La Ley de Costas de 1988 no contentó a ecologistas ni propietarios. Su renovada versión, alumbrada en marzo de ese año por el Gobierno español, ha tenido igual efecto. La torticera aplicación de una normativa que nació con el objetivo de preservar las costas españolas del ladrillo -propósito no cumplido, además- en forma de sucesivos deslindes sigue siendo motivo de conflictos. Con un descontento generalizado en ambas partes, esas normativas han recibido serios varapalos del Parlamento Europeo. El primero fue el Informe Auken, de 2009, al que recientemente le ha seguido otra recomendación de Bruselas para mejorar la inseguridad jurídica que está generando, sobre todo, a los ciudadanos que han perdido los derechos sobre sus inmuebles situados dentro del dominio público marítimo-terrestre por concesiones temporales. La costa vizcaina tiene dos casos ejemplarizantes a este respecto: el de los molinos Portu Errota, en Gautegiz Arteaga, y Arbina, en Gatika.
Analizados ambos casos, junto a otras 60 situaciones en el litoral del Estado español, la Eurocámara ha emitido recientemente una orden directa a la Comisión Europea para que investigue "si esta nueva legislación -aprobada en por el Gobierno de Rajoy en mayo- se ajusta al derecho europeo". Lo ha hecho después de que una delegación de europarlamentarios visitara el Estado en marzo para conocer la posición de las autoridades, los afectados y las organizaciones conservacionistas y emitiera un crítico informe con 19 recomendaciones -no vinculantes, eso sí- de cara a mejorar una normativa que, pese a su revisión, entra de lleno en una de las reclamaciones de los propietarios de viviendas que, situadas en dominio público marítimo-terrestre, han visto cómo perdían su titularidad a favor de una concesión de uso de hasta 75 años, según la remozada ley, sin opción a una compensación económica que ellos consideran justa.
DE FACTO
"Ejecuta confiscaciones de facto", argumentan los representantes en el País Vasco de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC). "Las concesiones no son ninguna indemnización", aluden haciendo una clara lectura del último informe europeo: "lo que pide al España es que deje de confiscar propiedades legítimas anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Costas". Es más, "supone un serio varapalo" al Gobierno del PP ya que la nueva normativa "vulnera el derecho fundamental a la propiedad y no ha seguido las directrices que el Parlamento Europeo le instó en su día el informe Auken", que denunciaba "la retroactividad en su aplicación y la violación del derecho fundamental a la propiedad", inciden. Es decir, "la modificación de la ley no ha resuelto ningún problema".
"Resulta deplorable que no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica con respecto a los derechos de propiedad", además del hecho de que "en su caso, la línea de demarcación pueda revisarse cada vez que se produce un cambio en la línea de la costa -debido a la erosión costera o la construcción de un nuevo puerto deportivo, por ejemplo- genera una inseguridad adicional, pues lo que es legal hoy podría dejar de serlo mañana" certifica el informe del grupo de trabajo liderado por la eurodiputada liberal austriaca Angelika Werthmann, que ha emitido unas recomendaciones no vinculantes destinadas a mejorar una normativa española que, a miles de kilómetros de los que se cuece en el hemiciclo de Bruselas tiene dos víctimas en Bizkaia.
El caso más conocido es el del molino de mareas de Portu Errota, en Urdaibai. "A siete kilómetros de la línea del mar", indica Jon de Iturribarria, asegura que su edificación -que data del siglo XVII protegida por la ley de patrimonio- le ha sido quitada mediante "una confiscación, que no una expropiación. Esto es, no he recibido ninguna compensación económica por la pérdida de los legítimos derechos de la propiedad mía y de mi familia", asegura. Con una larga batalla judicial a cuestas, Europa sigue siendo la última estación de su lucha. En una parecida situación está el molino Arbina, construido en el año 1506 en Gatika y escriturado por una familia en 1985 -tres años antes de entrar en vigor la ley de Costas elaborada por el PSOE-, pero sobre el que actualmente pesa un usufructo como compensación tras deslindes posteriores que incluyeron la propiedad en dominio publico maritimo-terrestre, según refleja el informe Werthmann.
El informe Werthmann, precisamente, alerta sobre estas situaciones. Entre otros preceptos, solicita a las autoridades españolas que apliquen "un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación", además de reclamar "una moratoria o paralización de todos los casos pendientes ante los tribunales" sobre viviendas en zonas costeras que puedan ser "objeto de una modificación de la línea de demarcación para salvar del derribo aquellos edificios que después podrían quedar fuera del terreno público". Y es que, pese al "esfuerzo" realizado desde el Gobierno español aprobando una nueva legislación, estima que "la protección de la zona costera española y de las propiedades en ella asentadas ha de basarse en un equilibrio proporcional entre intereses jurídicamente protegidos".
"El derecho de propiedad, en estos casos, pasa a tener una fecha de caducidad. Y a un precio vergonzoso. No se respetan los títulos legítimos", detalla Jon Iturribarria sobre una práctica de las administraciones estatales que, según alude, "se resume con un a palabra de seis letras: estafa. En Urdaibai, por ejemplo, la muchos vecinos de Murueta, Gautegiz Arteaga, Kortezubi o Forua compraron en el siglo XIX terrenos a la administración de entonces. Pero ahora es la administración la que no les reconoce sus títulos de propiedad. Dos millones de metros cuadrados de terreno han sido confiscados", agrega. No obstante, los denunciantes -desde AEPLC aseguran que son más de 20.000 personas afectadas- continuarán mirando a Bruselas para obtener unas respuestas a las reclamaciones que no encuentran en Madrid.
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