La reforma legal impulsada para dar seguridad jurídica a los dueños de miles de viviendas en 800 aldeas del litoral gallego solo llega por ahora a 14 núcleos
Galicia vuelve a tropezar con la Ley de Costas, que sigue sin dar una solución efectiva a los asentamientos tradicionales que desde hace décadas pueblan el litoral gallego. La reforma que iba a favorecer una regularización rápida de cientos de núcleos se ha convertido en la práctica en un embudo que, a la vista del resultado de su aplicación, tampoco resolverá el problema de Galicia. Solo 6 de los 34 concellos que tramitaron sus solicitudes dentro del plazo de dos años que fijó la norma han obtenido respuesta favorable. A falta de que Medio Ambiente se pronuncie sobre los expedientes de otros 11 municipios, y las alegaciones que formularon 8 más, apenas 14 aldeas de las 176 diseminadas en esos 34 ayuntamientos se han beneficiado por ahora de una reforma más ágil en salvar de la piqueta chiringuitos de playa y favorecer su ampliación que en dar seguridad jurídica a los dueños de viviendas anteriores a la ley (1988).
Aunque el primer balance parcial del desarrollo de la reforma en Galicia también pone de manifiesto cierta desidia en los municipios que podían acogerse a esa vía para regularizar sus núcleos rurales junto al mar. De los 75 que cuentan con asentamientos de población dentro de la zona de servidumbre, solo 45 han solicitado al ministerio la reducción de esa franja de protección de 100 metros desde la ribera del mar a 20. Y muchos esperaron al último momento (mayo pasado) para reclamar un ajuste que supone el reconocimiento legal de que el suelo de núcleo rural es el ámbito natural de la costa gallega. Los seis municipios que ya han recibido respuesta positiva de Costas, entre esos 34 con expedientes resueltos, son Muros, Baiona, Nigrán, Gondomar, O Rosal y Marín, pionero en la lucha por legalizar sus núcleos y que obtuvo luz verde para los de Aguete sur, Loira, Teoira y Casás.
Falta de medios técnicos
Esos 34 concellos tramitaron solicitudes para legalizar 176 aldeas, pero 69 fueron excluidas por no cumplir la doble exigencia en cuanto a su grado de consolidación y dotación de accesos y servicios antes de 1988. En una reciente intervención parlamentaria, la secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, explicó que, en 22 de esos 69 casos, los propios ayuntamientos renunciaron, al asumir que no concurrían las circunstancias para aplicar el régimen transitorio. Y en 35 ámbitos, los municipios no aportaron la justificación documental requerida. La Consellería de Medio Ambiente reconoce que muchos concellos carecen de los medios necesarios, por lo que ha ofrecido ahora asesoramiento técnico a los alcaldes.
De los 34 que ya tienen la respuesta de Costas, solo 8 formularon alegaciones. Son Ares, Boiro, A Illa, O Grove, Sanxenxo, Vilaboa, Vilanova de Arousa y Poio. Aunque Medio Ambiente aún debe pronunciarse sobre las solicitudes de 11 ayuntamientos: Arteixo, Neda, Valdoviño, Barreiros, O Vicedo, Viveiro, A Guarda, Cangas, Oia, Poio y Redondela.
Las quejas de los alcaldes llevaron a la Xunta a presionar al ministerio para que la reforma tenga más calado en Galicia. Con ese objetivo, Urbanismo revisará los informes técnicos que los concellos remitieron a Costas y les prestará apoyo técnico. A día de hoy, la reforma solo llega a 14 aldeas, muy lejos de las 800 que el Ejecutivo de Feijoo estimó en el 2013 que podrían solventar su situación.
La reforma no frena las multas en Vilaboa
Propietarios de casas afectadas por la Ley de Costas en Vilaboa están recibiendo multas de la Axencia de Protección Urbanística (APLU), pese a que acordó frenar los expedientes si se solicitaba la regularización. La Xunta alega que cumple el Plan de Inspección, que dicta que las órdenes de derribo quedarán en suspenso desde que el concello solicita la aplicación de la reforma legal hasta que el ministerio se pronuncia de forma desfavorable, «como sucedeu en Vilaboa».
Solo 39 de los 75 municipios con asentamientos junto al mar tienen el PXOM aprobado
El principal obstáculo de los concellos para regularizar sus núcleos marineros es la falta de planeamiento urbanístico por parte de casi la mitad de los que podrían aprovechar la vía que abrió hace dos años la reforma de la Ley de Costas. Tan solo 39 de los 75 municipios con asentamientos a menos de 100 metros del mar tienen el PXOM aprobado. El resto se rigen por normas subsidiarias o tienen su plan urbanístico suspendido (Sada, Viveiro y O Grove) o anulado (Gondomar). Aunque la mayoría de esos 36 concellos sin PXOM lo están tramitando o lo tienen contratado.
La Xunta ha apremiado a los municipios a agilizar la tramitación del planteamiento, lo que les permitirá disponer de la información que requiere Costas sobre los núcleos sin regularizar. En una carta remitida a los alcaldes, la conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez, defiende las «oportunidades» que ofrece la reforma, y pone los servicios técnicos a su disposición para «conseguir que o maior número de núcleos tradicionais e os seus cidadáns poidan beneficiarse».
Es que Costas busca el negocio "a toda costa". Los chiringuitos dejan cifras millonarias mientras que los poblados ocupan los terrenos que Costas necesita para especular con ellos. Una vez derribados los poblados y expulsados sus moradores del sitio que les vió nacer, se inicia por parte del departamento del Ministerio una loca carrera por conseguir fondos europeos y nacionales en una "supuesta regeneración y protección costera" que en realidad servirá para regocijo de algunas empresas y bolsillos a los que poco le importa el medio ambiente. Cuando se aburran de derribar, traer y llevar arena de un sitio para otro, de hacer paseos y carriles-bici, pues se pondrán en marcha los concursos multimillonarios para llenar de chiringuitos, perdón, Zones Chill Out, lo que en su día fueron humildes pero dignos poblados.
Cuando necesiten más terrenos, pues nada, se hace un nuevo deslinde y sin problema, la gente a calle y Costas S.A. a lo suyo, a seguir haciendo negocio que para eso se ha fabricado una ley estupenda que le permite coger lo que no le pertenece ¡y encima gratis! Otros por menos están en la cárcel.