El Supremo confirma las sentencias que recortaban el deslinde de Costas en Ortiguera y El Espín (Coaña)

El Tribunal Supremo ha dado por finalizadas las contiendas judiciales entre el Ayuntamiento de Coaña y la Demarcación de Costas en Asturias, dando la razón al consistorio, que solicitaba la liberación de los conjuntos urbanos de Ortiguera y El Espín de la línea que delimita la servidumbre de protección de costas, situándola a 20 metros frente a los 100 metros que pretendía la Administración del Estado.

Los hechos se remontan al año 2006 cuando se aprobaron dos Ordenes ministeriales por las que se deslindaba el Dominio Público Marítimo Terrestre en las zonas de El Espín y Ortiguera afectando a buena parte de las edificaciones existentes y eliminando la posibilidad edificatoria de otras parcelas que, en virtud del planeamiento, era aptas para su edificación ante su evidente carácter urbano.

Desde entonces, el Ayuntamiento trabajó en defensa de los vecinos interponiendo sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional que fueron defendidos por el abogado de Gijón David Bernaldo de Quirós, experto en materia de Costas, siendo dictadas en el año 2008 y 2009 dos Sentencias por la Audiencia Nacional por las que se estimaban los recursos municipales de reducir las líneas de servidumbre de protección a 20 metros ante el carácter urbano de ambas zonas antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas.

Frente a dichas Sentencias, la Administración General del Estado interpuso dos recursos de casación que finalmente y, tras más de tres años de espera, han sido resueltos por el Tribunal Supremo manteniendo el sentido estimatorio de aquéllas Sentencias de la Audiencia Nacional, según los fallos a los que ha tenido acceso Europa Press.

Con ello, el Ayuntamiento ha visto satisfechas sus pretensiones y las de los vecinos que eran contrarios a la inclusión de sus terrenos en zona de especial protección, lo que impedía disponer de los terrenos conforme a su naturaleza urbana.

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3879246/04/12/el-supremo-confirma-las-sentencias-que-recortaban-el-deslinde-de-costas-en-ortiguera-y-el-espin-coana.html

Tomás González (Cho Vito) denuncia un nuevo atropello contra los derechos de su familia

Han sido enjuiciados tras una denuncia de Tracsa por ofender sus derechos al libre acceso a sus viviendas y podrían ser castigados con una pena de 3.700 euros

Audio de la entrevista
SB-Noticias.- Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, explicó en La Trapera de Radio San Borondón cómo transcurrió el juicio contra los vecinos que recientemente paralizaron las obras que se están llevando a cabo en la zona para impedir que continuaran destrozando la entrada a sus viviendas y afirma que es antidemocrático que se haya admitido a trámite la denuncia de Tracsa y que se asuma la petición de castigo solicitada por dicha empresa contra los vecinos cuando quienes han visto vulnerados sus derechos han sido los vecinos.

Tomás González dijo que parece que el hecho de luchar y defender los intereses de los ciudadanos convierte a los propios ciudadanos en “delincuentes” y en personas “antisistema” porque si no, no tiene sentido que se enjuicio como ha ocurrido a unos sencillos vecinos que solamente han defendido sus derechos.

Recuerda que a través de los medios de comunicación presentes cuando los vecinos impidieron que la maquinaria siguiera trabajando porque se les impedía el libre acceso y salida a sus viviendas el pasado 30 de enero quedó patente que la actitud de los vecinos fue ejemplar e indica que no por ser más sencillos y tener menos recursos económicos tienen menos derechos que otros ciudadanos, vivan en la Avenida de Anaga, Puerto de la Cruz, Las Américas o cualquier otro lugar a los que siempre se les garantiza el derecho de libre acceso a sus viviendas cuando se llevan a cabo obras, cosa que estaba siendo vulnerado en Cho Vito el día de autos.

El portavoz vecinal se mostró indignado con la petición de la Fiscalía, que hace suya la petición de Tracsa, para que los vecinos sean duramente condenados por un delito que en caso de existir ha sido en todo caso perpetrado por esa empresa contra los habitantes del poblado por vulnerar su derecho al libre ejercicio de circulación por la vía pública y el de libre acceso a sus viviendas.

Desde su punto de vista, todo este proceso es un nuevo atropello contra los vecinos de Cho Vito, porque no tiene lógica ninguna que se lleve a cabo este juicio cuando la empresa que ha impedido el acceso a sus viviendas fue obligada posteriormente a reponer el paso para que los habitantes de las casas de Cho Vito puedan acceder libremente al lugar.

González explica que Tracsa, que vulneró sus derechos constitucionales al romper el camino e impedir que los vecinos pudieran entrar y salir libremente de sus viviendas, reclama ante la justicia una pena de 3.700 euros por supuestos daños ocasionados a la empresa cuando han sido la empresa la que en todo caso ocasionó daños a la zona y a los vecinos, como así fue reconocido por el alcalde de Candelaria al obligar a que se arreglara el atropello que se estaba cometiendo.

Tras añadir que en las diligencias de la denuncia hay trece personas identificadas, dijo que un agente de la guardia civil que amedrentó a su esposa Montse ha salido de rositas de este asunto y sin embargo los vecinos, que únicamente defendieron sus derechos constitucionales, pueden salir condenados con una pena de una cuantía que no van a poder asumir.

Denuncia el ensañamiento de Tracsa contra su familia, puesto que la denuncia se limita a él, su mujer e hijos, que han sido los únicos llamados a declarar pese a que había muchas personas en la problemática, razón por la que se pregunta cuándo tendremos una verdadera justicia en las islas, tras lo que contesta que ese día llegará cuando los poderosos no tengan la sartén por el mango y manden incluso en la propia Justicia.

Tomás González afirma que en el atestado de los hechos aparecen trece personas identificadas, sin embargo Tracsa en su denuncia va solamente a por su familia, lo cual pone de manifiesto una persecución que sólo busca acabar con ellos y amedrentar al pueblo para que sea sumiso.

http://www.sanborondon.info/content/view/42581/1/

El Tribunal Supremo "golpea" a La Santa y establece el deslinde marítimo en 100 metros

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de casación interpuestos por el Gobierno de Canarias y por el Ayuntamiento de Tinajo sobre el deslinde marítimo en La Santa. Así, ha fijado este deslinde en 100 metros, algo contrario a las pretensiones del Consistorio que siempre ha defendido que La Santa era “un núcleo urbano” y, por tanto, tenía que fijarse el dominio público marítimo-terrestre a 20 metros.

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de 5 de marzo de 2008 estimó parcialmente la demanda del Ayuntamiento de Tinajo y anuló el trazado de la línea de deslinde aprobada por orden ministerial en 2006. Esta orden fijaba la servidumbre de protección en 20 metros en el núcleo urbano de La Santa. Sin embargo, la Abogacía del Estado presentó un recurso de casación contra la sentencia, que aseguraba que no se “ajustaba a derecho”.

El Tribunal Supremo le ha dado la razón ahora a la Abogacía del Estado, ya que considera que La Santa no era un “área urbana” antes de La ley de Costas de 1988. De esta manera, el Tribunal rechaza el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), que declaraba “área urbana” al núcleo poblacional de La Santa.

Esta sentencia del Tribunal Supremo ha enfadado mucho este martes al alcalde, Jesús Machín. “La Santa reúne condiciones de núcleo urbano y a lo mejor el Gobierno de Canarias no ha sabido explicarlo. Es de vergüenza la Ley de Costas. Es de vergüenza que Costas esté en contra de un pueblo”, ha señalado Machín. “Encima no tenemos ningún canario que los tenga bien puestos y nos defienda en la península”, ha indicado en Radio Lanzarote.

“Estoy cabreado. Al final va a tener mejor solución Tenésara que La Santa. Que los de Costasse vayan a freír espárragos, porque son abusadores de los pueblos, unos maltratadores. Por el pueblo de La Santa lucharé hasta con mi última gota de sangre, iré a Europa y a donde haga falta. Porque es la razón, ya me he envenenado por la mañana. Esto es un abuso”, ha manifestado.

“¿Cómo le explico yo a un vecino que su casa de La Santa no está legal y, sin embargo, ve a hoteles construidos dentro de las playas?”, “¿Cómo lo hago?”, se ha preguntado muy enfadado Jesús Machín.

http://www.lavozdelanzarote.com/article68145.html

Cristina Narbona confirmó en 2005 que el hotel Algarrobico no violaba la Ley de Costas

Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Ocupación de parte del dominio público marítimo-terrestre para la construcción de un hotel en Cabo de Gata (Almería). (184/053565)

Presentado el 05/12/2005, calificado el 13/12/2005

184/053565

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Lara Carbó, Teresa de (GP).

Respuesta del Gobierno:

En relación con la información solicitada, se señala que el hotel en construcción al que se refiere Su Señoría no está situado sobre el dominio público marítimoterrestre.

Fuera del dominio público marítimo-terrestre y de la zona de servidumbre de tránsito, que es la situación de las obras en cuestión, las competencias de gestión no corresponden al Ministerio de Medio Ambiente.

El Ministerio de Medio Ambiente entiende que la construcción de este volumen edificatorio supone un importante perjuicio para la integridad de un tramo litoral que se caracteriza por su alto interés ambiental y paisajistico, y por ello pretende iniciar un proceso para revertir y reconducir la situación hacia alternativas que sean compatibles con los valores naturales esenciales de la zona.

Consecuentemente con ello, está trabajando en un proyecto para la restauración y recuperación ambiental y paisajistica de la zona, que a su vez sea compatible con el libre acceso y el disfrute de la costa por todos, para los usos comunes en el litoral, como marcan la Ley de Costas y el interés general.

El procedimiento a seguir para alcanzar este objetivo es activar lo previsto en la disposición adicional 3.a de la Ley de Costas, que otorga al Ministerio de Medio Ambiente la potestad de adquirir terrenos de la zona de servidumbre de protección para integrarlos en el dominio público marítimo-terrestre, ensanchando así la franja demanial en la costa con objeto de reforzar su protección.

El problema que hoy plantea la construcción del hotel de Algarrobico, no se hubiera producido de haberse hecho el deslinde a tiempo. Se indica que el deslinde se autorizó en el año 1995 y el primer acto de apeo data de 1997. Frente a la inacción de Gobiernos anteriores, que hubiera evitado la construcción 

en la zona de protección establecida en la Ley de Costas, este Gobierno se ha visto obligado a hacer frente a la situación creada por la desidia de sus predecesores.

Madrid, 9 de enero de 2006.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes

¿Qué es lo que ha sucedido en estos 7 años para que una construcción, en este caso el hotel Algarrobico, pase de estar dentro de la ley, a estar fuera de ella? 

Qué existe una ley, la Ley de Costas que permite ser hoy legal y mañana ilegal; estar en servidumbre de protección y tener que ser expropiado, a estar de Dominio Público y ser confiscado y derribado.

¿Quién puede estar seguro en país donde, dependiendo de los caprichos o intereses de unos gobernantes, te encuentres de la noche a la mañana que tu propiedad, tu inversión ha desaparecido y estás en la ruina? 

¿Qué Estado de Derecho permite que, mediante un deslinde en 1995, autorice una construcción y en 2005, ¡¡diez años después!!, hagan uno nuevo para evitar tener que expropiar y justificar ¿legalmente? una confiscación con la inestimable ayuda de los jueces que no ven inseguridad jurídica, ni retroactividad, ni arbitrariedad, ni despojo en los vaivenes de una ley injusta? 

Ninguno. Por eso, donde ocurren estas cosas se les califica de repúblicas bananeras.

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_333.PDF#page=214

Extranjeros dueños de casas ilegales creen 'peligrosísimo' comprar en Andalucía

Los extranjeros propietarios de viviendas ilegales en la comarca de la Axarquía han afirmado que se sienten engañados por todos los estamentos que están relacionados con la construcción, y eso ha dado lugar a que otros compatriotas no tengan confianza para invertir en España, ya que consideran que "comprar una vivienda en Andalucía es peligrosísimo".

El presidente de la asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA) -Salvemos Nuestros Hogares, en español-, el británico Philip Smalley, ha manifestado a Efe que hay muchos extranjeros que quieren invertiren España mediante la compra de casas, pero no lo hacen porque no tienen confianza en el sistema jurídico.

"Por ejemplo, comprar una vivienda en Andalucía es peligrosísimo y esto no es una sorpresa para otros extranjeros porque son informaciones que han salido publicadas en nuestros países de origen", ha explicado Smalley, que considera que mientras no se dé confianza al sistema, se van a perder inversiones para Andalucía.

Ha señalado que la trama descubierta recientemente en Málaga que modificaba fraudulentamente el Catastro a cambio de comisiones ilegales para hacer creer a los interesados en comprar suelo -principalmente extranjeros- que podían construir legalmente cuando en realidad eran parcelas no urbanizables constituye "un engaño más".

"Nos sentimos engañados por todos, por la Junta, ayuntamientos, promotores, constructores, abogados o notarios, y no tenemos confianza en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la Ley de Costas o el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía", ha indicado.

Smalley, que es concejal del PA en el Ayuntamiento de La Viñuela, ha señalado que el caso de la Axarquía es diferente al de otros puntos de España, ya que todos los socios de SOHA han construido sus casas con la correspondiente licencia otorgada por los ayuntamientos.

"Cuando teníamos las licencias no sabíamos realmente cómo estaba el suelo, pero está claro que eran terrenos abandonados donde no valía la pena cultivar y era mejor hacer casas, ya que de esta manera, los ayuntamientos podían obtener ingresos por el Impuesto de Bienes Inmuebles", ha argumentado.

El presidente de SOHA ha rechazado nuevamente la figura de asimilado a fuera de ordenación que ha incluido la Junta en el decreto aprobado el pasado enero para la regularización de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable.

Ha argumentado que esta figura no les da ninguna garantía jurídica porque en un futuro "pueden hacer lo que quieran" con sus viviendas, y ha declarado que no están haciendo nada con respecto a este decreto a la espera del resultado de las elecciones autonómicas de mañana.

NUEVOS DESLINDES: SANTA POLA Y EL CAMPELLO (ALICANTE)

SANTA POLA (Alicante)

DESLINDE DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRAMO DE COSTA DE UNOS SIETE

MIL CIENTO CINCUENTA (7.150) METROS, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NORTE DEL TÉRMINO MUNICIPAL, COMPRENDIDO ENTRE EL LÍMITE CON EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ELCHE Y EL PUERTO DE SANTA POLA (EXCLUÍDO), EN

EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA POLA (ALICANTE). (Ref. DES01/11/03/0002)

Con fecha 14 de diciembre de 2011, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por delegación de la Excma. Sra. Ministra ha resuelto:
«Autorizar al Servicio Provincial de Costas en Alicante la incoación del expediente de deslinde del dominio público marítimoterrestre del tramo de costa de unos siete mil ciento cincuenta (7.150) metros, correspondiente al tramo norte del Término Municipal, comprendido entre el límite con el Término Municipal de Elche y el puerto de Santa Pola (excluido), en el Término Municipal de Santa Pola (Alicante).»
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/03/21-03-12.pdf 

EL CAMPELLO (Alicante)

DESLINDE DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRAMO DE COSTA DE UNOS

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS (18.800) METROS, CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE

EL CAMPELLO (ALICANTE). (Ref. DES01/11/03/0001)

Con fecha 14 de diciembre de 2011, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por delegación de la Excma.

Sra. Ministra ha resuelto: «Autorizar al Servicio Provincial de Costas en Alicante la incoación del expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos dieciocho mil ochocientos (18.800) metros, correspondiente a la totalidad del Término Municipal de El Campello (Alicante).»

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/03/21-03-12.pdf 

Parece ser que la ministra Aguilar ha dejado firmado todos los deslindes antes de marcharse para  que la gente se acordara de ella de por vida. 

Lo que no se entiende es que el día 22/2/2012, en el Senado todos los Grupos PolÍticos (menos PSOE) acordaron instar al Gobierno a cancelar todos los actos administrativos en espera de la próxima modificación de la Ley de Costa.

Ya pueden instar al Gobierno lo que quieran que mientras mantengan a los mismos personajes que colocó el PSOE en las Demarcaciones de Costas, es como si el PSOE siguiera gobernando. Están haciendo de su capa un sayo.

Si en vez de funcionarios, fueran empleados de una empresa privada, su despido sería fulminante, porque el conflicto que van a generar va a ser grande. 

El Ministro diciendo públicamente que hay que dar seguridad jurídica y sus subordinados haciendo todo lo contrario. ¡Así va España!

La UE investigará la queja de Playas Norte de Dénia por la mala gestión del litoral

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido aceptar a trámite la queja que presentó la asociación Playas Norte de Dénia en octubre del pasado año por la mala gestión del litoral. De hecho, ha decidido solicitar a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre los distintos aspectos del problema planteados por el colectivo.

El malestar de los vecinos viene de lejos y sus reclamaciones para luchar contra la regresión del litoral norte de Dénia han ido cobrando intensidad con el tiempo. Incluso llegaron a pedir en agosto del pasado año la dimisión del entonces director general de Costas, Pedro Antonio Ríos Martínez.

Este colectivo anunció que llevaría su denuncia sobre la situación del litoral norte de Dénia hasta el Parlamento Europeo si era necesario. Tras agotar todas las vías de protesta y no obtener una respuesta satisfactoria de los organismos nacionales, en octubre de 2011 remitieron su queja al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.

Ese mismo mes el Consistorio dianense mostró su apoyo a la reivindicación de la asociación. El documento trasladado a Bruselas recoge también la solicitud de que se termine el proyecto de regeneración de las playas de l'Almadrava y Les Deveses. Además insiste en la necesidad de dar una solución a la «grave degradación» que afecta a estas dos playas y a l'Estanyó.

Asimismo, la queja de la asociación Playas Norte incidía en la necesidad de una reforma en profundidad de la Ley de Costas y en que debían suspenderse los deslindes y paralizarse los nuevos expedientes hasta que el litoral no recobre el estado que tenía antes de las actuaciones realizadas por el Estado.

El colectivo denunció ayer que la administración ambiental española, pese a saber que Bruselas había recibido la queja, «ha continuado, impasible, con su decidida política de actuaciones contrarias a los intereses ambientales de las playas de Dénia y de Els Poblets, a pesar de las denuncias y reclamaciones de los vecinos».

Entre ellas, destaca que las gravas del Girona se las han llevado de nuevo a Xàbia. También recriminó que las playas regresivas de Dénia «continúan todas en un estado de total abandono ambiental».

http://www.lasprovincias.es/v/20120323/marina/investigara-queja-playas-norte-20120323.html  

Concello y vecinos alegarán el deslinde de los núcleos litorales

Los cuatro grupos municipales de la corporación celebraron ayer una reunión conjunta con los representantes de las distintas plataformas de los núcleos del litoral marinense de Mogor, Aguete, Loira, Casas y Teoira, afectados por la Ley de Costas de 1988. En este encuentro, presidido por la alcaldesa María Ramallo, se dio cuenta del camino que se ha avanzado hasta ahora para distinguir el contenido que figura en el Planeamiento que cuenta con el informe preceptivo y vinculante de Costas del Estado, y el expediente del trámite administrativo de realizar un nuevo deslinde del tramo de toda la costa contenida en el término municipal de Marín.

Durante la reunión se analizaron los planos facilitados por el Servicio Provincial de Costas comprobando los asistentes que, después de estudiadas las alegaciones presentadas por los vecinos y por la Administración Municipal, coinciden con los que se contienen en el documento del planeamiento, pero sigue manteniendo la línea situada a 100 metros para los núcleos y las franjas costeras en los que no se consiguió la rebaja a los 20 metros.
Según indicó la propia alcaldesa al término de la reunión, "desde la comisión, y estando todos los implicados de acuerdo, se realizará en este tramite de audiencia la presentación de una alegación desde el Ayuntamiento que siga recogiendo la pretensión planteada en la que fue estimada en parte, no renunciando a poder justificar en base a la consolidación que justifica el documento técnico y posibilitar la reducción en las otras zonas que fueron demandadas y para ello se elaborará el texto que, de forma unánime e institucional, presentará el Concello de Marín y trasladará a los vecinos un texto similar para que, de manera individualizada aportando los documentos relativos a sus correspondientes parcelas, puedan presentarla en esos términos".
María Ramallo destaca el carácter de unanimidad en la idea de todos los asistentes a la reunión respecto al criterio en el planteamiento de la alegación para conseguir la consolidación y la base de los núcleos existentes antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

Positivo balance de las plataformas de Litoral
Las plataformas vecinales de los distintos núcleos de litoral afectados por las normativas de deslinde, concretamente de las zonas de Mogor, Aguete Loira, Casás y Teoira, consideran positivo el hecho de que la corporación municipal vaya a presentar una alegación al procedimiento de deslinde durante la exposición pública del documento ya que, aunque se reconoce parte de los reclamado y se le da la razón a los vecinos, no se hace, en cambio en su totalidad. En este sentido, Enrique Méndez, portavoz del múltiple colectivo vecinal afectado, considero que "siempre es bueno seguir recordando que la reclamación del Ayuntamiento de Marín sigue optando por el reconocimiento pleno de todos los núcleos existentes y aceptando que esta es una solución parcial, se insiste en que se dé una solución global a todos los núcleos pues en estos momentos se quedaría Teoira y Casás fuera del reconocimiento como una parte importante de Loira y Aguete".

Méndez insistió en valorar el contenido y el acuerdo tomado en la reunión de ayer y adelantó que las distintas plataformas van a presentar alegaciones, como lo harán muchas de las personas que las formas a título personal.
El portavoz de las plataformas apuntó finalmente que en la reunión no hubo ninguna discrepancia salvo que el BNG volvió a reclamar que se pida al Gobierno que retire el recurso ante el Constitucional del Decreto López Veiga y la Ley de Vivenda, aunque no se tuvo en cuenta esta petición.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2012/03/21/concello-vecinos-alegaran-deslinde-nucleos-litorales/634154.html

Laredo aboga por resolver los deslindes aplicando la jurisprudencia favorable

Aseguran "que se podrían resolver más de la mitad de las afecciones en Cantabria sin esperar a su modificación"

 Resolver la mayoría de los problemas causados en Cantabria por la Ley de Costas es posible sin esperar a su necesaria modificación, entre ellos, el de una amplia franja que transcurre por la zona del Regatón pejino.

Lo aseguran en el Ayuntamiento laredano. Dicen que bastaría con abordar los deslindes en trámite que tienen pendiente responder las alegaciones y establecer para su resolución criterios interpretativos acordes a la Constitución, que garanticen el respeto a los principios de irretroactividad, interdicción de la arbitrariedad, igualdad en la legalidad y seguridad jurídica.

Ésta es la propuesta que el alcalde de Laredo, Ángel Vega, y la letrada jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento pejino, Mari Paz Villalobos, trasladaron ayer a la diputada por Cantabria, Ana Madrazo, con el objetivo de intentar solucionar una problemática que mantiene en vilo a miles de empresas y particulares de toda España. 

 

Para ello, abogan por constituir un grupo de trabajo que integre al Ministerio de Medio Ambiente, al Gobierno de Cantabria y a los Ayuntamientos afectados para abordar cada caso en concreto al amparo de la amplia jurisprudencia vigente. "Para la solución de los problemas que genera la Ley de Costas en Cantabria no hay una sola vía, su modificación, sino que hay otra vía, que de momento no estamos tomando, que es resolver los deslindes en trámite y que tienen pendiente la resolución de las alegaciones", explicó Ángel Vega. 

 

A este respecto, el mandatario pejino recordó que desde el 2010 existe una amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en tres sentencias establece la exclusión de los terrenos del dominio público deslindados al amparo del artículo 4.5 de la Ley de Costas, "cuando la transformación sea irreversible". Un argumento que vale tanto en el caso de las concesiones como, aún más claro, en el caso de las propiedades privadas afectadas por dicha ley. 

 

Tanto Vega como Villalobos volvieron a denunciar la "arbitrariedad" en la aplicación práctica de una Ley que, sin salir de Cantabria, ha manejado unos criterios para incluir unos terrenos en dominio público en un deslinde, y esos mismos criterios se han usado en otros deslindes próximos para excluir otros terrenos. En febrero de 2011 fueron aprobados los deslindes de Laredo y Noja y posteriormente, en octubre y noviembre, los de Marina de Cudeyo y Camargo. 

 

Todos ellos fueron objeto de alegaciones, que en muchos casos aún están sin responder. "Hay muchos problemas que se pueden resolver por una vía jurídica. No nos quedemos parados, tomemos la iniciativa de ir resolviendo los problemas, uno por uno. Que la gente afectada pueda respirar tranquila. Un montón de empresas y puestos de trabajo que ahora mismo ven su futuro muy condicionado, verían borrarse los problemas de un plumazo".

 

Contradicción

A juicio de los representantes laredanos, lo más alarmante ha sido constatar cómo en el presente mes de marzo diversos afectados han recibido resoluciones desestimatorias de recursos de reposición interpuestos frente a los citados deslindes. Dichas resoluciones chocan frontalmente con la moción aprobada por el Senado el pasado 22 de febrero. En dicho acuerdo, adoptado a instancias del PP, con el respaldo de varios grupos de la Cámara Alta, se instaba a "paralizar las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, hasta que se pueda modificar dicha ley, cancelando todos los actos administrativos y que se allanen en los procedimientos en curso, al objeto de conciliar más adecuadamente la defensa de la integridad física y el uso público del dominio público marítimo terrestre con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta Ley". 

http://www.eldiariomontanes.es/20120320/local/castro-oriental/laredo-aboga-resolver-deslindes-201203202103.html

La Audiencia Nacional anula un tramo del deslinde de Costas de Sant Antoni aprobado en 2007

El tribunal da la razón a una propietaria de Cala Salada que alegó que no estaba justificada la delimitación

La Audiencia Nacional ha dado la razón a una propietaria de Sant Antoni y ha obligado al Ministerio de Medio Ambiente a anular un tramo del deslinde de Costas aprobado en 2007 para dejar la línea tal y como estaba en 1971.
Según se detalla en la sentencia, la recurrente, que tiene tres fincas en la zona de Cala Salada, alegó que no estaba justificada la delimitación que se aprobó en 2007 para la costa de Sant Antoni en lo que se refiere a su terreno porque consideraba que hasta ahí no llegan los temporales y prueba de ello es que «existen plantaciones desde hace muchos años con especies arbóreas que no se han estropeado». Es por eso por lo que considera que la línea de deslinde debe situarse más hacia el mar donde no exista vegetación.
Según el tribunal, la prueba pericial «exhaustiva» realizada en la zona revela que las olas, incluso en los mayores temporales, no alcanza la costa al haber un acantilado de 10 metros. Asimismo, el islote sa Conillera situado frente a Cala Salada hace que los temporales del sur no tengan incidencia en esta zona del litoral pitiuso.

«Poco convicente»
La Audiencia Nacional llega a decir que esta completa prueba pericial aportada durante el litigio «desvirtúa las genéricas afirmaciones y poco convicentes estudios en los que se basa la Administración», y remarca que en la coronación del acantilado hay muchas zonas cubiertas con vegetación gimnosperma que indican que el mar no afecta para nada ese lugar.
Por todo ello, la Audiencia Nacional anula el deslinde de 2007 en estos terrenos, situados entre los hitos 444 y 448.

http://ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias/local/la-audiencia-nacional-anula-un-tramo-del-deslinde-de-costas-de-sant-antoni-aprobado-en-2007.html

“Las sentencias del Supremo son firmes, y el litoral de Agache es urbano”

El alcalde aclara que la decisión del Supremo publicada ayer obliga a repetir una sentencia del TSJC sobre un acuerdo de la COTMAC, pero no invalida su decisión sobre El Tablado y La Puente

 El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, ante las informaciones aparecidas en prensa sobre una sentencia del Supremo en las que obliga a repetir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por motivos formales de procedimiento, ha declarado que “las sentencias del Supremo sobre El Tablado y La Puente son firmes sin ningún género de dudas, y falta una tercera sentencia sobre La Caleta y Punta Prieta, pero son expedientes idénticos y espero que tenga el mismo resultado”.

Yanes recuerda que en su día, el Ministerio de Medio Ambiente interpuso un recurso Contencioso Administrativo frente a la Comunidad Autónoma de Canarias solicitando la impugnación del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 6 de febrero de 2007, por el que se reconocía a los núcleos poblacionales de: Punta Prieta, La Puente, La Caleta y el Tablado como núcleos con consolidación propia de suelo urbano con anterioridad al 29 de julio de 1988. Este recurso se tramitó ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, y se personaron también, aunque no estaban demandados, el Ayuntamiento de Güímar y el Cabildo Insular de Tenerife, sosteniendo la validez del acuerdo impugnado.

El alcalde afirma que el TSJC dictó Sentencia con fecha 29 de mayo de 2009 desestimando el recurso interpuesto por el Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Costas, que entendió que el acto administrativo recurrido había ganado firmeza, lo que impedía un pronunciamiento de dicho Tribunal sobre el fondo del mismo, o dicho de otra forma, “el recurso presentado por el Ministerio de Medio Ambiente se había presentado fuera de plazo”.

Frente a esta Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Ministerio de Medio Ambiente, interpuso un recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, y éste último, ha dictado Sentencia con fecha 23 de febrero de 2012, que es la que se ha publicado esta semana, en la que se ordena al Tribunal Superior de Justicia de Canarias a que someta a la consideración de las partes personadas la cuestión relativa a la presentación fuera de plazo del recurso contencioso administrativo. 

En definitiva, señala el alcalde, lo que ordena el Tribunal Supremo “es una cuestión formal, que dicho en un lenguaje llano supone que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, vuelva a dictar Sentencia y que previamente a hacerlo le dé audiencia a las partes personadas en el procedimiento: Ministerio de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Güímar y Cabildo de Tenerife, para que aleguen lo que estimen conveniente respecto a la presentación fuera de plazo del recurso Contencioso presentado por el Ministerio”.

Por último, Rafael Yanes ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos del litoral de Agache diciéndoles que las sentencias del Supremo son firmes y que espera que el resultado para La Caleta y Punta Prieta sean favorables al Ayuntamiento.

http://www.canariasactual.com/2012/03/15/las-sentencias-del-supremo-son-firmes-y-el-litoral-de-agache-es-urbano/

El TS 'pone en la picota' 800 viviendas de Güimar

El Alto Tribunal anula el fallo del TSJC que determinaba que cuatro núcleos costeros tenían consideración de suelo urbano.

 

El Tribunal Supremo (TS) ha dado marcha atrás en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había liberado a alrededor de 800 casas situadas en el municipio de Güímar de los efectos de la ley de Costas. El Supremo acaba de emitir una sentencia por medio de la cual anula el fallo del Tribunal canario que había determinado que los núcleos de Punta Prieta, La Puente, La Caleta y El Tablado tenían consideración de suelo urbano y por lo tanto el ancho de la zona de protección costera se reducía de 100 a 20 metros.

El TSJC había avalado así la decisión tomada en el año 2007 por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que al igual que ocurrió en otros puntos de la isla del Archipiélago pretendía salvar a estos enclaves de los efectos de la ley estatal al declarar que tenían las características de urbanos antes de su entrada en vigor. Esto es que contaban con los servicios de alcantarillado, suministro de agua, acceso rodado, electricidad y urbanización consolidada antes del año 1988.

La sentencia a favor de los vecinos se basó en el error cometido por la Dirección General de Costas de haberse dirigido a la Consejería de Políica Territorial del Gobierno de Canarias y no a la Cotmac para solicitar la anulación del acuerdo tomado por este último organismo. Una equivocación que se intentó resolver presentando este recurso ante el Supremo que ahora ha ordenado que todo el proceso vuelva al principio y el TSJC se pronuncie de nuevo sobre la legalidad o no del acuerdo de la Cotmac declarando urbano estos enclaves. El Supremo considera que Costas ha sido víctima de "indefensión" al no haber podido reparar el error cometido ante el TSJC.

Esta nueva sentencia significa un varapalo para los vecinos de esta parte del litoral tinerfeño que hasta ahora habían visto como los tribunales se ponían de su lado a la hora de reconocer que tenían características de núcleos urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. De hecho a finales del pasado año, el alcalde de Güímar, Rafael Yanes, anunció que el Supremo había reconocido que El Tablado tenía esta condición, volviendo así a obtener una servidumbre de protección de 20 metros, y no de 100 como pretendía la Dirección General de Costas.

El alcalde recordó entonces que las tres sentencias emitidas por la Audiencia Nacional y el TSJC en relación a este contencioso mantenido han sido favorables al Ayuntamiento, ratificando que El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente son núcleos urbanos consolidados antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, respetando así lo establecido en el Plan General de Ordenación del municipio, "aprobado en 2005 con el informe favorable de la propia Dirección General de Costas".

Sin embargo, ahora el Supremo ha dado marcha atrás al proceso y obliga al TSJC a que de nuevo se pronuncie sobre la misma cuestión lo que devolverá la incertidumbre a los propietarios de estas viviendas que por el momento se mantienen fuera de ordenación, con las limitaciones que este régimen urbanístico conlleva. La lucha de los vecinos de varios enclaves contra la Ley de Costas se desarrolla en dos frentes. Por un lado los residentes han recurrido los deslindes que se han ido fjando y por otro el organismo estatal intenta anular los acuerdos de la Cotmac que declaraba urbanos estos núcleos repartidos a lo largo de toda la isla como ocurre también con Igueste, Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero.

http://www.canariasahora.com/noticia/216113/

''Es falso que haya arbitrariedad con la Ley de Costas''

José Fernández, director general de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, ha mostrado este viernes su oposición a la reforma de la Ley de Costas que planea el Estado. En una entrevista en el programa Tiempos Modernos de CANARIAS AHORA RADIO, Fernández acusó a los gobernantes del Partido Popular de querer "comerciar con el dominio público" al desproteger el litoral dando vía libre a "negocios" que comparó con los de la década de los 60, que hicieron "millonarios a mucha gente".

En el Gobierno central están "soñando volver a esa situación", según José Fernández, y para ello reformarán una ley que a juicio de este director general era "la mejor" para la protección del medio ambiente y "una referencia en todo el mundo", sobre todo en zonas del Mediterráneo y Latinoamérica.

La "excusa" para "rebajar la protección" de las costas ha sido que la ley actual tiene una aplicación arbitraria, algo que Fernández considera "falso". Según dijo, si ese fuera el problema, el Estado lo que debería hacer es "gestionar bien" la ley en vez de cambiarla.

"Quieren cargarse la costa", insistió el director de Protección de la Naturaleza, que considera que se ha estado "utilizando las pasiones de la gente", cuando los beneficiarios de la nueva Ley de Costas serán en su opinión los grandes empresarios.

José Fernández concluyó que el PP no está preocupado por los poblados marineros amenazados por demoliciones, porque según afirmó esos asentamientos "no tienen solución" puesto que "son ilegales por completo".

"El ser marinero no da derecho a hacer una casa de veraneo en un terreno que no es de uno", sentenció por último el director general.

http://www.canariasahora.com/noticia/215792/

No sé como puede haberle contratado el Gobierno Canario con el daño que ha hecho y que está haciendo en su propia tierra. ¿Dónde ha nacido él? ¿En el palacete de la Mareta?

Estando al frente de Costas ha mirado para otro lado con desmanes como el hotel Papagayo, el mamotreto de las Teresitas, el destrozo de la playa de El Confital, la Urbanización de Radazul o la privatización de la playa por el hotel Abama, por poner algunos ejemplos de los innumerables casos que existen en las Islas Canarias, pero ha perseguido con saña a los pequeños propietarios que se resistían a su ARBITRARIEDAD y a la de la Sra Narbona.

Toda la vida ha estado en Costas y no hay más que ver el documental del periodísta Yeray Gonzalez para comprender lo bien que ha protegido el litoral en todos los años que ha trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente.

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

La corporación meca insta la revisión de los lindes de Costas impuestos en 1988

El Concello de O Grove inicia un proceso de reivindicación que, a buen seguro, plantearán otros muchos municipios españoles en próximas semanas. La corporación municipal, a propuesta del gobierno tripartito que preside Miguel Pérez, y en base a una idea del galeguista Alfredo Bea, reivindica una revisión de los lindes de Costas del Estado. Se hace así partiendo de una premisa básica: El derecho de propiedad de un vecino o un empresario sobre sus bienes e inmuebles; un derecho que se ve afectado por mucho que sus propiedades procedan de tiempos inmemoriales si resulta que se aplica la Ley de Costas, que desde 1988 cambia ese régimen de propiedad por el de concesión y que no tiene en cuenta los asentamientos consolidados con anterioridad.

Por citar ejemplos claros, y así lo hace el gobierno en una moción que anoche trasladaba al pleno, barrios o lugares como Virxe das Mareas, Agriños, Rons, Terra de Porto, Lordelo o Teniente Domínguez ya disponían de casas e instalaciones construidas y consolidadas antes de que se vieran afectadas en 1988 por la aplicación de la Ley de Costas. Y a pesar de que ya existían, "esa ley y posteriores modificaciones profundizaron todavía más en esa situación que deja indefensos y sin margen de maniobra muchas edificaciones que la ley condenó".De lo que se trata es de revisar los lindes, y sobre todo de aplicar criterios semejantes a los dictados por el Tribunal Supremo, que creó jurisprudencia al anular el deslinde de Costas en el lugar de Redes, en el municipio coruñés de Ares.

Lo que va a hacer ahora el Concello es elaborar un informe jurídico en el que se avalen los planteamientos del gobierno en defensa del cambio de lindes del dominio público marítimo terrestre en los lugares antes citados, y al mismo tiempo se faculta al alcalde para que lleve a cabo las gestiones precisas ante el Ministerio de Medio Ambiente "con el propósito de solucionar un problema de tanta incidencia como éste".
En el ejecutivo meco, como ya avanzaba hace días el alcalde, consideran que "transformar sin más el derecho de la propiedad adquirido de manera legítima antes de 1988 en un simple derecho de concesión, sin más compensación que el valor que arbitrariamente se confiere a la propia concesión, constituye una injusticia y un auténtico ataque al derecho de la propiedad y al tráfico jurídico".

José Cacabelos, portavoz del PSOE, indica que su grupo apoya la propuesta por coincidir con el fondo de la misma, aunque cree que se trata más de "un gesto para la galería, pues el alcalde ya tiene competencias para negociar, aunque no lo facultara el pleno en este caso concreto, y el deslinde de Costas es algo muy serio que afecta a todo el municipio y que debemos tratar en una comisión y al amparo del PXOM".
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2012/03/01/corporacion-meca-insta-revision-lindes-costas-impuestos-1988/628571.html

Cambiar el régimen de propiedad por el de concesión ha sido el mayor timo que se haya podido inventar para que tragara el Tribunal Constitucional con una ley imposible de ser admitida en un Estado de Derecho.

Si los jueces tuvieran un poco de sentido común, sólo un poco, sabrían que el derecho de uso y disfrute (concesión) es inherente a la propiedad, además de manera ilimitada en el tiempo.
El resultado final de la Ley de Costas es que se nos confisca la propiedad y se nos pretende indemnizar con nuestro propio derecho. ¿Es o no es el timo de la estampita?. 

Sólo me cabe pensar que quienes idearon e hicieron la norma debían de tener como profesión la de trileros.

El Gobierno ve un drama que familias pierdan su casa por deslindes mal organizados

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado de "drama" que "muchísimas familias" hayan perdido su vivienda en zonas costeras debido a los deslindes "mal organizados" que establecen el dominio público marítimo terrestre.

   Así ha respondido al portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional en el Senado, Francesc Antich, que ha mostrado su "preocupación" por la reforma de la Ley de Costas anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. "Es necesario también para el turismo conservar el paisaje", ha aseverado.

   Antich ha pedido a la vicepresidenta que espera que con esta iniciativa "no se vuelva a las andadas" porque, a su juicio, las anteriores normativas a la Ley de Costas favorecieron la "desmesurada especulación" en el sector inmobiliario y dieron "rienda suelta" a una también "desmesurada" urbanización del litoral español.

   Por su parte, la vicepresidenta ha respondido que al Ejecutivo le "preocupa mucho" la degradación del litoral español, pero también la "seguridad jurídica". A su juicio, existe un "problema real", que es el deslinde: "Si no protegemos nuestras costas, la línea que define la Ley de Costas que marca la pleamar y por la que se fija el dominio público marítimo terrestre, se va metiendo".

   Como consecuencia de ello, ha indicado que hay que deslindar, "que significa que lo que antes era propiedad privada ahora se convierte en dominio público". "Eso es un drama para muchísimas familias que tienen su domicilio y sus viviendas en una zona que era propiedad privada y que como consecuencia de no proteger la costa y por deslindes no siempre bien organizados acaba siendo de dominio público", ha argumentado.

   Sobre la construcción en el litoral, Sáenz de Santamaría ha recordado al senador socialista que en 2006 hubo 865.561 visados. "No hace falta mirar mucho más atrás", ha advertido la vicepresidenta, para añadir que el Gobierno ha tomado medidas en ese aspecto, ligadas a la reforma del sistema financiero, "a una valoración que ya no es real, que impide que baje el precio y la gente no pueda acceder a una vivienda". "Así damos un paso a clarificar los activos inmobiliarios en este país", ha zanjado.

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-gobierno-ve-drama-familias-pierdan-casa-deslindes-mal-organizados-20120228151404.html

Unanimidad en la Diputación por la ley de Costas

Los tres grupos de la corporación provincial, PP, PSPV y BLOC, han aprobado por unanimidad la moción del Grupo Popular que insta al gobierno central a modificar la Ley de Costas. “Al objeto de conciliar más adecuadamente la defensa de la integridad física y el uso público del dominio público marítimo terrestre, con  los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta ley”, tal y como refleja el escrito. Una circunstancia que en la provincia de Castellón afecta a las viviendas de 600 familias agrupadas enla Plataforma parala Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense.

Una entidad creada porla Diputaciónde Castellón en diciembre de 2010 apetición de los alcaldes, que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada antela AdministraciónCentraly reclamar el respaldo de las Instituciones Europeas.

El portavoz del Grupo Popular en el pleno, Miguel Barrachina ha destacado que “pedimos la inmediata reforma de la Ley de Costas, tal y como ha anunciado el ministro Arias Cañete, para conciliar el interés público con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta Ley de Costas, tratando de compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales y con la seguridad jurídica”.

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/unanimidad-en-diputacion-por-ley-de-costas_720967.html