LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

martes, 7 de junio de 2016

El magistrado Rafael Losada cree que muchas viviendas se salvarán del derribo

Rafael Losada, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Dice que “sería absurdo e irrazonable” tirar muchas urbanizaciones que, con los nuevos planes generales, pueden volver a construirse

Mensaje esperanzador del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Rafael Losada, a las familias cuyas viviendas tienen una sentencia firme de demolición.

En declaraciones a la SER, el magistrado asegura que "estamos en la fase final de los derribos" después de dos décadas de batalla en los tribunales.

Dice que hay que dar cumplimiento a las sentencias, pero al mismo tiempo abre la puerta a que un “número importante” de las más de 600 viviendas que están pendientes de demolición, puedan ser finalmente legalizadas.

No se atreve a dar una cifra y recalca que es una opinión personal, pero dice que “sería absurdo e irrazonable” tirar muchas viviendas que, con los nuevos planes generales, pueden volver a construirse.

Según Losada, "la aprobación de nuevos planes generales por parte de los ayuntamientos es el camino a seguir" para dar cobertura legal a esas viviendas. Eso sí, no pueden diseñarse planeamientos ex profeso para salvar determinadas urbanizaciones.
En el caso de aquellas urbanizaciones que necesariamente tendrán que demolerse, lo primero, apunta, es garantizar que hay disponibilidad presupuestaria para indemnizar a las familias afectadas.

De cualquier forma, el magistrado reconoce que la última palabra en el caso de los derribos la tiene el Tribunal Supremo.
http://cadenaser.com/emisora/2016/06/06/radio_santander/1465227048_413947.html

Escucha la entrevista concedida por Rafael Losada al programa Hoy por Hoy Cantabria

sábado, 4 de junio de 2016

El juez afirma que Acuamed funcionaba como una "organización criminal" para favorecer intereses privados

  • El exdirectivo despedido que denunció los hechos apunta a Miguel Arias Cañete
  • Declaró que la desaladora de Almanzora no tenía seguro por un acuerdo con este
  • Valiente describe las "insoportables" presiones que sufrió antes de ser cesado
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga el presunto fraude millonario en la adjudicación de contratos cometido desde Acuamed, cree que el exdirector general de esta empresa pública actualmente en prisión, Arcadio Mateo, y su número dos, Gabriela Mañueco, dirigían esta sociedad como una "organización criminal" que se dedicaba a favorecer "escandalosamente" intereses privados.

Así se desprende de los interrogatorios a los que el juez de la Audiencia Nacional sometió a los 13 detenidos el mes de enero en la Operación Frontino y a varios testigos sobre el supuesto fraude cometido por Aguas de las Cuencas Mediterráneas, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Entre los testimonios, a los que ha tenido acceso Efe, está el de su exdirector general, Arcadio Mateo, quien se acogió a su derecho a no declarar y a quien el juez acusó de usar una empresa pública para favorecer "escandalosamente intereses privados".

En su interrogatorio a Gabriela Mañueco, directora de Ingeniera y Construcción de la empresa pública, el juez señaló que Acuamed funcionaba como "una trama de organización criminal" en la que ella actuaba como "brazo derecho y primario" de Arcadio Mateo.

A ambos les acusa de "despedir o remover" a todos aquellos técnicos o directivos que se oponían o ponían reparos a sus "caprichos" y decisiones.

El denunciante que destapó el caso apunta a Cañete
Entre ellos, una pieza fundamental en el descubrimiento de la trama es Francisco Valiente, exdirector general de Ingeniería despedido por decisión de Mateo en marzo de 2014 y que denunció los hechos.

Valiente relató al juez las "insoportables" presiones que sufrió para efectuar a FCC unos pagos supuestamente irregulares, que, según su versión, habían sido acordado en reuniones "al más alto nivel" con el exministro y actual comisario europeo, Miguel Arias Cañete.

Según el propio juez Velasco, Acuamed acordó con FCC una "compensación indebida" de 40 millones que se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos de 2015.

Ese acuerdo se habría firmado para compensar las pérdidas que la UTE formada por FCC y Abengoa había sufrido por las obras de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, de la que fueron adjudicatarias esas empresas, después de que se inundara y quedara "arruinada" en 2012.

La desaladora no tenía seguro por "un acuerdo" con el exministro
Valiente explicó al juez que comenzó a sospechar de los contratos fraudulentos de Acuamed precisamente a raíz de este caso, cuando se enteró de que la desaladora no tenía seguro y le dijeron que Cañete estaba al tanto.

"Me dijeron que estaba claro que la culpa de no tener seguro era de todos y que había un acuerdo al máximo nivel, con el ministro", explicó en sede judicial. "¿Qué ministro?", le preguntó el juez Eloy Velasco, a lo que este confidente contesta que "Arias Cañete", según consta en el sumario de la presunta trama corrupta al que ha tenido acceso Europa Press.
Miguel Arias Cañete fue ministro de Agricultura y Medio Ambiente hasta el 28 de abril de 2014, cuando pasó a encabezar las listas del PP en las elecciones al Parlamento Europeo para, a continuación, ocupar el cargo de comisario europeo de Acción por el Clima y Energía.

Cuando Valiente se negó a que Acuamed asumiera el 40 % de esa reparación y a pagarle otros 10 millones de una liquidación que él valoraba en 2, la UTE dejó de hablar con él y se comunicaba únicamente con Arcadio, con el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de Acuamed, Federico Ramos -que dimitió de su cargo de subsecretario de Presidencia a raíz de las detenciones-, y con el propio Arias Cañete, dice el testigo.

Consultada por Efe sobre esta declaración, FCC se ha remitido a un comunicado que emitió el pasado 26 de enero en el que rechazaba las acusaciones vertidas sobre el caso Acuamed y aseguraba que las reclamaciones realizadas por la empresa obedecen a deudas por trabajos efectivamente realizados.

¿QUIÉN EMPEZÓ TODO ESTE EMBROLLO CREANDO ACUAMED?


El día que se investiguen todos los departamentos del Ministerio tienen que mandar una gestora desde Europa para poner en orden este país. Desde Isabel Tocino hasta Isabel García Tejerina, con la escusa del medio ambiente, la corrupción y la opacidad ha sido la marca de la casa.

viernes, 22 de abril de 2016

El juez imputa a otro cargo de Cañete por el proyecto Castor, Ángel Muñoz Cubillo, subdirector General de Dominio Público

El juez del caso Castor amplía las imputaciones
El Juzgado de Instrucción 4 de Vinaròz, que investiga el caso del proyecto Castor, ha decidido ampliar las imputaciones, que pasan de 18 a 20. En concreto, ha citado como nuevos investigados a un alto cargo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cuando se desencadenaron los temblores, y a Carlos Barat, el director general de la empresa Escal UGS. Esta compañía se encargaba de este proyecto de almacén submarino, que a finales de 2013 causó medio millar de pequeños terremotos y tuvo que ser paralizado.
A Ángel Muñoz, que era subdirector general de Evaluación de Impacto Ambiental y ahora está en el área de Protección de la Costa del ministerio, y a Barat los cita el titular del juzgado a declarar para los próximos días 30 y 31 de mayo. El almacén de gas está paralizado desde que se detectó la cadena de temblores. Actualmente, está en situación de hibernación. Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS) recibió una compensación de 1.350 millones de euros cuando tuvo que parar, a los que recientemente se ha sumado el reconocimiento por parte del Ministerio de Industria de otros 295 millones. El contrato de este almacén submarino, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), tenía una cláusula por la que si la obra se paralizaba, la promotora tenía derecho a que el Estado le devolviera la inversión.
La imputación de estas dos personas es la consecuencia de la petición que ha realizado el Ministerio Fiscal. En esta instrucción se investigan las presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación de Castor. Además de los nuevos imputados, el instructor cita a 13 testigos y a cinco peritos.
Entre otras diligencias, el juez ha pedido también a la empresa Escal UGS que aporte la filiación y los cargos de los operarios que se encontraban en la plataforma Castor durante la tercera fase de inyección de gas colchón. Fue durante esa última fase —al aumentar la presión de la inyección— cuando se registró la cadena de temblores.
Las diligencias por el caso Castor, que ya superan los 13.000 folios, han sido declaradas “causa compleja” por el número de investigados. Al entrar dentro de esta categoría, se amplía el plazo de instrucción de seis a 18 meses.
En este caso están imputados cargos de la Administración, los responsables de la promotora y técnicos del Instituto Geológico y Minero (IGME), que participaron en la fase de evaluación de este proyecto. El titular del juzgado de Vinaròs culpa a todos los investigados de presuntos delitos de prevaricación medioambiental.

miércoles, 23 de marzo de 2016

Una regeneración con mimbres de chapuza en plena bandera azul

Una desembocadura cuestionada. El colector que recoge las aguas pluviales y sustituye a las viejas y oxidadas tuberías desemboca de una forma que los vecinos consideran peligrosa.
La intervención de Costas deja tras de sí rocas sembradas a su aire, estacas de madera, cavernas bajo la arena y un extraño aliviadero,
La regeneración que el Servicio Provincial de Costas en Pontevedra acaba de ejecutar en la playa de O Preguntoiro trae de cabeza a los vecinos de Vilaxoán. Por desgracia, no son muchos los revulsivos que han surgido en la zona sur de Vilagarcía a lo largo de las últimas décadas. El arenal, distinguido con la bandera azul, constituye a todas luces uno de ellos. Tal vez el más importante a la hora de reconstruir la antigua pujanza turística que el relleno del viejo puerto se llevó por delante hace cosa de treinta años. Precisamente por ello, las deficiencias que la intervención desarrollada entre noviembre y diciembre resultan particularmente dolorosas para muchos de sus habitantes. «Non comprendemos por que deixaron todo isto así», se extrañaba ayer un hombre al pie de arenal mientras relataba, uno a uno, los despropósitos que detecta en la obra.
El fallo más evidente apunta a la defectuosa forma en la que el aporte de arena ha sido compactado en la zona más próxima a la balaustrada. La cimentación de esta estructura ha quedado prácticamente al aire, lo cual delata un problema grave. Cuidado con pisar demasiado fuerte en esta parte superior de la playa, porque la capa superficial del material arenoso esconde auténticas cavernas en las que los pies se hunden hasta el tobillo. La razón, indica el mismo vecino, es que este es el lugar en el que se ha instalado el colector de pluviales, que recoge las aguas de lluvia en el entorno del arenal.
Para hacerle un hueco a la tubería, la empresa removió toda una serie de piedras que, sin embargo, no devolvió a su emplazamiento original. Por ello el material depositado a continuación carece de una superficie firme sobre la que asentarse. Para colmo de males, las rocas emergen aquí y allá, como oasis de granito entre la arena. Toda una invitación al accidente para cualquiera que tropiece. Claro que tampoco es el único riesgo que amenaza al usuario de O Preguntoiro. Los propios vecinos se encargaron de señalar con uno de estos cantos una estaca de madera puntiaguda que permanece firmemente anclada al suelo arenoso y, sin saber por qué razón, no ha sido retirada. «Como esta hai máis, i é unha verdadeira pena porque a area que botaron é de primeira calidade», reconoce el hombre, que prosigue su paseo entre el asombro y la indignación

La chapuza millonaria de Costas que ha empeorado playas del Mar Menor



Todos coinciden en que ha sido una auténtica chapuza y que ha costado un riñón a los fondos públicos para al final empeorar la situación. La inversión millonaria que ha realizado la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia en una veintena de playas del Mar Menor desde principios de este año, lejos de haber servido para mejorar la imagen del litoral de cara al verano ha provocado el efecto contrario. Los trabajos han originado la aparición de más lodo y algas en la orilla, el incremento del mal olor y la desaparición, casi por completo, de la arena que se agregó.
El concejal de Infraestructuras de Cartagena, Francisco Espejo, arremetió el miécoles contra el departamento dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente porque los arreglos acometidos han empeorado aún más la estampa de la orilla y desatado las críticas de los vecinos, sobre todo desde Punta Brava a la urbanización Estrella de Mar, la zona que peor está.

Costas invirtió cerca de 2,5 millones de euros en arreglar accesos y regenerar la arena desde Los Urrutias hasta la Cala del Pino y desde Monte Blanco hasta la playa de Levante, en Cabo de Palos. El objetivo era reparar los daños provocados por los vientos y mitigar los efectos de pérdida de la tierra que la erosión ha causado en los últimos años.
Pero lejos de conseguir ese efecto, las algas y el fango se han vuelto a acumular en la orilla, la arena se la llevó un temporal de levante en abril y la imagen se ha deteriorado de manera importante, según el biólogo y catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia (UMU) Ángel Pérez-Ruzafa, quien también se sumó a las críticas contra Costas.
Los vecinos de Los Urrutias también han denunciado en varias ocasiones el proyecto de arreglo de Costas, y la situación “deplorable” en la que han quedado las playas. “Se actuó de manera inconsciente. Se ha gastado una ingente cantidad de dinero y no ha servido para nada. Alguien debería dar explicaciones”, dijo el presidente vecinal, Severo Sánchez.
A esas críticas también se sumó la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), cuyos técnicos denunciaron en febrero que los trabajos tenían efectos negativos sobre las comunidades sumergidas del Mar Menor, al afectar a las praderas de ‘Cymodocea nodosa’.

miércoles, 9 de marzo de 2016

Bruselas pide a Hacienda que averigüe si hay proyectos con fondos europeos en los casos de corrupción en Valencia

La Comisión Europea ha dado un plazo de un mes al Ministerio de Hacienda para que clarifique si existen contratos públicos de administraciones valencianas beneficiados con fondos europeos que se encuentren actualmente inmersos en alguna investigación judicial por posible corrupción. En una carta, la directora general de Política Regional y Urbana, Charlina Vitcheva, expresa al director general de Fondos Europeos del Ministerio, José María Piñero, su preocupación ante la publicación de informaciones que podrían afectar al uso de fondos europeos en la región.
"Estamos muy preocupados" por esas revelaciones, comienza la carta donde la responsable comunitaria no asigna a ningún caso en concreto, aunque la fecha de registro de esa misiva en el Ministerio (el 16 de febrero) se enmarca en el momento álgido de la ejecución de la operación Taula iniciada a raíz del caso Imelsa.
"Dichos artículos se refieren al supuesto cobro de una comisión del 3% cargada a empresas que se beneficiaron de contratos públicos adjudicados por los diferentes niveles de la administración pública valenciana. Según estas informaciones, dichos casos están siendo investigados por las autoridades españolas", señala Vitcheva
Reconoce que el "alcance del fraude" no está aún "suficientemente claro" debido a que las investigaciones están en curso, como tampoco lo está "en qué medida los fondos europeos se podrían ver afectados". Sin embargo, "dada la importancia" de los hechos investigados
"invita" al Ministerio a que averigüe si hay proyectos cofinanciados por fondos europeos que se ven afectados por estas investigaciones y proporcione, en el plazo de un mes, "toda la información pertinente".
Ello incluye, detalla la responsable europea, "una lista de los organismos intermedios bajo investigación y una lista de proyectos cofinanciados por el FEDER, si fuera el caso". Para cada proyecto pide que se informe sobre el importe total y el importe total certificado del mismo.
"Es de suma importancia que en casos de uso fraudulento de fondos europeos, la autoridad de gestión tome las medidas adecuadas de conformidad con las normas de buena gestión financiera", remarca Vitcheva.
Asimismo, recuerda al director general de Fondos Europeos que los gastos relativos a proyectos afectados por investigaciones de fraude no deberían ser certificados a la Comisión (Europea) hasta la conclusión de las mismas".

Puig defiende la inversión en la región

Esta mañana, en Madrid, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha conversado con representantes de la UE para tranquilizarles sobre el déficit y los casos de corrupción descubiertos en su territorio.
Puig se ha reunido con la directora de la representación de la Comisión Europea, Aránzazu Beristain, para informarle de que esos casos de corrupción son de una época anterior y ha reivindicado las posibilidades de inversión del territorio.
¿Sólo un mes con Semana Santa por medio? 

domingo, 6 de marzo de 2016

Verdemar pide al Gobierno que desglose los más de 17 millones gastados en actuaciones en la duna de Valdevaqueros



Verdemar-Ecologistas en Acción ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que "desglose" en qué se han gastado exactamente los "más de 17,6 millones de euros" invertidos en los últimos años para actuaciones en la duna de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz), máxime teniendo en cuenta que dicha inversión de dinero público "no ha servido para solventar los problemas que presenta".

Entre dichos problemas, el portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, ha destacado a Europa Press la invasión por la arena de la duna de la carretera A-2325, que comunica la zona de Paloma Baja con la red viaria general (N-340), y sin la cual dicha pedanía quedaría aislada.

Asimismo, ha cuestionado que si se ha gastado esa "cantidad desorbitada de dinero de todos los españoles" en los últimos años en actuaciones en la duna, fundamentalmente en retirar arena de dicha carretera, "cómo es posible que el Ayuntamiento de Tarifa también haya estado contratando dichos trabajos", como ha apuntado que se desprende de la documentación remitida por el Consistorio al juzgado que instruye diligencias previas por el posible hurto de arena de la duna en los años 2012 y 2013 para su venta.

En este sentido, y teniendo en cuenta que se trataba de actuaciones a cargo del Estado y presupuestadas por éste, se ha preguntado "si el Ayuntamiento tarifeño tenía potestad para contratar dichos trabajos con varias empresas", y si es que acaso el Consistorio "ha estado gestionando el dinero del Estado para estas tareas", lo cual "no tiene ninguna lógica" salvo que hubiera "algún tipo de connivencia" entre ambas administraciones en este sentido
Extracción arena duna de Valdevaqueros y aporte en playas adyacentes (Durante)
NINGUNA SOLUCIÓN

Por otra parte, el colectivo ecologista ha criticado que no se haya adoptado por parte del Estado ninguna de las soluciones propuestas en los últimos años para solventar los problemas de la duna --entre ellas un túnel o la construcción de una carretera alternativa--, alegando para ello que "el coste era demasiado elevado" y que las competencias de la carretera correspondían a la Junta de Andalucía.

Al hilo de ello, ha recordado que el Gobierno ha venido argumentando en los últimos años que ha actuado en este asunto "ante la inacción de la Junta" y "por interés general". No obstante, Verdemar cuestiona esta argumentación, ya que "con menos de la mitad de la cantidad millonaria que se ha gastado para retirar arena de la carretera podría haberse acometido alguna de las soluciones propuestas".

Por todo ello, ha recalcado que van a pedir explicaciones al Ministerio de Medio Ambiente para que "aclare punto por punto en qué se han gastado exactamente los más de 17,6 millones" y que "se demuestre que, tal y como ha defendido el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, Costas actuó 'de manera diligente' en relación a la extracción de arena de la duna y los posibles fines irregulares que se dieron a la misma", lo que está siendo objeto de una investigación judicial.

Finalmente, Muñoz ha dejado claro que dicha cantidad "no es una invención" del colectivo ecologista, pues consta en la Cuenta de la Administración General del Estado correspondiente al ejercicio 2014, publicada en septiembre de 2015 y que, como corresponde, fue remitida al Tribunal de Cuentas por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

Así, en el apartado de gastos en ejecución de proyectos de inversión del ejercicio 2014, figura que a 1 de enero de ese año se había realizado ya la inversión total de 17.665.792,98 euros correspondiente a una partida presupuestaria plurianual (2004-2017) para actuaciones en la duna de Valdevaqueros y Bolonia. Asimismo, aparece como realizada en esa misma fecha otra inversión de 3.697,39 euros correspondiente a otra partida también para actuaciones en la duna y en Bolonia.



lunes, 29 de febrero de 2016

Un juez investiga el posible robo de arena en Tarifa para Gibraltar. El expediente municipal con las firmas que vendieron la tierra ha desaparecido del Ayuntamiento.

Un juez investiga un posible robo o venta ilegal de arena extraída de la duna de Valdevaqueros en Tarifa (Cádiz),toneladas de tierra que Gibraltar utilizó para regenerar sus costas durante 2012 y 2013. El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Algeciras, analiza delitos de hurto, apropiación indebida y falsedad documental y ha requerido al Ayuntamiento gaditano para que le informe sobre los contratos del Consistorio con empresas que posteriormente vendieron parte de esa arena a Gibraltar, según los indicios recabados. La sorpresa es que el expediente municipal con toda la información ha desaparecido y la última persona que accedió al mismo fue el exalcalde Juan Andrés Gil (PP), según el actual regidor, Francisco Ruiz (PSOE).
El Ayuntamiento desconoce qué empresas retiraron la arena, en qué cantidades, los pagos que se hicieron, y si el destino final de las toneladas de tierra fue el Peñón. "Toda la historia es un poco rara, se entrecruzó Gibraltar, y permanecen muchas incógnitas. Existía un decreto para que Transportes Gades retirara arena, pero los técnicos dicen que no se fiscalizó la retirada", admite Ruiz (PSOE). Existe un segundo decreto que afecta a la firma Carmin, que reclamó el pago por haber retirado tierra pero no hay rastro del abono. Es decir, el Consistorio ignora los detalles exactos de la operación y ahora el juez debe decidir los próximos pasos para averiguarlos. Este diario ha intentado sin éxito recabar la opinión de Gil al respecto.
Retirada de arena de la duna de Valdevaqueros (Tarifa) en 2012.
Retirada de arena de la duna de Valdevaqueros (Tarifa) en 2012. 
A los ecologistas se sumó la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, que añadió fraude fiscal y falsedad a la acusación. "Los áridos pertenecen a Minas, del Ministerio de Industria, lo que ocurre es que no tiene policía adscrita. Sin su consentimiento no se puede mover un grano", subraya su portavoz, Carmen del Amo.

lunes, 1 de febrero de 2016

El ex secretario de Estado, Ramos de Armas, contó en el Congreso todo lo que estaba ocurriendo en Acuamed desde 2004 ¿y nadie sabe nada?



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Ramos de Armas):

Voy a empezar por las comparecencias relativas a los desvíos presupuestarios. Este Gobierno, desde su toma de posesión, ha hecho gala de su austeridad y se ha mostrado dispuesto a luchar para acabar con los sobrecostes desproporcionados de algunas actuaciones que terminan incrementando de forma muy notable el precio final de las obras. Por eso una de las primeras actuaciones que acometimos en su día, al inicio de la legislatura, fue abordar un estudio para conocer la situación real de los expedientes de contratación que se tramitaban por la Dirección General del Agua, que era la gran dirección contratante de la secretaría de Estado. Esto se hizo con objeto de comprobar no solo si se habían producido desviaciones presupuestarias respecto a los presupuestos de adjudicación, sino también para, en su caso —y muy especialmente—, conocer las causas del sobrecoste. Solo de esta manera se podían establecer medidas de cara al futuro para evitar que se volvieran a repetir situaciones similares, más si cabe, en un escenario económico como el que vivimos. Para ello, se evaluaron un total de 1.237 expedientes de contratación correspondientes al periodo comprendido entre el año 2004 hasta el primer trimestre del año 2012. Los resultados de los análisis permitieron determinar que en todos los expedientes analizados, sin excepciones, se había producido una desviación económica, entendida como la diferencia entre el importe de adjudicación del contrato y el importe que finalmente se ha pagado —en el caso de los contratos finalizados— o el presupuesto vigente, en el caso de contratos todavía en ejecución. Se trata de expedientes de contratación tramitados por la Dirección General del Agua, a los que también añadimos sus organismos autónomos, las confederaciones hidrográficas, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y las sociedades estatales del Agua. No son todos los expedientes de contratación que se firmaron durante el periodo de análisis, pero suponen una cifra muy significativa de ese volumen. Los contratos de los 1.237 expedientes evaluados contaban con un presupuesto total de adjudicación de 5.134 millones de euros, que se elevó a 6.665 millones de euros en el presupuesto final. Es decir, en estos expedientes analizados se produjo una desviación de 1.531 millones de euros o del 29,82% del importe de la contratación inicial. Este sobrecoste se reparte entre las diversas unidades con capacidad inversora en materia de agua, entre ellas destaca sensiblemente la propia Dirección General del Agua, en la que la desviación detectada entre la previsión inicial y lo que finalmente se invirtió en cada obra alcanza un 69,80%, en los 209 expedientes evaluados que le corresponden del total. Esta fuerte desviación detectada en los expedientes de contratación tramitados desde la propia Dirección General del Agua puede responder, al menos parcialmente, a la tipología de las obras acometidas, que se trata principalmente de infraestructuras de regulación, como el caso de la presa de Yesa que tiene un desvío del 145% o la de Enciso que tiene un 160%. Sin embargo, esto no obsta para que se hayan producido sobrecostes importantes en el periodo analizado y en otro tipo de actuaciones. En el caso de organismos autónomos y sociedades estatales, el porcentaje medio de desviación se sitúa aproximadamente en el 20%, aunque hay que destacar, como situación especial, la de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en la que la media de la desviación de los 24 expedientes evaluados alcanza un máximo de un 68,94%. Este importante sobrecoste de los expedientes analizados en el Guadiana se debe principalmente a la desviación del proyecto de la conducción de la tubería de la llanura manchega cuyo coste se ha incrementado en un 83% en relación con el presupuesto de adjudcación. Esta circunstancia incrementa de manera notable la media de desviación en este organismo.
El señor PRESIDENTE: en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, doña María Teresa de Lara.

La señora DE LARA CARBÓ:
Sobrecostes de obras hidráulicas. Noviembre de 2011. Como ha indicado el secretario de Estado, el ministerio se encontró con que las obras hidráulicas sufrieron un sobrecoste, entre 2004 y 2011, de 1.500 millones de euros y que en los expedientes analizados existían desviaciones medias del 29,8%. Diciembre de 2013, también lo ha explicado el secretario de Estado: se ha terminado con los sobrecostes. Ahora hay gestión eficaz y uso eficiente de los recursos. Se minimizan los modificados, las obras complementarias y los sobrecostes excesivos. Se impone, señorías, otra forma de planificar y proyectar en beneficio de todos los españoles.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Ramos de Armas)
Nos encontramos con una importante desviación presupuestaria y con un problema notable de planificación. Para que se hagan una idea, les diré que en el año 2005, en el momento de la modificación del Plan hidrológico nacional, se estimó que bastarían 721 millones para construir las 15 nuevas desaladoras en el año 2006. Una vez redactados los proyectos, la cifra pasó de 721 a 1.337 millones de euros; es decir, el presupuesto se incrementó en un 85,4%. La realidad es que a día de hoy llevamos invertidos más de 800 millones de euros en las nuevas desaladoras y solo se están ejecutando 8 de las 15 previstas. Además, faltan por invertir otras cantidades para completar redes de distribución, por ejemplo, 68 millones de euros, y no existe prácticamente demanda de esa agua desalada.

 El caso concreto de la desaladora de Torrevieja es un ejemplo de mala planificación, y no podremos ponerla en funcionamiento al cien por cien porque los estudios que se elaboraron han resultado completamente erróneos. Sin poder poner la desaladora en plena producción hay que asumir financieramente la amortización de la totalidad de la infraestructura, que ha supuesto una inversión de algo más de 288 millones de euros, cuando estuvo presupuestada en 188 millones de euros. Tenemos una situación bastante complicada.

(extractos de la comparecencia para Que informe de las causas de los desvíos presupuestarios ante los sobrecostes producidos respecto al presupuesto de adjudicación en las obras hidráulicas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/000372)

TODOS LO SABÍAN PERO NADIE FUE A LA FISCALIA ¿qué más saben de otras empresas públicas que se callan? ¿donde está el estudio que se hizo para conocer los sobrecostes? 

viernes, 29 de enero de 2016

ESCÁNDALO INTERNACIONAL ANTE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL MINISTERIO DEL "MAL AMBIENTE"

La Comisión Europea no ha instado a investigar a Miguel Arias Cañete, actual comisario de Acción por el Clima y Energía, acerca de si era o no conocedor del pago de 40 millones de euros a la constructora FCC por la polémica desaladora de Almanzora sino que ha dejado el caso en manos de las autoridades españolas, según han aclarado fuentes de la Comisión a Republica.com, las cuales han añadido que la Comisión ha trasladado el caso a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para que considere si se investiga o no el caso. Acuamed, la sociedad dependiente del Ministerio de Agricultura, se ha visto involucrada en otro escándalo de corrupción por sobrecostes injustificados.
Un correo electrónico de la directora general del Agua del Ministerio de Agricultura y actual vicepresidenta de Acuamed, Liana Sandra Ardiles, en el que pide al director general de la entidad un “informe sobre la situación de la desaladora” almeriense de Almanzora, ante una reunión del ministro, entonces Arias Cañete, con FCC, deja al descubierto la posible vinculación del comisario y exminsitro. De hecho, el testigo de cargo del caso, Francisco Manuel Valiente González, exdirector de Ingeniería y Construcción del ente público que destapó el escándalo con su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, aseguró ante el juez que instruye el sumario, Eloy Velasco, que el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, intentó vencer sus reticencias en el 2013 para que diera su visto bueno a un contrato hinchado a FCC asegurando que el amaño eran “órdenes directas” del entonces ministro de Agricultura y hoy comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.
El portavoz comunitario de Política Regional, Jakub Adamowicz, ha asegurado que la Comisión Europea ha trasladado el caso a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para que considere investigar el caso. La CE adelantó a Efe el pasado día 22 que fue alertada el pasado día 18 de la investigación abierta en España a la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) por supuesto fraude, indicaron.
Acuamed, que depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, es un “beneficiario tradicional” de fondos europeos, recordaron, y más en concreto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y de los fondos de cohesión para realizar obras públicas en el sector del agua en la cuenca mediterránea. Entre 2007 y 2013, los fondos europeos cofinanciaron proyectos por valor de unos 660 millones de euros. “Tras las alegaciones aparecidas en la prensa española, la CE pidió inmediatamente a la autoridad de gestión -el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas- informar sobre la situación”, indicaron las fuentes comunitarias. A su vez, la Comisión “recordó su responsabilidad a la hora de tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el dinero de la UE no se utilice mal”.

viernes, 8 de enero de 2016

Denunciado a la Fiscalía el rellenado de una playa virgen


La denuncia tacha de negligente la actuación llevada a cabo en Cala Vidre y Cala Sant Jordi

Hortènsia Grau, diputada de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) por Tarragona, ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente el rellenado con arena de cantera de una franja de playa virgen en l’Ametlla de Mar (Baix Ebre). La c un hermoso paraje de roca erosionada y aguas claras situado en la punta norte de las costas del delta del Ebro. Grau apunta que, adulterando el terreno con elementos que no son propios del lugar, se han vulnerado hasta ocho artículos del código penal relacionados con la protección de espacios naturales.
El rellenado de las playas de l’Ametlla que planificó y ordenó Costas hace tres semanas tuvo que ser paralizada de inmediato por el propio Ministerio de Medio Ambiente ante las alertas de que, usando arena de cantera común en lugar de la pertinente arena de playa, se estaba poniendo en peligro un espacio protegido y de alto valor natural. Se pretendió esparcir más de un millar de metros cúbicos de tierra en unas playas que, según el Ayuntamiento, no precisan de tratamiento ninguno. Con la introducción de gravilla común en un entorno marítimo de tanta sensibilidad se pone en peligro el ecosistema del lugar y uno de los riesgos principales lo sufren las poblaciones de posidonia, planta que puebla el fondo marino.
La subdelegación del Gobierno central en Tarragona atribuyó la actuación a un error y ordenó la retirada inmediata de la arena. La denuncia de la diputada de CSQEP tiene en cuenta la reparación del daño pero destaca que cabe una investigación por parte de la Fiscalía atendiendo a la gravedad potencial que comportó el vertido de arena. “Estas playas están dentro de la Red Natura 2000, aprobada por el Gobierno de la Generalitat el 5 de septiembre de 2006”, apunta Grau, y recuerda que este documento desgrana un “catálogo de espacios naturales de interés de la Unión Europea”. La diputada carga también contra la pasividad mostrada por la Generalitat ante la chapuza.

viernes, 18 de diciembre de 2015

La gente se harta de la dictadura de Costas. Protesta ciudadana contra el proyecto de construcción de espigones de Costas

Algunos de los vecinos que han acudido a la concentración de esta mañana
Alrededor de una veintena de personas se ha concentrado esta misma mañana en el paseo marítimo, a la altura de la plaza de la Concordia, para mostrar su malestar por el proyecto que la Demarcación de Costas quiere llevar adelante para regenerar las playas del sur de Castellón y que conlleva la construcción de sendos espigones en la zonas de Almardà y Puerto Siles. Bajo el lema No a la muerte de nuestras playas se ha llevado esta primera concentración que tendrá su continuación próximamente.
Cabe recordar, como publicó este rotativo en su edición del pasado viernes, 11 de diciembre, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) ha realizado un  informe, fechado en 2015, para la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar cuyo objetivo es estudiar todo el frente costero de Castellón y Valencia para detectar las zonas con problemas y vislumbrar una solución de alcance. En este estudio se proponen trasvases de arena desde las playas de Puerto de Sagunto y Canet d'En Berenguer hasta las de la provincia de Castellón.
Este estudio ya ha sido objeto de crítica por los integrantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sagunto, formado por Compromís, Esquerra Unida y ADN Morvedre, la marca blanca de Podemos. Es más, el propio alcalde de la localidad, Frances Fernàndez, afirmó: «Lo que nos preocupa de este proyecto es que pueda tener efectos negativos en nuestra costa porque pensamos que el proyecto de espigones del ministerio amenaza las playas de Sagunto».
En el estudio existente, se plantea la construcción de un espigón de cerca de 300 metros de longitud entre las playas de Almardà y Almenara; una gran prolongación de los espigones situados en Puerto Siles (Canet d’en Berenguer) y en el extremo norte de la playa del Puerto de Sagunto; la construcción de un dique de 180 metros de longitud frente a la costa de esta misma playa y la extracción de decenas de miles de toneladas de arena. Una de las consecuencias de este conjunto de actuaciones sería, según explicaron desde el tripartito, «la reducción la anchura de la playa en unos 30 metros».

viernes, 20 de noviembre de 2015

El Estado asegura haber gastado 78.000 euros este año en Cho Vito

En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo incluye el paseo concluido hace tres años entre los gastos del ejercicio en curso.
En respuesta a la pregunta "qué inversión real ha llevado a cabo el Gobierno en playas, desde comienzos de año hasta la fecha, desglosado por comunidades autónomas y por provincias", que formuló Miguel Ángel Heredia Díaz, diputado por del PSOE Málaga, el Gobierno central respondió que en el "Proyecto de paseo marítimo y demoliciones en la playa de Cho Vito" gastó 78.361,59 durante el año en curso.
Curiosamente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente refleja, en su página web, que ese proyecto concluyó en el año 2012, tras 24,5 meses de tiempo de ejecución y 923.913,81 euros de inversión.
Fue en mayo de 2011, cuando el gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) informó, a través de un comunicado de Costas, del inicio de las obras de ejecución del paseo peatonal en la playa del Cho Vito y su comunicación con las Caletillas, "con la colocación del vallado en la zona de actuación, que en ningún momento interrumpe el paso de vecinos ni usuarios de la costa". Además, explicó que "estas obras no interfieren con el proceso de recuperación posesoria en Cho Vito, que continúa pendiente para su finalización del realojo de los vecinos que aún viven en el lugar".
Entonces permanecían en pie nueve casas, que fueron demolidas el 16 de noviembre de 2012. Es decir, que el Gobierno central terminó la actuación poco después de derribar completamente Cho Vito, hace ya tres años, sin que desde entonces se haya realizado obra alguna en este enclave de la costa de Candelaria.

Tercer aniversario del derribo de las últimas casas de Cho Vito

El 16 de noviembre de 2012 fue cuando un dispositivo de 50 guardias civiles llegó al lugar para que las palas terminaran con las nueve casas que quedaban en pie desde 2008.
"A las 9:56 horas de ayer comenzó el derribo de la primera de las nueve casas del poblado marinero después de que la Guardia Civil desalojara uno a uno a cada vecino, seis de los cuales abandonaron la huelga de hambre iniciada el martes". EL DÍA inició así la crónica de la desaparición total de Cho Vito, ocurrida el 16 de noviembre de 2012.
En este tercer aniversario, los últimos de Cho Vito rememoran que fueron unas ocho horas de tensión permanente durante las que los desalojados se concentraron en la aledaña playa de Caletillas, acompañados de muchos vecinos y gente solidaria con esta causa, de medios de comunicación y de algunos de los entonces concejales de CC y PP, entre ellos José Fernando Gómez y Carina Dainotto, hoy fuera del PP por defender a los afectados frente a su partido.
Fueron más de 50 los efectivos de la Guardia Civil que intervinieron tal día como hoy, pero de hace tres años, en Cho Vito. Los afectados señalaron entonces como la causa de esta última actuación la obligación que tenía el Gobierno central de justificar la inversión de casi 1.200.000 euros, procedentes de la Unión Europea (UE) en la realización del paseo que ocupa hoy el sitio en el que había un poblado marinero hasta el 16 de noviembre de 2012.
"Muchos pasaron, cual gaviotas, por este pueblo, pero pocas entendieron o quisieron entender porque a todos les interesaba el resultado. Nadie buscó la verdad ni la justicia", reflexionó hace unos días uno de los "cabecillas" de la lucha por la supervivencia de Cho Vito, Antonio Alonso Orihuela.
Con la caída de la casa de Tomás González se perdió uno de los símbolos de esa lucha. El afectado fue claro entonces al señalar a las cuatro administraciones (Gobiernos nacional, regional, insular y municipal) y a todos los partidos políticos como corresponsables de lo sucedido en el poblado marinero. Para él y para el resto de sus convecinos, la demolición de Cho Vito "ha sido una decisión política". 

Pero la desaparición de sus casas no supuso el fin de "esta lucha que ha merecido la pena". Todavía hay asuntos en los juzgados pendientes de sentencia.
"En torno a las 5:45 horas de ayer sonó el bucio en Cho Vito anunciando la llegada del dispositivo montado por la Dirección General de la Sostenibilidad y el Mar para demoler las nueve casas que formaban el poblado marinero de Candelaria", publicó EL DÍA el 17 de noviembre de 2015. Era el final de un núcleo que agonizaba desde el 7 de octubre de 2008, cuando la entonces Dirección General de Costas demolió las primeras 31 viviendas en Cho Vito.
http://eldia.es/sur/2015-11-16/2-Hoy-tercer-aniversario-derribo-ultimas-casas-Cho-Vito.htm
El concepto de desarrollo sostenible es complejo: no implica solamente que el desarrollo ha de ser respetuoso con el medio ambiente y conservador de los recursos naturales, sino que, tal y como expresa la Estrategia Territorial Europea, ha de procurar el equilibrio y la JUSTICIA SOCIALES y ha de incrementar la riqueza económica de la sociedad
El objetivo final de una política de desarrollo sostenible es el desarrollo humano sostenible, la mejora de las condiciones de vida de toda la población, incluidas las generaciones futuras.

No es sostenible un desarrollo que preserve los recursos naturales a costa de disminuir la renta o la calidad de vida (Comisión Europea. “EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”)

Como Costas S.A. ha proclamado con su ley la república independiente de la bananaria costera, Europa y sus Estrategias le traen al fresco, pero no así el dinero que recibe y del que bien se acordó  cuando pidió los fondos a la EU para destruir Cho Vito. 

JUSTICIA SOCIAL y mejora de las condiciones de vida de TODA la población, eso es hablar en chino para Costas S.A.