El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el
expediente incoado por la Demarcación de Costas contra propietarios de
viviendas de Bajo La Cuesta, para recuperar el dominio público
marítimo terrestre. Una sentencia fechada el pasado 29 de marzo da este
procedimiento administrativo por caducado, debido a que se notificó a
los afectados fuera del plazo aplicable en estos casos.
El fallo lo dictó la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, tras un recurso interpuesto por ocho
vecinos de este barrio de Candelaria, representados por el abogado
Pedro Fernández Arcila, aunque sólo se estimaron las pretensiones de dos
demandantes. Al resto se les desestimó, pues apelaron contra la
inadmisión de sus respectivos recursos del alzada por parte de Costas,
al ser presentados fuera de plazo.
El TSJC sostiene en los fundamentos de derecho que “al no haber
ninguna norma de este concreto procedimiento que establezca un plazo,
ha de tramitarse y resolverse en tres meses”, por lo que “de esta forma
se llega a la conclusión de que se ha producido caducidad en el
procedimiento de recuperación posesoria del dominio público
marítimo-terrestre seguido por la Administración” contra estos vecinos
candelarieros.
Y ello es así porque “incoado este procedimiento en la fecha de 26 de diciembre de 2007, y notificados los interesados de la resolución del expediente en 28 de marzo de 2008, obvio es que la tramitación administrativa sobrepasó el plazo perentorio de tres meses que era aplicable al caso” de Bajo La Cuesta.
La sentencia -dictada por los magistrados Angel Acevedo (en calidad
de presidente del tribunal), Rafael Alonso y María del Pilar Alonso- no
entra en el fondo del litigio, sino aborda la cuestión formal de los
plazos que deben cumplir la Administración, y en este sentido invoca la
la Ley 30/1992 que fija una “regla general” de seis meses para adoptar y
notificar resoluciones expresas, con dos excepciones: puede ser mayor
de un semestre si así lo establece una norma con rango de ley o de
aplicación en la Unión Europea, o bien de tres meses cuando las normas
reguladoras de los procedimientos administrativos no prevean un tiempo
máximo.
Unas 30 familias de este núcleo llevan cuatro años reclamando que se
revise el trazado del nuevo deslinde, de 2006. La Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha sostenido que, si bien las
viviendas son anteriores a 1988 – cuando entró en vigor la Ley- se
construyeron ya de forma ilegal dentro del deslinde existente desde
1969.
http://www.diariodeavisos.com/2012/05/04/actualidad/el-tsjc-suspende-los-derribos-en-bajo-la-cuesta/
