LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

martes, 27 de diciembre de 2011

RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES EN LA RECESION DE LA COSTA. REPERCUSION DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN EL EQUILIBRIO Y DETERIORO DE LAS PLAYAS.


Por Paz Villalobos Nicieza, abogada, letrada-jefe del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Laredo

Son cuantiosos los supuestos de daños catastróficos en nuestras costas, especialmente en los meses de septiembre a marzo, como consecuencia de vientos superiores a 100 Km/hora y la conjunción de la pleamar o mareas equinocciales. Como ejemplo del tipo de riesgos podemos citar los temporales de 30 de enero de 1.990, 11 de marzo de 2.008, 24 de enero de 2.009 y 9 de noviembre de 2.010, con olas de 19´77, 26 y 13´14 metros de altura, todos ellos con vientos de 99 hasta los 140 Km/hora. El record lo obtuvo el temporal del 24 de enero de 2.009, que alcanzó los 140 k/h y altura de olas de hasta 26 metros.  A ellos se suma el de los pasados días, 15 a 17 de diciembre, con olas de 8 metros de altura, que produjeron cuatro heridos en la Cornisa Cantábrica y cuantiosos daños, rotura de árboles y de los cordones dunares de protección en muchas de nuestras playas y puntales arenosos.

A raíz de lo acaecido en la península durante los primeros días de noviembre de 2010, fue adoptado el acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión de 12 de noviembre de 2010, en el cual se enumeran los daños sufridos en nuestro litoral.
“El fuerte temporal que ha afectado desde el pasado fin de semana a diversas zonas de la península, especialmente a Galicia y la cornisa cantábrica, ha provocado la pérdida de vidas humanas, un desaparecido, el desbordamiento de ríos, cortes en carreteras, el amarre de flotas pesqueras, alteraciones en vuelos y considerables daños materiales en vías públicas, paseos marítimos, puertos y establecimientos mercantiles y viviendas costeras.
Concretamente, el día 7 de noviembre la Agencia Estatal de Meteorología emitió alertas de nivel rojo por vientos y fenómenos costeros de gran intensidad en las costas de Lugo y A Coruña para el día 8. Dicho aviso fue extendido al resto de la Costa Cantábrica para el día 9 de noviembre, situación que se mantuvo durante todo la jornada.
Igualmente, el 7 de noviembre se declararon alertas de nivel naranja para el día siguiente en las áreas costeras de Pontevedra, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cádiz, Granada, Almería, Ceuta, Melilla e Islas Baleares. Esta alerta naranja se extendía a otras zonas interiores del país, manteniéndose el nivel de aviso, según las zonas, incluso hasta finales del día 10.
Entre las consecuencias más graves de estos fenómenos, cabe destacar dos fallecimientos como consecuencia del temporal en Galicia.
En la ciudad de A Coruña, el fuerte temporal ha provocado el derribo de la balaustrada del Paseo Marítimo y ha afectado a otros elementos del mobiliario urbano y a una toma de agua, causando la inundación de una parte de la calzada. Además, el mar desplazó piedras de grandes dimensiones y provocó desperfectos en el mobiliario urbano de la zona de Las Esclavas. En Lugo, la fuerza del mar ha destruido parte del muelle de San Cibrao y ha causado daños en casetas de pescadores en Cervo. En la provincia de Pontevedra, la intensidad del viento provocó varios accidentes de tráfico y cortes en la A-55, que une Vigo y O Porriño.
En Asturias, los fuertes vientos, las persistentes lluvias y el oleaje han causado numerosos daños materiales en todo el litoral de la región. Ribadesella, Llanes, Villaviciosa, Gijón, Carreño, Gozón, Castrillón, Cudillero, Valdés y Tapia de Casariego han sido las localidades más afectadas por el temporal, que ha provocado inundaciones en calles y ha originado muchos desperfectos en viviendas, muelles, arenales, establecimientos comerciales y otros equipamientos urbanos. En Gijón, la conjunción del fuerte oleaje con el horario de la pleamar ha causado que el río Piles se desbordara de forma parcial y ocasionara desperfectos en la playa de San Lorenzo, donde el mar arrancó quince metros de barandilla y causó daños en el mobiliario urbano del entorno. En Avilés, los efectos del temporal se han dejado sentir con especial intensidad en la playa de Salinas, donde el fuerte oleaje arrastró troncos y ramas que pusieron en peligro a la población local.
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En Cantabria, la ciudad de Santander ha sufrido intensas precipitaciones y rachas de vientos que llegaron a alcanzar los 100 kilómetros por hora. En concreto, se han producido daños significativos en la zona de la segunda playa de El Sardinero, donde el temporal se ha llevado unos cincuenta metros de la barandilla del paseo marítimo, ha arrastrado la arena a la calzada y ha obligado a acordonar este área para evitar daños personales. Las olas de la costa cántabra han llegado hasta los trece metros de altura en playa de la Virgen del Mar y hasta los diez metros en la costa de Santoña, y se han registrado daños en las localidades de Ribamontán al Mar, Mogro, Somo, Galizano, Santoña, Laredo y Castro Urdiales, donde se inundaron algunas zonas urbanas.
En el País Vasco, destaca el socavón de aproximadamente quince metros que se produjo en el Paseo Nuevo de San Sebastián. El desperfecto ha afectado a los dos carriles de la calzada y la acera peatonal, impidiendo el tránsito de vehículos. Además, se han producido desprendimientos en la N-634, concretamente en el tramo comprendido entre Zarautz y Zumaia, así como daños en el mobiliario urbano de varias localidades costeras.
Con carácter general, cabe reseñar que la intensidad de los vientos ha afectado con diferente incidencia a numerosos puntos de la geografía española, dando lugar a incidentes de carácter leve en ciudades como Logroño o a caídas de árboles y otros daños materiales aislados en localidades de la costa levantina como Cartagena…
…Todos estos perjuicios se han producido a pesar de los esfuerzos que las distintas Administraciones con competencia en esta materia llevaron a cabo en este tiempo, tanto en labores de prevención como en actuaciones desarrolladas durante la emergencia…” 
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El Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, establece un procedimiento de tramitación de ayudas que resulta adecuado para su aplicación a los hechos extraordinarios,  no sólo para paliar los daños sino también con carácter preventivo. Ahora bien, sólo resulta operativo en ese tipo de situaciones.
Es evidente, por tanto, a mi juicio, que resulta esencial activar todos los medios que establece la legislación vigente para la prevención de daños. Especialmente dada la situación de riesgo creada por actuaciones públicas sin la debida estimación de impactos. Son las dos Administraciones actuantes en los estuarios, regional y estatal, quienes han de acometer los estudios precisos para determinar y corregir la situación de riesgo actual en todos estos puntos negros de nuestras costas, con la colaboración y participación de los Ayuntamientos, hasta ahora ignorados, en el diseño de las estrategias de planificación y gestión integrada del litoral.  

En el informe elaborado por esta Letrada para el Ayuntamiento de Laredo en Cantabria en el pasado mes de marzo, revisado en el mes de abril, fueron analizados los perniciosos efectos de la recuperación de concesiones de marismas en otros puntos de los estuarios, puntales arenosos, sistemas dunares, terrenos de propiedad privada, derivados de la alteración del prisma de marea. El Plan de Recuperación de concesiones en el estuario del Asón, Parque de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, contempla la recuperación de más de 70 concesiones, de las cuales, solo en un 70% como máximo fueron objeto de análisis en el Estudio Morfodinámico encargado a la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria dentro del expediente de Deslinde de la Playa del Regatón, aprobado por O.M. de 8 de febrero de 2.011.
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Las que se observan en azul oscuro no han sido objeto de análisis en el estudio mencionado, encargado únicamente como justificación del deslinde.
Actualmente, según el informe, algunas de las antiguas concesiones se mantienen en uso, mientras que otras se han recuperado o se encuentran abandonadas y en proceso de naturalización. Como destacaba este informe de la Universidad, la progresiva recuperación de estas zonas, supondrá cambios hidromorfológicos del estuario que afectarán a la estabilidad de la playa del Regatón y reducción del Puntal de Laredo.

Asimismo, D. Francisco Martín, entonces Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabría, --actualmente integrado en IH CANTABRIA, en la Jornada del pasado 17 de febrero de 2011, organizada por la Secretaria de Estado de Cambio Climático, en una magnífica exposición, puso de manifiesto la interacción de todos los ecosistemas dentro de un estuario y que los de Cantabria han visto reducida su área inundable de forma notable, reducción “que ha generado una morfología diferente a la original, tanto en las zonas ocupadas como en el resto del estuario”. En este sentido, añadió, que esa diferente morfología origina comunidades diferentes, pero también valiosas. En su opinión, la Ley de Costas permitirá recuperar algunas de las zonas ocupadas y restituir la dinámica original de las mismas en todos los estuarios “lo que acarreará cambios, también en otras zonas del estuario”.
De ello resulta que cada Proyecto de recuperación de una marisma,  cualquier tipo de actuación pública en un estuario, debe ser estudiada y analizar sus efectos sobre la morfodinámica y equilibrio del sistema y en la regresión de la costa.
Sin embargo, muy pocas son las actuaciones y proyectos que integran tales estudios o son sometidos a Evaluaciones de Impacto ambiental que, en todo caso, resultan insuficientes. En el supuesto de las marismas del estuario del Asón ya recuperadas no ha sido efectuado estudio alguno.
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El Puntal de Laredo en el espacio comprendido entre la playa del Regatón y la Avda. de los Derechos Humanos podría verse convertido en 10, 50, o 100 años en una marisma, según el estudio de IH Cantabria, en cuanto más sujeto a los eventos de inundación, simplemente por la recuperación de las concesiones de marismas coloreadas en azul claro, sin evaluación previa de impactos, ni adopción de medidas correctoras.

Otro ejemplo de estas afecciones graves a terrenos urbanos, como consecuencia de la ejecución de obras y proyectos públicos, lo tenemos en el municipio de Noja. Según el estudio de la Asistencia Técnica que presenta Costas, realizado por el Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cantabria,  para efectuar el deslinde de Noja, lo que se pretende es, asimismo, la ejecución del Plan de recuperación de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Se basa el estudio en que si se abren los diques de la Marisma Joyel, aunque sea unos metros, y se retiran los rellenos del Camping los Molinos (no dice nada de las presas de los molinos de marea), se inundaría la marisma como antes del siglo XV, y aunque únicamente se inundará la marisma según una ortofoto que incorpora el estudio, llegaría a afectar de tal forma al equilibrio de la playa y la anchura de la desembocadura que precisan las fincas de Castrejón, terrenos urbanos de los Campings Playa Joyel  y Suaces, Apartamentos Turísticos Ris, carretera municipal, y otros suelos urbanos, como reserva para subsanar esos efectos destructivos de su Plan. A costa, como en el caso de Laredo, de legítimas propiedades del municipio y de particulares, terrenos continentales inactivos desde hace más de trescientos años.

En informes periciales del Ingeniero especialista en puertos, Jesús Merino Fernandez, aportados al expediente de deslinde, se ofrecen soluciones de menor intervención que producen el efecto de mejora de la marisma sin necesidad de afectar o inundar la carretera de Noja a Soano o fincas nunca pertenecientes a la marisma. No se ha dado respuesta aún a los recursos presentados en el mes de marzo pasado.
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La ejecución de este Plan, que afecta a 11 municipios de Cantabria, y la ausencia de cualquier medida de protección de los sistemas dunares y playas actuales, es lo que justifica la ampliación de dominio público en los deslindes aprobados este mismo año, a costa de terrenos originariamente de propios de los Ayuntamientos, hoy en parte de particulares, integrados en la zona de Reserva del PORN.
Ahora pretenden asociarse a las marismas, provocando desde hace tiempo, mediante actuaciones parciales ya ejecutadas,  reconocidas en el informe de IH Cantabria, graves deterioros en los cordones dunares activos, dunas terciarias protegidas por la Directiva Hábitat  y playa seca, integrados en la Red ecológica europea Natura 2.000.

De lo que no existe estudio alguno conocido hasta la fecha, de una forma integral e integrada, es de las causas del deterioro progresivo que está sufriendo la Playa Salvé y su sistema dunar, la zona de Restaurantes, aparcamiento, el Paseo  Marítimo. Desconocemos en la actualidad cual sea el origen de los gravísimos daños y alteraciones morfodinámicas que está sufriendo. No sabemos si las obras públicas ejecutadas en los últimos años, unidas a la incidencia de las marismas ya recuperadas, sumada a otras causas naturales o artificiales, o bien la extracción de áridos por los dragados que se efectúan periódicamente y su depósito en zonas inadecuadas o fuera del sistema, pueden haber forzado  pérdida de sedimentos o un cambio en el sentido de las olas produciendo un giro en la playa y afectando a las zonas urbanas.

Las playas giran, metafóricamente hablando, como un girasol, en el sentido de las olas, según pudimos conocer en una charla protagonizada por D. Raúl Medina Santamaría a la que asistí recientemente junto con Alcalde D. Ángel Vega Madrazo. Cualquier obra marítima, según su conferencia del 6 de julio de 2.010, pronunciada en Asturias, produce una alteración de las olas, cambia las olas y las playas responden a ese cambio. Tal vez no sea descabellado, en algunos casos, a la vista de la descapitalización de arena y erosión existente en nuestra playa, formación de dunas sobre el Paseo Marítimo, amontonamiento de arena contra diques o el puerto y el punto en el cual se vierten las procedentes de dragados.
Inclusive todas o algunas de estas causas superpuestas.
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Lo que no podemos admitir es que, después de todas las actuaciones y obras públicas ejecutadas en los últimos años sin evaluación de impacto ambiental, ni adopción de medidas de protección alguna de otros ecosistemas valiosos, que han ejecutado o consentido en nuestra costa las Administraciones estatal y regionales en los últimos años, pretendan argumentarnos que son únicamente las edificaciones colindantes las que constituyen una barrera artificial al desenvolvimiento de las playas, como suele aducir la Abogacía del Estado en los procesos judiciales frente a los deslindes realizados con la nueva ley de costas. El desarrollo urbanístico de Laredo fue efectuado en los años 60, y jamás hasta hace cuatro o cinco años se han empezado a sentir estos efectos. Casualmente, es el mismo período en que se desarrollan las actuaciones públicas mencionadas.

El estudio EUROSION, encargado por la Comisión Europea y concluido en mayo de 2.004,  siguiendo la iniciativa del Parlamento Europeo, se centra en cuantificar las condiciones, el impacto y las tendencias de la erosión costera en Europa, y evalúa las necesidades de acción a nivel de la Unión Europea, de los Estados Miembros y de las regiones. En él se indica  que las zonas costeras desempeñan funciones ecológicas, sociales y económicas muy relevantes, las más importantes son la protección de bienes frente a los temporales y a la intrusión de agua marina, la absorción de abonos y de sustancias contaminantes evacuadas por los ríos hacia el mar, así como la reproducción y la alimentación de los peces, crustáceos y aves. Reemplazar sus funciones naturales costaría mucho más de lo que las futuras generaciones de ciudadanos europeos se pueden permitir. Concluye que los esfuerzos deben dirigirse a mejorar la resiliencia de los espacios litorales mediante una mejor gestión de los sedimentos y la preservación del espacio suficiente para los procesos costeros.
Estas conclusiones parecen bastante incompatibles con las actuaciones públicas desarrolladas en el estuario de Santoña y otros espacios de nuestra costa a la vista de los deterioros causados y previsibles a más largo plazo.
Por ello, resulta de imperiosa necesidad la búsqueda de una solución, meditada, pero rápida y efectiva, previo estudio urgente de las causas determinantes de tales efectos, ante la gravedad de los daños que están sufriendo nuestras playas, que podría llegar a afectar inclusive a zonas edificadas en los próximos temporales. Actuaciones de prevención con independencia de otras medidas necesarias de estudio y determinación de  las causas de su erosión creciente  y  de la planificación y gestión integrada de la costa. 
No podemos dejar que las olas discurran por las calles de nuestra ciudad, como afirma la Administración ocurrió en el municipio de Somo, en el temporal acaecido el 30 de enero de 1.990. En aquel caso fue la política de incruentos dragados iniciada en los años ochenta, en interés de la navegación hacia el puerto de Santander, la que asoló el sistema dunar destruyendo la barrera natural de protección de la costa que constituyen los sistemas dunares, permitiendo, el día del temporal, el paso del mar por encima de la formación arenosa de la flecha del puntal . Si no hubiera sido por la barrera artificial de la primera línea de urbanización del casco urbano de Somo, quién sabe si los desastres aún hubieran sido más graves, porque, en su extremo, el puntal estuvo a punto de romperse y convertirse en una isla. Todo ello fue objeto de estudio y recuperación, modificándose la política de dragados, a  raíz del estudio encargado al Grupo de Ingeniería Oceanográfica de la Universidad de Cantabria.
En el análisis efectuado en el Proyecto EUROSION, se señala que durante el último siglo ha existido un conocimiento limitado de las autoridades sobre los procesos del transporte sedimentario, lo que ha comportado la adopción de medidas inapropiadas para mitigar la erosión costera. En algunos casos estas prácticas han resuelto los problemas erosivos localmente, pero los han empeorado en otras zonas próximas -alcanzando decenas de kilómetros - o han dado lugar a otros problemas ambientales.
PUNTAL DESDE EL AIREQueda para los especialistas el estudio de las posibles relaciones e implicaciones entre los efectos morfodinámicos originados por la recuperación de concesiones, dragados, escolleras, presas, construcción o ampliación de puertos y otras obras públicas, todos ellos superpuestos sobre un estuario. Inclusive, el cambio y repercusión de todas estas actuaciones, si las analizamos en el conjunto de todos los estuarios, sobre el nivel general de la cota de inundación, perfil de playas, etc, en nuestras costas. Tal vez deban encararse todos esos problemas que determinan un nuevo escenario de partida ante la elevación del nivel del mar y el cambio climático.
Lo que sí está probado por estos expertos de reconocido prestigio en la materia, en el  informe EUROSION, es que cualquier concesión que sea objeto de recuperación,  u obra pública, la construcción o ampliación de un puerto, un simple dragado, en cualquier punto de un estuario, cualquier obra marítima, producirá efectos de mayor o menor intensidad en función de su superficie y otros factores, en terrenos tan alejados como pueden estarlo el Puntal de Laredo y una concesión en Rada, Limpias, Arnuero, Escalante o Argoños, incluso a decenas de kilómetros. En el informe EUROSION se señala asimismo:
“Los grandes proyectos como la ampliación de puertos, la ocupación de suelo por parques eólicos o las centrales eléctricas, en general integran los procesos de erosión costera en los EIA (Estimacion de Impacto ambiental) de algunos países. Sin embargo, con frecuencia el coste de las medidas correctoras excede la disposición -o la capacidad- del promotor a pagar. Esto puede ilustrarse en el ejemplo del puerto de Aveiro, donde el coste anual del “by pass” de arena ha sido considerado excesivo para las autoridades portuarias. Los procedimientos de EIA no son sistemáticamente aplicados a los proyectos de tamaño reducido o medio, a pesar de que estos proyectos tomados en cuenta conjuntamente pueden tener un efecto notable sobre los procesos de erosión”. (Supuesto de los proyectos parciales de recuperación de marismas).“Son pocos los países que han institucionalizado la evaluación y han sistematizado una cartografía de los riesgos como parte integrada en los proceso de planificación territorial. Pero incluso cuando estos mapas existen, son poco accesibles al público…” “Sin embargo, sí que puede ser cuestionable que una Administración pública soporte un coste si los responsables son otros, o si un propietario privado decide establecerse en un área de riesgo. Por todo ello y bajo estas circunstancias, la oportunidad de adjudicar la responsabilidad de la defensa costera a los beneficiarios e inversores debe ser considerada (según el principio de quien contamina paga).”

Por consiguiente, si han sido recuperados terrenos de marismas sin evaluación de impacto, o han existido errores o efectos sinérgicos, superpuestos, no estimados en otras actuaciones previas o actuales, si existen puntos negros o zonas críticas por la excesiva ocupación del frente litoral, es necesario que se estudien sus repercusiones, se corrijan y se adopten las medidas oportunas, antes de que los daños sean más graves. Con el acuerdo de las tres Administraciones públicas, a través de los Planes Generales Municipales, es posible transferir aprovechamientos y reubicar actividades que incidan peligrosamente en la protección de la costa, sin perjudicar a terceros adquirentes de buena fe, sin esperar al vencimiento de las discutibles concesiones que establece la DT Primera de la Ley de Costas, y con un coste mucho menor que la compra de terrenos, que al final pagamos todos.
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Es un millón de veces más efectiva, más económica y desde luego mucho menos lesiva la política de prevención que la de reparación. Sobre todo, si la ausencia de protección que constituye la barrera dunar, puede provocar inclusive la pérdida de vidas humanas, como ocurrió en algunos de los temporales descritos inicialmente.   A estas alturas, al contrario de lo que estudiábamos en la teoría de la responsabilidad, da igual cual sea “la causa de la causa que es causa del mal causado”. Pueden haber sido actuaciones públicas importantes y valiosas, no evaluadas y/o en su caso defectuosamente ejecutadas,  el interés del ser humano a lo largo de toda su historia de asentarse cerca de los ríos y de la costa.  Lo que hemos de demandar y constituye una obligación inaplazable y urgente, son las soluciones, la planificación y gestión integrada de la costa y la coordinación, concertación y participación de las tres Administraciones Públicas, estatal, regional y local. Finalmente, celeridad administrativa en su ejecución, a fin de proteger el paisaje, los ecosistemas y los asentamientos humanos que entre todos hemos construido.

Personalmente agradezco a personas como Carmen del Amo, Presidenta de la Asociación Europea de afectados por la Ley de Costas y a sus delegaciones en las comunidades autónomas, a la Presidenta de la Asociación DARACA (Liencres) Pilar Embeitía, así como a cuantas asociaciones defienden intereses colectivos, ya sea humanos como los de respeto a la biodiversidad, la labor desarrollada hasta la fecha. Sus reivindicaciones nos permiten conocer todos los aspectos del conflicto social y descubrir que la preservación de los derechos de todos los seres vivos, las políticas de equilibrio,  sostenibilidad y la concertación entre las tres Administraciones Públicas son el único camino posible hacía la paz social y el desarrollo económico, en el marco del pleno respeto al Patrimonio Natural y a nuestra Carta Magna.

jueves, 22 de diciembre de 2011

Miguel Arias Cañete recupera Agricultura como cartera y como Ministerio

Arias Cañete, de 61 años, repite como titular de Agricultura con Mariano Rajoy, en un departamento que incluye también las competencias de Medio Ambiente, a pesar de haberse especulado con la posibilidad de que pudiera hacerse cargo de la cartera de Exteriores.

  • La primera vez que Arias Cañete fue nombrado ministro de Agricultura fue el 27 de abril de 2000, en sustitución de Jesús Posada, actual presidente del Congreso de los Diputados.
    Durante su gestión al frente de Agricultura, Arias Cañete, que en la actualidad es diputado por Madrid, afrontó la crisis de las 'vacas locas' o la peste porcina y la escalada de precios del gasóleo agrícola.
    Además tuvo que hacer frente a la negociación del acuerdo pesquero de la Unión Europea con Marruecos, que finalmente no llegó a buen puerto, o a las consecuencias del vertido del 'Prestige' frente a las costas gallegas.
    En 2001, Arias Cañete tuvo que enfrentarse a un nuevo problema, cuando se hizo público que algunos sistemas de producción de aceite de orujo de oliva podían generar sustancias cancerígenas.
    En las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, que dieron la victoria al PSOE, Arias Cañete cesó como ministro y fue sustituido por Elena Espinosa.
    Nacido en Madrid el 24 de febrero de 1950, casado y con tres hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo por oposición la plaza de abogado del Estado en 1974 y ejerció la actividad docente como profesor de la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera (Cádiz).
    Entre 1981 y 1984, fue profesor de Derecho Comunitario Europeo en los cursos organizados por la Dirección General de lo Contencioso del Estado y por la Secretaría de Estado para las Relaciones para las relaciones con las Comunidades Europeas.
    Ocupó un escaño en el Parlamento Andaluz entre 1982 y 1986, fecha en la que es elegido Senador, presidiendo la Comisión de Presupuestos de la Cámara Alta hasta 1986.
    En enero de 1986 fue elegido eurodiputado dentro del Grupo Popular Europeo, y ocupó su escaño hasta junio de 1999. Entre 1994 y 1996, fue presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, y desde 1996 hasta el final de la legislatura europea, presidente de la Comisión de Política Regional de esta misma cámara.
    Su relación con la política data de 1981, fecha en que se afilia a Alianza Popular. En esta formación, fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional entre 1982 y 1990. Es además abogado en ejercicio en los Colegios de Jerez de la Frontera y Ceuta desde 1978.

  • viernes, 25 de noviembre de 2011

    Compromís lleva a Madrid la reforma urgente de la Ley de Costas

    El portavoz del BLOC en la Diputació de Castelló, Enric Nomdedéu, ha trasladado hoy al diptuado de Compromís en el Congreso, Joan Balvdoví, la moción del BLOC para reformar la Ley de Costas, que ha conseguido el apoyo unánime de todos los grupos de la corporación provincial y que reclama la transferencia de las competencias de Costas para que la política del litoral se diseñe por los representantes políticos de la Comunitat y no desde Madrid. La propuesta del BLOC reclamará así en el Congreso una modificación urgente de la Ley de Costas para acabar con la retroactividad de esta ley y evitar así derribos y expropiaciones de edificaciones construidas antes de 1988, año en el que se publicó esta norma. Paralelamente a esta medida de urgencia, el BLOC ha conseguido el apoyo de todos los grupos en la comisión de Medio Ambiente para iniciar también una modificación integral más amplia de la Ley de Costas, con el objetivo de que se proteja la particularidad de las más de 600 viviendas viviendas tradicionales que el Ministerio de Medio Ambiente pretendía derruir antes del 2018. “El BLOC consigue que prospere una moción que contempla la paralización de todos los procesos de expropiación y derribo iniciados en la provincia y que ponían en peligro el futuro de cientos de edificaciones tradicionales en pueblos como Nules, Almenara, Xilxes, Moncofa y Cabanes, entre otras localidades. De esta forma defendemos los derechos de los propietarios de viviendas tradicionales construidas hace casi un siglo”, ha afirmado Nomdedéu.

    Tal como recoge la exposición de motivos de la moción aprobada hoy en comisión y que se ratificará en el próximo pleno, el BLOC insta a que el nuevo gobierno central escuche la voz de Castellón y de la Diputación de Castellón para que se tenga en cuenta la particularidad de nuestra costa. “Hemos trasladado de forma urgente al diputado en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví, la moción del BLOC aprobada en la Diputación para acelerar al máximo los plazos y evitar derribos de última hora ordenados por el PSOE con alevosía antes de abandonar el Gobierno”, añade Nomdedéu

    miércoles, 23 de noviembre de 2011

    COSTAS - Declaran los primeros imputados por la querella de los vecinos de Benicarló

    Manuel Roca, presidente de la Asociación Riu, Surrach y Aiguaoliva de Benicarló, se mostró "sorprendido" e "indignado" por las declaraciones de los imputados en la querella presentada por la asociación contras tres cargos de Costas. Casos de Ignacio Gil (Jefe Provincial), Miguel Velasco (subdirector para la Sostenibilidad de la Costa) y Pedro Antonio Ríos (director general de Costas). Los tres declararon como imputados por "prevaricación", al considerar que incumplieron con los artículos 1 y 2 de la ley de Costas, que contemplan la obligación del Estado de asegurar la adecuada conservación e integridad del dominio marítimo terrestre, adoptando las medidas de protección y restauración necesarias.


    "Tras escuchar las declaraciones de Velasco y Ríos, los miembros de la asociación que las escucharon como nuestros asesores jurídicos alucinaron, por la cantidad de mentiras que han podido llegar a decir", aseguró Roca. "Han llegado a afirmar que la asociación nunca ha pedido nada, que aquí no pasaba nada, y que nunca hemos ido a Costas a pedir nada".
    Roca recordó todas las reuniones en Madrid solicitando actuaciones por parte del ministerio así como el estudio del propio ministerio, iniciado en 2003 hasta 2006, que pone de manifiesto la regresión del litoral norte de Benicarló.

    "Otra mentira que dicen es que en la costa norte de Benicarló solo se pierden 5 o 10 centímetros al año de terreno, y que no se ha hecho nada, ni hay actuación en marcha, solo un pequeño estudio, del Gobierno de España", afirma Roca. "En ese pequeño estudio realizado por el ministerio, se demuestra que sí hay proyecto, pero la verdad es que nunca se ha querido hacer nada". irene pitarch benicarló

    La Diputación apoya a la Plataforma en Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense tras el derribo de hoy en Almenara

    El vicepresidente segundo y diputado de Turismo, Andrés Martínez, y el diputado provincial y alcalde de Nules, Mario García, han mantenido esta mañana una reunión con los coordinadores locales de la Plataforma en Defensa de las Viviendas y Propiedades del     Litoral Castellonense, creada para defender a  aquellas personas,  poblados marítimos y municipios afectados por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988.  Un encuentro al que han asistido representantes de asociaciones de afectados de Xilxes, Almassora, Benicarló, Moncofar y Cabanes.

    Durante la reunión de hoy, la Diputación ha puesto de manifiesto una vez más su compromiso por seguir apoyando a las asociaciones de los municipios afectados y trasladar a las instituciones pertinentes sus demandas. Lamentablemente, el encuentro ha coincidido con el derribo de una de las viviendas de los miembros de la Plataforma en la Playa de Almerana. El próximo día 30 de noviembre a las 15:00 se presentará en Bruselas a la Presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni y al Secretariado de la Comisión, la petición abalada por todos los municipios afectados de la provincia.

    Esta petición recoge fundamentalmente cuatro reclamaciones clave para proteger nuestro litoral:
    PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que lleve a cabo, de manera urgente, una profunda revisión y modificación de la Ley de Costas con objeto de corregir las disfunciones y vulneraciones del derecho de propiedad que esta producen.
    SEGUNDO.- solicitar a las autoridades españolas que velen por que ningún acto administrativo que obligue a un ciudadano a ceder su propiedad privada adquirida legítimamente encuentre su fundamento jurídico en una ley adoptada después de la fecha de construcción de la citada propiedad.
    TERCERO.- instar al Gobierno español a la elaboración de planes específicos que estudien los diversos tramos del litoral en busca de soluciones concretas.
    CUARTO.- instar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España a que concrete con la Comisión de Peticiones què medidas van a adoptarse para intentar dar soluciones a los peticionarios.

    El vicepresidente segundo y diputado de Turismo, Andrés Martínez, ha afirmado tras el encuentro que "cooperar y desarrollar acciones de lobby conjuntas es más necesario que nunca si queremos paralizar futuros derribos y presionar a las administraciones competentes".
    La Diputación ha recordado todas las herramientas de comunicación y visibilización que los miembros de la Plataforma tienen a su disposición (La web http://plataforma.dipcas.es, facebook, canal youtube, canal flickr, canal twitter) para transmitir la necesidad de estudiar y dar una solución a estas 600 familias afectadas y municipios afectados.
    La medida salvaría 600 casas tradicionales del litoral de Castelló que datan de antes de 1988

    La propuesta nacionalista plantea transferir a la Generalitat Valenciana las competencias del litoral

    La comisión de Medio Ambiente de la diputación provincial de Castelló, que preside Javier Moliner, aprobó ayer por unanimidad una moción del Bloc para pedir al Gobierno la transferencia de las competencias sobre Costas para que el futuro del litoral castellonense se decida "desde Valencia y no desde Madrid".

    La propuesta presentada por Nomdedéu y apoyada por los socialistas y el PP insta, además, al nuevo ejecutivo central a plantear la reforma urgente de la Ley de Costas para acabar con su retroactividad y una reforma integral posterior para proteger las viviendas tradicionales. Esas para las que algunos municipios afectados plantea la declaración de bien de interés local.
    La propuesta nacionalista reclama, además, una modificación integral más amplia de la Ley de Costas, con el objetivo de que se proteja la particularidad de las más de 600 viviendas tradicionales que el Ministerio de Medio Ambiente pretendía derruir antes del año 2018.

    "El Bloc consigue que prospere una moción que contempla la paralización de todos los procesos de expropiación y derribo iniciados en la provincia y que ponían en peligro el futuro de cientos de edificaciones tradicionales en pueblos como Nules, Almenara, Xilxes, Moncofa y Cabanes, entre otras localidades. De esta forma defendemos los derechos de los propietarios de viviendas tradicionales construidas hace casi un siglo", recalcó Nomdedéu.

    Tal como recoge la exposición de motivos de la moción que se ratificará en el próximo pleno, el Bloc insta a que el nuevo gobierno central "escuche la voz de Castelló y de su diputación" para que se tenga en cuenta la particularidad de la costa.

    viernes, 18 de noviembre de 2011

    ¿DÓNDE ESTABA COSTAS?

    ASÍ COMIENZA UNA HISTORIA DE CORRUPCIÓN



    ASÍ CONTINÚA



    ASÍ SIGUE...AUNQUE NO SE SABE COMO TERMINARÁ

    La juez incluye el delito de asociación ilícita en el “caso Reyes” e imputa también a Juana Fernández de las Heras y a Antonio Lorenzo
    ¿De qué se ríen?
    La juez del Juzgado de Instancia Número 2 de Arrecife ha dado un nuevo impulso al “caso Reyes”, cursando más de una decena de citaciones para las próximas semanas e imputando a dos nuevas personas: la abogada Juana Fernández de las Heras y el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza, Antonio Lorenzo. Ambos tendrán que declarar como imputados por un nuevo delito que se ha sumado a esta causa, el de asociación ilícita.

    Desde el inicio, el “caso Reyes” investiga la existencia de una presunta trama organizada para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, con la supuesta connivencia de políticos, empresarios y técnicos. Ahora, la nueva juez que instruye la causa, Ana Manella, ha dado un paso más en esta línea, aceptando la petición de la acusación popular.
    De momento, ocho personas están imputadas por este nuevo delito, que supone la existencia de una red organizada para delinquir. Seis de ellas ya figuraban en la lista de imputados e incluso habían tenido que prestar declaración, pero ahora tendrán que volver a los Juzgados de Arrecife, para responder por las nuevas acusaciones.

    La lista de imputados por este delito se completa con Ignacio Díaz de Aguilar, hasta ahora investigado por cohecho y prevaricación urbanística, y por los empresarios Juan Francisco Rosa y Francisco Armas. Estos dos últimos, propietarios del Puerto Deportivo Marina Rubicón, estaban ya imputados por cohecho, pero ahora tendrán que responder también por el presunto delito de asociación ilícita.
    El tercer socio de Marina Rubicón (donde José Francisco Reyes atracó su yate sin pagar durante años), Rafael Lasso, también tendrá que volver a declarar, aunque continúa imputado sólo por el presunto delito de cohecho.

    Además, la jueza ha cursado otras tres nuevas citaciones. Una de ellas, para otro técnico del Ayuntamiento de Yaiza, Alfredo Morales, que se sumó hace unos meses a la lista de imputados. Morales, que tendrá que declarar el próximo lunes 7 de noviembre, está imputado por un presunto delito de prevaricación. Entre otras cosas, Alfredo Morales fue quien emitió el informe favorable a la concesión de la licencia del puerto deportivo Marina Rubicón, cuya legalidad también se está investigando en el marco del “caso Reyes”.
    
    La historia seguro que termina con mínimas penas, si es que llegan a condenar a alguien.
    Los que si han sido condenados al desalojo, derribo y exilio de sus propias tierras, han sido las familias que nunca más podrán volver a sus hogares.

    Costas, una vez más, mira para otro lado cuando existen poderosos intereses económicos y, como siempre, nadie le pide cuentas. ¿Por qué?

    jueves, 17 de noviembre de 2011

    Los acusados del 'caso mamotreto' citan como testigos a técnicos de la APMUN y Costas

    "El mamotreto" construido en DPMT
    Los acusados por el conocido como caso mamotreto coinciden en llamar a declarar como testigos durante el juicio oral cuya fecha se fijará en breve a técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario y de la Dirección General de Costas.
    Igualmente, serán citados funcionarios del Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo, el propio concejal de este organismo autónomo, José Ángel Martín Bethencourt, que fue uno de los denunciantes cuando ocupaba el cargo de portavoz del grupo municipal socialista en el anterior mandato. Otro tanto ocurrirá con Dolores Jutta Redbrow, expresidenta de la Asociación de Amigos de Las Teresitas y del Litoral de Anaga que fue la que denunció en su momento la posible ilegalidad de las obras. Jesús Romero, director general de Ordenación del Territorio y Sebastián Ledesma, exdirector general de Turismo, también serán llamados a declarar en calidad de testigos.

    En estos momentos permanecen como acusados los exconcejales de Coalición Canaria (CC) Norberto Plasencia, Luz Reverón, Manuel Parejo y José Domínguez Pastor, así como los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y de Obras, Loreto Ariz, Epifanio Gómez y Candelaria Benítez. A todos ellos el Ministerio Fiscal los acusa de ser responsables de la construcción del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas sin contar con ningún tipo de autorización y de haber invadido terrenos de dominio público.

    Los acusados han presentado ya su escrito de conclusiones previa a la apertura del juicio oral. En estos recursos coinciden en alegar que un concejal no puede actuar en la ejecución de una obra pública como promotor, constructor o director de obras. Apuntan que una administración no está obligada a contar con un permiso para hacer obras en terrenos de dominio público ya que este requisito sólo es exigible para los particulares. "Si realmente Costas hubiera considerado que el Ayuntamiento llevó a cabo sin su autorización una construcción en la zona marítimo terrestre, tenía la obligación de iniciar un expediente sancionador por la infracción tipificada", indican los representantes legales de casi todos los acusados por medio de unos escritos que básicamente son iguales.

    Playa de las Teresitas en los años 60
    El exconcejal de Obras José Domínguez Pastor ha presentado ante los juzgados un informe del arquitecto Damián Quero Castanys, en el que intenta demostrar que la obra cumplió con todos los parabienes desde el punto de vista urbanístico y de la legalidad. No obstante, el propio técnico admite que el proyecto elaborado por el arquitecto francés Dominique Perrault "resulta ahora efectivamente inviable por razón de las incidencias ajenas a su expediente. Pero de lo que se trata en una legalización es de obras, no de proyectos, de obras realizadas sin amparo debido y para lo que está legalmente establecido y regulado un procedimiento específico que parece ineludible seguir antes de declarar inviable la legalización de lo construido", como se apuntaba en un informe del APNUM.

    El arquitecto, que ha sido llamado a declarar en calidad de testigo, sostiene que que los ajustes dimensionales del proyecto "son razonables técnicamente y adecuados al planeamiento general y a la legislación de ordenación territorial". La actuación se enmarca en la cooperación interadministrativa entre el Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno canario, por un lado y Costas por otro. "No es posible comprender, sin sobresalto, que pueda ser aprobada sólo una fase sin percibir las definiciones del proyecto en la otra, siempre presentes en la documentación. No puede entenderse la pretensión de Costas de que cada fase constituía un proyecto técnico segregado, como si ello le hubiese impedido percibir en la parte o fase municipal las definiciones que afectaban al dominio público. Una de las responsabilidades del organismo estatal es la vigilancia de las actuaciones en la costa".

    El técnico concluye recordando que en Santa Cruz ni la construcción del TEA ni del Auditorio Adán Martín surgieron del Plan General, al contrario que la reurbanización de Las Teresitas que nació de una modificación expresa del PGO. El arquitecto intenta desmontar los argumentos sobre la ilegalidad del aparcamiento apuntando a que esta construcción es subterránea "y como tal no está sometida al cumplimiento de los parámetros urbanísticos que el informe pericial del APMUN y el escrito de la Acusación le reclaman".
    Por su parte, la fiscal para los delitos Medioambientales, Inmaculada Violán, se reafirma en su petición de 18 años de cárcel para los acusados -que oscilan en penas de entre tres y dos años para cada uno de ellos-,que asuman la responsabilidad civil y por lo tanto paguen todos los gastos, incluida la demolición del edificio, y la inhabilitación para ejercer cargo público.

    Este es el verdadero problema, que los politicos no consideran que las leyes no van con ellos.
    En lo que sí llevan razón es en que Costas ha mirado para otro lado y ha dejado hacer sin tomar cartas en el asunto. A los particulares nos vigilan como águilas, en cuanto cambias un cristal o reparas un grieta de la fachada, tardan dos días en enviarte la carta con una multa desorbitante, mientras que en otros casos padecen de ceguera crónica.
    La pregunta es: ¿por qué el Consejo de Ministros aprobó y presupuestó más de 15.000.000 de euros para la remodelación de la playa? ¿Por qué no hay nadie de Costas imputado por dejación del deber y presunta prevaricación?

    miércoles, 16 de noviembre de 2011

    La patronal pide a Costas que anule el deslinde

    La Asociación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa dice que está en juego el futuro de la ciudad · El sector advierte de la indefensión que sufren los ciudadanos

    La Asociación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa de Ayamonte (Apyme) mostró ayer su rechazo total al deslinde que la Delegación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino que dirige Rosa Aguilar, está efectuando y tramitando en este municipio costero y solicita una anulación total del expediente.

    Esta petición responde a la reciente comunicación por parte de la Delegación de Costas al Ayuntamiento de Ayamonte de la paralización del expediente, noticia que, según el presidente de la Apyme, Miguel Antúnez Caracena, "es una solución temporal y no es suficiente para erradicar los problemas que está suscitando esta medida, por lo que demanda su anulación total".

    La Apyme deja patente en un comunicado su gran preocupación por una delimitación que efectúa Costas en un municipio tan peculiar como es Ayamonte, que está rodeado por el río Guadiana y enclavado en la desembocadura. A su juicio, esta delimitación está teniendo consecuencias no sólo en el casco urbano de la ciudad, sino también en la zona de las playas y con ello a alguna de las urbanizaciones de este enclave. En este sentido, las empresas ubicadas en el casco urbano que se encuentran cercanas al margen del río Guadiana se hallan afectadas, incluyendo incluso ya no sólo parcialmente, sino en su totalidad naves industriales y comerciales que poseen las empresas.

    "No cabe duda de que este deslinde pone en grave peligro a una ciudad que se caracteriza por ser punto de referencia empresarial, turístico y comercial radicada en una frontera con nuestro país vecino Portugal y que toda la afectación de Costas no ayuda a la recuperación económica de la zona, ni a la libre circulación del turismo internacional, ni la afluencia comercial con la que venía contando hasta ahora, sino que se están poniendo trabas a que un municipio pueda crecer en un futuro", advierten los empresarios ayamontinos.
    En opinión de la Apyme, para la mejora de la coyuntura económica es necesario "fomentar la creación de empresas y, por ende, empleo, mejorar la vida de los ciudadanos, y propiciar la mejora del entorno productivo, para de esta forma poder afrontar las circunstancias que estamos viviendo". Apyme añade que actuaciones como el deslinde no benefician nada al municipio, sino todo lo contrario, "ya que entraríamos en una decadencia brutal y muy peligrosa del municipio".

    "Amén de la dimensión empresarial, no hay que olvidar la dimensión social de esta actuación. Parte importante de los ciudadanos que habitan viviendas, la mayoría personas mayores y jubiladas, carecen de recursos y su única propiedad donde invirtieron esfuerzos, ahorros y toda una vida llena de sacrificios está en manos de un deslinde por parte de dicha Administración, encontrándose en una situación de indefensión", añade el análisis del sector empresarial.

    martes, 15 de noviembre de 2011

    "La demolición es una forma de indemnización"

    El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo cree que en 25 años se ha pasado "de la nada" a una "revolución" en legislación medioambiental

    El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha señalado que pese a la "recesión" urbanística continúan dándose asuntos judiciales en esta materia, ya que se sigue construyendo "ilegalmente".
       El incremento de las causas también obedece, según ha añadido, a que en ocasiones las denuncias llegan tarde a la Fiscalía o a que se corresponden con construcciones ilegales anteriores. Así lo ha indicado este martes en Santander, donde ha participado en las Jornadas sobre Naturaleza y Medio Ambiente que cada año organiza la Guardia Civil.
       Durante su intervención, titulada 'Delincuencia medioambiental: pasado, presente y futuro', Vercher ha repasado las novedades del Código Penal tras la reforma acometida en junio de 2010 y que entró en vigor en diciembre del año pasado y, más concretamente, las novedades en artículos relacionados con las infracciones urbanísticas y contra el medio ambiente.
       Según ha precisado al respecto, de las 607 sentencias condenatorias registradas en 2009 en toda España, 386 estaban relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo, mientras que en 2010 se contabilizaron 687, de las que 426 tenían que ver con estos delitos. También ha indicado que en 2009 hubo 244 sentencias absolutorias en la materia, que se elevaron a 282 en 2010.
       Por comunidades autónomas, el fiscal ha indicado que Cantabria los delitos urbanísticos "siguen siendo mayoritarios", aunque otros temas relacionados con el medio ambiente "van ganando terreno".
       En cualquier caso, los problemas relacionados con el urbanismo que han surgido en los últimos años en toda España es una de las razones que llevó a reformar el Código Penal, y todavía es un tema que "sigue preocupando" a la justicia.

    LA DEMOLICIÓN ES UNA FORMA DE INDEMNIZACIÓN

       Vercher se ha referido también, a preguntas de los asistentes, a las demoliciones que, según ha recordado, son "una forma de indemnización" que no impide afrontar otros aspectos que merezcan ser indemnizados.
       Así, ha explicado que la demolición es una forma de restablecer el orden jurídico alterado, mientras que la responsabilidad civil y la indemnización son conceptos "más amplios". Son como "círculos concéntricos", ha comparado.
       El fiscal también se ha referido a la prevaricación urbanística, y ha subrayado al respecto que antes de la reforma del Código Penal de 2010 se imponían penas de cárcel "o" multas, mientras que en la actualidad estos delitos están penados con prisión "y" multas.
       Con todo ello, ha opinado que se ha conseguido una perspectiva "más amplia" y "realista" de los delitos relacionados con el urbanismo en general, hasta el punto de que la "simple obra" de un edificio o una urbanización se considera ya "un delito consumado", es decir, que no hay que esperar a que la construcción esté finalizada.

    LA DIMISIÓN PARA ESTE SEÑOR ES POCO, HA HECHO SUFICIENTES MERÍTOS PARA UN DESPIDO FULMINANTE. PERO YA QUE ES TAN VALIENTE, ¿POR QUÉ NO EMPIEZA CON LA CASA DE ZAPATERO EN VERA CONSTRUIDA EN ZONA INUNDABLE O CON VILLA PSOE? O POR LA DEL 2º ASISTENTE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO QUE LA TIENE A 5 MTS DEL MAR EN ALTEA...O POR LA DEL EURODIPUTADO MARTINEZ SITUADA EN PRIMERA LINEA DE PLAYA DE DENIA...

    ¿QUIERE IDEAS? PUES EMPIECE INVESTIGANDO EL PUERTO DE VALENCIA QUE ESTÁ DESTRUYENDO TODAS LAS PLAYAS Y LA ZONA PROTEGIDA DE LA ALBUFERA.
    Y COMO EL DE VALENCIA, TODOS LOS DEMÁS...¿ESO NO INTERESA INVESTIGARLO? 

    lunes, 14 de noviembre de 2011

    El PP aboga por la reforma de la Ley de Costas

    Las Palmas de Gran Canaria, 14 nov (EFE).- El PP considera una prioridad la reforma de la Ley de Costas para que se tenga en cuenta la singularidad de cada espacio costero afectado por los nuevos deslindes marítimos terrestres, indica esa formación política en un comunicado.

    Así lo pusieron de manifiesto tanto el candidato al Senado, Oscar Luzardo, como al Congreso, Francisco Cabrera, en una reunión mantenida este fin de semana con un grupo de vecinos de El Golfo, cuyas viviendas y establecimientos están bajo amenaza de derribo.

    Luzardo y Cabrera destacan "lo injusta que resulta una normativa cuando su aplicación no tiene en cuenta la realidad y las especificidades de cada lugar, como ha ocurrido en El Golfo y en otros muchos puntos del litoral de la isla".

    Para los populares es fundamental modificar la ley para que se reconozcan los núcleos de población históricamente consolidados, previos a la entrada en vigor de la Ley de Costas, y tener en cuenta el valor etnográfico y socioeconómico de estos espacios.

    Luzardo considera que "la protección de nuestro litoral y nuestras cosas debe conjugarse y ser compatible con la realidad de la isla" y muestra su rechazo a la "arbitrariedad" con la que se está aplicando la norma en cuanto que en unos lugares se contempla el deslinde en 20 metros y en otros, como en el del Golfo, se amplía hasta los cien.

    viernes, 11 de noviembre de 2011

    Joaquín Leguina afirma que el Tribunal Constitucional y el CGPJ "se han politizado hasta la nausea"

    El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha dicho hoy que tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "se han politizado hasta la náusea, poniendo así en riesgo, incluso, la supervivencia de la  Justicia en España".

    Para Leguina, ha quedado "meridianamente claro" que las cuotas entre partidos para repartirse los altos cargos judiciales no han servido para otra cosa que para trasladar, "torticera y peligrosamente", el debate político a instituciones como las dos citadas, "pervirtiendo la esencia misma del aparato judicial".

    Leguina ha pronunciado una conferencia en el Club Antares de Sevilla que ha consistido en la lectura de una carta dirigida al próximo presidente del Gobierno "quienquiera que éste vaya a ser", en la que se abordan métodos políticos y medidas concretas que, a su juicio, es preciso poner en práctica cuanto antes, "comenzando por atajar la politización de instituciones públicas como la judicatura o privadas como las ONG".

    Para Leguina, una de las causas que afectan al crédito de los políticos es su currículum, que en bastantes casos es, "como algunas fincas rústicas, manifiestamente mejorable".
    "En otras palabras, los partidos políticos se han llenado -desde arriba hasta abajo- de personas cuya vida profesional se reduce a su 'trabajo' dentro de la organización partidaria", ha subrayado.

    MUCHO SE HA TARDADO EN QUE ÁLGUIEN DIJERA  PÚBLICAMENTE LO QUE NOSOTROS NO SÓLO SABÍAMOS, SINO QUE HEMOS PADECIDO DURANTE 20 AÑOS.

    ¿CREER EN LA JUSTICIA? ¿ES QUE EXISTE EN ESPAÑA?

    miércoles, 9 de noviembre de 2011

    Matos defiende la modificación de la Ley de Costas

    El candidato al Congreso, Pablo Matos, visitó los núcleos candelarieros de Bajo La Cuesta, Cho Vito y Playa la Viuda.
     
    Así se expresó Matos durante una visita a los núcleos de Bajo La Cuesta, Cho Vito y Playa la Viuda, que sirvió para conocer de primera mano las peticiones de los afectados que pasan, principalmente, por "solicitar las revisiones de los deslindes marítimos terrestres y el respeto de la propiedad de sus viviendas", tal y como apuntaron.

    Matos, que estuvo acompañado por la candidata número dos al Congreso, Águeda Fumero, por el presidente del PP de Candelaria, José Fernando Gómez, y por los concejales del municipio, recalcó que "nuestro partido ha reiterado en múltiples ocasiones el compromiso de modificar cuanto antes la Ley de Costas porque entendemos que contiene criterios injustos no sólo para Canarias sino también para otras muchas comunidades autónomas".
    Según se recoge en un comunicado, el candidato popular recordó que "ya conseguimos que se aprobara en el Senado una reforma de dicha ley con la que pretendíamos acabar con los problemas derivados de su aplicación, pero no llegó a tramitarse en el Congreso por la disolución de las Cortes".

    También Cristina Tavío, en su condición de parlamentaria, presentó una proposición no de ley que aprobó el Parlamento de Canarias solicitando, por un lado, el aplazamiento de la aplicación de la Ley de Costas en el Archipiélago, y por otro, la creación de un catálogo destacando el valor etnográfico, arquitectónico y socioeconómico de estas áreas urbanas costeras.

    Por último, Pablo Matos señaló que la costa tinerfeña, como la del resto de España, está salpicada de asentamientos y núcleos consolidados que, como en el caso de Bajo La Cuesta, Cho Vito, y Playa la Viuda son "previos a la entrada en vigor de la Ley de Costas", pero su ejecución está motivando situaciones que, "paradójicamente, no se dan en otros puntos del país, donde el criterio que se sigue es mucho más flexible y favorable a los derechos a la propiedad o a la empresa".

    sábado, 5 de noviembre de 2011

    ESPAÑA CONFISCA LA PROPIEDAD E INSTAURA LA INSEGURIDAD JURÍDICA

    Cuba reconoce la propiedad privada

    Cuba avanza en su camino de la recuperación económica. Después de un mes de liberar el comercio vehicular, el gobierno de Raúl Castro permite que los habitantes de la isla puedan comprar o vender su casa o apartamento; podrán hasta tener dos propiedades.

    Además de vender y adquirir autos, ahora también los cubanos podrán hacer lo propio con sus viviendas o realizar la transferencia de sus propiedades sin tener que contar con autorización estatal a partir del 10 de noviembre, aunque deberán pagar un impuesto.

    La Gaceta Oficial de la isla difundió los detalles de un conjunto de leyes -en especial una marco firmada por el presidente Raúl Castro- y normas que regulan la transmisión de bienes raíces, unas horas después de que el periódico Granma lo anunciara.

    Los cubanos que residan en el país y los extranjeros con estancia permanente podrán ser propietarios de una vivienda para habitar y otra de descanso en el campo o la playa.

    La nueva legislación, largamente esperada por la población, forma parte de las reformas aprobadas en abril por el VI Congreso del gobernante Partido Comunista (único) para dinamizar la maltrecha economía de la isla y reducir un déficit estimado en medio millón de viviendas.

    La medida fue recibida con elogios, incluso entre disidentes. "Me parece que todo lo que sea reconocimiento de la propiedad privada es un paso adelante", declaró el economista opositor Oscar Espinosa a la AFP.

    "Vamos lentos, pero avanzamos y eso es lo que importa", dijo Mayra Hernández, empleada de un hotel de La Habana, que también ve en la nueva ley una oportunidad para vender su "gran chalet" y comprar dos casas, una para ella y otra para su hermano.

    ¿CON QUIÉN VAMOS A PODER COMPARARNOS AHORA?

    DESPUÉS DE ESTA NOTICIA ESPAÑA SE HA QUEDADO SÓLA VULNERANDO EL DERECHO UNIVERSAL A LA PROPIEDAD PRIVADA. ¿VA A SEGUIR PERMITIÉNDOLO EL NUEVO GOBIERNO QUE SALGA DE LAS URNAS EL 20-N?

    viernes, 4 de noviembre de 2011

    El Bloc propone traspasar la competencia de Costas a la Generalitat Valenciana, la derogación de la Ley de Costas y su reformulación

    El BLOC nacionalista ha presentado hoy por registro una moción en la que insta a les Corts Valencianes y a las Cortes de Madrid a iniciar un proceso para traspasar la competencia de Costas a la Generalitat Valenciana, dado que “nadie conoce mejor la realidad del litoral del País Valencià que sus propios ciudadanos y sus representantes políticos directos”. Según Nomdedéu, “es un error planificar desde un despacho de Madrid, al lado del Manzanares, la política de Costas que afecta a ciudadanos a más de 300 kilómetros”.

    El BLOC, además, insta en su moción a que “el nuevo ejecutivo inicie una reforma legislativa puntual urgente para evitar la retroactividad de la Ley de Costas, aprobada en 1988 pero que se aplica a edificaciones anteriores, muchas de ellas construcciones agrarias tradicionales o con valor histórico”, a explicado Nomdedéu.

    El portavoz nacionalista apela al apoyo del resto de grupos de la Diputación, dado que “tanto municipios del PP y del PSOE han iniciado procesos de protección de viviendas de primera línea en municipios que gobiernan. “La ciudadanía no podría entender que Moliner se vaya a Europa a presentar 40.000 firmas en apoyo a los afectados por la Ley de Costas y su partido no inicie trámites para modificar una ley manifiestamente injusta”.

    La moción del BLOC, además de proponer la derogación de la Ley de Costas y su reformulación, reclama la paralización de cualquier proceso de expropiación y derribo iniciado por el Ministerio en la provincia. “Desde el BLOC urgimos al resto de grupos a apoyar nuestra moción porque hay 600 viviendas directamente afectadas y que, según la Ley de Costas actual se derruirán antes de 2018. Hay que empezar a trabajar ya para proteger los derechos de los propietarios de estos núcleos rurales históricos costeros de Castellón”, afirma Nomdedéu.