Cañete se ha comprometido a aplicar un "tratamiento específico" para Formentera en la aplicación la Ley de Costas

 El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, ha calificado de "histórico" el acuerdo con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Arias Cañete, por el que éste liderará junto con el Govern balear la petición de la elaboración de un régimen específico de insularidad para el archipiélago.

   Bauzá ha afirmado que el régimen de insularidad contemplará "todas las demandas de insularidad" a nivel comunitario en materia de política agraria común. La reunión, mantenida este jueves en el Ministerio de Agricultura en Madrid, ha sido para Bauzá "histórica" para los intereses de Baleares "reivindicados durante décadas"

   Otro de los temas tratados en esta reunión ha sido la Ley de Costas, en la que Cañete se ha comprometido, según Bauzá, a aplicar un "tratamiento específico" para Formentera en la aplicación de esta norma, que será recogido en una disposición adicional a esta ley.

   En cuanto al resto de las islas, Bauzá ha afirmado que se producirá un análisis y estudio de la rehabilitación de las edificaciones que están afectadas por el deslinde de la ley de costas

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-ministerio-agricultura-compromete-elaborar-regimen-insularidad-archipielago-balear-20120516220800.html

Tomás González (Cho Vito) denuncia un nuevo atropello contra los derechos de su familia

Han sido enjuiciados tras una denuncia de Tracsa por ofender sus derechos al libre acceso a sus viviendas y podrían ser castigados con una pena de 3.700 euros

Audio de la entrevista
SB-Noticias.- Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, explicó en La Trapera de Radio San Borondón cómo transcurrió el juicio contra los vecinos que recientemente paralizaron las obras que se están llevando a cabo en la zona para impedir que continuaran destrozando la entrada a sus viviendas y afirma que es antidemocrático que se haya admitido a trámite la denuncia de Tracsa y que se asuma la petición de castigo solicitada por dicha empresa contra los vecinos cuando quienes han visto vulnerados sus derechos han sido los vecinos.

Tomás González dijo que parece que el hecho de luchar y defender los intereses de los ciudadanos convierte a los propios ciudadanos en “delincuentes” y en personas “antisistema” porque si no, no tiene sentido que se enjuicio como ha ocurrido a unos sencillos vecinos que solamente han defendido sus derechos.

Recuerda que a través de los medios de comunicación presentes cuando los vecinos impidieron que la maquinaria siguiera trabajando porque se les impedía el libre acceso y salida a sus viviendas el pasado 30 de enero quedó patente que la actitud de los vecinos fue ejemplar e indica que no por ser más sencillos y tener menos recursos económicos tienen menos derechos que otros ciudadanos, vivan en la Avenida de Anaga, Puerto de la Cruz, Las Américas o cualquier otro lugar a los que siempre se les garantiza el derecho de libre acceso a sus viviendas cuando se llevan a cabo obras, cosa que estaba siendo vulnerado en Cho Vito el día de autos.

El portavoz vecinal se mostró indignado con la petición de la Fiscalía, que hace suya la petición de Tracsa, para que los vecinos sean duramente condenados por un delito que en caso de existir ha sido en todo caso perpetrado por esa empresa contra los habitantes del poblado por vulnerar su derecho al libre ejercicio de circulación por la vía pública y el de libre acceso a sus viviendas.

Desde su punto de vista, todo este proceso es un nuevo atropello contra los vecinos de Cho Vito, porque no tiene lógica ninguna que se lleve a cabo este juicio cuando la empresa que ha impedido el acceso a sus viviendas fue obligada posteriormente a reponer el paso para que los habitantes de las casas de Cho Vito puedan acceder libremente al lugar.

González explica que Tracsa, que vulneró sus derechos constitucionales al romper el camino e impedir que los vecinos pudieran entrar y salir libremente de sus viviendas, reclama ante la justicia una pena de 3.700 euros por supuestos daños ocasionados a la empresa cuando han sido la empresa la que en todo caso ocasionó daños a la zona y a los vecinos, como así fue reconocido por el alcalde de Candelaria al obligar a que se arreglara el atropello que se estaba cometiendo.

Tras añadir que en las diligencias de la denuncia hay trece personas identificadas, dijo que un agente de la guardia civil que amedrentó a su esposa Montse ha salido de rositas de este asunto y sin embargo los vecinos, que únicamente defendieron sus derechos constitucionales, pueden salir condenados con una pena de una cuantía que no van a poder asumir.

Denuncia el ensañamiento de Tracsa contra su familia, puesto que la denuncia se limita a él, su mujer e hijos, que han sido los únicos llamados a declarar pese a que había muchas personas en la problemática, razón por la que se pregunta cuándo tendremos una verdadera justicia en las islas, tras lo que contesta que ese día llegará cuando los poderosos no tengan la sartén por el mango y manden incluso en la propia Justicia.

Tomás González afirma que en el atestado de los hechos aparecen trece personas identificadas, sin embargo Tracsa en su denuncia va solamente a por su familia, lo cual pone de manifiesto una persecución que sólo busca acabar con ellos y amedrentar al pueblo para que sea sumiso.

http://www.sanborondon.info/content/view/42581/1/

Extranjeros dueños de casas ilegales creen 'peligrosísimo' comprar en Andalucía

Los extranjeros propietarios de viviendas ilegales en la comarca de la Axarquía han afirmado que se sienten engañados por todos los estamentos que están relacionados con la construcción, y eso ha dado lugar a que otros compatriotas no tengan confianza para invertir en España, ya que consideran que "comprar una vivienda en Andalucía es peligrosísimo".

El presidente de la asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA) -Salvemos Nuestros Hogares, en español-, el británico Philip Smalley, ha manifestado a Efe que hay muchos extranjeros que quieren invertiren España mediante la compra de casas, pero no lo hacen porque no tienen confianza en el sistema jurídico.

"Por ejemplo, comprar una vivienda en Andalucía es peligrosísimo y esto no es una sorpresa para otros extranjeros porque son informaciones que han salido publicadas en nuestros países de origen", ha explicado Smalley, que considera que mientras no se dé confianza al sistema, se van a perder inversiones para Andalucía.

Ha señalado que la trama descubierta recientemente en Málaga que modificaba fraudulentamente el Catastro a cambio de comisiones ilegales para hacer creer a los interesados en comprar suelo -principalmente extranjeros- que podían construir legalmente cuando en realidad eran parcelas no urbanizables constituye "un engaño más".

"Nos sentimos engañados por todos, por la Junta, ayuntamientos, promotores, constructores, abogados o notarios, y no tenemos confianza en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la Ley de Costas o el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía", ha indicado.

Smalley, que es concejal del PA en el Ayuntamiento de La Viñuela, ha señalado que el caso de la Axarquía es diferente al de otros puntos de España, ya que todos los socios de SOHA han construido sus casas con la correspondiente licencia otorgada por los ayuntamientos.

"Cuando teníamos las licencias no sabíamos realmente cómo estaba el suelo, pero está claro que eran terrenos abandonados donde no valía la pena cultivar y era mejor hacer casas, ya que de esta manera, los ayuntamientos podían obtener ingresos por el Impuesto de Bienes Inmuebles", ha argumentado.

El presidente de SOHA ha rechazado nuevamente la figura de asimilado a fuera de ordenación que ha incluido la Junta en el decreto aprobado el pasado enero para la regularización de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable.

Ha argumentado que esta figura no les da ninguna garantía jurídica porque en un futuro "pueden hacer lo que quieran" con sus viviendas, y ha declarado que no están haciendo nada con respecto a este decreto a la espera del resultado de las elecciones autonómicas de mañana.

NUEVOS DESLINDES: SANTA POLA Y EL CAMPELLO (ALICANTE)

SANTA POLA (Alicante)

DESLINDE DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRAMO DE COSTA DE UNOS SIETE

MIL CIENTO CINCUENTA (7.150) METROS, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NORTE DEL TÉRMINO MUNICIPAL, COMPRENDIDO ENTRE EL LÍMITE CON EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ELCHE Y EL PUERTO DE SANTA POLA (EXCLUÍDO), EN

EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA POLA (ALICANTE). (Ref. DES01/11/03/0002)

Con fecha 14 de diciembre de 2011, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por delegación de la Excma. Sra. Ministra ha resuelto:
«Autorizar al Servicio Provincial de Costas en Alicante la incoación del expediente de deslinde del dominio público marítimoterrestre del tramo de costa de unos siete mil ciento cincuenta (7.150) metros, correspondiente al tramo norte del Término Municipal, comprendido entre el límite con el Término Municipal de Elche y el puerto de Santa Pola (excluido), en el Término Municipal de Santa Pola (Alicante).»
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/03/21-03-12.pdf 

EL CAMPELLO (Alicante)

DESLINDE DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRAMO DE COSTA DE UNOS

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS (18.800) METROS, CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE

EL CAMPELLO (ALICANTE). (Ref. DES01/11/03/0001)

Con fecha 14 de diciembre de 2011, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por delegación de la Excma.

Sra. Ministra ha resuelto: «Autorizar al Servicio Provincial de Costas en Alicante la incoación del expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos dieciocho mil ochocientos (18.800) metros, correspondiente a la totalidad del Término Municipal de El Campello (Alicante).»

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/03/21-03-12.pdf 

Parece ser que la ministra Aguilar ha dejado firmado todos los deslindes antes de marcharse para  que la gente se acordara de ella de por vida. 

Lo que no se entiende es que el día 22/2/2012, en el Senado todos los Grupos PolÍticos (menos PSOE) acordaron instar al Gobierno a cancelar todos los actos administrativos en espera de la próxima modificación de la Ley de Costa.

Ya pueden instar al Gobierno lo que quieran que mientras mantengan a los mismos personajes que colocó el PSOE en las Demarcaciones de Costas, es como si el PSOE siguiera gobernando. Están haciendo de su capa un sayo.

Si en vez de funcionarios, fueran empleados de una empresa privada, su despido sería fulminante, porque el conflicto que van a generar va a ser grande. 

El Ministro diciendo públicamente que hay que dar seguridad jurídica y sus subordinados haciendo todo lo contrario. ¡Así va España!

Concello y vecinos alegarán el deslinde de los núcleos litorales

Los cuatro grupos municipales de la corporación celebraron ayer una reunión conjunta con los representantes de las distintas plataformas de los núcleos del litoral marinense de Mogor, Aguete, Loira, Casas y Teoira, afectados por la Ley de Costas de 1988. En este encuentro, presidido por la alcaldesa María Ramallo, se dio cuenta del camino que se ha avanzado hasta ahora para distinguir el contenido que figura en el Planeamiento que cuenta con el informe preceptivo y vinculante de Costas del Estado, y el expediente del trámite administrativo de realizar un nuevo deslinde del tramo de toda la costa contenida en el término municipal de Marín.

Durante la reunión se analizaron los planos facilitados por el Servicio Provincial de Costas comprobando los asistentes que, después de estudiadas las alegaciones presentadas por los vecinos y por la Administración Municipal, coinciden con los que se contienen en el documento del planeamiento, pero sigue manteniendo la línea situada a 100 metros para los núcleos y las franjas costeras en los que no se consiguió la rebaja a los 20 metros.
Según indicó la propia alcaldesa al término de la reunión, "desde la comisión, y estando todos los implicados de acuerdo, se realizará en este tramite de audiencia la presentación de una alegación desde el Ayuntamiento que siga recogiendo la pretensión planteada en la que fue estimada en parte, no renunciando a poder justificar en base a la consolidación que justifica el documento técnico y posibilitar la reducción en las otras zonas que fueron demandadas y para ello se elaborará el texto que, de forma unánime e institucional, presentará el Concello de Marín y trasladará a los vecinos un texto similar para que, de manera individualizada aportando los documentos relativos a sus correspondientes parcelas, puedan presentarla en esos términos".
María Ramallo destaca el carácter de unanimidad en la idea de todos los asistentes a la reunión respecto al criterio en el planteamiento de la alegación para conseguir la consolidación y la base de los núcleos existentes antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

Positivo balance de las plataformas de Litoral
Las plataformas vecinales de los distintos núcleos de litoral afectados por las normativas de deslinde, concretamente de las zonas de Mogor, Aguete Loira, Casás y Teoira, consideran positivo el hecho de que la corporación municipal vaya a presentar una alegación al procedimiento de deslinde durante la exposición pública del documento ya que, aunque se reconoce parte de los reclamado y se le da la razón a los vecinos, no se hace, en cambio en su totalidad. En este sentido, Enrique Méndez, portavoz del múltiple colectivo vecinal afectado, considero que "siempre es bueno seguir recordando que la reclamación del Ayuntamiento de Marín sigue optando por el reconocimiento pleno de todos los núcleos existentes y aceptando que esta es una solución parcial, se insiste en que se dé una solución global a todos los núcleos pues en estos momentos se quedaría Teoira y Casás fuera del reconocimiento como una parte importante de Loira y Aguete".

Méndez insistió en valorar el contenido y el acuerdo tomado en la reunión de ayer y adelantó que las distintas plataformas van a presentar alegaciones, como lo harán muchas de las personas que las formas a título personal.
El portavoz de las plataformas apuntó finalmente que en la reunión no hubo ninguna discrepancia salvo que el BNG volvió a reclamar que se pida al Gobierno que retire el recurso ante el Constitucional del Decreto López Veiga y la Ley de Vivenda, aunque no se tuvo en cuenta esta petición.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2012/03/21/concello-vecinos-alegaran-deslinde-nucleos-litorales/634154.html

Laredo aboga por resolver los deslindes aplicando la jurisprudencia favorable

Aseguran "que se podrían resolver más de la mitad de las afecciones en Cantabria sin esperar a su modificación"

 Resolver la mayoría de los problemas causados en Cantabria por la Ley de Costas es posible sin esperar a su necesaria modificación, entre ellos, el de una amplia franja que transcurre por la zona del Regatón pejino.

Lo aseguran en el Ayuntamiento laredano. Dicen que bastaría con abordar los deslindes en trámite que tienen pendiente responder las alegaciones y establecer para su resolución criterios interpretativos acordes a la Constitución, que garanticen el respeto a los principios de irretroactividad, interdicción de la arbitrariedad, igualdad en la legalidad y seguridad jurídica.

Ésta es la propuesta que el alcalde de Laredo, Ángel Vega, y la letrada jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento pejino, Mari Paz Villalobos, trasladaron ayer a la diputada por Cantabria, Ana Madrazo, con el objetivo de intentar solucionar una problemática que mantiene en vilo a miles de empresas y particulares de toda España. 

 

Para ello, abogan por constituir un grupo de trabajo que integre al Ministerio de Medio Ambiente, al Gobierno de Cantabria y a los Ayuntamientos afectados para abordar cada caso en concreto al amparo de la amplia jurisprudencia vigente. "Para la solución de los problemas que genera la Ley de Costas en Cantabria no hay una sola vía, su modificación, sino que hay otra vía, que de momento no estamos tomando, que es resolver los deslindes en trámite y que tienen pendiente la resolución de las alegaciones", explicó Ángel Vega. 

 

A este respecto, el mandatario pejino recordó que desde el 2010 existe una amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en tres sentencias establece la exclusión de los terrenos del dominio público deslindados al amparo del artículo 4.5 de la Ley de Costas, "cuando la transformación sea irreversible". Un argumento que vale tanto en el caso de las concesiones como, aún más claro, en el caso de las propiedades privadas afectadas por dicha ley. 

 

Tanto Vega como Villalobos volvieron a denunciar la "arbitrariedad" en la aplicación práctica de una Ley que, sin salir de Cantabria, ha manejado unos criterios para incluir unos terrenos en dominio público en un deslinde, y esos mismos criterios se han usado en otros deslindes próximos para excluir otros terrenos. En febrero de 2011 fueron aprobados los deslindes de Laredo y Noja y posteriormente, en octubre y noviembre, los de Marina de Cudeyo y Camargo. 

 

Todos ellos fueron objeto de alegaciones, que en muchos casos aún están sin responder. "Hay muchos problemas que se pueden resolver por una vía jurídica. No nos quedemos parados, tomemos la iniciativa de ir resolviendo los problemas, uno por uno. Que la gente afectada pueda respirar tranquila. Un montón de empresas y puestos de trabajo que ahora mismo ven su futuro muy condicionado, verían borrarse los problemas de un plumazo".

 

Contradicción

A juicio de los representantes laredanos, lo más alarmante ha sido constatar cómo en el presente mes de marzo diversos afectados han recibido resoluciones desestimatorias de recursos de reposición interpuestos frente a los citados deslindes. Dichas resoluciones chocan frontalmente con la moción aprobada por el Senado el pasado 22 de febrero. En dicho acuerdo, adoptado a instancias del PP, con el respaldo de varios grupos de la Cámara Alta, se instaba a "paralizar las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, hasta que se pueda modificar dicha ley, cancelando todos los actos administrativos y que se allanen en los procedimientos en curso, al objeto de conciliar más adecuadamente la defensa de la integridad física y el uso público del dominio público marítimo terrestre con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta Ley". 

http://www.eldiariomontanes.es/20120320/local/castro-oriental/laredo-aboga-resolver-deslindes-201203202103.html

La Audiencia Nacional anula un tramo del deslinde de Costas de Sant Antoni aprobado en 2007

El tribunal da la razón a una propietaria de Cala Salada que alegó que no estaba justificada la delimitación

La Audiencia Nacional ha dado la razón a una propietaria de Sant Antoni y ha obligado al Ministerio de Medio Ambiente a anular un tramo del deslinde de Costas aprobado en 2007 para dejar la línea tal y como estaba en 1971.
Según se detalla en la sentencia, la recurrente, que tiene tres fincas en la zona de Cala Salada, alegó que no estaba justificada la delimitación que se aprobó en 2007 para la costa de Sant Antoni en lo que se refiere a su terreno porque consideraba que hasta ahí no llegan los temporales y prueba de ello es que «existen plantaciones desde hace muchos años con especies arbóreas que no se han estropeado». Es por eso por lo que considera que la línea de deslinde debe situarse más hacia el mar donde no exista vegetación.
Según el tribunal, la prueba pericial «exhaustiva» realizada en la zona revela que las olas, incluso en los mayores temporales, no alcanza la costa al haber un acantilado de 10 metros. Asimismo, el islote sa Conillera situado frente a Cala Salada hace que los temporales del sur no tengan incidencia en esta zona del litoral pitiuso.

«Poco convicente»
La Audiencia Nacional llega a decir que esta completa prueba pericial aportada durante el litigio «desvirtúa las genéricas afirmaciones y poco convicentes estudios en los que se basa la Administración», y remarca que en la coronación del acantilado hay muchas zonas cubiertas con vegetación gimnosperma que indican que el mar no afecta para nada ese lugar.
Por todo ello, la Audiencia Nacional anula el deslinde de 2007 en estos terrenos, situados entre los hitos 444 y 448.

http://ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias/local/la-audiencia-nacional-anula-un-tramo-del-deslinde-de-costas-de-sant-antoni-aprobado-en-2007.html

“Las sentencias del Supremo son firmes, y el litoral de Agache es urbano”

El alcalde aclara que la decisión del Supremo publicada ayer obliga a repetir una sentencia del TSJC sobre un acuerdo de la COTMAC, pero no invalida su decisión sobre El Tablado y La Puente

 El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, ante las informaciones aparecidas en prensa sobre una sentencia del Supremo en las que obliga a repetir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por motivos formales de procedimiento, ha declarado que “las sentencias del Supremo sobre El Tablado y La Puente son firmes sin ningún género de dudas, y falta una tercera sentencia sobre La Caleta y Punta Prieta, pero son expedientes idénticos y espero que tenga el mismo resultado”.

Yanes recuerda que en su día, el Ministerio de Medio Ambiente interpuso un recurso Contencioso Administrativo frente a la Comunidad Autónoma de Canarias solicitando la impugnación del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 6 de febrero de 2007, por el que se reconocía a los núcleos poblacionales de: Punta Prieta, La Puente, La Caleta y el Tablado como núcleos con consolidación propia de suelo urbano con anterioridad al 29 de julio de 1988. Este recurso se tramitó ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, y se personaron también, aunque no estaban demandados, el Ayuntamiento de Güímar y el Cabildo Insular de Tenerife, sosteniendo la validez del acuerdo impugnado.

El alcalde afirma que el TSJC dictó Sentencia con fecha 29 de mayo de 2009 desestimando el recurso interpuesto por el Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Costas, que entendió que el acto administrativo recurrido había ganado firmeza, lo que impedía un pronunciamiento de dicho Tribunal sobre el fondo del mismo, o dicho de otra forma, “el recurso presentado por el Ministerio de Medio Ambiente se había presentado fuera de plazo”.

Frente a esta Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Ministerio de Medio Ambiente, interpuso un recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, y éste último, ha dictado Sentencia con fecha 23 de febrero de 2012, que es la que se ha publicado esta semana, en la que se ordena al Tribunal Superior de Justicia de Canarias a que someta a la consideración de las partes personadas la cuestión relativa a la presentación fuera de plazo del recurso contencioso administrativo. 

En definitiva, señala el alcalde, lo que ordena el Tribunal Supremo “es una cuestión formal, que dicho en un lenguaje llano supone que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, vuelva a dictar Sentencia y que previamente a hacerlo le dé audiencia a las partes personadas en el procedimiento: Ministerio de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Güímar y Cabildo de Tenerife, para que aleguen lo que estimen conveniente respecto a la presentación fuera de plazo del recurso Contencioso presentado por el Ministerio”.

Por último, Rafael Yanes ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos del litoral de Agache diciéndoles que las sentencias del Supremo son firmes y que espera que el resultado para La Caleta y Punta Prieta sean favorables al Ayuntamiento.

http://www.canariasactual.com/2012/03/15/las-sentencias-del-supremo-son-firmes-y-el-litoral-de-agache-es-urbano/

El TS 'pone en la picota' 800 viviendas de Güimar

El Alto Tribunal anula el fallo del TSJC que determinaba que cuatro núcleos costeros tenían consideración de suelo urbano.

 

El Tribunal Supremo (TS) ha dado marcha atrás en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había liberado a alrededor de 800 casas situadas en el municipio de Güímar de los efectos de la ley de Costas. El Supremo acaba de emitir una sentencia por medio de la cual anula el fallo del Tribunal canario que había determinado que los núcleos de Punta Prieta, La Puente, La Caleta y El Tablado tenían consideración de suelo urbano y por lo tanto el ancho de la zona de protección costera se reducía de 100 a 20 metros.

El TSJC había avalado así la decisión tomada en el año 2007 por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que al igual que ocurrió en otros puntos de la isla del Archipiélago pretendía salvar a estos enclaves de los efectos de la ley estatal al declarar que tenían las características de urbanos antes de su entrada en vigor. Esto es que contaban con los servicios de alcantarillado, suministro de agua, acceso rodado, electricidad y urbanización consolidada antes del año 1988.

La sentencia a favor de los vecinos se basó en el error cometido por la Dirección General de Costas de haberse dirigido a la Consejería de Políica Territorial del Gobierno de Canarias y no a la Cotmac para solicitar la anulación del acuerdo tomado por este último organismo. Una equivocación que se intentó resolver presentando este recurso ante el Supremo que ahora ha ordenado que todo el proceso vuelva al principio y el TSJC se pronuncie de nuevo sobre la legalidad o no del acuerdo de la Cotmac declarando urbano estos enclaves. El Supremo considera que Costas ha sido víctima de "indefensión" al no haber podido reparar el error cometido ante el TSJC.

Esta nueva sentencia significa un varapalo para los vecinos de esta parte del litoral tinerfeño que hasta ahora habían visto como los tribunales se ponían de su lado a la hora de reconocer que tenían características de núcleos urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. De hecho a finales del pasado año, el alcalde de Güímar, Rafael Yanes, anunció que el Supremo había reconocido que El Tablado tenía esta condición, volviendo así a obtener una servidumbre de protección de 20 metros, y no de 100 como pretendía la Dirección General de Costas.

El alcalde recordó entonces que las tres sentencias emitidas por la Audiencia Nacional y el TSJC en relación a este contencioso mantenido han sido favorables al Ayuntamiento, ratificando que El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente son núcleos urbanos consolidados antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, respetando así lo establecido en el Plan General de Ordenación del municipio, "aprobado en 2005 con el informe favorable de la propia Dirección General de Costas".

Sin embargo, ahora el Supremo ha dado marcha atrás al proceso y obliga al TSJC a que de nuevo se pronuncie sobre la misma cuestión lo que devolverá la incertidumbre a los propietarios de estas viviendas que por el momento se mantienen fuera de ordenación, con las limitaciones que este régimen urbanístico conlleva. La lucha de los vecinos de varios enclaves contra la Ley de Costas se desarrolla en dos frentes. Por un lado los residentes han recurrido los deslindes que se han ido fjando y por otro el organismo estatal intenta anular los acuerdos de la Cotmac que declaraba urbanos estos núcleos repartidos a lo largo de toda la isla como ocurre también con Igueste, Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero.

http://www.canariasahora.com/noticia/216113/

''Es falso que haya arbitrariedad con la Ley de Costas''

José Fernández, director general de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, ha mostrado este viernes su oposición a la reforma de la Ley de Costas que planea el Estado. En una entrevista en el programa Tiempos Modernos de CANARIAS AHORA RADIO, Fernández acusó a los gobernantes del Partido Popular de querer "comerciar con el dominio público" al desproteger el litoral dando vía libre a "negocios" que comparó con los de la década de los 60, que hicieron "millonarios a mucha gente".

En el Gobierno central están "soñando volver a esa situación", según José Fernández, y para ello reformarán una ley que a juicio de este director general era "la mejor" para la protección del medio ambiente y "una referencia en todo el mundo", sobre todo en zonas del Mediterráneo y Latinoamérica.

La "excusa" para "rebajar la protección" de las costas ha sido que la ley actual tiene una aplicación arbitraria, algo que Fernández considera "falso". Según dijo, si ese fuera el problema, el Estado lo que debería hacer es "gestionar bien" la ley en vez de cambiarla.

"Quieren cargarse la costa", insistió el director de Protección de la Naturaleza, que considera que se ha estado "utilizando las pasiones de la gente", cuando los beneficiarios de la nueva Ley de Costas serán en su opinión los grandes empresarios.

José Fernández concluyó que el PP no está preocupado por los poblados marineros amenazados por demoliciones, porque según afirmó esos asentamientos "no tienen solución" puesto que "son ilegales por completo".

"El ser marinero no da derecho a hacer una casa de veraneo en un terreno que no es de uno", sentenció por último el director general.

http://www.canariasahora.com/noticia/215792/

No sé como puede haberle contratado el Gobierno Canario con el daño que ha hecho y que está haciendo en su propia tierra. ¿Dónde ha nacido él? ¿En el palacete de la Mareta?

Estando al frente de Costas ha mirado para otro lado con desmanes como el hotel Papagayo, el mamotreto de las Teresitas, el destrozo de la playa de El Confital, la Urbanización de Radazul o la privatización de la playa por el hotel Abama, por poner algunos ejemplos de los innumerables casos que existen en las Islas Canarias, pero ha perseguido con saña a los pequeños propietarios que se resistían a su ARBITRARIEDAD y a la de la Sra Narbona.

Toda la vida ha estado en Costas y no hay más que ver el documental del periodísta Yeray Gonzalez para comprender lo bien que ha protegido el litoral en todos los años que ha trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente.

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

La corporación meca insta la revisión de los lindes de Costas impuestos en 1988

El Concello de O Grove inicia un proceso de reivindicación que, a buen seguro, plantearán otros muchos municipios españoles en próximas semanas. La corporación municipal, a propuesta del gobierno tripartito que preside Miguel Pérez, y en base a una idea del galeguista Alfredo Bea, reivindica una revisión de los lindes de Costas del Estado. Se hace así partiendo de una premisa básica: El derecho de propiedad de un vecino o un empresario sobre sus bienes e inmuebles; un derecho que se ve afectado por mucho que sus propiedades procedan de tiempos inmemoriales si resulta que se aplica la Ley de Costas, que desde 1988 cambia ese régimen de propiedad por el de concesión y que no tiene en cuenta los asentamientos consolidados con anterioridad.

Por citar ejemplos claros, y así lo hace el gobierno en una moción que anoche trasladaba al pleno, barrios o lugares como Virxe das Mareas, Agriños, Rons, Terra de Porto, Lordelo o Teniente Domínguez ya disponían de casas e instalaciones construidas y consolidadas antes de que se vieran afectadas en 1988 por la aplicación de la Ley de Costas. Y a pesar de que ya existían, "esa ley y posteriores modificaciones profundizaron todavía más en esa situación que deja indefensos y sin margen de maniobra muchas edificaciones que la ley condenó".De lo que se trata es de revisar los lindes, y sobre todo de aplicar criterios semejantes a los dictados por el Tribunal Supremo, que creó jurisprudencia al anular el deslinde de Costas en el lugar de Redes, en el municipio coruñés de Ares.

Lo que va a hacer ahora el Concello es elaborar un informe jurídico en el que se avalen los planteamientos del gobierno en defensa del cambio de lindes del dominio público marítimo terrestre en los lugares antes citados, y al mismo tiempo se faculta al alcalde para que lleve a cabo las gestiones precisas ante el Ministerio de Medio Ambiente "con el propósito de solucionar un problema de tanta incidencia como éste".
En el ejecutivo meco, como ya avanzaba hace días el alcalde, consideran que "transformar sin más el derecho de la propiedad adquirido de manera legítima antes de 1988 en un simple derecho de concesión, sin más compensación que el valor que arbitrariamente se confiere a la propia concesión, constituye una injusticia y un auténtico ataque al derecho de la propiedad y al tráfico jurídico".

José Cacabelos, portavoz del PSOE, indica que su grupo apoya la propuesta por coincidir con el fondo de la misma, aunque cree que se trata más de "un gesto para la galería, pues el alcalde ya tiene competencias para negociar, aunque no lo facultara el pleno en este caso concreto, y el deslinde de Costas es algo muy serio que afecta a todo el municipio y que debemos tratar en una comisión y al amparo del PXOM".
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2012/03/01/corporacion-meca-insta-revision-lindes-costas-impuestos-1988/628571.html

Cambiar el régimen de propiedad por el de concesión ha sido el mayor timo que se haya podido inventar para que tragara el Tribunal Constitucional con una ley imposible de ser admitida en un Estado de Derecho.

Si los jueces tuvieran un poco de sentido común, sólo un poco, sabrían que el derecho de uso y disfrute (concesión) es inherente a la propiedad, además de manera ilimitada en el tiempo.
El resultado final de la Ley de Costas es que se nos confisca la propiedad y se nos pretende indemnizar con nuestro propio derecho. ¿Es o no es el timo de la estampita?. 

Sólo me cabe pensar que quienes idearon e hicieron la norma debían de tener como profesión la de trileros.

El Gobierno ve un drama que familias pierdan su casa por deslindes mal organizados

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado de "drama" que "muchísimas familias" hayan perdido su vivienda en zonas costeras debido a los deslindes "mal organizados" que establecen el dominio público marítimo terrestre.

   Así ha respondido al portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional en el Senado, Francesc Antich, que ha mostrado su "preocupación" por la reforma de la Ley de Costas anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. "Es necesario también para el turismo conservar el paisaje", ha aseverado.

   Antich ha pedido a la vicepresidenta que espera que con esta iniciativa "no se vuelva a las andadas" porque, a su juicio, las anteriores normativas a la Ley de Costas favorecieron la "desmesurada especulación" en el sector inmobiliario y dieron "rienda suelta" a una también "desmesurada" urbanización del litoral español.

   Por su parte, la vicepresidenta ha respondido que al Ejecutivo le "preocupa mucho" la degradación del litoral español, pero también la "seguridad jurídica". A su juicio, existe un "problema real", que es el deslinde: "Si no protegemos nuestras costas, la línea que define la Ley de Costas que marca la pleamar y por la que se fija el dominio público marítimo terrestre, se va metiendo".

   Como consecuencia de ello, ha indicado que hay que deslindar, "que significa que lo que antes era propiedad privada ahora se convierte en dominio público". "Eso es un drama para muchísimas familias que tienen su domicilio y sus viviendas en una zona que era propiedad privada y que como consecuencia de no proteger la costa y por deslindes no siempre bien organizados acaba siendo de dominio público", ha argumentado.

   Sobre la construcción en el litoral, Sáenz de Santamaría ha recordado al senador socialista que en 2006 hubo 865.561 visados. "No hace falta mirar mucho más atrás", ha advertido la vicepresidenta, para añadir que el Gobierno ha tomado medidas en ese aspecto, ligadas a la reforma del sistema financiero, "a una valoración que ya no es real, que impide que baje el precio y la gente no pueda acceder a una vivienda". "Así damos un paso a clarificar los activos inmobiliarios en este país", ha zanjado.

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-gobierno-ve-drama-familias-pierdan-casa-deslindes-mal-organizados-20120228151404.html

Unanimidad en la Diputación por la ley de Costas

Los tres grupos de la corporación provincial, PP, PSPV y BLOC, han aprobado por unanimidad la moción del Grupo Popular que insta al gobierno central a modificar la Ley de Costas. “Al objeto de conciliar más adecuadamente la defensa de la integridad física y el uso público del dominio público marítimo terrestre, con  los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta ley”, tal y como refleja el escrito. Una circunstancia que en la provincia de Castellón afecta a las viviendas de 600 familias agrupadas enla Plataforma parala Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense.

Una entidad creada porla Diputaciónde Castellón en diciembre de 2010 apetición de los alcaldes, que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada antela AdministraciónCentraly reclamar el respaldo de las Instituciones Europeas.

El portavoz del Grupo Popular en el pleno, Miguel Barrachina ha destacado que “pedimos la inmediata reforma de la Ley de Costas, tal y como ha anunciado el ministro Arias Cañete, para conciliar el interés público con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta Ley de Costas, tratando de compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales y con la seguridad jurídica”.

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/unanimidad-en-diputacion-por-ley-de-costas_720967.html

El Cabildo de Tenerife pedirá que Canarias asuma competencias en Costas

Las dos formaciones políticas que gobiernan en el Cabildo de Tenerife (CC y PSOE) llevarán al próximo pleno de la corporación insular una moción para instar al Gobierno de España a que proceda a la transferencia de competencias en materia de costas al Ejecutivo autonómico.

Otro acuerdo que promueve la moción, a la que ha tenido acceso Efe, es instar al Gobierno estatal a que en la reforma de la Ley de Costas se aborde la situación de los núcleos costeros, edificaciones y usos existentes en el litoral para generar una mayor seguridad jurídica, resolver tensiones.

Además, pide al Ejecutivo que valore la inclusión de medidas que posibiliten el equilibrio entre la protección del litoral y las diferentes situaciones que ha generado la actual normativa desde que entró en vigor.

El tercer punto del documento de los socios de gobierno en el Cabildo de Tenerife es instar al Gobierno autonómico y al Parlamento de Canarias a la adopción de los acuerdos que procedan para pedir al Gobierno del Estado la modificación de la Ley de Costas en los términos propuestos por la institución insular.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en enero una reforma "profunda» de la Ley, mientras que el Senado decidió la semana pasada instar al Gobierno a que modifique la ley de costas para "compatibilizar su protección con el crecimiento económico y la seguridad del empleo".

El texto que argumenta la moción explica que la aplicación de la Ley de Costas ha sido controvertida desde su entrada en vigor, sobre todo en referencia a la construcción, tanto en las construcciones existentes antes de su entrada en vigor como las realizadas posteriormente.

La aplicación de la normativa en Canarias ha generado "mucha conflictividad social e institucional", sobre todo en los núcleos de población en la costa que de forma tradicional se han asentado y consolidado en el litoral, como en Anaga, Agache, Abona o Acentejo, explica el documento.

La moción fue registrada el 20 de febrero y tenía que haber sido debatida en el último pleno, pero quedó sobre la mesa para la próxima sesión junto con otros dos puntos del día porque la consejera que debía exponerla, María del Pino León, estaba sin voz.

PNL en el Pleno del Senado donde se insta al Gobierno a modificar la Ley de Costas

Penosa intervención en el Congreso de la diputada Luisa Carcedo pidiendo explicaciones sobre la modificación de la Ley de Costas

La diputada Carcedo hace gala de una gran ignorancia en todo lo referente a la Ley de Costas y no sólo eso, ignora totalmente la grave situación socioeconómica que están viviendo los afectados de su región debido los caprichosos deslindes que se han efectuado precisamente en los porreos de Villaviciosa y otros lugares de Asturias.

Los porreos de Villaviciosa se han conservado magníficamente porque sus propietarios los han ido mejorando durante generaciones y cuidándolos con mimo, no porque hubiera ningún acuerdo entre administraciones. Si aún siguen "maravillosos" es porque los propietarios llevan años de lucha judicial para evitar el despojo de sus propiedades.

Ignora la Sra Carcedo la historia de su propia tierra pues dichos porreos fueron vendidos por el Estado a particulares con la desamortización de Madoz tratando de llenar las pauperrimas arcas del Estado y ahora pretende que la historia se repita. Esto Sra mía, aunque hayan pasado dos siglos, se llama estafa. Un Estado de Derecho no puede confiscar, vender y volver a confiscar, mediante leyes a la carta, cuando se le antoje.

Sería bueno que alguien le recordara en el Hemiciclo que no se lanzan "los carros blindados terrestres" ¿? por modificar una ley, pero sí se pueden lanzar los bulldozer si no se modifica, y en eso su partido es especialista.

Ignora la Sra Carcedo que la Constitución española no mandata específicamente la protección del dominio público maritimo terrestre (DPMT) sino la zona maritimo terrestre (ZMT) que es muy distínto. Tampoco mandata la sentencia del Tribunal Constitucional la protección del DPMT por parte de las Comunidades Autónomas, todo lo contrario, el DPMT que antes de 1988 era parte inseparable del territorio de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, dicho también en sentencias del Tribunal Constitucional, pasa a ser competencia exclusiva del Estado a partir de 1988. Lo que sí deja en manos de las Autonomías es la zona de protección pero con tantas restricciones que es como si también mandara el Estado en ella.

Como representante de la Comunidad Autónoma de Asturias debería estar exigiendo que les devolvieran esa franja del territorio (DPMT) que maneja, exlusivamente, el Estado y que no tiene ningún sentido que exista esa separata rompiendo la integridad territorial autonómica y municipal.

Poco le ha preocupado la sensibilidad de la ría de Aviles cuando se ha rellenado y modificado para construir el  Oscar Niemeyer ¿ O es que el litoral es sensible o no dependiendo de los intereses economicos o politicos?

Con lo fácil que hubiera sido informarse antes de hablar.

El CCN se satisface de la supresión del carácter retroactivo de la Ley de Costas

La senadora del CCN por Tenerife, Luz Marina Socas, ha mostrado su satisfacción por la aprobación del Senado, contando con su voto, de la iniciativa para la eliminación del carácter retroactivo de la actual Ley de Costas.

La senadora Socas señaló que “este éxito que tanta importancia tiene para muchos núcleos costeros de la isla de Tenerife ha sido el resultado de un esfuerzo que se inició con la moción que el por entonces concejal de Santa Cruz y presidente federal del CCN, Ignacio González, presentó ante el pleno del Consistorio pidiendo lo mismo que se acaba de aprobar en el Senado”.

Socas recordó que Ignacio González también presentó una Proposición no de Ley (PNL) en el Parlamento de Canarias como diputado de la Cámara autonómica en esta misma línea.

La senadora del CCN indicó que las dos representantes de esta formación política en la Cámara Alta se han encargado de transmitir al resto de los parlamentarios el carácter confiscatorio de la actual Ley de Costas y sus efectos más perjudiciales en Canarias que en el resto de España dada nuestra condición de islas. Socas explicó que “el incremento de la afección al pasar de los anteriores 20 metros de dominio público a los actuales 100, llegó a afectar casi el 2% de nuestro territorio”.

Finalmente, Luz Marina Socas se mostró sorprendida por el voto del PSOE en contra de esta iniciativa, “lo que parece dar a entender que detrás de toda su supuesta sensibilidad social, se encuentra su indiferencia ante el derribo de casas en el litoral de Canarias, casas que en muchos casos son el único patrimonio que tienen esas familias y que suponen la herencia familiar de varias generaciones”.

http://gomeraverde.es/not/23681/el_ccn_se_satisface_de_la_supresion_del_caracter_retroactivo_de_la_ley_de_costas/

Arias Cañete apuesta por una Ley de Costas que corrija “las arbitrariedades generadas por la errática aplicación de la ley vigente”

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado hoy en el Congreso de los Diputados que la nueva Ley de Costas “no pretende sino corregir las arbitrariedades que ha originado la errática aplicación e interpretación de la ley vigente por parte de los gobiernos socialistas en las CCAA con litoral”.

Miguel Arias Cañete respondía así a una pregunta formulada por la diputada del grupo socialista, María Luisa Carcedo, interesada en conocer en qué medida tiene previsto el Gobierno que la modificación de la Ley de Costas cambie el modelo de gestión en la costa asturiana.

El ministro ha añadido que “la Ley de Costas respetará el reparto competencial establecido en la Constitución y en los Estatutos de autonomía”. “Como Ley estatal vamos a querer coordinar toda la política medioambiental, incluyendo la tecnología y los conocimientos científicos que la lucha contra el cambio climático incorpora”, ha añadido.

Arias Cañete también ha asegurado que la nueva norma va a cumplir con las recomendaciones del informe AUKEN, aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de 2009, que instaba a revisar urgentemente y, en su caso, modificar la Ley de Costas “a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”.

Asimismo, el ministro ha señalado que la Ley de Costas “pretende corregir las rigideces e ineficiencias que contiene la actual norma, para garantizar mejor la protección del dominio público marítimo terrestre”. Además, cambiará la forma de gestión del litoral en todas las Comunidades Autónomas, con una mejora del modelo de protección de la costa.

Un modelo, ha apuntado Arias Cañete, “en el que se respetarán los derechos y las legítimas expectativas de los ciudadanos, un modelo en el que la gestión del dominio público marítimo-terrestre se aplicará de forma homogénea en todo el territorio, no como ha ocurrido hasta ahora”. En definitiva, ha completado el ministro, “un modelo en el que la protección de nuestra costa y de sus valores ambientales vayan de la mano del desarrollo económico y social”.

En definitiva, el ministro ha señalado que la nueva ley tiene dos objetivos principales, mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa, y hacer compatible la protección del espacio natural del litoral con una actividad económica generadora de empleo y sostenible. Y eso no supone alterar los valores medioambientales del litoral español, ha concluido.

http://www.elperiodicodeaqui.com/noticia/arias-canete-apuesta-por-una-ley-costas-que-corrija--arbitrariedades-generadas-por-erratic/16386

El Senado pide al Gobierno, con el rechazo del PSOE, modificar la Ley de Costas para aclarar el régimen de ocupación

Demanda "restablecer la seguridad jurídica" de los derechos adquiridos "de buena fe y de forma legítima" antes de la aplicación de la vigente ley

El pleno del Senado ha aprobado, por 177 votos a favor (PP, CiU, Entesa Progrés Cataluña, Grupo Vasco y Grupo Mixto) y 75 en contra (PSOE), una moción presentada por el PP por la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Costas de 1988, para que sea compatible proteger las costas con el crecimiento económico y la seguridad del empleo, así como con los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en estas zonas del litoral.

   La iniciativa es resultado de una enmienda transaccional de una moción inicial, por la que se reclama flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de ocupación del dominio público marítimo terrestre, para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio publico marítimo terrestre por establecimientos de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos.

   Asimismo, la moción pide adecuar la compensación de los derechos adquiridos "de buena fe y de forma legítima" con anterioridad a la aplicación de la vigente ley, "restableciendo seguridad jurídica" que la mayoría de grupos han manifestado, en el pleno del Senado, que falta en la actualidad.

   Igualmente, propone que se estudie la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Costas hasta que se pueda modificar la ley 22/1988, cancelando "todos" los actos administrativos.

LA LEY ACTUAL NO FRENÓ LA "DEPRAVACIÓN MEDIOAMBIENTAL"

   Durante la defensa de la moción, la senadora del PP Patricia Navarro ha denunciado la "aplicación injusta y arbitraria" de la actual normativa vigente que ha llevado al anterior Gobierno socialista a poner "en vilo a propietarios de viviendas y negocios".

   Así, ha dicho que mientras que la Ley de 1988 llegó para "poner freno" a los abusos en las costas, en todo el litoral se observan "ejemplos de la depravación medioambiental (...) pero que, aprovechando sus ambigüedades o vacíos, ha servido al Gobierno del PSOE para vulnerar los derechos" de ciudadanos españoles y extranjeros y a violar el principio de no retroactividad de las normas.

   A su juicio, la peor consecuencia de esta tropelía no es la legal, sino el drama personal y familiar de quienes ven la expropiación o demolición de su vivienda o negocio sin poder hacer nada, al tiempo que ha añadido que otros "grandes afectados" son los dueños de los chiringuitos. "Ellos han sido víctimas de los arrebatos del Gobierno. Nunca la aplicación de una ley sembró tanta incertidumbre 20 años después de ser aprobada", ha apostillado.

PSOE CREE QUE LA REFORMA SERÁ EN 15 DÍAS

   Por su parte, el senador socialista Miguel Fidalgo ha asegurado que el Gobierno llevará "el 2 o el 9 de marzo al Consejo de Ministros" una reforma de la Ley de Costas, por lo que ha criticado la "precampaña que está realizando" el PP. Además, ha criticado cada reunión del Ejecutivo es "una sorpresa de contrarreformas, retrocesos en los avances y libertades con la disculpa de la crisis".

   Por ello, ha defendido que la Ley de Costas "no tiene nada que ver con la crisis" ya que ha funcionado "perfectamente" durante 24 años en los que también ha habido gobiernos del PP. "Me da la sensación de que este gobierno nos va a hacer bueno hasta a (el expresidente José María) Aznar", ha sentenciado.

   En este contexto, ha ofrecido en nombre del PSOE un "pacto" en defensa de las costas públicas, ya que, en su opinión, sería un error muy grave volver atrás y aprovechar la costa para un nuevo crecimiento basado en el cemento. De hecho, ha concluido su intervención en el pleno de la Cámara Alta asegurando que esta reforma de la Ley de Costas que plantea el PP es "el proyecto de FAES" --la fundación de análisis afín al partido del Gobierno--.

VISIÓN DE LOS GRUPOS

   Por su parte, el senador de Coalición Canaria en el Grupo Mixto, Narvay Quintero Castañeda, ha reclamado que en la reforma se tenga en cuenta y de participación a las comunidades autónomas y a las entidades locales.

   "Queremos el mismo nivel de competencias que tienen otras comunidades autónomas", ha insistido porque ha asegurado que para Canarias, la defensa del litoral, del mar y de su medio ambiente es una cuestión "fundamental" y ha lamentado que el "desconocimiento de la realidad insular lleva a veces a la injusticia y a la torpeza".

   Mientras, la senadora del Grupo Vasco Miren Loren Leanizbarrutia, ha criticado la Ley de Costas vigente porque es una norma "arbitraria", que "vulnera el derecho a la propiedad y produce confiscación", es "una perversión", "vulnera el derecho a la propiedad" y conculca principios generales del derecho, va contra la Constitución y contra los principios fundamentales europeos.

   Leanizbarrutia ha pedido que la reforma de la "injusta ley" se acometa de forma "breve" y que cuando se modifique se base en criterios económicos pero siendo sostenible.  

   Por otro lado, el portavoz de Entesa en temas medioambientales, el senador Joan Saura, ha denunciado que el litoral español es "el más degradado" de toda la Unión Europea, porque la ley, "que ha sido buena, no se ha aplicado siempre bien".

   Finalmente, ha advertido de que no se puede dejar que se siga desprotegiendo el litoral y ha apuntado a que "el PP tiene intención de incrementar la desprotección".

http://www.europapress.es/galicia/noticia-senado-pide-gobierno-rechazo-psoe-modificar-ley-costas-aclarar-regimen-ocupacion-20120222182136.html

El Senador Aparici ha mostrado su satisfacción y ha declarado haber cubierto el primer gran objetivo de esta legislatura en el Senado

La moción para la paralización de acciones derivadas de la Ley de Costas se ha aprobado esta mañana en el Senado, con el voto en contra del PSOE, por 177 votos a favor y 75 en contra.

El Senador Vicente Aparici, portavoz de la comisión de Medio Ambiente del Grupo Popular en el Senado, ha declarado sentirse muy satisfecho con el resultado de la votación que ha aprobado la moción presentada por el PP para modificar la ley de costas y mientras tanto paralizar las actuaciones previstas contra los intereses de los vecinos, basadas en una interpretación retroactiva de la ley, y que cancela todos los actos administrativos hasta la puesta en marcha de la nueva ordenanza.

Aparici ha destacado la dedicación de los parlamentarios populares en defensa de los intereses de la provincia, de sus vecinos y del litoral castellonense, que una vez más demuestra que el Partido Popular cumple sus compromisos y su programa electoral y ha señalado que “con la aprobación de la moción se ha cubierto el primer gran objetivo que teníamos para esta legislatura en el Senado”.

Asimismo Aparici ha asegurado que “con esta actuación se pone de manifiesto el papel incuestionable que esta institución, el Senado, representa en la defensa de los intereses de los ciudadanos y su eficacia para abordar los problemas de todos los españoles”.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/160008_paralizacion-costas-aprueba-voto-contra-psoe.html