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Diez años después de su aprobación, la reforma de la ley de Costas del Gobierno de Mariano Rajoy en el 2013 sigue sin atar cabos. Decenas de instalaciones industriales y construcciones en el litoral aguardan la letra pequeña de la sentencia de Ence para aclarar por fin su situación mientras la Comisión Europea acaba de abrir un procedimiento de infracción contra España por ampliar las concesiones durante 75 años sin la transparencia suficiente.
“Nosotros ya le dimos al PP soluciones factibles, pero hicieron caso omiso”, afirma Carmen del Amo, presidenta de la Plataforma de Afectados por la ley de Costas, que denuncia la “indefensión” de cientos de concesiones junto al mar y que critica a los gobiernos de todos los colores por los sucesivos “parches” legales.
Decenas de fábricas y urbanizaciones esperan que el Supremo aclare si sus prórrogas son legales
La ley de Costas de 1988 daba 30 años de prórroga a las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre. En 2018 vencían los plazos y, para evitar los efectos sobre industrias y viviendas, el Gobierno de Rajoy aprobó en el 2013 una reforma que permitía ampliar en 75 años las concesiones. El actual Ejecutivo también ha lanzado su propia ley, en la que puntualiza que los 75 años se aplican desde la construcción y no desde el 2013, pero sin carácter retroactivo, de modo que las ampliaciones de concesiones aprobadas en la etapa de Rajoy salen indemnes.
¿Caso resuelto? En absoluto. El ejemplo más claro es la fábrica gallega de celulosa de Ence, que recibió la prórroga, pero se encontró luego con una batalla jurídica que ha estado a punto de echarla por tierra. La Audiencia Nacional anuló la prórroga porque, como establecía la reforma de 2013, no se justificó la inexistencia de una ubicación alternativa. Sin embargo, el Supremo, con la misma ley sobre la mesa, ha dicho que el criterio debe ser otro: con un informe ambiental favorable es suficiente.
“La interpretación de la reforma de 2013 consiste en que la justicia es favorable a prorrogar mientras no exista afección al medio ambiente”, explica Francisco Javier García Martínez, el socio de Garrigues que ha defendido al comité de empresa de Ence.
Este es el punto clave, pero el Supremo aún debe redactar la sentencia, en la que se le ha pedido que siente doctrina sobre otras cuestiones y aclare por fin qué ocurre con las prórrogas del anterior Gobierno encalladas en los tribunales.
La sentencia del Supremo sobre Ence tiene a miles de personas en vilo. Por lo pronto, el tribunal ha adelantado que la concesión de una urbanización en Alicante, al no tener informe ambiental, no es válida, lo que pone contra las cuerdas a las viviendas. “¿Cómo va a tener informe ambiental una urbanización?”, se quejan en la asociación de afectados. Hay muchos casos que se han librado del problema porque nadie los ha judicializado, como ocurre con los restaurantes de la playa de la Malvarrosa, en Valencia.
¿A cuántas instalaciones afecta el desaguisado? Los actuales abogados del Estado pidieron al Supremo que use el caso Ence para fijar doctrina tras asegurar que “se han otorgado 25 prórrogas para usos expresamente prohibidos y otras 27 para usos que precisan justificar su ubicación en dominio público, estando pendientes de resolver 285 prórrogas para usos alojativos”.
En el ámbito industrial, los problemas se concentran en el litoral cantábrico. Hay un caso calcado al de Ence, el de la antigua Pontesa, que previsiblemente saldrá bien parada si se confirma el criterio del Supremo. Lo mismo ocurrirá con las conserveras gallegas. Está por ver cómo afecta el nuevo criterio a otro tipo de instalaciones. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica calculan que 23 construcciones residenciales y cinco hoteles pueden verse afectados, pero no precisan su ubicación porque las resoluciones no son públicas.
A todo esto se suma la reciente decisión de la Comisión Europea de abrir expediente a España por ampliar en 2013 las concesiones por hasta 75 años. Ence, que todavía se encuentra celebrando la supervivencia de la fábrica gallega, ha emitido un comunicado descartando que el procedimiento de infracción abierto por Bruselas pueda afectar a la prórroga de las concesiones de su fábrica de Pontevedra.
"Incluso en un hipotético escenario futuro en el que, como consecuencia de este procedimiento, España tuviera que modificar finalmente su Ley de Costas, dicha modificación no tendría en ningún caso carácter retroactivo", señala.
