El departamento público no abrirá más expedientes sancionadores y paralizará los que están en marcha hasta que no se defina cómo se va a reformar la normativa que regula los usos del litoral
Éste es el fin de semana en que muchos ciutadellencs aprovechan para pasarlo en chalés, en el campo o en la playa. Es Cinquagesma (Pentecostés), y eso en Ciutadella es sinónimo de ‘anar a vega’, aprovechando además que para muchos, el próximo lunes será festivo. Tradicionalmente, uno de los lugares que acoge a los ciutadellencs por estas fechas es Ses Fontanelles, la playa situada al norte del municipio, cerca de La Vall. Este año, no obstante, algunos de los habituales de esa cala no tienen claro si van a pasar Cinquagesma en ese punto cerca del mar. La actuación del Departamento de Costas a finales del pasado año, sancionando a uno de los “propietarios” de las casetas construidas al lado del mar, ha despertado el miedo entre los habituales del lugar, quienes temen pisar de nuevo Ses Fontanelles por si algún representante de Costas se pasa por allí y les sanciona. Para estos ciudadanos, el panorama parece haber cambiado.
Tras el cambio de color político en el Gobierno central y con la entrada del Partido Popular y el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se anunció una revisión de la política de Costas, lo que significaría afectar al dominio público marítimo-terrestre. Precisamente esta revisión es lo que paraliza el proceso que se había iniciado en Ses Fontanelles. Cuando se sancionó a los inquilinos de una de las casetas, se esgrimió que estaban ocupando una construcción levantada en una zona en la que no podían existir construcciones de ese tipo, el dominio público. Pues bien, ahora Costas, según ha podido saber este periódico, no realizará más actuaciones sancionadoras hasta que “estudie y replantee el dominio público marítimo terrestre”.
Esto significa que, por ahora, no habrá más inspecciones sobre el terreno, ni identificaciones ni mucho menos sanciones hasta que no se tenga claro qué camino seguir en esta materia. Además, Costas asegura que los procesos sancionadores que ya están en marcha también se paralizarán momentáneamente hasta que esta cuestión esté clara. Después, cuando finalice el replanteamiento que quiere realizar Costas, se retomarán estos expedientes “y se actuará en consecuencia con lo decidido”. Así, esta decisión afectaría también a otras zonas similares a Ses Fontanelles, como Cala Turqueta.
UNA REFORMA PROFUNDA
La revisión de la Ley de Costas, vigente desde 1988, es uno de los objetivos que el PP se ha marcado para esta legislatura. Poco después de formarse el nuevo Gobierno central, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya aseguró que se realizaría una reforma “muy profunda” de la legislación, aunque de momento no se conocen muchos más detalles sobre esta reforma. Algunas fuentes explican que el PP podría optar por legalizar las casas construidas antes de 1988 en lo que ahora se considera dominio público. Esta medida podría afectar directamente a las “casetes de vorera” de Menorca, y concretamente a Ses Fontanelles, aunque luego habría que discutir si esas construcciones pueden considerarse casas y si deben cumplir algún requisito urbanístico más exigente.
En líneas generales, desde el Partido Popular consideran que la reforma de la Ley de Costas debe servir para conciliar los intereses públicos con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de la norma. El futuro de los chiringuitos depende de esta modificación.
Tras el cambio de color político en el Gobierno central y con la entrada del Partido Popular y el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se anunció una revisión de la política de Costas, lo que significaría afectar al dominio público marítimo-terrestre. Precisamente esta revisión es lo que paraliza el proceso que se había iniciado en Ses Fontanelles. Cuando se sancionó a los inquilinos de una de las casetas, se esgrimió que estaban ocupando una construcción levantada en una zona en la que no podían existir construcciones de ese tipo, el dominio público. Pues bien, ahora Costas, según ha podido saber este periódico, no realizará más actuaciones sancionadoras hasta que “estudie y replantee el dominio público marítimo terrestre”.
Esto significa que, por ahora, no habrá más inspecciones sobre el terreno, ni identificaciones ni mucho menos sanciones hasta que no se tenga claro qué camino seguir en esta materia. Además, Costas asegura que los procesos sancionadores que ya están en marcha también se paralizarán momentáneamente hasta que esta cuestión esté clara. Después, cuando finalice el replanteamiento que quiere realizar Costas, se retomarán estos expedientes “y se actuará en consecuencia con lo decidido”. Así, esta decisión afectaría también a otras zonas similares a Ses Fontanelles, como Cala Turqueta.
UNA REFORMA PROFUNDA
La revisión de la Ley de Costas, vigente desde 1988, es uno de los objetivos que el PP se ha marcado para esta legislatura. Poco después de formarse el nuevo Gobierno central, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya aseguró que se realizaría una reforma “muy profunda” de la legislación, aunque de momento no se conocen muchos más detalles sobre esta reforma. Algunas fuentes explican que el PP podría optar por legalizar las casas construidas antes de 1988 en lo que ahora se considera dominio público. Esta medida podría afectar directamente a las “casetes de vorera” de Menorca, y concretamente a Ses Fontanelles, aunque luego habría que discutir si esas construcciones pueden considerarse casas y si deben cumplir algún requisito urbanístico más exigente.
En líneas generales, desde el Partido Popular consideran que la reforma de la Ley de Costas debe servir para conciliar los intereses públicos con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de la norma. El futuro de los chiringuitos depende de esta modificación.
