parcial».

Así las cosas, la nueva sentencia ratifica el fallo de la anterior, por la que «se impone al promotor de la referida construcción una sanción de multa de 339.648 euros, y le ordena volver los terrenos en los que se ejecutaron las obras de este expediente a su primitivo estado». O sea, derribar el hotel.

Y eso que ya el propio TSXG en su escrito anterior reconocía que había diferencias en las mediciones que se habían realizado a lo largo de los años, años en los que también fueron cambiando los lindes y la propia Ley de Costas. Así, en el 2000 la distancia entre el hotel y la línea de costa era de 95,6 metros, pero otra medición la fijaba en 91 metros, mientras que remontándose a la ley de 1969, era de 86,5. En todo caso, a lo que se atiene tanto la sentencia del TSXG como la del Tribunal Supremo es a la legislación vigente, y por ella, dice que el establecimiento se ha construido dentro de la zona de servidumbre de protección.

Reacciones

El dueño del hotel, Rafael Mourelos, no se lo podía creer ayer, cuando tuvo conocimiento de un fallo que él todavía no había recibido. «É unha inxustiza total», asegura. Y recuerda lo que ya argumentó en otras ocasiones, que el establecimiento contaba con licencia tanto del Concello como de la Xunta, que había tenido que pronunciarse en su día porque fue declarado de interés público y social. Mourelos consiguió un permiso cuyos trámites duraron nueve largos años, y ahora se encuentra con que la Justicia le hace a él único responsable de unos trámites que recibieron el visto bueno tanto de la administración local como de la autonómica.

Posibles nuevos recursos

Mourelos no sabe aún lo que va a hacer, pero no descarta acudir al Tribunal Constitucional o al de Estrasburgo, «porque nin en Galicia nin en España hai xustiza».

Sostiene que de lo único que se siente responsable es de haber creado una empresa que tiene veinte trabajadores en riesgo de quedar en la calle. «Isto é unha sen razón e non atopo palabras, e logo andan a dicir que hai que ser emprendedores...»

«Do único que me sinto responsable é de crear unha empresa con vinte postos de traballo»

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2015/06/20/supremo-ratifica-fallo-tsxg-ordena-derribo-hotel-abeiras/0003_201506A20C7991.htm

SENTENCIA DEL TSJG 2013 ratificada por el Supremo. 

Defiende la parte actora que la obra no se encuentra dentro de la zona de servidumbre de protección, por encontrarse a más de 100 metros del límite interior de la ribera del mar, conforme resulta de la documentación que cita en su demanda -certificación del Jefe del Servicio de Costas; comunicación de 19 de enero de 1991 del Jefe del mismo servicio de Pontevedra; informe del Vigilante de Costas de 19 de febrero de 1991-. Afirma que cuenta con las correspondientes autorizaciones e informes favorables -los informes son de la Delegación provincial de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes; Ayuntamiento de El Grove; Delegación provincial de la Consellería de Medio ambiente; autorización previa del artículo 77 de la anterior Ley del Suelo ; informe favorable del Arquitecto municipal en relación con el RAMINP; de la Delegación provincial de la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales; y licencia municipal de 15 de enero de 1999, así como para aprovechamiento bajo cubierta de 20 de enero de 2000. Que se ratifica que está fuera de dicha zona mediante el informe de 20 de mayo de 1998, de la Jefa del Servicio del MAN. Que la línea de deslinde no ha sido efectuada desde que se aprobó, en el año 1969. Y entiende que el error proviene de que las mediciones se realizan tomando como referencia no la línea de deslinde, sino la de la ribera del mar

Con respecto a las mediciones, la de 2 de marzo de 2000 -folio 109 del tomo segundo-, realizada por funcionarios del Servicio de Conservación del Litoral, sitúan las obras a, aproximadamente, dado que no se encuentran los hitos del deslinde, 96,50 metros de la ribera del mar. Se lleva a cabo una nueva medición por funcionario del Servicio de Montes e Industrias Forestales, con teodolito T0 marca WILD, el 15 de mayo de 2000, con asistencia y permiso del aquí demandante, y resulta que la edificación se encuentra a 91,30 metros del deslinde vigente y a 86,5 de la probable línea del deslinde en estudio. Por consecuencia, sí que existe una medición efectuada con un instrumento de precisión y que atiende a la línea de deslinde, en concreto y en lo que aquí interesa en la que estaba vigente. Y en el informe del Servicio provincial de Costas del Ministerio de Medio ambiente, 8 de septiembre de 2000, se expresa que efectuado el replanteo de la línea de deslinde se comprueba que las obras invaden la servidumbre de protección, tanto del deslinde aprobado por O.M. de 30 de julio de 1969, como del deslinde en estudio, situándose las obras a 88 metros de la línea de deslinde en sus puntos más desfavorables y a 83 metros de la línea en estudio - folio 41 del tomo primero del expediente-. En todo caso, la razón de que no se mida nuevamente es porque se entiende que no se ha modificado la superficie de las obras desde la anterior medición. En esa anterior medición, la de 2 de marzo de 2000, se convocó al recurrente, que compareció, así como en la medición de 15 de mayo de 2000 -folio 103 del tomo segundo-. 

Los resultados son diferentes en cada medición, probablemente por el medio empleado y su mayor o menor exactitud, pero en todo caso resulta que las obras no respetan la distancia e invaden la servidumbre de protección, porque conforme dispone el artículo 23 de la Ley de Costas , la servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.

Pero también manifiesta el perito que ha procedido a restituir digitalmente el plano de deslinde de 1969, y que hay un error sobre los mojones del plano de deslinde de 1969, y por eso la afección del hotel construído varía hasta unos 10 metros, y por eso manifiesta al contestar a las aclaraciones que el muro propiedad del recurrente no invade el dominio público marítimo terrestre. Que el muro debe estar a 6 metros de los mojones que delimitan el dominio público marítimo terrestre, y que está a 3,75 metros respecto del mojón restituido digitalmente. De ello deduce que la afección del hotel sería muchísimo menor de la que dice en su informe y el hotel estaría justo en el límite e incluso podría no resultar afectado

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6683628&links=Sociedad%20Tur%EDstica%20San%20Marti%F1o&optimize=20130418&publicinterface=true

La situación sería cómica si no fuera por el drama que supone perder todo cuanto tienes. Pero la jueza, en vez de acogerse al principio In dubio pro reo, en este caso in dubio pro administrado (ante la duda a favor del administrado), sentencia que como parece que nadie se aclara, pues lo tiramos todo y se acabaron las discursiones.

Una de dos, o la jueza no sabe latín o no sabe impartir justicia, porque cuando existe una baile de cifras y opiniones tan diferentes de los distintos peritos, incluido el judicial, y es el administrado el que demuestra que tiene todo en regla, tendría que haber aplicado el principio in dubio pro administrado.

Existen demasiados errores de Costas que acaban pagando los ciudadanos. 

Ni olvido ni perdón en La Punta

Afectados por las expropiaciones de la ZAL lamentan «el olvido» sufrido y que no existan consecuencias políticas y económicas para quienes llevaron a cabo una operación «ilegal» que «nos destrozó la vida»

Llevan 23 años de protestas y más de una década de lucha en los tribunales. Y cada vez que hablan de cómo se llevaron a cabo las expropiaciones de la Punta les tiembla la voz. De rabia e indignación. Por segunda vez el Tribunal Supremo les ha dado la razón. La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) se llevó a cabo de forma irregular y el Supremo ha vuelto a declarar nulo en proceso. Sin embargo, y a pesar de la victoria conseguida en los tribunales, nada mitiga el dolor de las 620 familias que lo perdieron todo. Sus viviendas, sus tierras, su forma de ganarse la vida, sus vecinos, su huerta, sus pertenencias, sus recuerdos... Les echaron a la fuerza, sin piedad. Eso es lo que recuerdan.

La zona expropiada es una solar de 683.000 metros cuadrados urbanizado desde 2006. El fracaso del proyecto es más que evidente. Y eso que las expropiaciones fueron por vía urgente. Por eso les tiraron de sus viviendas deprisa y corriendo. Pero ahora que los jueces les han dado la razón ni tan siquiera encuentran consuelo. Sobre todo porque «los culpables se han ido de rositas. No hay consecuencias para ellos. Puse una querella criminal por la forma en la que nos desalojaron de nuestras casas, a mí y a mi hija de 13 años. La archivaron. Tengo gravada a fuego la frase de Juan Cotino: «Todo en el mismo paquete». Es decir, tirar las casa, desalojarnos y dejarnos sin nada. Pues ahora Juan Cotino, Rafael Aznar (presidente de la Autoridad Portuaria)... deberían pagar las indemnizaciones de su propio patrimonio. Deberían ir a la cárcel porque nos robaron. Nos dejaron sin nada. El daño es irreparable. Sus actuaciones, sus decisiones políticas, deberían tener consecuencias judiciales», asegura Marí Carmen González, una de las afectadas que ha peleado en los tribunales «hasta el final».

Su voz es la de muchos afectados. Los que están y los que ya han fallecido. Lejos de sus casas, de su huerta y de sus campos. Es imposible que los afectados perdonen... sobre todo porque nadie les ha pedido perdón. De hecho, lamentan el «olvido» al que les ha sometido la ciudad, los políticos, los responsables, los tribunales, los funcionarios, los medios de comunicación... «¿Quien tiene la vergüenza de pedirnos perdón? Nadie nos ha preguntado cómo estamos, cómo nos sentimos, si necesitábamos algo... Nada. Nos destrozaron la vida. Nos trataron como a perros. Nos lo quitaron todo. ¿Y ahora el Supremos anula la ZAL? ¿Y qué? Siento rabia y vergüenza», concluye.

http://www.levante-emv.com/valencia/2015/06/13/olvido-perdon-punta/1277714.html

¿ESPAÑA ESTADO DE DERECHO EUROPEO?

La historia se repite una y otra vez en toda España. Se hacen leyes a la carta para confiscar, incautar, la propiedad de la gente humilde y especular con ella. Utilizan la policía para conseguir sus propósitos. Los jueces no ponen medidas cautelares y cuando sentencian, 10, 20 años después, el daño está hecho. Mucha gente mayor muere de pena o por no poderse adaptar a su nuevo entorno. Las familias pasan a formar parte de la legión de pobres en riesgo de exclusión porque la indemnización, cuando la hay, es un insulto a la dignidad de la persona.

Lo penoso de todo esto es que pagamos con nuestros impuestos a políticos que nos roban, policías que desprotege a los ciudadanos frente al abuso de poder y jueces que no ponen medidas cautelares y sentencian cuando el daño está hecho.

Algo falla en esta sociedad para que todo vaya al revés de lo que sería un ESTADO DE DERECHO EUROPEO

La curiosa cualidad de COSTAS S.A, Donde aparece pone en pie de guerra a todo el mundo ¿Por qué nadie investiga sus obras?

Denuncian que se hagan ahora los aportes de tierra y afirman que se está utilizando fango

En torno a 200 empresarios de playas se manifestaron la tarde de este martes en Benalmádena para denunciar las graves consecuencias que para sus negocios están teniendo las aportaciones de tierra que la Demarcación de Costas está realizando en «plena temporada alta». Unos trabajos que, según aseguraron a ABC, están degradando la zona porque «se está empleando una arena de la desembocadura del Guadalhorce que es fango».

Los afectados, en su mayoría propietarios de chiringuitos y hamaqueros, calificaron de «incompetente» la gestión de Costas y censuraron que «año tras año» se repita esta situación.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga,Manuel Villafaina, explicó que «estas cosas hay que hacerlas bien y con tiempo», ya que «el turista no está contento».

Villafaina señaló que estaba previsto que hoy abandonaran las playas las máquinas y reclamó una solución definitiva para la pérdida de áridos en el litoral, que podría estar en la construcción de un dique de protección contra los temporales.

Alberto, un empresario afectado, manifestó que no ha podido poner las hamacas –para lo que paga una buena suma de dinero– y han perdido unos días excelentes debido a la buena climatología que ha habido en la Costa del Sol.

Los empresarios señalaron que los clientes de los chiringuitos, por ejemplo, les han transmitido por su malestar por el continuo paso de maquinaria pesada, algo que consideran que afecta a la «imagen» del municipio y del sector.

http://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/20150610/sevi-empresarios-playas-manifiestan-contra-201506091940.html

Hay que reconocerle algo bueno: logra unir a la gente que de otro modo ni se conocería.

Bienvenidos a la República Independiente de BANANARIA: razón social COSTAS S.A.

¿Es una Obra? o ¿una broma? o ¿un expolio?...

(Foto Diario Montañés)

-El día 18 de Mayo, sin informar a nadie (que se sepa), se inicia la retirada del vallado de la senda norte como exigíamos la ciudadanía. 

-Pero...¡Un momento! ¿Quien la inicia? ¿siguiendo que proyecto?, ¿con que presupuesto? ¿que se hará con la valla? (los¨palitos¨nos costaron al pueblo más de un millón de euros)...Por las imágenes y el aspecto de la "operación", pereciera que se están llevando los palos "alguienes" que nada tienen que ver con el gobierno y que actúan "pareciendo" que lo son. Si no ¿como se explica que no exista seguridad e información de la obra? ¡Es obligado informar de la ejecución de una obra, señalizar y avisar por seguridad...!, ¿como es que los trabajadores o en este caso ejecutantes, no cumplen ninguna medida de seguridad?...no hay cascos...ni guantes...,llevar al hombro la valla ¿es así como se trabaja?...Incluso hay un señor que parece OSORIO a pie de esta ¿obra? y un coche con logotipo de Costas... ¡que buen camuflaje!!

-Por que el pueblo sabemos que si se decide retirar la nefasta valla, el señor Osorio, la señora Tejerina y el alcalde Iñigo de la Serna, todos del PP, habrían informado de la misma con pelos y señales, habrían dicho al pueblo que proyecto de reversión se va a ejecutar. se habría convocado a los grupos políticos, asociaciones (¡incluso a la que defiende la senda!,seguro)...

-Actuar con tamaño desprecio a los contribuyentes a las personas y a las instituciones solo es imaginable en un país sin derechos ni democracia.

¿O es que estamos en ese escenario y por eso soberbia y desprecio campan sin recato por nuestra senda?      

 ¡Que alguien nos aclare, donde, cuantos y con que proyecto se esta llevando los palos!

http://elfarodelasendanortesantander.blogspot.com.es/

Otras preguntas

¿Por qué, para qué y dónde se llevan la tierra? ¿Quién a subcontratado a la empresa FRANFERMA SL? ¿Costas, TRAGSA, el Ayuntamiento?....

El día que la Junta pudo comprar El Algarrobico (y no lo hizo)

La operación de compraventa por la que Parque Algarrobico S.L. adquirió los terrenos del hotel en diciembre de 1995, fue notificada a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que rehusó explícitamente ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre estos.

Documentos a los que ha tenido acceso Actualidad Almanzora demuestran que la Junta de Andalucía pudo haber comprado el paraje de El Algarrobico en 1996. Así lo acredita un escrito firmado por el secretario general de la Delegación de Medio Ambiente en Almería, José Pedraza Martínez, quien, en marzo de ese año, comunicó a las empresas implicadas en la compraventa del sector R-5 - posteriormente denominado ST-1, y popularmente conocido como El Algarrobico- el desinterés de la Consejería por “ejercitar los derechos de tanteo y retracto” sobre éste. 

Los derechos de tanteo y retracto forman parte de los llamados derechos de adquisición preferente, y consisten, grosso modo, en la facultad de una tercera parte para interferir en una operación de compraventa, adquiriendo el bien a transmitir por el precio pactado entre comprador y vendedor.

Cuando la adquisición preferente se realiza a priori, es decir, antes de que se haya formalizado la venta, el derecho ejercido se denomina 'de tanteo'; mientras que cuando ésta se realiza a posteriori, invalidando la transmisión del bien, hablamos de derecho de retracto.

En la práctica, el ejercicio de ambos derechos está reservado casi exclusivamente a inquilinos, propietarios colindantes y administraciones públicas.

Al tratarse, ya en 1996, de un espacio protegido - el 75% del término municipal de Carboneras había sido incorporado al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar dos años antes-, la transimisión patrimonial estaba sujeta a lo dispuesto en la Ley 4/1989 de 27 de marzo, que en su artículo 10.3 establece: 

La declaración de un espacio como protegido lleva aparejada la de utilidad pública, a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados, y la facultad de la Administración competente para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, en las transmisiones onerosas intervivos de terrenos situados en el interior del mismo.

A los efectos del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, por el transmitente se notificarán fehacientemente a la Administración actuante las condiciones de la transmisión pretendida y, en su caso, copia fehaciente de la escritura pública en que haya sido instrumentada la citada transmisión. El derecho de tanteo podrá ejercerse en el plazo de tres meses y el de retracto en el de un año, ambos a contar desde la correspondiente notificación, que deberá efectuarse en todo caso y será requisito necesario para inscribir la transmisión en el Registro de la Propiedad.

Del mismo modo, la Ley 2/1989 de 18 de julio, en su artículo 24, dispone:

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Medio Ambiente, podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en todas las transmisiones onerosas de bienes y derechos inter vivos de los terrenos situados en el interior de los espacios declarados protegidos, en los términos previstos por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestres.

Se da además la circunstancia de que, desde el año 1987 - casi una década antes de esta compraventa-, el Ayuntamiento de Carboneras y la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo venían tramitando la clasificación de varias fincas incluidas en El Algarrobico para su desarrollo urbanístico.

Queda patente, por lo tanto, que la Administración autonómica no sólo no estaba interesada, como expresa en el escrito aportado la Consejería de Medio Ambiente, en adquirir los terrenos sobre los que posteriormente se edificó el hotel, sino que ni siquiera lo estaba en impedir la construcción en esa zona del parque natural.

Un desinterés, aquel, que contrasta vivamente con las declaraciones y últimas acciones del Gobierno andaluz, que ya ha convocado a la empresa Azata del Sol ante la notaría el próximo 12 de septiembre para llevar a cabo la formalización del derecho de retracto sobre los terrenos del hotel. 

¿De 720.000 a 9,3 millones de euros?
Un estudio realizado por la empresa pública Tragsa señala que el derribo del hotel y la posterior adecuación de los terrenos para devolverlos a su ‘estado original’, conllevaría un coste económico de 7 millones de euros, a los que habría que añadir, en caso de ejecutarse finalmente el derecho de retracto, los 2,3 millones que Azata del Sol abonó a Parque Club Algarrobico, S.L. en año 2001. Es decir, que en el mejor de los casos, la adquisición y restauración del paraje requerirá un desembolso de 9,3 millones de euros, frente a los 720.000 que hubiese costado evitar el despropósito jurídico-administrativo al que asistimos actualmente a cuenta de El Algarrobico.

No obstante, la factura total podría terminar siendo muchísimo más elevada, ya que en septiembre de 2013 Azata del Sol presentó varios recursos ante el Ayuntamiento de Carboneras, el Gobierno central y la Junta de Andalucía en los que solicitaba una indemnización de 70 millones de euros por el “anormal funcionamiento” de las Administraciones, dado que las tres dieron su visto bueno a la construcción del hotel.

http://www.actualidadalmanzora.com/2014/08/el-dia-que-la-junta-pudo-comprar-el.html

Para deshacer el entuerto habría que preguntarles a los talibanes de Costas S.A. Cristina Narbona y José Fenández Pérez. Ellos empezaron esta guerra y otras muchas que dejaron incendiada y en rebelión a toda la costa española. ¿Por qué y para qué se inicia este ataque masivo y sistemático a la propiedad privada que el PP mantiene y amplía? Jamás nadie ha respondido a esta sencilla pregunta.

Un paraíso en el limbo legal

(pinchar para agrandar)

Si algo une a los vecinos de la Devesa es su amor por la naturaleza. Por ello un buen día se endeudaron para tener una casa en un lugar como éste. «Los que vivimos en la Devesa amamos más que nadie el medio ambiente y hemos demostrado que se puede vivir en armonía en un espacio natural. Es más, sin nosotros viviendo aquí, difícilmente el Ayuntamiento de Valencia habría invertido tanto en la protección del parque natural. Hemos propiciado que haya vigilancia y cuidado>, asegura María que también forma parte de la entidad vecinal.

"Sin embargo las administraciones nos han condenado, y vivimos con una falta total de servicios", se lamenta María, que cree las soluciones políticas que le han dado en los últimos años a los vecinos de la Devesa  "no han estado nunca a la altura de las personas"

Al margen de esta situación, un grupo de vecinos de la Devesa trata de defender sus derechos ante la presión la Ley de Costas, ya que la urbanización Casbah fue afectada hace unos años por el deslinde del Ministerio de Medio Ambiente y quedó dentro del dominio público marítimo-terrestre. Un deslinde que se encuentra recurrido ante el Supremo y que no tuvo en cuenta, entre otras cosas, el espectacular retroceso que ha sufrido la línea de playa en el último siglo debido a la ampliación del puerto de Valencia, según denuncian los afectados.

http://www.levante-emv.com/suscriptor/en-domingo/2015/05/03/en-el/1259284.html

Los vecinos del Sur de la Devesa también quieren trasvase de arena

La Asociación de Vecinos de la Devesa de El Saler está dispuesta a reclamar «donde haga falta» la reparación de las playas sur de la ciudad, desde Natzaret hasta El Perellonet, que en los últimos años han sufrido una espectacular regresión de arena debido a las sucesivas ampliaciones del Puerto de Valencia, al que instan a no aludir su responsabilidad.

Aunque el Ministerio de Medio Ambiente inició a finales del año pasado con fondos europeos el trasvase de arena de la playa de la Malva-rosa hasta el antiguo polideportivo de El Saler para regenerar el cordón dunar, los vecinos denuncian que las playas del sur de la ciudad, especialmente La Garrofera, necesitan urgentemente un aporte de arena para no desaparecer. Según fotografías realizadas en 1977, la zona donde actualmente está la urbanización Casbah contaba con una playa de 47 metros de amplitud. Hoy en día no hay ni un metro y las viviendas están protegidas por un muro de contención.

«Se tienen que tomar medidas de manera rápida porque todas las playas del sur de la ciudad están amenazadas», explican los vecinos, que llevan años batallando por una solución. «En 2007 una resolución de impacto medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente señalaba como culpable de la regresión de la arena de la playa al Puerto de Valencia. A ellos les atribuía la responsabilidad de la reparación, pero hay un contubernio entre las administraciones para no exigirles esta regeneración. En cambio acuden a la Unión Europea, que está financiando unos trabajos carísimos, mientras el puerto sigue destrozando las playas», denuncian desde la Asociación de Vecinos de la Devesa de El Saler.

La entidad vecina explica, además, que la arena que trasvasaron desde la Malva-rosa al polideportivo de El Saler no es compatible con la existente para la regeneración dunar. «Hemos pedido informes a Demarcación de Costas para que nos demuestre si están haciendo una buena regeneración de la zona. Primero decidieron no demoler el polideportivo porque era muy caro, y ahora su regeneración se hace con arena no adecuada», lamentan.

Explican que el Ministerio de Medio Ambiente dio su aprobación para la extracción de arena de un banco hallado frente a la costa de Sueca y Cullera, pero que no se lleva a cabo «porque la única draga capaz de hacerlo está en Singapur y es muy caro traerla. Así que en lugar de eso reparan el cordón dunar con arena que no es apta y con fondos europeos, mientras el Puerto de Valencia no cumple con su responsabilidad».

Demarcación de Costas tiene previsto iniciar una segunda fase para la reparación dunar, aunque al igual que la primera, la arena serviría para seguir soterrando el antiguo polideportivo de El Saler.

http://www.levante-emv.com/valencia/2015/04/22/vecinos-sur-devesa-quieren-trasvase/1254168.html

Residentes en las pedanías critican el abandono de zonas como La Garrofera y señalan al puerto como el gran responsable de la regresión

Costas reconoce en documentos oficiales todo cuanto denuncian los vecinos de El Saler. Pero ¿hace algo para evitar el deterioro ambiental en una zona de máxima protección? NO. A Costas S.A. sólo le interesa el dinero. Cuanto más destrucción ambiental exista, más fondos recibe y más excusas tiene para seguir confiscando la propiedad privada con nuevos deslindes.

Cospedal: "Hemos trabajado mucho en saquear a nuestro país" ¿Lapsus o la única verdad que ha dicho en su vida?

Que nos lo digan a los perjudicados por la Ley de Costas

Ley de Costas

Artículo 8

[...] no se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la presente Ley, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad.

Artículo 13

1. El deslinde aprobado [...] declara la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado [...]  sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.

Y esta ley la sigue permitiendo, avalando y apoyando ¡¡un Registrador de la Propiedad como es Rajoy!!

Con la Ley de Costas se puede proclamar la República independiente de Bananaria sobre una franja del territorio español sin ningún problema. 

EL IMPRESENTABLE CAPRICHO DE COSTAS S.A.:UNA SENDA COSTERA DE QUITA Y PON

El alcalde espera que Costas retire la "casi totalidad" del vallado de la senda costera

El Ayuntamiento de Santander está "a la espera" de que la Demarcación General de Costas "acote al mínimo" la intervención en la senda costera que une Cabo Mayor con la Virgen del Mar. De hecho, el alcalde de Santander cree que la Administración del Estado procederá a la retirada "casi total" del vallado que se colocó en 2014 y que levantó una gran protesta  vecinal que obligó a paralizar las obras del camino en octubre.

La retirada del cercado de madera es una de las principales propuestas del Ayuntamiento de Santander. Íñigo de la Serna recordó que la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Isabel García Tejerina, adelantó en su reciente visita a la capital cántabra que Costas incorporará al proyecto "todas las iniciativas y acciones" propuestas por el equipo municipal, que en todo momento ha abogado por mantener solo las estructuras que sean estrictamente necesarias por motivos de seguridad. El Consistorio sigue pendiente de que Costas finalice los procedimientos administrativos que tiene en marcha para que, después, empiece "cuanto antes" la retirada de los elementos que molestan.

Como es conocido, el Ayuntamiento aspira a que se elimine casi el 95% de la valla de protección y se sustituya el tipo de cerramiento en donde sea necesario mantenerla por seguridad. También quiere que se suprima los miradores de madera situados a la altura del campo de fútbol de Cueto y junto al Oceanográfico en El Bocal y también pidió en su día algunos pequeños cambios de trazado (por terrenos públicos) para mejorar la seguridad, entre otras modificaciones.

Estas no gustan a la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte de Santander, porque se consideran parciales e insuficientes, como ha señalado en numerosas ocasiones su portavoz, Santiago Sierra. Precisamente este colectivo tiene convocado para este domingo un acto de reivindicación sobre el área (en colaboración con 'Las Gildas') que consistirá en una presentación de los objetivos de la asamblea, que tendrá lugar a las 10,30 en el Centro de Interpretación de la Maruca, el recorrido del camino desde la Maruca hasta Cabo Mayor y la llegada al colegio público Vital Alsar, donde 'Las Gildas' ofrecerán a los participantes en la marcha un refrigerio, con actividades para los más pequeños.

http://www.eldiariomontanes.es/santander/201504/15/ministerio-retirara-casi-todo-20150415130651.html

2014 La Ministra y el Alcalde embelesados ante el cartel de la supuesta senda costera. Que la ministra esté encantada con la idea se entiende después de haber conseguido quedarse con 123.000 m2 de terreno gratis. Pero que el Alcalde lo esté también con el coste que ha supuesto para las arcas del Ayuntamiento las expropiaciones, eso si que ya no se entiende.

¿Quién va a pedir y a rendir cuentas del derroche de 1.000.000 € que ha costado ese esperpéntico cercado? ¿Por qué ningún fiscal investiga las obras de Costas? ¿No es ésto una malversación de fondos públicos? Por menos, otros están imputados o en la cárcel.