Audio de la entrevista SB-Noticias.- Tomás González (Cho Vito) explicó en La Trapera de Radio San Borondón que han recurrido la sentencia que les condena a pagar una multa por las protestas realizadas para que se crearan accesos a sus casas y denuncia la injusticia sufrida porque la realidad es que los vecinos del barrio marinero se vieron encerrados por esa empresa como si estuvieran en un campo de concentración como castigo por su resistencia de tantos años.
Cabe recordar que hace algunas semanas tuvo lugar un juicio contra algunos vecinos de Cho Vito tras la denuncia de la constructora por la paralizaron las obras del paseo de Caletillas al considerar que se estaban destrozando los accesos a las viviendas sin que se hubieran dotados a las mismas de accesibilidad y cuya sentencia determinó una sustancial multa a la familia de Tomás González.
El portavoz vecinal explicó que han recurrido dicha sentencia al considerarla injusta y explica que los vecinos no se han opuesto nunca a que se realizaran las obras, pero sí a las formas y a los métodos utilizados a la hora de llevar a cabo los trabajos, ya que lo cierto es que los vecinos de Cho Vito se vieron encerrados como si estuvieran en un campo de concentración como castigo por su resistencia de tantos años.
En aquellos días todo el mundo pudo comprobar que Tragsa cerró Cho Vito a cal y canto, de modo que quienes estaban dentro del poblado no podían salir y quienes estaban fuera, no podían acceder a sus viviendas, lo que motivó la movilización y la polémica, que finalmente condujo a una miserable denuncia de Tragsa, causante de todos los males y la posterior sentencia que castiga a quienes ya estaban siendo castigados, dijo González.
Desde su punto de vista, lo preocupante de la sentencia es que la Justicia comete una injusticia, ya que no les condenan por paralizar las obras, que en todo caso sería un delito de faltas y, por tanto, menor, sino por los costes derivados de la parada y retirada de las palas, sin tener en cuenta que la protesta básicamente se hizo cuando ya no estaban trabajando y, sobre todo, cuando al día siguiente Tragsa se vio obligada a llevar nuevamente la maquinaria al lugar para arreglar los destrozos causados en los accesos de las viviendas, lo cual pone de manifiesto la total incongruencia de la sentencia.
Tomás González no tiene ninguna duda de que esta sentencia es un tributo que tiene que pagar por tantos años de lucha y resistencia contra los abusos que se querían cometer en Cho Vito, dicho lo cual anuncia que han presentado una queja formal en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) que ha sido aceptada por la vulneración de sus derechos en este problema.
Además, han denunciado ante el Parlamento Europeo que Tragsa trabaja para el Gobierno español a través de encomiendas, las cuales son “troceadas” para evitar que salgan a libre concurrencia, con lo que solicitan a Bruselas que investigue a dicha empresa, que factura muchos miles de millones de euros cada año, los contratos a dedo que recibe de la administración para que realice obras con su personal y con personal subcontratado sin que haya por tanto libre concurrencia como se requiere para la obra pública.
El portavoz vecinal explicó que han recurrido dicha sentencia al considerarla injusta y explica que los vecinos no se han opuesto nunca a que se realizaran las obras, pero sí a las formas y a los métodos utilizados a la hora de llevar a cabo los trabajos, ya que lo cierto es que los vecinos de Cho Vito se vieron encerrados como si estuvieran en un campo de concentración como castigo por su resistencia de tantos años.
En aquellos días todo el mundo pudo comprobar que Tragsa cerró Cho Vito a cal y canto, de modo que quienes estaban dentro del poblado no podían salir y quienes estaban fuera, no podían acceder a sus viviendas, lo que motivó la movilización y la polémica, que finalmente condujo a una miserable denuncia de Tragsa, causante de todos los males y la posterior sentencia que castiga a quienes ya estaban siendo castigados, dijo González.
Desde su punto de vista, lo preocupante de la sentencia es que la Justicia comete una injusticia, ya que no les condenan por paralizar las obras, que en todo caso sería un delito de faltas y, por tanto, menor, sino por los costes derivados de la parada y retirada de las palas, sin tener en cuenta que la protesta básicamente se hizo cuando ya no estaban trabajando y, sobre todo, cuando al día siguiente Tragsa se vio obligada a llevar nuevamente la maquinaria al lugar para arreglar los destrozos causados en los accesos de las viviendas, lo cual pone de manifiesto la total incongruencia de la sentencia.
Tomás González no tiene ninguna duda de que esta sentencia es un tributo que tiene que pagar por tantos años de lucha y resistencia contra los abusos que se querían cometer en Cho Vito, dicho lo cual anuncia que han presentado una queja formal en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) que ha sido aceptada por la vulneración de sus derechos en este problema.
Además, han denunciado ante el Parlamento Europeo que Tragsa trabaja para el Gobierno español a través de encomiendas, las cuales son “troceadas” para evitar que salgan a libre concurrencia, con lo que solicitan a Bruselas que investigue a dicha empresa, que factura muchos miles de millones de euros cada año, los contratos a dedo que recibe de la administración para que realice obras con su personal y con personal subcontratado sin que haya por tanto libre concurrencia como se requiere para la obra pública.
NO TUVIERON SUFICIENTE CON DERRIBARLES LAS CASAS Y DESTRUIR EL POBLADO, TENÍAN TAMBIÉN QUE IMPEDIRLES EL PASO, DESTRUIR LA PLAYA Y, POR SI FUERA POCO, IMPONERLES UNA ABULTADA MULTA.
ESO SE LLAMA ACOSO Y ABUSO DE PODER.
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| ¿DÓNDE ESTÁN LOS ECOLOGISTAS QUE TANTO DEFIENDEN EL MEDIO AMBIENTE? |
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| ¿DONDE ESTÁ LA FISCALIA MEDIOAMBIENTAL? |
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| ¿DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA? |
