LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

viernes, 18 de diciembre de 2015

La gente se harta de la dictadura de Costas. Protesta ciudadana contra el proyecto de construcción de espigones de Costas

Algunos de los vecinos que han acudido a la concentración de esta mañana
Alrededor de una veintena de personas se ha concentrado esta misma mañana en el paseo marítimo, a la altura de la plaza de la Concordia, para mostrar su malestar por el proyecto que la Demarcación de Costas quiere llevar adelante para regenerar las playas del sur de Castellón y que conlleva la construcción de sendos espigones en la zonas de Almardà y Puerto Siles. Bajo el lema No a la muerte de nuestras playas se ha llevado esta primera concentración que tendrá su continuación próximamente.
Cabe recordar, como publicó este rotativo en su edición del pasado viernes, 11 de diciembre, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) ha realizado un  informe, fechado en 2015, para la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar cuyo objetivo es estudiar todo el frente costero de Castellón y Valencia para detectar las zonas con problemas y vislumbrar una solución de alcance. En este estudio se proponen trasvases de arena desde las playas de Puerto de Sagunto y Canet d'En Berenguer hasta las de la provincia de Castellón.
Este estudio ya ha sido objeto de crítica por los integrantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sagunto, formado por Compromís, Esquerra Unida y ADN Morvedre, la marca blanca de Podemos. Es más, el propio alcalde de la localidad, Frances Fernàndez, afirmó: «Lo que nos preocupa de este proyecto es que pueda tener efectos negativos en nuestra costa porque pensamos que el proyecto de espigones del ministerio amenaza las playas de Sagunto».
En el estudio existente, se plantea la construcción de un espigón de cerca de 300 metros de longitud entre las playas de Almardà y Almenara; una gran prolongación de los espigones situados en Puerto Siles (Canet d’en Berenguer) y en el extremo norte de la playa del Puerto de Sagunto; la construcción de un dique de 180 metros de longitud frente a la costa de esta misma playa y la extracción de decenas de miles de toneladas de arena. Una de las consecuencias de este conjunto de actuaciones sería, según explicaron desde el tripartito, «la reducción la anchura de la playa en unos 30 metros».

viernes, 20 de noviembre de 2015

El Estado asegura haber gastado 78.000 euros este año en Cho Vito

En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo incluye el paseo concluido hace tres años entre los gastos del ejercicio en curso.
En respuesta a la pregunta "qué inversión real ha llevado a cabo el Gobierno en playas, desde comienzos de año hasta la fecha, desglosado por comunidades autónomas y por provincias", que formuló Miguel Ángel Heredia Díaz, diputado por del PSOE Málaga, el Gobierno central respondió que en el "Proyecto de paseo marítimo y demoliciones en la playa de Cho Vito" gastó 78.361,59 durante el año en curso.
Curiosamente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente refleja, en su página web, que ese proyecto concluyó en el año 2012, tras 24,5 meses de tiempo de ejecución y 923.913,81 euros de inversión.
Fue en mayo de 2011, cuando el gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) informó, a través de un comunicado de Costas, del inicio de las obras de ejecución del paseo peatonal en la playa del Cho Vito y su comunicación con las Caletillas, "con la colocación del vallado en la zona de actuación, que en ningún momento interrumpe el paso de vecinos ni usuarios de la costa". Además, explicó que "estas obras no interfieren con el proceso de recuperación posesoria en Cho Vito, que continúa pendiente para su finalización del realojo de los vecinos que aún viven en el lugar".
Entonces permanecían en pie nueve casas, que fueron demolidas el 16 de noviembre de 2012. Es decir, que el Gobierno central terminó la actuación poco después de derribar completamente Cho Vito, hace ya tres años, sin que desde entonces se haya realizado obra alguna en este enclave de la costa de Candelaria.

Tercer aniversario del derribo de las últimas casas de Cho Vito

El 16 de noviembre de 2012 fue cuando un dispositivo de 50 guardias civiles llegó al lugar para que las palas terminaran con las nueve casas que quedaban en pie desde 2008.
"A las 9:56 horas de ayer comenzó el derribo de la primera de las nueve casas del poblado marinero después de que la Guardia Civil desalojara uno a uno a cada vecino, seis de los cuales abandonaron la huelga de hambre iniciada el martes". EL DÍA inició así la crónica de la desaparición total de Cho Vito, ocurrida el 16 de noviembre de 2012.
En este tercer aniversario, los últimos de Cho Vito rememoran que fueron unas ocho horas de tensión permanente durante las que los desalojados se concentraron en la aledaña playa de Caletillas, acompañados de muchos vecinos y gente solidaria con esta causa, de medios de comunicación y de algunos de los entonces concejales de CC y PP, entre ellos José Fernando Gómez y Carina Dainotto, hoy fuera del PP por defender a los afectados frente a su partido.
Fueron más de 50 los efectivos de la Guardia Civil que intervinieron tal día como hoy, pero de hace tres años, en Cho Vito. Los afectados señalaron entonces como la causa de esta última actuación la obligación que tenía el Gobierno central de justificar la inversión de casi 1.200.000 euros, procedentes de la Unión Europea (UE) en la realización del paseo que ocupa hoy el sitio en el que había un poblado marinero hasta el 16 de noviembre de 2012.
"Muchos pasaron, cual gaviotas, por este pueblo, pero pocas entendieron o quisieron entender porque a todos les interesaba el resultado. Nadie buscó la verdad ni la justicia", reflexionó hace unos días uno de los "cabecillas" de la lucha por la supervivencia de Cho Vito, Antonio Alonso Orihuela.
Con la caída de la casa de Tomás González se perdió uno de los símbolos de esa lucha. El afectado fue claro entonces al señalar a las cuatro administraciones (Gobiernos nacional, regional, insular y municipal) y a todos los partidos políticos como corresponsables de lo sucedido en el poblado marinero. Para él y para el resto de sus convecinos, la demolición de Cho Vito "ha sido una decisión política". 

Pero la desaparición de sus casas no supuso el fin de "esta lucha que ha merecido la pena". Todavía hay asuntos en los juzgados pendientes de sentencia.
"En torno a las 5:45 horas de ayer sonó el bucio en Cho Vito anunciando la llegada del dispositivo montado por la Dirección General de la Sostenibilidad y el Mar para demoler las nueve casas que formaban el poblado marinero de Candelaria", publicó EL DÍA el 17 de noviembre de 2015. Era el final de un núcleo que agonizaba desde el 7 de octubre de 2008, cuando la entonces Dirección General de Costas demolió las primeras 31 viviendas en Cho Vito.
http://eldia.es/sur/2015-11-16/2-Hoy-tercer-aniversario-derribo-ultimas-casas-Cho-Vito.htm
El concepto de desarrollo sostenible es complejo: no implica solamente que el desarrollo ha de ser respetuoso con el medio ambiente y conservador de los recursos naturales, sino que, tal y como expresa la Estrategia Territorial Europea, ha de procurar el equilibrio y la JUSTICIA SOCIALES y ha de incrementar la riqueza económica de la sociedad
El objetivo final de una política de desarrollo sostenible es el desarrollo humano sostenible, la mejora de las condiciones de vida de toda la población, incluidas las generaciones futuras.

No es sostenible un desarrollo que preserve los recursos naturales a costa de disminuir la renta o la calidad de vida (Comisión Europea. “EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”)

Como Costas S.A. ha proclamado con su ley la república independiente de la bananaria costera, Europa y sus Estrategias le traen al fresco, pero no así el dinero que recibe y del que bien se acordó  cuando pidió los fondos a la EU para destruir Cho Vito. 

JUSTICIA SOCIAL y mejora de las condiciones de vida de TODA la población, eso es hablar en chino para Costas S.A.

lunes, 9 de noviembre de 2015

El Gobierno dicen que va a devolver las propiedades a sus dueños. Pues si eran suyas ¿por qué se las quitó?

Viviendas en la Mitja Galta, en la playa de Oliva. / J.C
El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Demarcación de Costas de Valencia, ha iniciado los trámites para desafectar del dominio público marítimo-terreste las parcelas y edificaciones del núcleo urbano de la playa de la Mitja Galta y del Sector 5, en Oliva. 

El Ministerio ya ha abierto el trámite de audiencia del proyecto. Esto implicará, tras su aprobación definitiva, que los propietarios puedan recuperar los derechos sobre sus parcelas, al ser excluidos de las limitaciones que fija la Ley de Costas. En el caso del Sector 5 se inicia el expediente de modificación de Ribera del Mar para desafectar las edificaciones y solares que están incluidos en la servidumbre de protección. 

El asunto, que se ha reivindicado desde hace años, fue abordado en una reunión en Madrid entre los responsables del Ministerio, el alcalde, David González, y dos representantes de la asociación de afectados, el pasado 15 de octubre. 

http://www.saforguia.com/HOME2013/LeerNoticia2011/tabid/357/titular/EL_MINISTERIO_EXCLUIR%C3%81_DEL_DOMINIO_P%C3%9ABLICO_EL_N%C3%9ACLEO_DE_LA_MITJA_GALTA_Y_EL_SECTOR_5_EN_LA_PLAYA_DE_OLIVA_/idnoticia/41636/Default.aspx

ADIVINA ADIVINANZA ¿cómo se las van a devolver? 

Después de leer el documento ¿quién es el valiente que se lo explica a un extranjero? Los españoles estamos acostumbrados a no entender nada y por eso firmamos todo lo que se nos pone delante con las dramáticas consecuencias que después sufrimos y que conlleva años de peleas en los tribunales: deslindes, hipotecas, preferentes, desahucios, derribos... hasta que ponen orden  las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo.
Pero los extranjeros, ese es otro cantar. A ver quién les explica semejante galimatías y les garantiza, además, que no va a venir otro gobierno que cambie la ley, pongan nuevas rayitas y vuelta a empezar. 

jueves, 1 de octubre de 2015

Costas legaliza chiringuitos de playa mientras bloquea decenas de aldeas

La reforma legal impulsada para dar seguridad jurídica a los dueños de miles de viviendas en 800 aldeas del litoral gallego solo llega por ahora a 14 núcleos
Galicia vuelve a tropezar con la Ley de Costas, que sigue sin dar una solución efectiva a los asentamientos tradicionales que desde hace décadas pueblan el litoral gallego. La reforma que iba a favorecer una regularización rápida de cientos de núcleos se ha convertido en la práctica en un embudo que, a la vista del resultado de su aplicación, tampoco resolverá el problema de Galicia. Solo 6 de los 34 concellos que tramitaron sus solicitudes dentro del plazo de dos años que fijó la norma han obtenido respuesta favorable. A falta de que Medio Ambiente se pronuncie sobre los expedientes de otros 11 municipios, y las alegaciones que formularon 8 más, apenas 14 aldeas de las 176 diseminadas en esos 34 ayuntamientos se han beneficiado por ahora de una reforma más ágil en salvar de la piqueta chiringuitos de playa y favorecer su ampliación que en dar seguridad jurídica a los dueños de viviendas anteriores a la ley (1988).
Aunque el primer balance parcial del desarrollo de la reforma en Galicia también pone de manifiesto cierta desidia en los municipios que podían acogerse a esa vía para regularizar sus núcleos rurales junto al mar. De los 75 que cuentan con asentamientos de población dentro de la zona de servidumbre, solo 45 han solicitado al ministerio la reducción de esa franja de protección de 100 metros desde la ribera del mar a 20. Y muchos esperaron al último momento (mayo pasado) para reclamar un ajuste que supone el reconocimiento legal de que el suelo de núcleo rural es el ámbito natural de la costa gallega. Los seis municipios que ya han recibido respuesta positiva de Costas, entre esos 34 con expedientes resueltos, son Muros, Baiona, Nigrán, Gondomar, O Rosal y Marín, pionero en la lucha por legalizar sus núcleos y que obtuvo luz verde para los de Aguete sur, Loira, Teoira y Casás.
Falta de medios técnicos

Esos 34 concellos tramitaron solicitudes para legalizar 176 aldeas, pero 69 fueron excluidas por no cumplir la doble exigencia en cuanto a su grado de consolidación y dotación de accesos y servicios antes de 1988. En una reciente intervención parlamentaria, la secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, explicó que, en 22 de esos 69 casos, los propios ayuntamientos renunciaron, al asumir que no concurrían las circunstancias para aplicar el régimen transitorio. Y en 35 ámbitos, los municipios no aportaron la justificación documental requerida. La Consellería de Medio Ambiente reconoce que muchos concellos carecen de los medios necesarios, por lo que ha ofrecido ahora asesoramiento técnico a los alcaldes.
De los 34 que ya tienen la respuesta de Costas, solo 8 formularon alegaciones. Son Ares, Boiro, A Illa, O Grove, Sanxenxo, Vilaboa, Vilanova de Arousa y Poio. Aunque Medio Ambiente aún debe pronunciarse sobre las solicitudes de 11 ayuntamientos: Arteixo, Neda, Valdoviño, Barreiros, O Vicedo, Viveiro, A Guarda, Cangas, Oia, Poio y Redondela.
Las quejas de los alcaldes llevaron a la Xunta a presionar al ministerio para que la reforma tenga más calado en Galicia. Con ese objetivo, Urbanismo revisará los informes técnicos que los concellos remitieron a Costas y les prestará apoyo técnico. A día de hoy, la reforma solo llega a 14 aldeas, muy lejos de las 800 que el Ejecutivo de Feijoo estimó en el 2013 que podrían solventar su situación.

La reforma no frena las multas en Vilaboa

Propietarios de casas afectadas por la Ley de Costas en Vilaboa están recibiendo multas de la Axencia de Protección Urbanística (APLU), pese a que acordó frenar los expedientes si se solicitaba la regularización. La Xunta alega que cumple el Plan de Inspección, que dicta que las órdenes de derribo quedarán en suspenso desde que el concello solicita la aplicación de la reforma legal hasta que el ministerio se pronuncia de forma desfavorable, «como sucedeu en Vilaboa».

Solo 39 de los 75 municipios con asentamientos junto al mar tienen el PXOM aprobado

El principal obstáculo de los concellos para regularizar sus núcleos marineros es la falta de planeamiento urbanístico por parte de casi la mitad de los que podrían aprovechar la vía que abrió hace dos años la reforma de la Ley de Costas. Tan solo 39 de los 75 municipios con asentamientos a menos de 100 metros del mar tienen el PXOM aprobado. El resto se rigen por normas subsidiarias o tienen su plan urbanístico suspendido (Sada, Viveiro y O Grove) o anulado (Gondomar). Aunque la mayoría de esos 36 concellos sin PXOM lo están tramitando o lo tienen contratado.
La Xunta ha apremiado a los municipios a agilizar la tramitación del planteamiento, lo que les permitirá disponer de la información que requiere Costas sobre los núcleos sin regularizar. En una carta remitida a los alcaldes, la conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez, defiende las «oportunidades» que ofrece la reforma, y pone los servicios técnicos a su disposición para «conseguir que o maior número de núcleos tradicionais e os seus cidadáns poidan beneficiarse».
Es que Costas busca el negocio "a toda costa". Los chiringuitos dejan cifras millonarias mientras que los poblados ocupan los terrenos que Costas necesita para especular con ellos. Una vez derribados los poblados y expulsados sus moradores del sitio que les vió nacer, se inicia por parte del departamento del Ministerio una loca carrera por conseguir fondos europeos y nacionales en una "supuesta regeneración y protección costera" que en realidad servirá para regocijo de algunas empresas y bolsillos a los que poco le importa el medio ambiente. Cuando se aburran de derribar, traer y llevar arena de un sitio para otro, de hacer paseos y carriles-bici, pues se pondrán en marcha los concursos multimillonarios para llenar de chiringuitos, perdón, Zones Chill Out, lo que en su día fueron humildes pero dignos poblados. 
Cuando necesiten más terrenos, pues nada, se hace un nuevo deslinde y sin problema, la gente a calle y Costas S.A. a lo suyo, a seguir haciendo negocio que para eso se ha fabricado una ley estupenda que le permite coger lo que no le pertenece ¡y encima gratis! Otros por menos están en la cárcel.

miércoles, 5 de agosto de 2015

Costas tumba las alegaciones al nuevo deslinde que afecta a 3.000 alojamientos

A pesar del frente común que realizó el Ayuntamiento de Benidorm con los hoteleros y las comunidades de propietarios contra el nuevo deslinde propuesto por Costas, dicha Dirección General del Ministerio de Medio Ambiente ha tumbado la batería de alegaciones presentadas contra el mismo a finales del pasado año.
La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, anunció ayer que a mediados de julio la administración estatal le hizo saber al Consistorio que desestimaba todas sus apreciaciones, que tenían como base un informe realizado por el área municipal de Arquitectura y Urbanismo. Unas alegaciones que contaron con 93 escritos de adhesión tanto de la patronal hotelera Hosbec como de hoteles, administraciones de fincas, comunidades de propietarios e inmuebles afectados. En dicho documento se subrayaba cómo la nueva línea trazada por Costas afectaba a la mayoría de edificios situados en vías de primera línea como la avenida de Alcoy y de Madrid, y de la calle Verge del Sofratge. También perjudicaba a zonas como punta Canfali y punta Llisera. En total, se veían afectadas 3.000 unidades catastrales, entre viviendas y unidades de alojamiento turístico. Además, la titularidad del paseo marítimo, con el nuevo deslinde, pasa a ser del Ministerio, por lo que, según el Consistorio, «cambiar una farola entrañará trámites muy farragosos».
La carta que le queda por jugar al Ayuntamiento, antes de que el desentendimiento pueda llegar a los tribunales, es presentar un recurso de reposición sobre el nuevo deslinde, en el que solicitarán que se mantenga la demarcación que había hasta ahora, que es la que se llevó a cabo en 1964 y en la que se basó el PGOU de 1990. Asimismo, pedirán que se deje también dentro del dominio público marítimo-terrestre las avenidas de Alcoy y Madrid, y la calle Verge del Sofratge.
Lourdes Caselles explicó que también han solicitado reuniones con Costas y el Ministerio para agotar todas las vías administrativas. «Si eso no funciona nos veremos obligados a acudir al contencioso-administrativo, ya que este deslinde no tiene sentido y no atiende a las necesidades de una ciudad como Benidorm», manifestó. De manera muy resumida, el nuevo deslinde de Costas traslada la línea que delimita el dominio público marítimo-terrestre del borde del paseo con la arena a la fachada de multitud de edificios de primera línea.
Primeros problemas
La responsable de Urbanismo indicó ayer que con este planteamiento «hay edificios que no pueden ni rehabilitar sus balcones, por lo que van a sufrir no sólo un menoscabo estético sino también de seguridad». De hecho, la edil apuntó que Costas ha denegado a una comunidad de propietarios de la zona de Poniente hacer obras de conservación en su balconada.

Fuentes del Ministerio, en su momento, desmintieron muchas de las críticas realizadas por el Consistorio y aseguraron que en los inmuebles que se vean afectados por la zona de servidumbre de protección «se pueden realizar obras de conservación, mantenimiento, reparación y mejora, siempre que no implique un aumento de volumen».
La tramitación del nuevo deslinde contó con dos fases de alegaciones. En la primera, el Ministerio tuvo en cuenta las referidas al Hotel Selomar, situado en el paseo de Levante, y a un bloque de apartamentos, ubicado en el casco antiguo, dejando ambas construcciones desafectadas.
Según fuentes del área de Urbanismo, «si echamos la vista atrás, la posición de Costas no tiene ningún sentido. La primera ley moderna del Suelo en España es de 1956 y la de Protección de la Costa de 1969. El ejemplo piloto que se tomó fue el de Benidorm, en el que ya se estimaba la no afección de los edificios situados en primera línea», argumentaron las mismas fuentes.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Artículo 137
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
Artículo 140
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios.
Artículo 141
La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

¿Dónde pone en la Constitución que exista un municipio, provincia o Comunidad Autónoma que se llame COSTAS y esté formada por el territorio costero que le apetezca confiscar? ¿Qué autonomía tienen los municipios costeros si Costas decide anular sus actos (PGOU, licencias, planes etc...) con una simple rayita en un plano? ¿Dónde queda la seguridad jurídica y el principio de confianza legitima en las Administraciones?
La existencia de Costas no tiene ningún sentido desde que se ha aprobado la Directiva Marco Agua y la Directiva marco para la ordenación del espacio marítimo y Gestión Integrada de las Zonas Costeras, entre otras muchas, que requieren unidad territorial y de gestión.

jueves, 30 de julio de 2015

Costas mantiene en un limbo legal cientos de casas en núcleos rurales

La reforma de la Ley de Costas de mayo del 2013 dejó sin resolver la demanda histórica de Galicia para el reconocimiento de los núcleos rurales de su litoral, aunque al menos habilitó una vía para regularizar muchas de las 12.500 viviendas anteriores a esa norma (1988) que la Xunta estimó que pueblan la zona de servidumbre. Esto llevó a 34 concellos con plan general a solicitar en el plazo fijado la rebaja de esa franja de protección de costa de los 100 metros delimitados en la ley original, desde el límite interior de la ribera del mar, a los 20 que permite su reforma. Esos concellos, y otros 24 con PXOM aprobado (que elevan a 255 los núcleos deslindados), cumplían los requisitos de consolidación edificatoria, accesos y servicios. Pero la mayoría de las 4.500 casas levantadas en esas 255 aldeas tradicionales siguen en el limbo. En unos casos, la Dirección General de Costas, que depende de Medio Ambiente, reclama más documentación. En otros, ha denegado la solicitud. Solo en unos pocos ya ha resuelto el problema.
Limita la expectativa que abrió para legalizar miles de viviendas junto al mar
Algunos municipios ya tenían reconocida esa franja de protección a 20 metros del mar, como sucede, por ejemplo, con el núcleo tradicional de Combarro (Poio). Y con la reforma también quedó solventada la situación en aldeas de Marín, que fue el primer concello en dar a conocer su problema con las movilizaciones del 2004. Son los casos de núcleos como Mogor y parte de los de Loira y Aguete, donde fue necesario un trabajo arduo para su reconocimiento y delimitación legal. La aprobación del planeamiento urbanístico (PXOM) de Marín fue crucial para completar con éxito el proceso, en diciembre pasado.
También en Baiona, Nigrán, Outes (con seis aldeas afectadas) y Arteixo tienen la situación resuelta. En Ribadeo, su alcalde, Fernando Suárez (BNG), destaca que tienen el PXOM aprobado «con toda a normativa legal en aplicación».
Pero muchos ayuntamientos están recibiendo negativas a las solicitudes que cursaron ante Costas. En esa tesitura está Vilaboa, que además de carecer de PXOM no cumple los requisitos en cuanto a su grado de consolidación o existencia de servicios públicos cuando se aprobó la ley (1988). Esto deja en ese limbo alegal a cientos de casas de los núcleos de Larache, Paredes, San Adrián y Santa Cristina. Se da la circunstancia de que hay viviendas con orden judicial de demolición, con la consiguiente incertidumbre de los propietarios afectados. También en O Grove (12 núcleos costeros), A Illa de Arousa (5) y Vilanova (5), Costas ha rechazado las solicitudes. Vilanova ya recurrió la decisión y O Grove lo hará. Los tres municipios reprochan a Medio Ambiente las trabas que complican acogerse a la vía que abrió en la reforma. En Fene, la anterior corporación formalizó hace dos años los trámites para regularizar los núcleos de Barallobre y Maniños. Pero la respuesta por parte de Costas ha sido negativa.
En Sanxenxo (8 núcleos), Poio (donde Costas rechazó ampliar el de Raxó), Cangas (9), Muros (5), Ribeira (3), Boiro (29), A Pobra (7), Malpica (3), Ponteceso (1), Neda (2), Valdoviño (4), O Vicedo (3) y Xove (1), entre otros, esperan respuesta. En muchos de esos procesos, Costas ha requerido a los ayuntamientos documentación complementaria para acreditar que cumplen las exigencias. Pese a la relevancia de un problema que preocupa a centenares de familias, en varios concellos donde mudó el gobierno tras las municipales de mayo los nuevos alcaldes ignoran la gestiones que realizaron sus predecesores. Este asunto no ocupó en todos los casos un lugar prioritario de la agenda en el traspaso de poderes.
Con información de Susana Luaña, Marcos Gago, Carla Elías, Andrea Díaz, Mónica Torres, Toni Longueira, Ana Gerpe, Mar G. Balseiro, Xosé V. Gago y Toni Silva.

Opción de reformar, no de construir

La reforma de la Ley de Costas permite a los propietarios de viviendas que se regularicen reformarlas o incluso ponerlas en venta o alquiler. Pero esas obras se limitarán a la conservación de lo edificado, porque la norma impide modificar su altura, volumen y superficie. Por lo demás, la revisión que el PP aprobó en solitario en mayo del 2013 (el PSOE la recurrió al Constitucional) veta nuevas construcciones en la zona de servidumbre, donde antes tampoco eran posibles. En lo que no entra es en las demoliciones. Del mismo modo que la reforma no facilita la construcción indiscriminada en la costa, tampoco supone la condena de las casas sin regularizar. En este sentido, la piqueta seguirá amenazando a las edificaciones sobre las que pese una sentencia judicial firme.

La Xunta señala que el rechazo a la solicitud no cierra la puerta a la regularización

El Gobierno de Feijoo prefiere ver la botella medio llena en el proceso que abrió la reforma de la Ley de Costas para el reconocimiento legal de los núcleos tradicionales junto al mar. La secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, sostiene que lo relevante de la revisión en un ámbito que compete al Ministerio de Medio Ambiente es «que marca un antes y un después por el reconocimiento de que el suelo de núcleo rural es el ámbito natural en la costa gallega». Sostiene que la denegación no cierra la puerta, porque «todavía hay margen para ajustarse a los requisitos».
A diferencia de otras comunidades, en Galicia no se busca dar cobijo legal a procesos especulativos, sino a la seña de identidad de los pueblos marítimos, anteriores al marco legal de 1988. Mientras en el Mediterráneo el debate político sobre la reforma de la ley se centró en si era más permisiva con aberraciones urbanísticas a pie de playa, o si amnistiaba chiringuitos, aquí el objetivo es buscar soluciones por las que Galicia lleva años reclamando para sus núcleos tradicionales, con varios requerimientos unánimes del Parlamento. «Lo importante es que los concellos trabajen con rigor y seriedad en los ámbitos en los que solicita la reducción de la zona de servidumbre», apunta Rivas.
La falta de PXOM, un escollo

El principal obstáculo de algunos concellos para regularizar sus núcleos costeros es la falta de PXOM. Además del pontevedrés de Vilaboa, que ya ha recibido la denegación de Costas, en esa tesitura está también Malpica. Otro escollo es la alta dispersión edificatoria característica del urbanismo gallego, ya que la regularización está condicionada a que las viviendas en situación alegal conformen un núcleo.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/07/29/costas-mantiene-limbo-legal-cientos-casas-nucleos-rurales/0003_201507G29P2991.htm
Si los alcaldes no hubieran dado el visto bueno a los deslindes y se hubieran unido para defender a su gente y la integridad de su municipio, ahora no estarían en la situación que están, ni Costas mandaría más que el Ayuntamiento en Pleno.
De aquellos polvos vienen estos lodos.

viernes, 26 de junio de 2015

El flamante nuevo Secretario de Estado de Medio Ambiente Pablo Saavedra encuentra 2.120 Kms de costa española que estaban perdidos

Pablo Saavedra: “Nuestros 10.000 km de costa, con cerca de 3.500 playas, constituyen un patrimonio natural de incalculable valor para España que todos debemos proteger”

Ley de Costas 1988 - Exposición de motivos
I. España tiene una gran longitud de costa, aproximadamente 7.880 kilómetros, de los que el 24 por 100 corresponden a playas, con un patrimonio público de unas 13.560 hectáreas, valioso por las grandes posibilidades que ofrece, pero escaso ante las crecientes demandas que soporta, y muy sensible y de difícil recuperación en su equilibrio físico.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

¿De dónde habrá sacado los 2.120 Kms? ¿Será por eso que ha sido premiado con un ascenso? ¡Madre mía ¿y estos son nuestros representantes en los Foros internacionales?!

domingo, 21 de junio de 2015

Un caso de locos. Los jueces se olvidan del principio in dubio pro administrado y condena al derribo al hotel Abeiras

Nuevo varapalo judicial contra el empresario grovense Rafael Mourelos y contra el hotel que construyó en Ardia hace diez años. El Tribunal Supremo confirmó en una sentencia el fallo del 2013 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordenaba el derribo del establecimiento hostelero por sobrepasar la línea de Costas. De nada sirvió el recurso del propietario, que apelaba a una incongruencia por exceso o por error. El Supremo dice que no hay tal incongruencia y que «la parte recurrente utiliza esta denuncia de un vicio in procedendo, detrás del cual late una discrepancia de fondo con lo resuelto, conclusión que se muestra con toda evidencia en el razonamiento que sustenta la denuncia de incongruencia por error, cuando lo que pone en cuestión es la posibilidad, negada por la sentencia, de una demolición parcial».
Así las cosas, la nueva sentencia ratifica el fallo de la anterior, por la que «se impone al promotor de la referida construcción una sanción de multa de 339.648 euros, y le ordena volver los terrenos en los que se ejecutaron las obras de este expediente a su primitivo estado». O sea, derribar el hotel.
Y eso que ya el propio TSXG en su escrito anterior reconocía que había diferencias en las mediciones que se habían realizado a lo largo de los años, años en los que también fueron cambiando los lindes y la propia Ley de Costas. Así, en el 2000 la distancia entre el hotel y la línea de costa era de 95,6 metros, pero otra medición la fijaba en 91 metros, mientras que remontándose a la ley de 1969, era de 86,5. En todo caso, a lo que se atiene tanto la sentencia del TSXG como la del Tribunal Supremo es a la legislación vigente, y por ella, dice que el establecimiento se ha construido dentro de la zona de servidumbre de protección.

Reacciones

El dueño del hotel, Rafael Mourelos, no se lo podía creer ayer, cuando tuvo conocimiento de un fallo que él todavía no había recibido. «É unha inxustiza total», asegura. Y recuerda lo que ya argumentó en otras ocasiones, que el establecimiento contaba con licencia tanto del Concello como de la Xunta, que había tenido que pronunciarse en su día porque fue declarado de interés público y social. Mourelos consiguió un permiso cuyos trámites duraron nueve largos años, y ahora se encuentra con que la Justicia le hace a él único responsable de unos trámites que recibieron el visto bueno tanto de la administración local como de la autonómica.

Posibles nuevos recursos

Mourelos no sabe aún lo que va a hacer, pero no descarta acudir al Tribunal Constitucional o al de Estrasburgo, «porque nin en Galicia nin en España hai xustiza».
Sostiene que de lo único que se siente responsable es de haber creado una empresa que tiene veinte trabajadores en riesgo de quedar en la calle. «Isto é unha sen razón e non atopo palabras, e logo andan a dicir que hai que ser emprendedores..

«Do único que me sinto responsable é de crear unha empresa con vinte postos de traballo»

SENTENCIA DEL TSJG 2013 ratificada por el Supremo. 
Defiende la parte actora que la obra no se encuentra dentro de la zona de servidumbre de protección, por encontrarse a más de 100 metros del límite interior de la ribera del mar, conforme resulta de la documentación que cita en su demanda -certificación del Jefe del Servicio de Costas; comunicación de 19 de enero de 1991 del Jefe del mismo servicio de Pontevedra; informe del Vigilante de Costas de 19 de febrero de 1991-. Afirma que cuenta con las correspondientes autorizaciones e informes favorables -los informes son de la Delegación provincial de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes; Ayuntamiento de El Grove; Delegación provincial de la Consellería de Medio ambiente; autorización previa del artículo 77 de la anterior Ley del Suelo ; informe favorable del Arquitecto municipal en relación con el RAMINP; de la Delegación provincial de la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales; y licencia municipal de 15 de enero de 1999, así como para aprovechamiento bajo cubierta de 20 de enero de 2000. Que se ratifica que está fuera de dicha zona mediante el informe de 20 de mayo de 1998, de la Jefa del Servicio del MAN. Que la línea de deslinde no ha sido efectuada desde que se aprobó, en el año 1969. Y entiende que el error proviene de que las mediciones se realizan tomando como referencia no la línea de deslinde, sino la de la ribera del mar

Con respecto a las mediciones, la de 2 de marzo de 2000 -folio 109 del tomo segundo-, realizada por funcionarios del Servicio de Conservación del Litoral, sitúan las obras a, aproximadamente, dado que no se encuentran los hitos del deslinde, 96,50 metros de la ribera del mar. Se lleva a cabo una nueva medición por funcionario del Servicio de Montes e Industrias Forestales, con teodolito T0 marca WILD, el 15 de mayo de 2000, con asistencia y permiso del aquí demandante, y resulta que la edificación se encuentra a 91,30 metros del deslinde vigente y a 86,5 de la probable línea del deslinde en estudio. Por consecuencia, sí que existe una medición efectuada con un instrumento de precisión y que atiende a la línea de deslinde, en concreto y en lo que aquí interesa en la que estaba vigente. Y en el informe del Servicio provincial de Costas del Ministerio de Medio ambiente, 8 de septiembre de 2000, se expresa que efectuado el replanteo de la línea de deslinde se comprueba que las obras invaden la servidumbre de protección, tanto del deslinde aprobado por O.M. de 30 de julio de 1969, como del deslinde en estudio, situándose las obras a 88 metros de la línea de deslinde en sus puntos más desfavorables y a 83 metros de la línea en estudio - folio 41 del tomo primero del expediente-. En todo caso, la razón de que no se mida nuevamente es porque se entiende que no se ha modificado la superficie de las obras desde la anterior medición. En esa anterior medición, la de 2 de marzo de 2000, se convocó al recurrente, que compareció, así como en la medición de 15 de mayo de 2000 -folio 103 del tomo segundo-. 

Los resultados son diferentes en cada medición, probablemente por el medio empleado y su mayor o menor exactitud, pero en todo caso resulta que las obras no respetan la distancia e invaden la servidumbre de protección, porque conforme dispone el artículo 23 de la Ley de Costas , la servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.

Pero también manifiesta el perito que ha procedido a restituir digitalmente el plano de deslinde de 1969, y que hay un error sobre los mojones del plano de deslinde de 1969, y por eso la afección del hotel construído varía hasta unos 10 metros, y por eso manifiesta al contestar a las aclaraciones que el muro propiedad del recurrente no invade el dominio público marítimo terrestre. Que el muro debe estar a 6 metros de los mojones que delimitan el dominio público marítimo terrestre, y que está a 3,75 metros respecto del mojón restituido digitalmente. De ello deduce que la afección del hotel sería muchísimo menor de la que dice en su informe y el hotel estaría justo en el límite e incluso podría no resultar afectado

La situación sería cómica si no fuera por el drama que supone perder todo cuanto tienes. Pero la jueza, en vez de acogerse al principio In dubio pro reo, en este caso in dubio pro administrado (ante la duda a favor del administrado), sentencia que como parece que nadie se aclara, pues lo tiramos todo y se acabaron las discursiones.

Una de dos, o la jueza no sabe latín o no sabe impartir justicia, porque cuando existe una baile de cifras y opiniones tan diferentes de los distintos peritos, incluido el judicial, y es el administrado el que demuestra que tiene todo en regla, tendría que haber aplicado el principio in dubio pro administrado.

Existen demasiados errores de Costas que acaban pagando los ciudadanos. 

lunes, 15 de junio de 2015

Ni olvido ni perdón en La Punta

Afectados por las expropiaciones de la ZAL lamentan «el olvido» sufrido y que no existan consecuencias políticas y económicas para quienes llevaron a cabo una operación «ilegal» que «nos destrozó la vida»

Llevan 23 años de protestas y más de una década de lucha en los tribunales. Y cada vez que hablan de cómo se llevaron a cabo las expropiaciones de la Punta les tiembla la voz. De rabia e indignación. Por segunda vez el Tribunal Supremo les ha dado la razón. La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) se llevó a cabo de forma irregular y el Supremo ha vuelto a declarar nulo en proceso. Sin embargo, y a pesar de la victoria conseguida en los tribunales, nada mitiga el dolor de las 620 familias que lo perdieron todo. Sus viviendas, sus tierras, su forma de ganarse la vida, sus vecinos, su huerta, sus pertenencias, sus recuerdos... Les echaron a la fuerza, sin piedad. Eso es lo que recuerdan.
La zona expropiada es una solar de 683.000 metros cuadrados urbanizado desde 2006. El fracaso del proyecto es más que evidente. Y eso que las expropiaciones fueron por vía urgente. Por eso les tiraron de sus viviendas deprisa y corriendo. Pero ahora que los jueces les han dado la razón ni tan siquiera encuentran consuelo. Sobre todo porque «los culpables se han ido de rositas. No hay consecuencias para ellos. Puse una querella criminal por la forma en la que nos desalojaron de nuestras casas, a mí y a mi hija de 13 años. La archivaron. Tengo gravada a fuego la frase de Juan Cotino: «Todo en el mismo paquete». Es decir, tirar las casa, desalojarnos y dejarnos sin nada. Pues ahora Juan Cotino, Rafael Aznar (presidente de la Autoridad Portuaria)... deberían pagar las indemnizaciones de su propio patrimonio. Deberían ir a la cárcel porque nos robaron. Nos dejaron sin nada. El daño es irreparable. Sus actuaciones, sus decisiones políticas, deberían tener consecuencias judiciales», asegura Marí Carmen González, una de las afectadas que ha peleado en los tribunales «hasta el final».
Su voz es la de muchos afectados. Los que están y los que ya han fallecido. Lejos de sus casas, de su huerta y de sus campos. Es imposible que los afectados perdonen... sobre todo porque nadie les ha pedido perdón. De hecho, lamentan el «olvido» al que les ha sometido la ciudad, los políticos, los responsables, los tribunales, los funcionarios, los medios de comunicación... «¿Quien tiene la vergüenza de pedirnos perdón? Nadie nos ha preguntado cómo estamos, cómo nos sentimos, si necesitábamos algo... Nada. Nos destrozaron la vida. Nos trataron como a perros. Nos lo quitaron todo. ¿Y ahora el Supremos anula la ZAL? ¿Y qué? Siento rabia y vergüenza», concluye.

¿ESPAÑA ESTADO DE DERECHO EUROPEO?
La historia se repite una y otra vez en toda España. Se hacen leyes a la carta para confiscar, incautar, la propiedad de la gente humilde y especular con ella. Utilizan la policía para conseguir sus propósitos. Los jueces no ponen medidas cautelares y cuando sentencian, 10, 20 años después, el daño está hecho. Mucha gente mayor muere de pena o por no poderse adaptar a su nuevo entorno. Las familias pasan a formar parte de la legión de pobres en riesgo de exclusión porque la indemnización, cuando la hay, es un insulto a la dignidad de la persona.
Lo penoso de todo esto es que pagamos con nuestros impuestos a políticos que nos roban, policías que desprotege a los ciudadanos frente al abuso de poder y jueces que no ponen medidas cautelares y sentencian cuando el daño está hecho.
Algo falla en esta sociedad para que todo vaya al revés de lo que sería un ESTADO DE DERECHO EUROPEO