Ha estado en su puesto ILEGALMENTE hasta el 1/10/2010 sin ningún problema. ¡¡Menuda estafa!!
CESE
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/02/pdfs/BOE-A-2010-15132.pdf
Presidente CARMEN DEL AMO, tf 626 823 246. e-mail: perjudicadoporcostas@yahoo.es // Vicepresidente 1º JON ITURRIBARRIA // Vicepresidente 2º GUILLERMO CASANOVA
A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.
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La foto lo dice todo. Vean las grandes torres levantadas al lado, esas no se toca. (Foto El País)
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"Estamos dispuestos a ofrecer toda la información que sea necesaria porque, desde luego, no es cierto lo que se está planteando", ha declarado la ministra a la salida de una reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la UE.
Espinosa ha subrayado que la ley española fue aprobada hace "muchos años" y "garantiza los derechos a todos los ciudadanos", además de no tener "nada que ver" con el movimiento de personas en la UE.
En opinión de la ministra, las dudas de Reding tienen que ver con "información distorsionada de lo que es la realidad" y por ello España responderá "tan pronto como podamos" con datos sobre la "igualdad de derechos" de todos los ciudadanos europeos y extracomunitarios que viven en el país.
En este sentido, Espinosa ha dicho que "no es la primera carta" que recibe por parte del Ejecutivo comunitario y que en el pasado hubo un "intento" para que responsables de su departamento comparecieran ante la Eurocámara y que volverán a intentarlo "para que todo el mundo conozca la verdad", ha dicho.
En su carta, Reding pide a la ministra Espinosa datos adicionales sobre el número de extranjeros afectados por las expropiaciones derivadas de la Ley de Costas, cómo se ha tenido en cuenta que los bienes fueron adquiridos "de buena fe" y las soluciones judiciales que tienen estos ciudadanos.
En el documento, con fecha de 15 de julio, la vicepresidenta de la CE reconoce que los derechos de propiedad y planificación urbanística son "competencia de los Estados miembros", pero advierte un "posible impacto" de esta ley en el derecho a la libre circulación.
Por ello quiere determinar si la Ley de Costas "cumple plenamente" con los requisitos de la Unión Europea, "incluida la no discriminación por razones de nacionalidad", según la misiva.
Hasta ahora, Bruselas se había negado a intervenir ante las denuncias de vulneraciones del derecho de la propiedad y de abusos urbanísticos en España alegando que carecía de competencias.
La Eurocámara sí ha adoptado varios informes al respecto y en el último incluso amenazaba con congelar los fondos estructurales si no se resuelven los problemas.
NO, LA LEY DE COSTAS NO DISCRIMINA A NADIE, NOS CONFISCAN A TODOS POR IGUAL. ¿QUIÉN SE HA QUEJADO DE DISCRIMINACIÓN?
Los derechos enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales son la dignidad humana, la libertad de expresión, derecho a la intimidad, derecho a la propiedad, la libertad de empresa, la no discriminación, el acceso a la justicia y la equidad en los procesos judiciales.
Supuestamente estos derechos son los pilares en los que se basa la Democracia.
La Sra Reding ha tenido dónde escoger para contactar con las autoridades españolas. Inexplicablemente sólo le ha preocupado un derecho que, precisamente, el gobierno de España no está conculcando. Estamos afectadas 400.000 familas y entre ellas existe un alto porcentaje de extranjeros de todas las nacionalidades. Cuando hacen un deslinde no piden el pasaporte, trazan la raya en el mapa y todos dentro, sin discriminación alguna.
¿Quién se ha quejado de discriminación? Las miles de quejas que el Parlamento Europeo ha recibido se refieren a la confiscación de la PROPIEDAD PRIVADA mediante la aplicación retroactiva y abusiva de la Ley de Costas. Pero si le parecía poco, podía haber pedido explicaciones del porqué la carga de la prueba la tiene el ciudadano (eres culpable mientras no demuestres que eres inocente) y no del Estado (eres inocente mientras no demuestra que eres culpable), o porqué los jueces no valoran las pruebas que se presentan y díctan sentencias vergonzosas.
En cuanto a la equidad....de esto habría muchísimo que hablar. Sentencias como la de Villa PSOE o las Torres Ballester dicen mucho de equidad de los jueces.
Podría preguntar también como es posible que un Tribunal Constitucional (totalmente politizado) diga que es indemnización bastante una concesión de uso y disfrute por 30 años cuando ese derecho es nuestro desde el mismo momento que nos convertimos en propietarios ¿Qué justiprecio es ese? ¿Por qué la Ley de Costas tiene una expropiación especial exisitiendo la Ley de Expropiaciones?
¿Por qué no pide explicaciones sobre la inseguridad juridica, la indefensión.....?
La Sra Reding dice que sólo puede intervenir "si la cuestión afecta a la aplicación del derecho comunitario". Si el derecho a la propiedad privada expoliada injustamente por un gobierno perteneciente a Europa no afecta a la aplicación del derecho comunitario ¿Qué le afecta?
TAL Y COMO vienen desarrollándose los diferentes procedimientos que la Ley de Costas aplica a lo largo de la costa española, influyendo en el origen de multitud de controversias, hasta el punto de que hoy existen asociaciones de afectados por dicha ley, parece claro que lo más idóneo es... cambiarla. Después del último bochornoso espectáculo de los vecinos que permanecen en Cho Vito al decidir la huelga de hambre como solución al casi inevitable derribo de lo que queda del poblado, las autoridades implicadas (Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento -el alcalde rechazó asistir a la reunión en Madrid-), además de conseguir un exiguo aplazamiento hasta el próximo 30 de noviembre, deben afrontar seriamente el problema (debieron arrostrarlo antes) para buscar una solución definitiva.
Este problema no es exclusivo ni de Cho Vito ni de Igueste de San Andrés ni de El Médano ni de ningún otro asentamiento costero. La decisión que abarque a todos pasa por cambiar la ley, tal y como hizo el Gobierno de entonces al encontrarse con la gran chapuza de la de 1969, que, entre otros disparates, contemplaba la ganancia de terrenos a la mar, la desecación de las marismas y la concesión en propiedad del litoral público. La clase política fue la responsable del espantoso deterioro existente, paisaje que tuvo que sufrir una importante transformación a través de una serie de actuaciones que sirvieron para detener los desmanes extendidos formidablemente. ¿Qué hicieron los ilustres ineptos autores de la ley caciquil? Simplemente, cambiarla por la de 1988, inaugurando una serie de cabreos generalizados (justificados) entre ciudadanos que habían cumplido con la primera de las normas.
Si el ministerio correspondiente cambió la ley de 1969 por la de 1988, ¿qué impide que se acuda a un nuevo cambio para 2011 que calme las aguas embravecidas? Dejemos claro que no estamos pidiendo que el director general de Costas incumpla la ley o que el alcalde de Candelaria lo imite. Las leyes están para cumplirlas. Lo que sucede es que, como sigan así las cosas, muy pronto estarán con el agua al cuello muchos ayuntamientos, que verán cómo en su litoral han surgido trastornos similares. Y tendrán que mojarse. A una ex consejera del gobierno gallego le van a demoler un chalet con piscina situado a 70 metros de la mar. A muchos vecinos de Igueste de San Andrés les ha llegado la terrible comunicación de los dichosos 100 metros, con lo cual, si las autoridades pertinentes no toman cartas en serio, la ley se cargará el pueblo completo, fincas incluidas.
Canarias, principalmente Lanzarote, ha sido la Comunidad más castigada por los especuladores que consiguieron dinero fácil, sobre todo a partir de la década de los sesenta, años de crecimiento desmedido y destrozos del equilibrio natural del ecosistema. El cuarenta por ciento de nuestro litoral se encuentra urbanizado, situación que ha sido denunciada por unos pocos y poco observada por muchos. Las luces rojas se encendieron por culpa de la sobresaturación. A los políticos canarios nada les ha importado que nuestro Archipiélago se apoye en un mundo tan frágil como es el del turismo (cenizas del volcán islandés). Sólo el actual presidente, Paulino Rivero, ha manifestado, sin tapujos ni hipocresías, la principal dedicación que debe recibir la vital industria. Los últimos acontecimientos internacionales han obligado a aterrizar en un mundo que no tiene relación alguna con la opulencia vivida hasta anteayer. Y lo que es peor, esa fragilidad no se retoca eficaz y constantemente (hay algunos casos, pero insuficientes). Apenas aparecen en el horizonte unos trozos de preocupaciones que apuntan sólo a rehabilitaciones de establecimientos y a un olvido total del entorno.
Ahora todos piden playas artificiales y puertos deportivos que, sin embargo, constituyen una de las fórmulas más destructivas de la vida marina (qué pena de Garachico).
Insistimos: la Ley de Costas actual, cómo no, debe respetarse. Pero la Dirección General tiene que tener en cuenta que el territorio canario, por su endeblez, no puede ser tratado con la misma óptica con la que se escudriñan la Costa del Sol o la Costa Brava, por ejemplo. Es cuestión de hablar, de informarse y de poner todos los papeles y los arrestos sobre la mesa. Si la ley de 1969 se cambió, por chapucera, por la de 1988, ésta, también por chapucera, puede modificarse con el buen oficio de nuestras dignísimas autoridades... hasta ahora durmiendo la siesta.
Santa Cruz de Tenerife, 17 sep (EFE).- El pleno del Parlamento de Canarias reclamó hoy al Gobierno de España, con los votos de CC y PP y la oposición del PSOE, que suspenda los derribos en los poblados costeros afectados por la Ley de Costas mientras permanezcan abiertas causas con la justicia.
La propuesta fue presentada por la diputada del PP Cristina Tavío, quien pidió consenso de todos los grupos para evitar que núcleos costeros como el de Cho Vito, en Candelaria (Tenerife), desaparezcan por lo que consideró una mala interpretación en la aplicación de la Ley de Costas.
"No estamos defendiendo el chabolismo ni casas ilegales en la costa, pero las que tengan título de propiedad no se pueden demoler", dijo Tavío.
Afirmó que la ley es interpretable y genera inseguridad jurídica y mientras no se cambie esa ley para dar seguridad jurídica no se debe derribar ni una vivienda, y menos cuando los afectados no tienen dónde vivir y no se les pagan las expropiaciones.
Manuel Fajardo, del PSOE, recordó al PP que no modificaron la Ley de Costas en sus ocho años de gobierno y a CC que fue el Cabildo de Tenerife el que denegó la protección de Cho Vito como bien de interés cultural.
"Vamos a hacer todo lo posible para que se reconozcan los derechos de las personas", dijo Fajardo, pero señaló que el PSOE no puede apoyar una iniciativa que calificó de "barbaridad", además de una incitación a la prevaricación la propuesta de que no se aplique la ley.
Belén Allende, de CC, denunció que existe una "cruzada" para la recuperación del dominio público marítimo terrestre y conseguir "una costa limpia y pura" y "eliminar a los que molestan".
Hay muchas "monstruosidades en el litoral canario a las que no se aplica el mismo trato", dijo Belén Allende, quien reclamó para Canarias la competencia sobre el dominio público marítimo terrestre, ahora en manos de "la metrópoli".
La proposición no de ley pide también al Gobierno de España que garantice "la permanencia y la seguridad jurídica de quienes habitan o desempeñan (sic) en las áreas urbanas costeras de Canarias que reúnan un valor objetivo en materia etnográfica, arquitectónica y/o socioeconómica".
En la iniciativa original se pedía a la Dirección de Costas que renunciara a acciones ejecutivas contra esos núcleos mientras no haya un acuerdo de todas las administraciones, pero fue eliminado porque CC tenía dudas legales sobre que pudiera ser una invitación a la prevaricación. EFE
La casa que la diputada socialista y ex conselleira de Pesca Carmen Gallego posee en el lugar de Riomaior, en el Ayuntamiento de Vilaboa, con licencia municipal y tras realizar todos los trámites necesarios ya tiene muy pocas opciones de librarse de la demolición. ¿El motivo? Estar edificada a 72 metros del litoral de la Ría de Vigo e incumplir la Ley de Costas.
Esta resolución llega después de 16 años de recursos y litigios judiciales que comenzaron con una denuncia presentada por el colectivo Salvemos Pontevedra el 10 de febrero de 1994 por la supuesta infracción cometida por Carmen Gallego y su marido al construir su vivienda, un chalé con piscina con una superficie de planta de unos 81 metros cuadrados.
La resolución, que deja muy pocas alternativas a Carmen Gallego para librarse de echar a bajo su vivienda, llega ahora del Tribunal Supremo, que en una sentencia del 15 de junio de 2010 declara firme la resolución dictada en 2009 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenando la demolición de la casa por encontrarse a menos de 100 metros del litoral y en una zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.
La sentencia del Supremo ha sorprendido a la conselleira porque en ningún momento se la ha dado el derecho a la defensa y también a los vecinos del lugar de Riomaior, donde está construida la casa, porque recuerdan que en la misma situación que la vivienda de la diputada socialista se encuentran varias decenas de casas más sobre las que no ha recaído el peso de la ley con tanta fuerza.
El alcalde de Vilaboa, José Luis Poceiro, matizó al respecto que "sorprende esta persecución que se está haciendo sobre Carmen (Gallego) cuando hay un centenar de viviendas en este ayuntamiento que se encuentran en esta zona de dominio público marítimo-terrestre. Si este colectivo (Salvemos Pontevedra) persigue este tipo de situaciones, que lo haga a nivel colectivo, no a nivel individual focalizándolo en ella".
El alcalde del municipio recordó que la casa que ahora se ordena demoler tiene licencia municipal y señaló que si finalmente este derribo se lleva a cabo "no sería entendible que a unos sí y a otros no". Eso sí, aseguró que "respeto totalmente las decisiones judiciales".
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/14/galicia/1284458034.htmlEl desespero, los engaños, atropellos y la forma de actuar de las administraciones durante más de cinco años y medio les llevaron a iniciar una huelga de hambre el pasado día uno; el compromiso de los gobiernos central, regional e insular de ampliar, del próximo día 20 al 30 de noviembre, la fecha para que desalojen sus casas y de que las actuaciones en las costas deberán estar consensuadas previamente por las instituciones les impulsaron a abandonar ayer esa huelga de hambre.
"Hemos avanzado mucho, hemos ganado mucho, hemos conseguido 70 días para trabajar y buscar una solución", manifestó el portavoz vecinal, Tomás González, quien sentenció que "no vamos a renunciar ni a mantener en pie las viviendas actuales ni a la reconstrucción de Cho Vito. No es imposible, creemos en ello y vamos a seguir trabajando".
Ya han evitado que el próximo día 20 se convirtiera en un 7 de octubre como el de 2008, cuando comenzó la demolición de 22 casas. Ahora quieren que el 30 de noviembre tampoco desaparezca ninguna de las construcciones existentes. Para ello, tienen claro que Cho Vito debe tener el reconocimiento etnográfico, arquitectónico y pintoresco, debiendo valorarse su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social, tal y como recoge la modificación de las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias sobre la declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.
Tras el encuentro de las administraciones, los vecinos consideran que "las vías políticas y jurídicas están abiertas" para resolver el problema en Cho Vito, añadiendo que "se ha estado jugando" con el argumento de la existencia de una sentencia firme de demolición del poblado. A juicio de los afectados, "hay que pedir responsabilidad jurídica" y que "se abra la vía penal contra los responsables políticos y administrativos".
El gran ausente
La referencia constante en la rueda de prensa que ofrecieron los vecinos para anunciar que dejaban la huelga de hambre 11 días después de iniciarla fue el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, al que definieron como "el gran ausente" y al que reprocharon que estuviera en Madrid para "asistir a un curso, a una reunión de partido o a otra historia" pero no para "demostrar con hechos y no con palabras que nos defiende". Para ello debió estar en la reunión de las administraciones, pero no asistió. "El alcalde no está ahora en condiciones de decidir a quién o no se ayuda. Se ha convertido en un invitado de turno en la solución para Cho Vito", que ya tienen 7.000 firmas en su apoyo.
http://www.eldia.es/2010-09-12/sur/sur10.htm