LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

lunes, 27 de septiembre de 2010

España replica a Reding que "no es cierto" que la ley de costas sea discriminatoria y vulnere las normas europeas

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha sido tajante este lunes en Bruselas al asegurar que "no es cierto" que la Ley de Costas española discrimine a residentes extranjeros en las expropiaciones que se están llevando a cabo en la costa, pese a que la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, haya decidido investigar este supuesto.

"Estamos dispuestos a ofrecer toda la información que sea necesaria porque, desde luego, no es cierto lo que se está planteando", ha declarado la ministra a la salida de una reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la UE.

Espinosa ha subrayado que la ley española fue aprobada hace "muchos años" y "garantiza los derechos a todos los ciudadanos", además de no tener "nada que ver" con el movimiento de personas en la UE.

En opinión de la ministra, las dudas de Reding tienen que ver con "información distorsionada de lo que es la realidad" y por ello España responderá "tan pronto como podamos" con datos sobre la "igualdad de derechos" de todos los ciudadanos europeos y extracomunitarios que viven en el país.

En este sentido, Espinosa ha dicho que "no es la primera carta" que recibe por parte del Ejecutivo comunitario y que en el pasado hubo un "intento" para que responsables de su departamento comparecieran ante la Eurocámara y que volverán a intentarlo "para que todo el mundo conozca la verdad", ha dicho.

En su carta, Reding pide a la ministra Espinosa datos adicionales sobre el número de extranjeros afectados por las expropiaciones derivadas de la Ley de Costas, cómo se ha tenido en cuenta que los bienes fueron adquiridos "de buena fe" y las soluciones judiciales que tienen estos ciudadanos.

En el documento, con fecha de 15 de julio, la vicepresidenta de la CE reconoce que los derechos de propiedad y planificación urbanística son "competencia de los Estados miembros", pero advierte un "posible impacto" de esta ley en el derecho a la libre circulación.

Por ello quiere determinar si la Ley de Costas "cumple plenamente" con los requisitos de la Unión Europea, "incluida la no discriminación por razones de nacionalidad", según la misiva.

Hasta ahora, Bruselas se había negado a intervenir ante las denuncias de vulneraciones del derecho de la propiedad y de abusos urbanísticos en España alegando que carecía de competencias.

La Eurocámara sí ha adoptado varios informes al respecto y en el último incluso amenazaba con congelar los fondos estructurales si no se resuelven los problemas.

http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-espana-replica-reding-no-cierto-ley-costas-sea-discriminatoria-vulnere-normas-europeas-20100927153052.html

NO, LA LEY DE COSTAS NO DISCRIMINA A NADIE, NOS CONFISCAN A TODOS POR IGUAL. ¿QUIÉN SE HA QUEJADO DE DISCRIMINACIÓN?

Los derechos enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales son la dignidad humana, la libertad de expresión, derecho a la intimidad, derecho a la propiedad, la libertad de empresa, la no discriminación, el acceso a la justicia y la equidad en los procesos judiciales.

Supuestamente estos derechos son los pilares en los que se basa la Democracia.

La Sra Reding ha tenido dónde escoger para contactar con las autoridades españolas. Inexplicablemente sólo le ha preocupado un derecho que, precisamente, el gobierno de España no está conculcando. Estamos afectadas 400.000 familas y entre ellas existe un alto porcentaje de extranjeros de todas las nacionalidades. Cuando hacen un deslinde no piden el pasaporte, trazan la raya en el mapa y todos dentro, sin discriminación alguna.

¿Quién se ha quejado de discriminación? Las miles de quejas que el Parlamento Europeo ha recibido se refieren a la confiscación de la PROPIEDAD PRIVADA mediante la aplicación retroactiva y abusiva de la Ley de Costas. Pero si le parecía poco, podía haber pedido explicaciones del porqué la carga de la prueba la tiene el ciudadano (eres culpable mientras no demuestres que eres inocente) y no del Estado (eres inocente mientras no demuestra que eres culpable), o porqué los jueces no valoran las pruebas que se presentan y díctan sentencias vergonzosas.

En cuanto a la equidad....de esto habría muchísimo que hablar. Sentencias como la de Villa PSOE o las Torres Ballester dicen mucho de equidad de los jueces.

Podría preguntar también como es posible que un Tribunal Constitucional (totalmente politizado) diga que es indemnización bastante una concesión de uso y disfrute por 30 años cuando ese derecho es nuestro desde el mismo momento que nos convertimos en propietarios ¿Qué justiprecio es ese? ¿Por qué la Ley de Costas tiene una expropiación especial exisitiendo la Ley de Expropiaciones?

¿Por qué no pide explicaciones sobre la inseguridad juridica, la indefensión.....?

La Sra Reding dice que sólo puede intervenir "si la cuestión afecta a la aplicación del derecho comunitario". Si el derecho a la propiedad privada expoliada injustamente por un gobierno perteneciente a Europa no afecta a la aplicación del derecho comunitario ¿Qué le afecta?

miércoles, 22 de septiembre de 2010

Cambiar la Ley de Costas (ENRIQUE MARTÍN BRAUN)


TAL Y COMO vienen desarrollándose los diferentes procedimientos que la Ley de Costas aplica a lo largo de la costa española, influyendo en el origen de multitud de controversias, hasta el punto de que hoy existen asociaciones de afectados por dicha ley, parece claro que lo más idóneo es... cambiarla. Después del último bochornoso espectáculo de los vecinos que permanecen en Cho Vito al decidir la huelga de hambre como solución al casi inevitable derribo de lo que queda del poblado, las autoridades implicadas (Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento -el alcalde rechazó asistir a la reunión en Madrid-), además de conseguir un exiguo aplazamiento hasta el próximo 30 de noviembre, deben afrontar seriamente el problema (debieron arrostrarlo antes) para buscar una solución definitiva.

Este problema no es exclusivo ni de Cho Vito ni de Igueste de San Andrés ni de El Médano ni de ningún otro asentamiento costero. La decisión que abarque a todos pasa por cambiar la ley, tal y como hizo el Gobierno de entonces al encontrarse con la gran chapuza de la de 1969, que, entre otros disparates, contemplaba la ganancia de terrenos a la mar, la desecación de las marismas y la concesión en propiedad del litoral público. La clase política fue la responsable del espantoso deterioro existente, paisaje que tuvo que sufrir una importante transformación a través de una serie de actuaciones que sirvieron para detener los desmanes extendidos formidablemente. ¿Qué hicieron los ilustres ineptos autores de la ley caciquil? Simplemente, cambiarla por la de 1988, inaugurando una serie de cabreos generalizados (justificados) entre ciudadanos que habían cumplido con la primera de las normas.

Si el ministerio correspondiente cambió la ley de 1969 por la de 1988, ¿qué impide que se acuda a un nuevo cambio para 2011 que calme las aguas embravecidas? Dejemos claro que no estamos pidiendo que el director general de Costas incumpla la ley o que el alcalde de Candelaria lo imite. Las leyes están para cumplirlas. Lo que sucede es que, como sigan así las cosas, muy pronto estarán con el agua al cuello muchos ayuntamientos, que verán cómo en su litoral han surgido trastornos similares. Y tendrán que mojarse. A una ex consejera del gobierno gallego le van a demoler un chalet con piscina situado a 70 metros de la mar. A muchos vecinos de Igueste de San Andrés les ha llegado la terrible comunicación de los dichosos 100 metros, con lo cual, si las autoridades pertinentes no toman cartas en serio, la ley se cargará el pueblo completo, fincas incluidas.

Canarias, principalmente Lanzarote, ha sido la Comunidad más castigada por los especuladores que consiguieron dinero fácil, sobre todo a partir de la década de los sesenta, años de crecimiento desmedido y destrozos del equilibrio natural del ecosistema. El cuarenta por ciento de nuestro litoral se encuentra urbanizado, situación que ha sido denunciada por unos pocos y poco observada por muchos. Las luces rojas se encendieron por culpa de la sobresaturación. A los políticos canarios nada les ha importado que nuestro Archipiélago se apoye en un mundo tan frágil como es el del turismo (cenizas del volcán islandés). Sólo el actual presidente, Paulino Rivero, ha manifestado, sin tapujos ni hipocresías, la principal dedicación que debe recibir la vital industria. Los últimos acontecimientos internacionales han obligado a aterrizar en un mundo que no tiene relación alguna con la opulencia vivida hasta anteayer. Y lo que es peor, esa fragilidad no se retoca eficaz y constantemente (hay algunos casos, pero insuficientes). Apenas aparecen en el horizonte unos trozos de preocupaciones que apuntan sólo a rehabilitaciones de establecimientos y a un olvido total del entorno.

Ahora todos piden playas artificiales y puertos deportivos que, sin embargo, constituyen una de las fórmulas más destructivas de la vida marina (qué pena de Garachico).

Insistimos: la Ley de Costas actual, cómo no, debe respetarse. Pero la Dirección General tiene que tener en cuenta que el territorio canario, por su endeblez, no puede ser tratado con la misma óptica con la que se escudriñan la Costa del Sol o la Costa Brava, por ejemplo. Es cuestión de hablar, de informarse y de poner todos los papeles y los arrestos sobre la mesa. Si la ley de 1969 se cambió, por chapucera, por la de 1988, ésta, también por chapucera, puede modificarse con el buen oficio de nuestras dignísimas autoridades... hasta ahora durmiendo la siesta.

martes, 21 de septiembre de 2010

El PSPV desconoce el nuevo deslinde que el Gobierno del PSOE ha hecho en Dénia

El grupo socialista dice que lo que sabe es por la «prensa» y responsabiliza a la alcaldesa de la desinformación
El PSPV de Dénia denunció ayer la desinformación por parte del pentapartito, y especialmente por alcaldía, sobre el deslinde propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente (también del PSOE) y publicado en el BOP hace tres semanas.
El deslinde afecta a cerca de siete kilómetros de la costa dianense, desde el barranc del Regatxo hasta el Cap de Sant Antoni.
El edil Vicent Grimalt criticó la falta de información por parte de la alcaldesa, Ana Kringe, tras la reunión con la jefa provincial de Costas, y los vecinos de Les Rotes.
El socialista añadió, (sorprendentemente y pese a que el deslinde lo hace el Gobierno, también socialista), que las noticias que tienen son «de lo que hemos leído en la prensa», pero «nosotros no sabemos nada». Grimalt señaló que la única información que tienen es un cedé con «12 planos», pero sin ninguna leyenda donde se explique o «se justifique el deslinde» que ha hecho el Gobierno socialista.
Por ello, el PSPV pidió una reunión con la alcaldesa para saber la información que posee el pentapartito, y criticó la «falta de talla política de Ana Kringe, al no contar, en un tema tan importante, con todas las fuerzas políticas». Además criticó que esté utilizando este tema «como bandera» para defender a los vecinos, y manifestó que el PSPV quiere que se cumpla con la legalidad pero «también está al lado de los vecinos».
Grimalt señaló que solicitarán una reunión de todos los grupos para defender los intereses de Dénia frente al deslinde y otra con el órgano competente para recabar más información y poder defender los intereses de Dénia mediante alegaciones. En este sentido, el socialista instó a la unidad y pidió a la alcaldesa «una reunión para presentar una moción consensuada», ante las alegaciones a presentar desde el Ayuntamiento a este documento, cuyo plazo de presentación se ha ampliado 15 días más. Al respecto, recordó que en agosto de 2007, el pleno aprobó una moción de CU donde se solicitaba al Ministerio un deslinde unitario en todo el término municipal dianense.
Planos
Respecto a la zona de servidumbre de protección, señaló «no entender» por qué en el deslinde hay una zona que pasa de los 20 metros actuales a los 100. En concreto, se trata del área después del restaurante Sendra hasta el final de Les Rotes.
El socialista se preguntó «con qué argumentación» se ha hecho esta modificación que «afectará a muchas propiedades». Sobre el dominio público, Grimalt dijo que se mantiene igual a excepción de la zona entre «los mojones 1 y dos» donde «se retranquea unos 20 metros hacia una zona privada», afectando a una urbanización.
Lo cierto es que la crítica de ayer de Grimalt sorprendió, y mucho, porque es el Ministerio del PSOE, el que hace el deslinde y, según lo dicho por el edil, este no ha remitido información a sus compañeros del partido en Dénia. Quizá por que no la han solicitado aún.
http://www.lasprovincias.es/v/20100921/marina/pspv-desconoce-nuevo-deslinde-20100921.html
Quién no se informa es porque no quiere. Vaya usted a Costas y pida que le den el expediente completo, verá como se lo fotocopian.
Aviso para los alcaldes, concejales y futuros miles de afectados. Les pongo los link de los nuevos deslindes de Alicante .
No quiero ni pensar la que se puede liar. Alicante es una de las provincias donde más extranjeros tienen su residencia permanente y Europa está más que harta de que les quiten las propiedades a sus ciudadanos.
Nuevos deslindes (Alicante sur):
Pilar de la Horadada, Orihuela, Torrevieja,Santa Pola, Alicante y el Campello
(B.O.E nº 111 de 7/5/2010)
Nuevos deslindes (Alicante norte)
Villajoyosa, Finestrat, Benidorm, Altea, Benissa, Teulada, Jávea
(B.O.E. nº 137, 5/6/2010)
Costas está en plan suicida. Como tienen pocos problemas con toda España levantada en armas defendiendose en plan saguntino, ellos, erre que erre, siguen provocando nuevas iras empeñados en confiscárnoslas.

viernes, 17 de septiembre de 2010

El Parlamento pide que se suspendan las demoliciones en poblados costeros

Santa Cruz de Tenerife, 17 sep (EFE).- El pleno del Parlamento de Canarias reclamó hoy al Gobierno de España, con los votos de CC y PP y la oposición del PSOE, que suspenda los derribos en los poblados costeros afectados por la Ley de Costas mientras permanezcan abiertas causas con la justicia.

La propuesta fue presentada por la diputada del PP Cristina Tavío, quien pidió consenso de todos los grupos para evitar que núcleos costeros como el de Cho Vito, en Candelaria (Tenerife), desaparezcan por lo que consideró una mala interpretación en la aplicación de la Ley de Costas.

"No estamos defendiendo el chabolismo ni casas ilegales en la costa, pero las que tengan título de propiedad no se pueden demoler", dijo Tavío.

Afirmó que la ley es interpretable y genera inseguridad jurídica y mientras no se cambie esa ley para dar seguridad jurídica no se debe derribar ni una vivienda, y menos cuando los afectados no tienen dónde vivir y no se les pagan las expropiaciones.

Manuel Fajardo, del PSOE, recordó al PP que no modificaron la Ley de Costas en sus ocho años de gobierno y a CC que fue el Cabildo de Tenerife el que denegó la protección de Cho Vito como bien de interés cultural.

"Vamos a hacer todo lo posible para que se reconozcan los derechos de las personas", dijo Fajardo, pero señaló que el PSOE no puede apoyar una iniciativa que calificó de "barbaridad", además de una incitación a la prevaricación la propuesta de que no se aplique la ley.

Belén Allende, de CC, denunció que existe una "cruzada" para la recuperación del dominio público marítimo terrestre y conseguir "una costa limpia y pura" y "eliminar a los que molestan".

Hay muchas "monstruosidades en el litoral canario a las que no se aplica el mismo trato", dijo Belén Allende, quien reclamó para Canarias la competencia sobre el dominio público marítimo terrestre, ahora en manos de "la metrópoli".

La proposición no de ley pide también al Gobierno de España que garantice "la permanencia y la seguridad jurídica de quienes habitan o desempeñan (sic) en las áreas urbanas costeras de Canarias que reúnan un valor objetivo en materia etnográfica, arquitectónica y/o socioeconómica".

En la iniciativa original se pedía a la Dirección de Costas que renunciara a acciones ejecutivas contra esos núcleos mientras no haya un acuerdo de todas las administraciones, pero fue eliminado porque CC tenía dudas legales sobre que pudiera ser una invitación a la prevaricación. EFE

jueves, 16 de septiembre de 2010

Carmen Gallego recurrirá el auto del Supremo de demoler su vivienda de Vilaboa

La casa que la diputada socialista y ex conselleira de Pesca Carmen Gallego posee en el lugar de Riomaior, en el Ayuntamiento de Vilaboa, con licencia municipal y tras realizar todos los trámites necesarios ya tiene muy pocas opciones de librarse de la demolición. ¿El motivo? Estar edificada a 72 metros del litoral de la Ría de Vigo e incumplir la Ley de Costas.

Esta resolución llega después de 16 años de recursos y litigios judiciales que comenzaron con una denuncia presentada por el colectivo Salvemos Pontevedra el 10 de febrero de 1994 por la supuesta infracción cometida por Carmen Gallego y su marido al construir su vivienda, un chalé con piscina con una superficie de planta de unos 81 metros cuadrados.

La resolución, que deja muy pocas alternativas a Carmen Gallego para librarse de echar a bajo su vivienda, llega ahora del Tribunal Supremo, que en una sentencia del 15 de junio de 2010 declara firme la resolución dictada en 2009 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenando la demolición de la casa por encontrarse a menos de 100 metros del litoral y en una zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.

La sentencia del Supremo ha sorprendido a la conselleira porque en ningún momento se la ha dado el derecho a la defensa y también a los vecinos del lugar de Riomaior, donde está construida la casa, porque recuerdan que en la misma situación que la vivienda de la diputada socialista se encuentran varias decenas de casas más sobre las que no ha recaído el peso de la ley con tanta fuerza.

El alcalde de Vilaboa, José Luis Poceiro, matizó al respecto que "sorprende esta persecución que se está haciendo sobre Carmen (Gallego) cuando hay un centenar de viviendas en este ayuntamiento que se encuentran en esta zona de dominio público marítimo-terrestre. Si este colectivo (Salvemos Pontevedra) persigue este tipo de situaciones, que lo haga a nivel colectivo, no a nivel individual focalizándolo en ella".

El alcalde del municipio recordó que la casa que ahora se ordena demoler tiene licencia municipal y señaló que si finalmente este derribo se lleva a cabo "no sería entendible que a unos sí y a otros no". Eso sí, aseguró que "respeto totalmente las decisiones judiciales".

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/14/galicia/1284458034.html

El Estado propone un deslinde nuevo como vía de solución

La última propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, después de que fracasasen las iniciativas emanadas del Parlamento gallego, es la aplicación de un nuevo deslinde del dominio público marítimo terrestre en Marín. La intención es que en el plazo de alegaciones, abierto actualmente, vecinos, Concello y Xunta acrediten la preexistencia de los núcleos antes de la ley de 1988. Si lo consiguen, entonces Costas procedería a la reducción de la línea de afección, que pasaría de los cien metros actuales de ancho a solo veinte.

Es un trámite largo, que se acordó el otoño pasado en el Congreso de los Diputados y que solo parece que ha cobrado impulso este verano. Precisamente por su dilación en el tiempo y la experiencia de fracasos anteriores, los vecinos no se fían mucho. Méndez, el portavoz de los afectados, recalcó: «Nuestra solicitud era que Costas reconociese que se cometió un error en el trato de la ley con Marín, pero el Gobierno central no aceptó». Ahora, sobre el deslinde resaltó que no le satisface, pero es la única alternativa que ha dejado abierta la Administración central. «Pronto veremos si se nos engaña o si es la solución. Por ahora tenemos cierta desconfianza, pendientes de ver qué pasa», manifestó.

El dirigente vecinal recuerda cómo en otras ocasiones con otras propuestas también se les prometió el fin del problema, para después llevarse un gran chasco cuando las iniciativas eran recurridas en los tribunales o informadas en contra.

lunes, 13 de septiembre de 2010

Los seis vecinos de Cho Vito dejan tras doce días la huelga de hambre

El desespero, los engaños, atropellos y la forma de actuar de las administraciones durante más de cinco años y medio les llevaron a iniciar una huelga de hambre el pasado día uno; el compromiso de los gobiernos central, regional e insular de ampliar, del próximo día 20 al 30 de noviembre, la fecha para que desalojen sus casas y de que las actuaciones en las costas deberán estar consensuadas previamente por las instituciones les impulsaron a abandonar ayer esa huelga de hambre.

"Hemos avanzado mucho, hemos ganado mucho, hemos conseguido 70 días para trabajar y buscar una solución", manifestó el portavoz vecinal, Tomás González, quien sentenció que "no vamos a renunciar ni a mantener en pie las viviendas actuales ni a la reconstrucción de Cho Vito. No es imposible, creemos en ello y vamos a seguir trabajando".

Ya han evitado que el próximo día 20 se convirtiera en un 7 de octubre como el de 2008, cuando comenzó la demolición de 22 casas. Ahora quieren que el 30 de noviembre tampoco desaparezca ninguna de las construcciones existentes. Para ello, tienen claro que Cho Vito debe tener el reconocimiento etnográfico, arquitectónico y pintoresco, debiendo valorarse su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social, tal y como recoge la modificación de las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias sobre la declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.

Tras el encuentro de las administraciones, los vecinos consideran que "las vías políticas y jurídicas están abiertas" para resolver el problema en Cho Vito, añadiendo que "se ha estado jugando" con el argumento de la existencia de una sentencia firme de demolición del poblado. A juicio de los afectados, "hay que pedir responsabilidad jurídica" y que "se abra la vía penal contra los responsables políticos y administrativos".

El gran ausente

La referencia constante en la rueda de prensa que ofrecieron los vecinos para anunciar que dejaban la huelga de hambre 11 días después de iniciarla fue el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, al que definieron como "el gran ausente" y al que reprocharon que estuviera en Madrid para "asistir a un curso, a una reunión de partido o a otra historia" pero no para "demostrar con hechos y no con palabras que nos defiende". Para ello debió estar en la reunión de las administraciones, pero no asistió. "El alcalde no está ahora en condiciones de decidir a quién o no se ayuda. Se ha convertido en un invitado de turno en la solución para Cho Vito", que ya tienen 7.000 firmas en su apoyo.

http://www.eldia.es/2010-09-12/sur/sur10.htm

viernes, 10 de septiembre de 2010

El CCN pide al PSOE que "dé la cara" por Cho Vito y defienda el deslinde de 20 metros

Litoral de Las Caletillas, Candelaria (pulsar en la foto para ampliar y ver claramente la gran injusticia que se está cometiendo) ¿SÓLO INVADE EL DOMINIO PÚBLICO CHO VITO? ¿POR QUÉ SE QUIERE DERRIBAR UNO DE LOS POCOS VESTIGIOS DE ASENTAMIENTO TRADICIONAL CANARIO ? ¿POR QUÉ COSTAS HA SALVADO EL RESTO DE LAS EDIFICACIONES? ¿POR QUÉ HAN DEJADO CONSTRUIR TODA LA ZONA Y ATACAN SALVAJEMENTE A QUIENES CONSTRUYERON RESPETANDO LAS TRADICIONES Y LA NATURALEZA? Demaseadas preguntas sin respuesta.

El Centro Canario Nacionalista (CCN) ha pedido al PSOE de Candelaria y de Canarias que "de una vez por todas dé la cara" por el poblado de Cho Vito tras la ausencia de su alcalde, José Gumersindo García, en la Comisión Mixta a la que han asistido otros representantes de las instituciones tinerfeñas y canarias.

Así se ha manifestado en una nota de prensa el líder del CCN en Candelaria, Sergio Núñez, quien ha vuelto a hacer hincapié en "la singularidad espacial de las Islas Canarias y la nula defensa que de ello han hecho el Ayuntamiento de la Villa Mariana y las instituciones tinerfeñas y canarias".

Núñez ha recordado que en junio de 2008 otro ayuntamiento tinerfeño, en este caso el de Santa Cruz de Tenerife, aprobó una moción en virtud de la cual se instaba al Gobierno de Canarias a que llevara al Congreso de los Diputados la modificación de la Ley de Costas de 1988 para que se mantenga el deslinde antiguo en 20 metros y no se amplíe a los 100 metros, atendiendo a la condición insular de Canarias.

"Es intolerable que el alcalde mire para otro lado, hasta el punto de ni siquiera acudir a una reunión en Madrid, sólo porque unos vecinos defienden lo que consideran suyo. Eso es lo que el alcalde entiende por presión", esgrimió Nuñez.

miércoles, 8 de septiembre de 2010

Los vecinos de Cho Vito sufren las consecuencias de su octavo día de huelga de hambre


Dos vecinas del poblado marinero de Cho Vito, en Tenerife, que se encontraban en plena huelga de hambre han tenido que ser atentidas por los servicios sanitarios tras una bajada de tensión.
Los vecinos del barrio pesquero de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, siguen en huelga de hambre después de que este miércoles se cumpla su octavo día en la calle.

Esta situación, de extrema gravedad, ya ha pasado factura a dos vecinas que durante esta jornada tuvieron que ser trasladadas a un centro sanitario debido a una fuerte bajada de tensión.

A pesar de esto los vecinos aseguran que no cesarán en su lucha por conservar sus hogares en pie. Mientras esperan una respuesta positiva por parte del Gobierno central, de la corporación insular y municipal, la fecha más temida por los vecinos es el día 20 de este mes, cuando si nada lo remedia antes, se procederá al derribo de las viviendas.

Los vecinos del barrio pesquero de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, siguen en huelga de hambre después de que este miércoles se cumpla su octavo día en la calle.

Igueste de San Andrés teme que la Ley de Costas "acabe con medio pueblo"


De los 750 habitantes, la mitad han recibido notificaciones donde se aplica la Ley de 1988 con carácter retroactivo, lo que hará que muchos vecinos pierdan sus casas. José Luis Langa, abogado de los afectados, dice que se ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional y culpa a CC de no haber hecho "los deberes".

José Luis Langa, abogado de los vecinos afectados por el deslinde de Igueste de San Andrés, comentó ayer que ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para que se modifique la Ley de Costas de 1988 con la que el Gobierno estatal pretende aplicar la norma que hará que desaparezca el 50% de la población, lo que representa 22 viviendas y 98 fincas. La población actual es de 750 habitantes y la Ley de Costas afecta desde el litoral cien metros hacia el interior, lo que significa "cargarse" un pueblo.

La pasada semana, los vecinos comenzaron a recibir las notificaciones mediante las cuales se les informaba de que estaban afectados por la Ley de Costas de 1988 y podrían perder sus casas.

Langa recuerda que el pueblo fue asentamiento guanche y que los que tenían que haber aclarado al Ministerio de Medio Ambiente lo que era Igueste de San Andrés no lo hicieron. Ahora, 22 años después de la promulgación de la Ley de 1988, "no se tiene conocimiento real en Madrid de lo que es el pueblo, que ha ido evolucionando y cuenta con iglesia, colegio, cementerio, luz, agua, alcantarillado y carretera, e incluso llegó a tener alcalde pedáneo", afirma el letrado.

El representante legal de los vecinos afectados aclara que, "como no se demuestre ante los jueces que era un núcleo poblacional, con historia y con servicios, lo tenemos mal". Ante el TSJC se celebró ya un juicio que aún no tiene sentencia.

Tras afirmar que en Canarias existen muchos núcleos en la misma situación, "porque estamos en un archipiélago rodeado de agua", indicó que el objetivo es modificar la Ley de Costas o que se aplique el deslinde de 20 metros y no el de 100 como se pretende.

El abogado comentó estar en contacto con la presidenta de la Comisión de Afectados en Europa, Carmen del Amo, y "se está intentando que, a través del Parlamento europeo, se derogue esta ley porque está considerada como confiscatoria, ya que a la propiedad privada que se tenía antes de 1988 no se le puede aplicar la ley con carácter retroactivo, 22 años después". Asimismo, se debe tener en cuenta el artículo 46 de la Constitución Española, el cual dice que se debe proteger el patrimonio cultural y urbanístico, cosa que no se ha hecho y se pueden pedir responsabilidades al gobierno.

Por su parte, Manuel Vera, ex concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz y uno de los afectados por la Ley de Costas, dijo que "estamos afectados por la Ley de Costas y ninguno de los políticos ha dado la talla, haciendo dejación de sus funciones. En cuanto estén cerca las elecciones acudirán a nosotros para pedirnos el voto. Hemos presentado recursos desde 2003 y en 2006 el Gobierno de Canarias nos dijo que Igueste de San Andrés era asentamiento urbano, pero Madrid no lo ve así. Si se quiere pintar una casa, habrá que pedir permiso a Costas. Por un lado, estamos limitados por el Parque Rural de Anaga y ahora, por la Ley de Costas que nos quiere invadir, cada vez nos vamos quedando con menos territorio".

Así Manuel Vera sentenció que "vamos a seguir defendiendo esto mientras nos corra sangre por las venas".

http://www.eldia.es/2010-09-08/tenerife/tenerife1.htm

sábado, 4 de septiembre de 2010

La Audiencia Nacional anula el deslinde del dominio público de Costa Teguise


Costas no justificó adecuadamente la delimitación

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha anulado el deslinde del dominio público marítimo terrestre aprobado por la Dirección General de Costas hace cuatro años que abarca Costa Teguise por incluir terrenos que no estaba justificado que debiesen estar bajo el control del Ministerio de Medio Ambiente.

En concreto, se ha anulado el deslinde entre la zona conocida como ‘El Oriente' y la ensenada de Los Mármoles, un total de 7,4 kilómetros de longitud entre los municipios de Teguise y Arrecife.

El origen de la anulación fue el recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa Realizaciones Inmobiliarias Canarias SA, propietaria del Hotel Galeón Playa de Costa Teguise, ubicado en la avenida del Jablillo, al entender que el deslinde se excedía en su delimitación.

El anterior deslinde de la zona de Costa Teguise data de mayo de 1972 y, en teoría, el de septiembre de 2006 era similar al deslinde previo en las inmediaciones del citado establecimiento turístico.

En el deslinde de Costas del año 2006 se fija el “punto interior más alto alcanzado por las olas en los mayores temporales conocidos”. Sin embargo, la sentencia recalca que la Dirección General no aporta “ninguna documentación, prueba ni informe” para establecer ese límite.

Un informe pericial de la empresa recurrente concluyó que existía “una diferencia de unos 18 o 20 metros de distancia” entre el deslinde de 1972 y el efectuado en 2006, con el añadido de que habían “desaparecido los mojones” que señalaban la delimitación antigua.

El perito “también es contundente en afirmar que el agua del mar no puede llegar” a donde se ha situado el deslinde del dominio público marítimo terrestre. La Audiencia Nacional recalca además que el ministerio no aportó “información suficiente que permita valorar la corrección de la delimitación propuesta”.

“Nada se ha aportado” por parte de la Dirección General de Costas, añade la Sala. Ni estudio de mareas, ni estudio de olas ni estudio geomorfológico “para fundar” el deslinde del dominio público bajo el argumento de que “hasta la zona deslindada se hace sensible el efecto de las mareas”.

http://www.diariodelanzarote.com/2010/09/02/lanzarote04.htm

NO HACE FALTA SER UN EXPERTO JURÍSTA

NI GEÓLOGO, NI INGENIERO....

CON SÓLO CON TENER UNA INTELIGENCIA MEDIA Y OJOS EN LA CARA, SE VE QUE ALGO NO CUADRA.































O LA LEY ESTÁ HECHA PARA PODER ACTUAR A CAPRICHO DE UNOS Y DE OTROS....., O COSTAS CONTRATA INGENIEROS MUY LISTOS PARA UNOS CASOS E INÚTILES PARA OTROS..., O LOS JUECES ESTÁN CIEGOS...PERO, DE UNA U OTRA MANERA SE LLEGA A LA MISMA CONCLUSIÓN:

EN ESPAÑA, LOS DERECHOS UNIVERSALES DEL SER HUMANO SON PURA ILUSION

jueves, 2 de septiembre de 2010

CHO VITO EN HUELGA DE HAMBRE PARA DEFENDER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE EL GOBIERNO NOS ARREBATA CON LA LEY DE COSTAS


Cho Vito está en huelga de hambre para denunciar el derribo de las viviendas que lograron escapar a la piqueta el nefasto día 8/10/2009 conculcando todos los Derechos Constitucionales y Fundamentales del ser humano.
Desde este blog pedimos que todo aquel que lo lea se solidaricen con ellos mandandoles un email a lapeando@hotmail.com
La Ley de Costas es la única ley de Europa que deja en completa indefensión a los ciudadanos al aplicarla retroactiva, arbitraria e injustamente.
HOY SON ELLOS, MAÑANA.......

CHO VITO se declara en el día de hoy en HUELGA DE HAMBRE.

Nos hemos visto obligados a adoptar esta drástica medida por una infinidad de motivos que intentaremos explicar razonadamente para una mayor comprensión de toda la población. No pretendemos causar un sentimiento de compasión hacia nuestra causa, pero si que se tenga la conciencia de que este atropello a nuestros derechos está constantemente vulnerándose tanto por la Demarcación de Costas de Tenerife como por el propio Ayuntamiento de Candelaria que tendría que tener entre sus funciones la defensa de su territorio y de sus habitantes. Este acoso a los habitantes del pueblo marinero de Cho Vito viene produciéndose desde hace ya unos cuantos años, sin respetar unos derechos consolidados y amparados en múltiples leyes y reglamentos, como el derecho a la propiedad privada, a una vivienda digna, etc….

Hay que explicar que cuando el fatídico día 7 de octubre de 2008 se procedió al derribo de 22 de las casas que componían el poblado marinero de Cho Vito, se acordó que las restantes 9 viviendas no se demolerían, por ser primeras viviendas, hasta que estuvieran realojados. Hecho éste que no ha ocurrido y que hace algo mas de un mes se recibieron las cartas de la Demarcación de Costas anunciando el derribo de estas nueve casas a partir del próximo día 20 de Septiembre.

Entre los motivos que nos impulsan a adoptar esta medida, en contra de nuestra voluntad, son los que pasamos a detallar:

1) Vulneración flagrante de todos nuestros Derechos reconocidos en la Constitución Española, en los Tratados Europeos de Derechos Fundamentales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Tratado de Lisboa, etc…

2) Acoso y persecución por parte de la Demarcación de Costas que parece empeñada en eliminar todo lo que le molesta para llevar a cabo las especulaciones inmobiliarias que todos conocemos como puede ser la construcción de los 15 chalets de lujo adosados en el que también se encuentra involucrado el Ayuntamiento de Candelaria.

3) Por la aplicación arbitraria, retroactiva, injusta, asimétrica y caprichosa ley de costas en todo el litoral Canario, especialmente en nuestro pueblo marinero en donde vuelven por segunda vez a pisotear nuestros derechos.

4) Por las graves irregularidades observadas en la tramitación de este expediente desde el principio, y donde venimos a exigir la revisión del mismo y la adopción, si procede, de las medidas judiciales a que hubiese lugar contra los empleados públicos que han llevado a cabo este expediente. Motivo también por el que exigimos la “URGENTE” paralización de los derribos en el pueblo marinero de Cho Vito.

5) Por el caso omiso que desde la Dirección General de Costas, con la Demarcación de Costas de Tenerife al frente, hacen de los acuerdos adoptados en el Parlamento Europeo entre los que están la paralización de todos los derribos, la revisión de los deslindes, la modificación, en su caso, de la Ley de Costas y la aplicación retroactiva y arbitraria de la misma.

6) Por el desamparo político, judicial y social al que nos vemos sometidos en la defensa de nuestros vulnerados, pisoteados e ignorados derechos.

Son todos estos los motivos que nos llevan a tomar esta dramática medida, y queremos reseñar que hoy somos nosotros los que sufrimos esta actuación de la Administración, pero mañana podrá ser cualquier persona la que se vea afectada por actuaciones en las medianías, o incluso dentro de las propias ciudades con los nuevos PGO.

Indicar también el terrible drama social generado por la citada actuación que intenta dejar sin vivienda a nueve familias canarias sin darle opción a nada más que salir de sus casas con lo que puedan llevar en sus manos.

Por todo lo expuesto en este comunicado, solicitamos a todas las Administraciones Públicas implicadas, gobierno de canarias, cabildo insular de Tenerife, dirección general de costas e incluso al Ayuntamiento de Candelaria, la adopción de las siguientes medidas:

a) Paralizaciòn “INMEDIATA” de los derribos de las viviendas del pueblo marinero de Cho Vito, programados a partir del próximo día 20 de septiembre.

b) Revisión del deslinde del tramo del litoral que abarca la playa de Cho Vito.

c) Respeto absoluto a los acuerdos adoptados en el Parlamento Europeo, sobre la aplicación de la ley de costas y seguimiento a las recomendaciones del mismo.

d) Exigir el estricto cumplimiento de la Comisión Mixta Canarias-Estado en la revisión de todo el expediente sobre Cho Vito y en las actuaciones a realizar por parte de la Demarcación de Costas en Tenerife.

e) Aplicación en todos sus términos de la Ley 7/2009 del Parlamento de Canarias, sobre la modificación del texto refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.

martes, 31 de agosto de 2010

Medio Ambiente expropia y protege 9.200 hectáreas de la costa de Doñana


El Gobierno recupera competencias de la Junta andaluza en el parque nacional - El gran deslinde deja en dominio público el palacio en el que veraneó Zapatero
El Ministerio de Medio Ambiente acaba de enviar al Boletín Oficial del Estado el deslinde del litoral del Parque Nacional de Doñana, en Huelva. Generalmente en ese trámite se declara como zona pública exclusivamente la playa y se trata de una pequeña línea en un mapa. Pero en este caso Medio Ambiente ha optado por la vía más proteccionista: el deslinde declara como dominio público marítimo-terrestre unas 9.200 hectáreas del Parque Nacional y se mete hasta 4,8 kilómetros tierra adentro al considerar que todo el cordón de dunas es un sistema único necesario para mantener la playa. El trámite deja sin competencias a la Junta de Andalucía en esa franja, que expropia sin indemnización.

Medio Ambiente continúa con su tarea de deslindar los 10.157 kilómetros del litoral español, un trámite previsto en la Ley de Costas, de 1988. A final de 2009, ya estaba completo el 89,3% de la costa. El porcentaje delimitado ya ronda el 95% tras el impulso de los dos últimos años.

La provincia de Huelva era de las que iba más retrasada, con el 74% de su costa deslindada. Faltaba uno de los deslindes más conflictivos: los 36,8 kilómetros del Parque Nacional de Doñana, desde Matalascañas hasta la desembocadura del Guadalquivir, frente a Sanlúcar de Barrameda.

La ley da una definición muy amplia para el dominio público marítimo terrestre. No hay una distancia, sino que se basa en criterios geológicos. Así, incluye "el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos", "las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan" por las mareas o "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos".

En esas definiciones entra todo el frente litoral de Doñana, con dunas de hasta 32,5 metros. "La playa sigue recogiendo las arenas traídas por el mar y el viento que hace 6.000 años cerraron el estuario del Guadalquivir", señala el informe técnico elaborado por la empresa pública Tragsatec y que ha sido aprobado sin "modificaciones sustanciales", según fuentes conocedoras del trámite.

Ese informe "constata el carácter de dominio público de la totalidad del brazo arenoso, que engloba la playa y las distintas cadenas de dunas hasta llegar a la marisma". Las dunas móviles llegan a engullir árboles enteros al avanzar empujadas por el viento.

Costas aún tiene que deslindar las marismas del interior del paraje, por lo que finalmente incluirá mucho más del parque en el dominio público.

La tramitación de la orden fue muy polémica. La Junta de Andalucía, que gestiona el parque nacional gracias a una sentencia del Constitucional, se opuso. Pero también estaba en contra Parques Nacionales, del propio ministerio, que consideró que solo el primer cordón de dunas debía ser expropiado. Inicialmente ambos departamentos pidieron una tercera opinión, la del catedrático de Granada Miguel Ángel Losada, que se inclinó a favor de Costas al considerar que "el brazo arenoso, sus riberas del lado del mar y del lado del estuario, los caños y las lagunas mareales, los ríos y los arroyos están relacionadas entre sí y forman un sistema físico inseparable". Luego Parques se desmarcó de esta opinión e insistió en retrasar el deslinde.

El tema llegó incluso a La Moncloa, porque la propuesta de deslinde incluye dentro del dominio público el palacio de Las Marismillas, de Patrimonio del Estado y en el que veraneó Zapatero en años anteriores.

Ante la división en el departamento, decidió la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, quien consideró que la declaración de dominio público era la mejor forma de proteger el espacio natural. Así, optó por ampliar todo lo posible el dominio público. El resultado es uno de los mayores deslindes jamás realizados desde que se aprobó la ley, hace más de 20 años, solo comparable a uno en Baleares. La directora general de Costas, Alicia Paz, firmó el deslinde hace unos días y en breve saldrá publicado en el BOE y será oficial. Ante esta declaración cabe recurso, pero Medio Ambiente gana el 89% de los pleitos en la Audiencia Nacional.

La declaración de dominio público supone una "muy singular forma de expropiación", como la definió el Tribunal Constitucional en 1991, en la sentencia en la que avaló la mayor parte de la norma. Los terrenos pasan a ser propiedad del Estado, pero este no paga dinero a los dueños. La compensación es una concesión por 30 o 60 años para mantener allí la actividad existente. Pero no pueden vender el suelo ni construir. Si los terrenos no tienen ningun uso -como ocurre en buena parte del brazo de arena- pasan directamente al Estado al no existir la posibilidad de pedir una concesión.

Aunque parte del suelo ya era público, quedan en el parque propietarios privados. Entre los dueños está la familia Morenés, antigua propietaria del Palacio de las Marismillas. Estos pleitearon y en 2003 el Tribunal Supremo les dio el derecho a ser expropiados por el parque "a la vista de la imposibilidad de desarrollar actividades en su finca", según recoge el BOE. Guillermo Morenés, uno de los propietarios, es el marido de Ana Patricia Botín, presidenta de Banesto.

La zona declarada de dominio público se convierte así en intocable, y cualquier actuación requiere el permiso de Costas. El Ayuntamiento de Matalascañas ha comenzado a reclamar una ruta en todoterreno a través de la playa que una el pueblo con Sanlúcar de Barrameda para no rodear todo el parque. Ahora la aprobación pasará a depender de Costas, mucho más conservacionista y reacia a autorizar actividades sobre la arena.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Medio/Ambiente/expropia/protege/9200/hectareas/costa/Donana/elpepusoc/20100830elpepisoc_2/Tes

¿Álguien se pregunta por qué no fue uno de los primeros deslindes en hacerse, dejándolo para el final? El Estado podría haberse ahorrado la expropiación del Palacio de las Marismillas con ese maravilloso invento del Constitucional llamado "una muy singular forma de expropiación" que, traducido al castellano de toda la vida, sería "confiscación en toda regla", pero los politicos se han vuelto muy cuidadosos con el lenguaje...ahora derribar se llama "esponjar"; sacar una ley que nos va a machacar a todos la denominan "ley de economía sostenible"; destrozar una franja costera por la administraciones lo llaman "ecoparque"...Lo dicho, pongan ustedes delante de cualquier barbaridad "bio" "eco" "sostenibilidad" etc, y nadie se preguntará que hay detrás.

sábado, 21 de agosto de 2010

Gibraltar sigue creciendo por aguas españolas sin que el Gobierno actúe

EL OBJETIVO, CONSTRUIR UNA URBANIZACIÓN DE LUJO

Mientras continúa hablándose de la actuación del Gobierno en la última crisis con Marruecos, este lunes se conoce que Gibraltar sigue ganando terreno al mar a costa de aguas españolas sin que el Ejecutivo español actúe. El objetivo, edificar una macrourbanización de lujo.
Lo cuenta este lunes ABC: ilustrándolo con una fotografía que compara la costa gibraltareña actual y de hace un año, cuando se revelaron las obras, el diario explica que Gibraltar continúa ganando terreno al mar, expandiéndose por aguas de jurisdicción española. Un hecho que recuerda el diario tras revelarse las nuevas presiones contra la Guardia Civil en las costas del Peñón.

Los trabajos para expandirse por el mar, en aguas territoriales españolas, persiguen la construcción de una macrourbanización que incluye 2.200 viviendas de lujo. El proyecto, diseñado por el arquitecto Norman Foster, llevará el nombre Sovereign Bay y su inauguración estaba prevista para 2014. La crisis ha ralentizado los trabajos, pero según el diputado popular José Ignacio Landaluce, las obras, poco a poco, continúan.

"La expansión no se detiene. No está parada", declara el representante de los populares a ABC. Según cuenta, los efectos de las tareas de vertido y relleno de tierras son visibles ya desde la costa española y entran "a diario" camiones para continuar los trabajos. El objetivo para construir el complejo urbanístico, que también incluye la construcción de gasolineras flotantes, es ganar al mar quince hectáreas.

http://www.libertaddigital.com/nacional/gibraltar-sigue-creciendo-por-aguas-espanolas-sin-que-el-gobierno-actue-1276399641/

En Gibraltar saben que nuestro gobierno está muy ocupado confiscando a sus ciudadanos las propiedades costeras como para meterse en un lío diplomático por 15 hectáreas de nada. Su misión es mucho más elevada, histórica diría yo: DEVOLVERNOS A LA EDAD MEDIA cediendo terrenos al mar aunque para ello tengan de destruir miles de viviendas, fábricas, industrias, puestos de trabajo...todo es poco para este gobierno visionario que va al revés del resto del mundo.

Estamos en el siglo XXI y los demás paises miran hacia el futuro mientras el nuestro basa la Ley de Costas en las Partidas de Alfonso X. Así nos va.

viernes, 20 de agosto de 2010

El deslinde de las Salinas afecta a más de 300 propietarios


La delimitación del dominio público marítimo terrestre deja en el aire el desarrollo urbanístico de 2 millones de metros cuadrados en Torrevieja, Guardamar, Rojales y Los Montesinos
El Servicio Provincial de Costas de Alicante ha desbloqueado el deslinde, que estaba paralizado desde 1997, de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa correspondiente al perímetro de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Según publicó ayer el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este trámite administrativo, de carácter provisional y proteccionista, afecta a una superficie de 43.747 metros de longitud entre los términos municipales de Guardamar del Segura, Rojales, Torrevieja y Los Montesinos.
Al menos un total de 275 propietarios de suelo están afectados por esta decisión, lo que incluye desde particulares a empresas o administraciones públicas. A todos ellos se les acaba de informar que tienen un plazo de 15 días para examinar el expediente de deslinde y presentar, en su caso, las correspondientes alegaciones al documento. De igual manera partidos políticos, como es el caso de Izquierda Unida de Torrevieja, se han personados en el expediente y, consecuentemente con ello, también podrán opinar sobre el deslinde.
La actuación de Costas, un organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, tendrá una gran incidencia en numerosos planes urbanísticos situados en las inmediaciones de ambas lagunas, que fueron declaradas por el Consell como Parque Natural. Algunos de estos planes urbanísticos ya están en fase de desarrollo por lo que, incluso, puede anularlo al ser la Ley de Costas de rango superior a cualquier autonómica.
Planes afectados
Especial afección tiene el deslinde en zonas urbanísticas por desarrollar en los términos municipales implicados. Entre ellos destaca la urbanización de "El Raso", en Guardamar del Segura, "Lo Marabú", al sur del término municipal de Rojales o los planes de Lomas del Polo o La Hoya, en la pedanía torrevejense de La Mata.
En total se calcula que existen casi 2 millones de metros cuadrados de terrenos pendientes de su urbanización y que se verán afectados por la declaración de dominio público de Costas.
El deslinde incluye además como zona marítimo terrestre fincas como El Limonar y el Balneario de Lodos de la Punta de La Víbora en Torrevieja -proyectos municipales paralizados desde hace años-, el Hospital USP San Jaime y el Hospital Comarcal de Torrevieja, la carretera nacional 332 o la macro desaladora del Ministerio de Medio Ambiente (que será la segunda más grande del mundo).

Pendiente desde 1997
El BOP publicado ayer es complementario del de fecha 25 junio 2009, donde se anunció el archivo del expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre correspondiente a las lagunas de La Mata y Torrevieja, autorizado por la entonces Dirección General de Costas con fecha 13 de junio de 1997.
En él se autorizaba al Servicio de Costas realizar el expediente de deslinde del tramo citado, que ahora ha visto la luz y se encuentra en exposición pública.
En estos momentos continúa vigente el artículo 12.5 de la Ley de Costas, por lo que están suspendidos la otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público y en la zona de servidumbre de protección hasta que se dicte la resolución del expediente, por lo cual ninguno de los cuatro ayuntamientos puede conceder licencia de obras en los terrenos afectados por el deslinde de Costas.

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2010/08/19/deslinde-salinas-afecta-300-propietarios/1036563.html

jueves, 19 de agosto de 2010

CHO VITO, LA OTRA CARA DE LA LEY DE COSTAS

La Ley de Costas que está actualmente en vigor se aprobó en 1988 con el fin de regular la situación inmobiliaria del litoral español, donde en los años del boom turístico se construyeron miles de apartamentos y cientos de hoteles literalmente "a pie de playa".
La entonces Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, inició su cruzada particular contra este tipo de construcciones, amenazando con destruir todo tipo de edificaciones situadas a menos de 100 metros del litoral, incluso con carácter retroactivo.
La Ley de Costas es muy ambigua. Pero lo que está claro es que la legislación española prohíbe la retroactividad. Es algo anticonstitucional.



El caso Cho Vito es, ante todo, injusto, sangrante e innecesario. Cho vito es un poblado marinero de la costa del municipio tinerfeño de Candelaria. Me gusta Cho Vito. Lo he visitado por tierra y lo he admirado por el mar. Para nada afea la costa de la isla, es más, la embellece. Si hay algo que afea la zona son las dos torres inmensas de una industria.
Las familias que habitan el Cho Vito llevan más de 50 años en viviendas adosadas, juntas unas a otras, como si quisieran ampararse entre todas ante un peligro que le viene en forma de Ley injusta. Curioso es, que esta gente llevan pagando todos los impuestos referente a su propiedad inmobiliaria durante toda su vida. Los recaudadores respectivos no muestran ningún signo de "ilegalidad" del inmueble, a la hora de cobrar sus impuestos. Las entidades financieras no han dudado en conceder hipotecas a esas presuntas viviendas "ilegales". Escrituras de propiedad totalmente legalizadas e inscritas en el registro correspondiente.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Candelaria, lejos de defender a sus vecinos ante una esperpéntica Ley, parece el principal promotor del derrumbe del barrio marinero. ¿Por qué el señor alcalde no declaró zona de interés turístico al poblado marinero, evitando así el derrumbe de esas viviendas? Existen precedentes en el mismo municipio, el de Punta larga, donde una sentencia de la Audiencia Nacional obliga a cambiar el trazado de deslinde marítimo. ¿Por qué no intentó el Ayuntamiento de Candelaria aplicar la ley Canaria que protege a los núcleos costeros con valores etnográficos y culturales, donde a todas luces se puede incluir el Cho Vito? ¿Qué mano negra está detrás de todo este turbio asunto? ¿Quién o quienes tienen intereses inmobiliarios en la zona? El tiempo nos dirá que, nuevamente, se utilizan las leyes con otros fines muy distintos para lo que fue creada.

Existen precedentes en toda la geografía del Estado Español. El ejemplo en la Barceloneta, se derribaron multitud de chiringuitos mientras se construía el Hotel Vela a menos de 20 metros de la playa. En todo caso, ¿por qué no se empieza a demoler los grandes hoteles situados dentro de la zona costera y que, a todas luces, infligen la Ley de Costas?
A instancias de los más de 200.000 afectados en toda España, la Comisión Europea ha tomado a parte en el bochornoso espectáculo. La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó en Bruselas que las peticiones de los afectados por la Ley española de Costas, entre ellas la de los vecinos del poblado marinero de Cho Vito (Tenerife), se mantengan "abiertas" y decidió enviar una carta a la Comisión Europea y otra al Gobierno español para que respondan a las acusaciones.
En este sentido, la presidenta de ésta comisión europarlamentaria, la italiana Erminia Mazzonni, después de escuchar a los peticionarios y a eurodiputados de la mayoría de los Grupos, los cuales, a excepción de Socialistas y Demócratas, se mostraron a favor de vigilar la aplicación de la Ley de Costas en España ante la "arbitrariedad y asimetría" con la que estimaron que se ejecuta.
Mientras tanto a nosotros, los canarios sólo nos queda estar ¡Todos juntos con los nuestros del Cho Vito!

http://www.laopinion.es/firmas/2010/08/19/cho-vito/299998.html

miércoles, 18 de agosto de 2010

Destruccionismo a toda costa (Gabriel Calzada)


Dios los cría y ellos se juntan. Políticos y ecologistas radicales intentan gobernar nuestras vidas a toda costa y forman actualmente la coalición destruccionista más peligrosa para la libertad individual.

Ludwig von Mises, según Milton Friedman el mayor defensor del liberalismo en el siglo XX, llamaba destruccionismo a la interferencia política en la vida económica de los ciudadanos.

En las últimas tres décadas el destruccionismo ha encontrado un perfecto caldo de cultivo en el movimiento radical ecologista que considera el progreso humano y al propio ser humano como el principal problema ambiental. Desde las propuestas de crisis económicas inducidas (denominadas por ellos mismo políticas de "crecimiento cero") hasta las políticas misantrópicas que promueven la reducción del tamaño de la población con medidas "aparentemente brutales", el movimiento ecologista se ha destacado por luchar contra el ser humano y la mejora de su medio ambiente al tiempo que lanza campañas de marketing en las que se presenta como un movimiento redentor.

En este contexto hay que enmarcar el nuevo informe de Greenpeace en el que la organización se muestra molesto con que el 44% de la población española viva en municipios costeros. A Greenpeace no le gusta que vivamos cerca del mar. Claro que tampoco le gusta que vivamos en las montañas ni cerca de parajes naturales de ningún tipo. Es evidente que a la organización ecologista lo que le gustaría es decirnos dónde y cómo podemos vivir, algo que ya hacen en alguna medida prohibiendo la urbanización de grandes extensiones del territorio y presionando para prohibir multitud de actividades, productos y servicios, así como obligándonos a consumir otros que no nos interesan.

En este nuevo panfleto de la organización también descubrimos que a los guerreros verdes no le gusta el turismo porque habitualmente está relacionado con estancias cerca del litoral y porque, según ellos, tiene una escasa rentabilidad. ¿De qué quieren que vivamos entonces en España? Quizá piense que era mejor dedicarse a la agricultura biológica o a otras actividades subvencionadas. Pero para que vivamos de cuentos verdes alguien tendrá que subvencionarnos con el fruto de producir cosas que la gente quiera realmente. ¿Quién será? No queda claro porque el destruccionismo sólo se ocupa de eso, de destruir a base de prohibiciones lo que funciona sin necesidad de coacción y de prometer un mundo mejor diseñado por un grupo de sabios verdes. No les importa que los españoles hayan preferido la rentabilidad del turismo, por baja que pueda ser su rentabilidad en algunos casos, a sus alternativas ecologistas.

También les molesta que el 60% de las playas estén en entornos urbanizados. Parece que el hecho de que las playas estén a mano y puedan ser disfrutadas por los seres humanos supone un problema para estos autoproclamados defensores del medio ambiente.

La manía de alejar al ser humano de la costa ha echado raíces en los partidos políticos españoles. Hace cinco años la entonces ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona ya emprendió una campaña en contra de la mala costumbre de los españoles de querer vivir cerca de la costa y de las playas. Sus discursos coincidieron con la compra de Zapatero de un chalecito a pie de playa en Almería. También en el PP se relacionan de forma extraña con la costa. El ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas disfrutó de su gran casa delante el mar y con una piscina en zona marítimo terrestre mientras su Ministerio se dedicaba a expropiar a quienes disfrutaban de la costa de forma similar.

Dios los cría y ellos se juntan. Políticos y ecologistas radicales intentan gobernar nuestras vidas a toda costa y forman actualmente la coalición destruccionista más peligrosa para la libertad individual.

Gabriel Calzada Álvarez es doctor en Economía y presidente del Instituto Juan de Mariana

Pués contra los edificios que aparecen en las fotos no les he oido alzar su voz. Inmensas moles levantadas en terrenos ganados al mar y regalados graciosamente al ayuntamiento de la capital.
Para el que aún no lo conozca , se trata del litoral de Barcelona. La Ley de Costas para ellos no existe, ni las pantallas arquitectónicas, ni la especulación del litoral...Para Barcelona, todas las bendiciones y el Dominio Público, con el silencio cómplice de politicos y ecologístas; para el resto de España, derribos inminentes de pueblos marineros como Cho Vito o El Puig y confiscaciones en masa de propiedades totalmente legales mediante una aplicación retroactiva, abusiva y arbitraria de la Ley de Costas.
¿Como puede denominarse a un país donde las leyes de ejecutan a capricho e intereses de los gobernantes? Sólo existe una definición: REPUBLICA BANANERA.

viernes, 13 de agosto de 2010

La alcaldesa de Granadilla considera que detrás de los derribos de Cho Vito se esconden intereses especulativos

Afirma que no es legítimo que se prive a unas personas que llevan viviendo toda la vida en Cho Vito porque una persona que vive en Madrid se le ocurra pensar que el poblado afea y afecta al proyecto que en el futuro quiera hacerse en esos terrenos.
Carmen Nieves Gaspar, alcaldesa de Granadilla de Abona, analizó en el programa La Trapera de Radio San Borondón la problemática suscitada por la Ley de Costas, concretamente la actuación de la administración estatal en el poblado marinero de Cho Vito, que considera de barbaridad e injusticia, para afirmar que lo ocurrido es un abuso contra personas humildes que está segura que no se hubiera producido de hablar de algo que afectara a una gran cadena hotelera o a una persona poderosa.
Carmen Nieves Gaspar, tras reconocer que al no encontrarse en su municipio sus valoraciones sobre el problema de Cho Vito sobrepasan sus competencias, afirmó desde el punto de vista personal que las decisiones y actuaciones realizadas contra los ciudadanos de este poblado marinero han sido una barbaridad y una injusticia muy grande cometida contra personas humildes.

Entiende que la cuerda siempre se rompe del lado del más débil, ya que está convencida de que si estuviéramos hablando de un problema que afectara a una gran cadena hotelera o de chalets de determinadas personas con un patrimonio muy considerable no se hubieran soltado las palas como se hizo en octubre de 2008.

Desde su punto de vista, hay cuestiones que aunque sean legales, aunque en el caso de Cho Vito duda de la legalidad en la actuación de Costas, no son nada legítimas, porque no puede ser legítimo privar a unas personas que llevan viviendo toda la vida en una casa en dicho poblado marinero por el simple hecho de que una persona que vive en Madrid se le haya ocurrido en un momento determinado pensar que el poblado afeaba y afectaba al proyecto que en el futuro quiera hacerse en los terrenos que hoy ocupan Cho Vito.

La dirigente de CC se pregunta qué se esconde detrás del derribo de Cho Vito y qué intereses han promovido su destrucción, porque Costas siempre pone como excusa la construcción de un paseo para derribar viviendas porque no están pegados al mar, pero justo detrás de esos paseos se construyen urbanizaciones preciosas en donde determinados personajes obtienen importantes beneficios a pesar de la que está cayendo, algo inimaginable pero factible en cuanto vuelva a despuntar la construcción.

jueves, 12 de agosto de 2010

Un maremoto sobre Igueste


Todos los vecinos del pueblo están afectados, de una u otra forma, por el nuevo deslinde que engulle a más de un centenar de propiedades entre fincas y casas
La decisión de la Dirección General de Costas de fijar el nuevo deslinde de Igueste con una anchura de cien metros ha supuesto un auténtico maremoto. Una gigantesca ola que ha engullido a su paso a más de un centenar de propiedades entre fincas y viviendas que quedan a partir de ahora en un limbo urbanístico. No existe prácticamente ningún vecino que no se vea afectado de una u otra forma por esta medida. El que no tiene una finca o casa que de pronto ha quedado dentro del dominio público, es familiar de alguien que se encuentra en esta situación. Y si no simplemente se solidariza con los demás vecinos del pueblo.

Los términos utilizados van desde "barbaridad" hasta "atraco". Así lo define José Miguel Cruz Vera, quien desde hace años se ha hecho cargo de un terreno situado junto a la playa que es propiedad de unos familiares suyos que residen en Cuba. Se trata de una de las 98 fincas y 22 casas que han pasado a estar dentro del dominio público y cuyo valor prácticamente se ha reducido a cero.

Cruz Vera considera increíble que hasta el antiguo faro o semáforo, como allí lo llaman, y el cementerio de Igueste hayan pasado a ser propiedad del organismo estatal. Por poco metros ocurre lo mismo con la iglesia, construida hace ya más de un siglo, como bien recuerda una placa. Desde que Costas empezó a hacer pública su intención de aumentar la zona de servidumbre, los vecinos comenzaron a movilizarse y a defenderse ante los juzgados. La mayoría de ellos sólo tienen como patrimonio su vivienda o una finca situada en el pueblo. Si Costas las engulle, se quedan prácticamente con lo puesto. "Nos han dicho que nuestras propiedades pierden valor y que así es imposible hacer nada, menos aún venderlas. Esto nos parece una barbaridad a todos", indica este vecino.

Etnográfico
Alberto Navarro sólo reside en el pueblo durante el verano. Su vivienda no está afectada, pero así y todo se solidariza con los demás. "Me parece increíble lo que han hecho. Este pueblo tiene muchos años de antigüedad. En la parte de abajo de la playa hay unas ruinas de lo que fue la empaquetadora de una productora de plátano. Tiene un gran valor etnográfico. Lo mismo ocurre con el cementerio, pero parece que a nadie le importa", dice. Su propia casa tiene entre 70 y 80 años. Por el contrario, Costas, en el informe sobre el que fijó este deslinde, consideraba que el origen de Igueste fue "casual".

La parte del pueblo que se ha visto más afectada por esta decisión es lógicamente la que se encuentra en la esquina izquierda de la playa. Aquí se sitúa una decena de edificaciones, alguna de las cuales alberga casas rurales destinadas al turismo. A la derecha también existen otras tantas viviendas situadas sobre un roque. Luego hay casi un centenar de pequeñas fincas frente a la playa que también son engullidas por Costas.

El propietario de dos de estas huertas s es Felipe Rodríguez Álvarez. "Esto ya es casi todo de ellos. Entre la declaración del Parque Rural de Anaga, con la que nos quitaron lo que teníamos en el monte, y lo de Costas ahora, nos han dejado sin nada".

Este vecino heredó la propiedad de sus padres. No sólo tiene un valor económico, sino también sentimental, ya que durante muchos años estos campos fueron la forma de supervivencia de su familia. "Aquí no hay ni ley ni justicia", concluye.

Desde 1969 hasta hace pocos años, la zona de servidumbre estaba fijada en 20 metros de anchura. Con la aplicación de la nueva legislación, se ha aumentado hasta 100. La decisión originó un auténtico revuelo en el pueblo y a partir de aquí se ha generado un ir y venir de litigios judiciales a veces difícilmente entendibles para estos vecinos y que han ocasionado gastos hasta ahora inesperados. Por ejemplo, Agustín Gil Cruz ha tenido que pagar ya 300 euros en abogados. El deslinde de Igueste ha llegado ya ante la Audiencia Nacional y probablemente hará lo propio ante el Tribunal Supremo (TS).

El Gobierno canario intentó echarles una mano a los vecinos declarando urbano el núcleo, pero la decisión fue recurrida por Costas y ahora permanece anulada de forma cautelar hasta que se resuelva este cruce de recursos y contrarecursos, lo que podría alargarse todavía durante varios años.

En todo este tiempo, los vecinos verán como sus propiedades permanecen congeladas, su valor es mínimo y la posibilidad de ejecutar obras se limita al máximo. Gil Cruz es propietario de una huerta. Considera "totalmente exagerado" que en una isla como Tenerife se aplique una zona de servidumbre tan amplia que llega a engullir casi todo el pueblo. "Eso está bien para la Península, pero aquí no tiene ningún sentido. Lo que al final pase aquí no lo veré yo. Esto quedará para mis hijos y no sé si para mis nietos". Todos estos vecinos han participado en multitud de reuniones, si bien es difícil comprender lo que se les antoja incomprensible.