LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

sábado, 30 de junio de 2012

El Supremo frena el deslinde de Punta Margalla que Costas inició hace 6 años

CALA DEL PALANGRE
Los bloques se ubican en una zona de costa entre la Cala del Palangre y la Playa del Cura

Los vecinos de la zona de Punta Margalla están de enhorabuena porque una reciente sentencia del Tribunal Supremo les da la razón en un litigio que mantenían con la dirección general de Costas.
El Alto Tribunal ha anulado de forma cautelar el deslinde del dominio público marítimo-terrestre aprobado en 2006 por el Ministerio de Medio Ambiente en la conocida zona de Torrevieja. Los bloques en cuestión se ubican en una franja de costa de 748 metros de longitud comprendida entre la cala del Palangre y la Playa del Cura. Esta sentencia pone fin a un largo procedimiento judicial iniciado a instancias de diversas comunidades de propietarios afectadas por el deslinde, que estaban administradas por Juan Andreu.
Los propietarios mostraron su preocupación por las consecuencias que el deslinde aprobado podía tener sobre las comunidades afectadas, pues implicaba que parte de los edificios pasaran a ser dominio público del Estado, con el consiguiente perjuicio patrimonial a los particulares y la cesión de su uso a Costas.
A partir de las actuaciones del organismo ministerial las comunidades afectadas encargaron a un bufete de abogados alicantino la interposición de un recurso contencioso-adiministrativo contra le orden del ministerio que aprobaba el deslinde, en un recurso de casación estimado por el alto tribunal. El Ministerio de Medio Ambiente había incluido dichos edificios en el dominio público, según consta en la sentencia del Supremo, no por sus características naturales, sino por la aplicación de un criterio jurídico, al considerar que dichos terrenos fueron declarados de dominio público en 1946 y desde entonces, pese a estar edificados, deben tener dicha condición.
PLAYA DEL CURA
Esta interpretación ha sido rechazada por la sentencia del TS, acogiendo las tesis de los abogados de las comunidades, al entender que un deslinde realizado con posterioridad en 1969 lo modificaba, por lo que no procede ahora incluir esos edificios en el dominio público marítimo-terrestre, máxime cuando no se dan circunstancias naturales que así lo aconsejen.
Esta sentencia, que anula el referido deslinde en el tramo afectado de Punta Margalla, implica que los edificios afectados, que el ministerio había incluido de uso público continuarán considerándose como propiedad privada, evitando así que sus actuales propietarios se vieran en la necesidad de solicitar una concesión del uso temporal, por un plazo de treinta años.
Los afectados fundamentaron su recurso en que la sentencia precedente incurría en un claro abuso de la jurisdicción, rebasando los límites administrativos porque defendieron que no había características naturales que justifiquen su inclusión en el dominio público marítimo terrestre.
Asimismo apelaron que la sentencia desfavorable era incongruente y el TS da la razón en parte a los demandantes. Una de las cuestiones que reseña es que los hitos se han retranqueado tierra adentro en el deslinde aprobado en 1969, que había dejado sin efecto el anterior, aprobado en 1946, y al que sucedió otro en el 2006, que fue impugnado por los afectados.
Asimismo estima que la sentencia de instancia se olvidó de analizar el documento de 1969 y cotejarlo con el otro de 1946, por lo que estima que los vecinos tienen derecho a la apelación.
SENTENCIA

martes, 26 de junio de 2012

El Supremo salva de la Ley de Costas a Almáciga y Roque de Las Bodegas pero condena a Tachero


El Tribunal Supremo (TS) finalmente ha dado su brazo a torcer y reconoce que en dos núcleos situados en el Anaga profundo como son Almáciga y Roque de Las Bodegas la zona de servidumbre debe tener una anchura de 20 metros en vez de los 100 fijados hasta ahora por la Ley de Costas. 

Esta resolución ya firme supone que ambos pueblos se salven de los rigores de esta legislación que mantenía a alrededor de 250 viviendas en situación de fuera de ordenación con las limitaciones que este régimen supone a la hora de devaluar el valor de las propiedades, imponer fuertes limitaciones a la realización de obras o incluso la posibilidad de proceder a derribos si se ejecutaran obras de interés general. No ocurre sin embargo así con Tachero donde el Supremo cree que no se dan las condiciones suficientes para calificarlo como núcleo urbano y por lo tanto  mantiene la anchura de la zona de servidumbre en cien metros, lo que implica que la práctica totalidad del pueblo se sitúe dentro de terrenos de dominio público.

La lucha de estos vecinos junto con los de Igueste, también en Anaga, en contra de la ley de Costas se remota ha hace ya casi una década momento en el que el Estado comenzó a notificarles las consecuencias que la entrada en vigor de la ley iba a traer consigo. En el caso de Igueste hasta ahora todas las batallas judiciales se han saldado con un sonoro fracaso, pero sin embargo finalmente al menos Almáciga y Roque de Las Bodegas ha podido ver como sus argumentos salían adelante. El Supremo anula así en parte una sentencia anterior de la Audiencia Nacional que imponía que a lo largo de los más de 12 kilómetros de este tramo del litoral la zona de servidumbre tuviera una anchura de cien metros.

El recurso fue interpuesto por la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Begoña, en Almáciga, y dirigido por el letrado Juan José Rodríguez, después de haber acusado al Ayuntamiento de no haber elaborado con suficiente precisión los informes que probaran que antes de la entrada en vigor de la ley de Costas en el año 1988 estos núcleos contaban con las características suficientes para ser considerados urbanos. Estos es, que disponían de servicio eléctrico, alcantarillado, suministro y abastecimiento de agua, acerado, consolidación edificatoria y acceso rodado en condiciones. Finalmente, el Supremo estima que ocurría así en Almáciga y Roque de Las Bodegas pese a que los informes aportados por la Gerencia de Urbanismo y las empresas concesionarias de cada uno de estos servicios no resultaron siempre lo suficientemente claros. Pero no ocurre lo mismo con Tachero en el que ninguno de los documentos demostró de forma clara que se trataba de un núcleo urbano consolidado.

Así  la empresa concesionaria del servicio de Aguas, Emmasa, apuntó que Tachero no contaba con servicio de alcantarillado. Un extremo negado por estos vecinos y por un antiguo directivo de la compañía quien testificó que los núcleos disponían de un precario sistema de agua potable. Otro informe encargado por la Corporación local a un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, determinó que antes de la entrada en vigor de la ley se habían realizado obras básicas de infraestructura. La Concejalía de Servicios municipales tampoco fue muy concreta y en el informe elaborado no concluyó "de forma fehaciente" si el Ayuntamiento durante la década de los años setenta realizaba el suministro de agua potable, saneamiento y alumbrado en estos núcleos. La compañía eléctrica Unelco sí certificó que había instalado este servicio en 1968 en Almáciga, en 1973 en Roque de La Bodega pero no ocurrió así hasta 1994 en Tachero.
http://www.sanborondon.info/content/view/45030/1/

Sentencia
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6415794&links=anaga&optimize=20120625&publicinterface=true

sábado, 23 de junio de 2012

Zapatero llevó a la ruina a 400.000 familias españolas, dió orden de demoler miles de viviendas de gente humilde, pero pide a todos los gobiernos del mundo que combatan la pobreza

DEBERÍA EXISTIR UNA LEY QUE OBLIGARA A PASAR UN EXAMEN PSICOLÓGICO A TODOS LOS GOBERNANTES PARA QUE LOS VOTANTES SUPIÉRAMOS COMO ESTÁN DE LA CABEZA QUIENES VAN A REGIR NUESTROS DESTINOS.


Artículo de Jose Luis Rguez Zapatero
La Cumbre de Río supone un nuevo esfuerzo de la comunidad internacional para concertar políticas que garanticen que el crecimiento económico tenga dos fronteras prioritarias: la sostenibilidad medioambiental y el combate contra la miseria y el hambre. Las cifras a este respecto siguen siendo hoy un aldabonazo en la conciencia de todos: en torno a 800 millones de personas en el mundo padecen una miseria extrema, y aproximadamente 30.000 seres humanos mueren al día a consecuencia del hambre. Cifras intolerables.
En los últimos treinta años, la pobreza extrema se ha reducido en el mundo desde un 50 por ciento de la población total a un 17,5. El dato es espectacular, pero insuficiente. Deberíamos tratar de lograr en una década el sueño tanto tiempo imaginado de que el hambre deje de ser una de las causas de muerte en la Tierra.
Ese es el mandato de los Objetivos del Milenio, que mantienen hoy su vigencia plenamente, aunque sus avances se producen -y hay que decirlo con claridad- a un ritmo insuficiente, sobre todo por la actual crisis internacional. Por ello, en Río deberá renovarse enfáticamente ese gran compromiso mundial de acabar con la miseria.
En esta cumbre se plantea la convicción de que el futuro de la humanidad dependerá de nuestra capacidad para preservar el medio natural en el que vivimos. En apenas cuarenta años, la población mundial se duplicará. La biodiversidad no puede seguir deteriorándose, porque pondríamos en riesgo el desarrollo de los países más avanzados y especialmente la salida de la pobreza de los no desarrollados. La comunidad científica ha demostrado que reducir los gases de efecto invernadero es una tarea imprescindible. Políticamente, supone el mayor examen de la gobernanza mundial, pues se trata de encontrar un camino en el que se equilibren los sacrificios que deben hacer los países desarrollados, por un lado, y los emergentes, por otro.
He asistido a muchas cumbres internacionales en las que la dificultad esencial para llegar a un acuerdo se producía cuando los países emergentes reclamaban, ante los países desarrollados, su derecho de seguir creciendo sin cortapisas: "Primero, dejadnos llegar al grado de desarrollo que vosotros ya habéis alcanzado y luego reduciremos nuestras emisiones". Entiendo a los países emergentes, pero no hay tiempo. La Tierra no lo tiene: es forzoso alcanzar un consenso entre desarrollo y reducción de emisiones, entre desarrollo y energías renovables, entre desarrollo y ahorro energético, entre desarrollo y transferencia tecnológica...

Hoy, cualquier gobierno y cualquier organismo internacional saben que la ayuda al desarrollo ha de ser necesariamente ayuda al desarrollo sostenible. Dicho de otra manera, ha arraigado de un modo irreversible la convicción de que la erradicación de la pobreza y la preservación de la naturaleza han de ir de la mano, porque son expresión de un mismo paradigma de defensa de la dignidad humana.
Sea cual sea el éxito de la Cumbre de Río, a partir de ahora cada día de nuestro futuro tenemos convocada una cumbre de la Tierra, una cumbre con el destino de nuestra especie. Y no tengo ninguna duda de que esa cumbre diaria va a ser finalmente resuelta en favor de la reducción progresiva de la pobreza y en favor del equilibrio con el medio ambiente. Puede haber percances o demoras en este camino, pero la humanidad no deja de avanzar porque no deja de aprender. Es esa misma convicción en el progreso la que nos ofrecen a diario todos los cooperantes que, en uno u otro rincón del mundo, salvan una vida, proyectan la luz de la educación sobre la sombra del analfabetismo y convierten la expectativa de una vida digna en algo tangible.

jueves, 21 de junio de 2012

Coger piedras de la playa es delito medioambiental...menos, para Costas


Una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil detuvo ayer a un hombre al que estaba multando por infringir la Ley de Costas por tallar una escultura con varias piedras del Parque Natural de Ses Salines, después de encontrarle marihuana y hachís en una bolsa.
El hombre, José F.M., de 52 años, fue detenido ayer por unos agentes que realizaban la vigilancia rutinaria en el parque natural, ha informado el instituto armado en un comunicado.
Los agentes le encontraron tallando una escultura en la playa con varias herramientas, comprobaron que las piedras que utilizaba habían sido extraídas de la zona costera de Dominio Público Marítimo Terrestre, por lo que identificaron al hombre para denunciarle por realizar una extracción de áridos y modificar el estado natural del paisaje, infracciones que contempla la Ley de Costas.
Posteriormente, los agentes registraron la bolsa de tela que portaba el hombre, en la que hallaron cogollos de marihuana y pastillas de hachís, por lo que procedieron además a detenerle por un delito contra la salud pública.
Los agentes se incautaron de 198 gramos de hachís y 278 gramos de cogollos de marihuana, así como de 1.145 euros en metálico.
Vale, lo dice la Ley de Costas. ¿Y por qué no ha demostrado el Seprona el mismo celo profesional cuando Costas se dedicó a destruir la playa de Cho Vito? 
¿Por qué denunciaron a los ciudadanos que trataron de impedir que se cometiera un delito mediambiental en vez de agradecérselo?
¿Por qué no se han dignado siquiera en abrir una investigación para ver quiénes son los responsables de semejante fechoría y llevarles hasta el juez?
¿Por qué aún no han abierto un expediente para poder averiguar si la empresa tiene todos los permisos, licencias, etc...y si el promotor de la obra cumple con todos los requisitos legales?
Pues porque en este país se ha llegado a tal degeneración que ser un ciudadano honesto que no se calla ni se somete, es conceptuado de poco menos que de delincuente y se nos trata como a tal. Nos quieren callados y sumisos.

viernes, 15 de junio de 2012

El PSOE vuelve a manifestar su oposición frontal a la reforma de la ley de Costas

Durante la comparecencia, ayer en el Senado, del secretario de estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, el grupo parlamentario socialista volvió a manifestar su oposición frontal a la reforma de la ley de Costas.

Federico Ramos abordó ayer, entre otros temas en su comparecencia, la reforma de la actual ley de costas, y explicó claramente que el gobierno va a cumplir con la modificación a la que se comprometió y que por lo tanto finales de este mes presentará el borrador de la nueva ley para su estudio, discusión y posterior aprobación.

Tal y como explico el secretario de estado de Medio Ambiente, la modificación de la actual ley pretende, ante todo, amparar los derechos de las personas ante el riesgo de derribo y pérdida de su patrimonio por la aplicación de una ley que, de forma retroactiva, vulnera sus derechos y destruye su legítimo patrimonio.

El senador castellonense Vicente Aparici ha declarado que “ante las falsedades que los senadores castellonenses del PSOE han venido vertiendo en los medios de comunicación, no hay mejor desmentido que la posición de su portavoz de Medio Ambiente en el senado, Miguel Fidalgo, que ayer constató la total oposición de su partido a cualquier modificación de la actual ley, por lo que exigimos al actual secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que aclare su posicionamiento y desautorice a su portavoz en el Senado”.

Aparici se ha mostrado convencido de que “el PSOE ejercerá sin duda su derecho a veto en primera instancia en el senado y aunque la mayoría del Partido Popular en el senado garantiza que la modificación pueda tramitarse en esta instancia, el grupo socialista podría presentar un recurso que paralice esta reforma en los tribunales, lo que aclararía su posición en contra de los intereses de los castellonenses y su defensa de sus posiciones partidistas, y prolongaría la situación de precariedad que actualmente padecen los vecinos de la costa castellonense hasta la resolución del tribunal”.


martes, 12 de junio de 2012

Costas, dispuesta a suspender derribos hasta que se apruebe la nueva ley

El Ministerio de Medio Ambiente estudiará la suspensión de las actuaciones administrativas hasta que se apruebe la nueva ley, pero matiza que no puede hacer nada en el caso de resoluciones judiciales firmes. Los afectados de Canarias piden que los abogados del Estado no insten la ejecución de las sentencias. 

Las buenas noticias con las que los afectados por la Ley de Costas en Canarias volvieron el pasado jueves de su reunión en el Ministerio de Ambiente solo lo son a medias. El abogado José Luis Langa, representante en las Islas de la asociación de perjudicados por esta norma, aclaró ayer que el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, les advirtió de que la "receptividad" de la Administración central a la hora de suspender derribos no alcanzará a aquellos que sean objeto de una resolución judicial firme.

En el encuentro, Saavedra se comprometió a estudiar el aplazamiento, hasta que se apruebe la nueva ley, de aquellas actuaciones administrativas que "representen un perjuicio para las propiedades y los negocios en Canarias", pero matizó que "no puede entrar" en las decisiones judiciales.

Sin embargo, y pese a reconocer la buena voluntad del alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente, Langa -que acudió a la reunión junto a las senadoras del Partido Popular (PP) Luz Marina Socas y Meluca Suárez- recordó que son los abogados del Estado quienes deben instar a la ejecución de las resoluciones de los jueces, por lo que demandó que no se dé este paso mientras no haya luz verde para la nueva ley.
Ante esta solicitud, el secretario general de Costas replicó que dar esas directrices a los abogados del Estado no depende del Ministerio. "Pensamos que debe articularse algún procedimiento entre varios ministerios para que no se materialicen esas ejecuciones si van contra la nueva ley, que será totalmente contraria a la actual", expuso el representante del colectivo de afectados.

A juicio de José Luis Langa, es "de sentido común" que se haga todo lo posible para no aplicar la norma vigente si en breve se promulgará otra que en gran parte la contradice. De acuerdo con la información que el Ministerio le ha facilitado, el anteproyecto de la nueva ley de Costas será presentado en julio, de forma que la ley entrará en vigor antes de que finalice el año.

En cuanto a la intervención del Gobierno canario, Langa lamentó las contradicciones entre los ejecutivos central y autonómico, dado que el primero sostiene que Canarias no ha pedido que se convoque la comisión mixta para la discusión de las competencias en materia de costas y la Administración regional asegura que sí lo ha hecho. La asociación de perjudicados por la ley urge a que se impulse esta mesa de negociación y que se tengan en cuenta las aspiraciones de Canarias y su conocimiento de esta realidad.

En las Islas -con alrededor de 7.000 kilómetros de litoral- hay cerca de cincuenta zonas afectadas por los posibles derribos, entre ellas Igueste de San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), Santa Lucía (Güímar) y Los Roques, (Fasnia), en Tenerife: Ojos de Garza (Telde) y La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria; Valle Gran Rey, en La Gomera; Fuencaliente, en La Palma, y El Golfo, en Lanzarote.

domingo, 10 de junio de 2012

El Bloc pide un frente común para que Costas respete las edificaciones tradicionales de Castelló

Recuerda que se trata de viviendas particulares amenazadas de derribo y no fruto de la especulación urbanística

El portavoz del Bloc en la Diputación de Castellón, Enric Nomdedéu, pide a los políticos castellonenses que se unan para lograr que la futura Ley de Costas, cuyo borrador estará redactado antes del verano, "incluya y contemple todas las particularidades de la costa de Castelló con el objetivo de preservar las viviendas tradicionales de nuestro litoral, ahora en peligro". Nomdedéu apela a todos los representantes castellonensea a mostrar la misma altura de miras que la lograda de forma reiterada en la diputación, donde en esta legislatura "se han respaldado por unanimidad las reiteradas propuestas de todos los grupos para evitar los derribos de los núcleos rurales tradicionales de nuestra costa".


Viviendas tradicionales de Nules 

En este sentido, Nomdedéu ha manifestado que "estamos frente a un momento crucial para el futuro de nuestra costa y debemos aunar esfuerzos para que los vecinos de los numerosos municipios afectados por posibles derribos -Cabanes, Moncofa, Xilxes, Almenara, AlmassoraÉ- no vean trucadas sus expectativas"


Nomdedéu recuerda que desde el principio de el actual mandato, los grupos de la diputación han mostrado una gran capacidad de consenso respecto a nuestro litoral. "La propuesta del Bloc para paralizar los derribos y acabar con la retroactividad de la ley en lo relativo a las viviendas tradicionales fue respaldada por unanimidad. Más tarde, las enmiendas presentadas por el Bloc en el mismo sentido a una moción del PP, también fueron aprobadas por unanimidad. También el PP y el PSOE han manifestado su vocación de defensa de nuestro litoral". Por ello, el representante del Bloc apela a que este consenso surgido en Castelló se traslade a la redacción de la futura Ley de Costas para lograr que todos nuestros municipios vean incluidas sus reivindicaciones. "En Castelló las viviendas afectadas por la Ley de Costas no son grandes hoteles ni complejos urbanísticos surgidos por el ansia especuladora, sino que, en su mayor parte, son viviendas tradicionales que, en muchos casos, se han visto afectadas por la Ley de Costas debido a la regresión marina y a la falta de actuaciones para frenarla"
Poblado de pescadores de El Puig derribado por Costas
Nomdedéu advierte que "si no logramos ahora que la Ley de Costas contemple las reivindicaciones de nuestros municipios, posiblemente ya no habrá marcha atrás en los derribos". 

miércoles, 6 de junio de 2012

La nueva Ley de Costas admitirá el carácter urbano de los núcleos

LOIRA

La reforma de la Ley de Costas pondrá fin a los conflictos de los núcleos de litoral en Galicia al calificarlos como suelo urbano. Esta es la expectativa de la jefa provincial de Costas, Cristina Paz-Curbera, que ayer comentó lo que sabía sobre la intención del Gobierno central, tras una reunión con el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Cores Tourís. La jefa de Costas explicó que el Ministerio todavía no les ha transmitido con detalle cuáles serán los cambios, pero que sí se adelantaron algunas de las líneas generales, que intentarán subsanar problemas que no solucionó la Ley de 1988.
«Se va a arreglar el tema de los núcleos, es lo único que sé, que es una figura que no se conoce en el resto de España», sostuvo. Cristina Paz-Curbera añadió que estos núcleos pasarían, al parecer, a la consideración de suelo urbano, pero aseguró que habrá que esperar a julio para que el ministro revele algo más sobre esta reforma.
Marín, Vilanova y Vilaboa son tres de los municipios que se verían beneficiados con esta modificación legal. Concretamente sobre los núcleos de Marín precisó que el último informe de Costas dio por solucionado definitivamente el problema con la urbanización Pérez Crespo de Mogor, donde se redujo la línea de protección excluyendo de la franja todas las viviendas. En relación con el resto de los núcleos, Paz-Curbera aclaró que la reducción de la línea había afectado a pocos tramos y que se habían presentado muchas alegaciones vecinales. Ahora con la modificación de la Ley de Costas se podrían atender el grueso de estas solicitudes.
La responsable de Costas en la provincia asimismo admitió que habrá prórroga a concesiones de empresas en la franja de protección. Sin embargo, no pudo responder si Ence se encontrará entre estas o no. «No puedo decir nada sobre ello. Sé que va a haber prórroga a concesiones, pero no sé a cuáles».
Además, destacó que se abreviarán los procesos de desafectación de terrenos, con lo que se acortarían los plazos que actualmente se eternizan como el dictamen de Patrimonio del Estado.
En estos momentos, están solicitadas en la provincia las desafectaciones de los colegios de Riomaior (Vilaboa) y Ponte Sampaio, y Vilanova de Arousa que estima que se aceptarán sin problemas.

sábado, 2 de junio de 2012

Los vecinos de Cho Vito recurren a la ONU por obras del paseo marítimo












El portavoz de las nueve familias, que viven en ese enclave, asegura que los trabajos actuales vulneran derechos humanos.

Los vecinos de Cho Vito ( Candelaria, Tenerife), están indignados con la situación actual que les ha tocado vivir. Aseguran que se están vulnerando muchos derechos humanos en la construcción del paseo y que sus casas están tan solo a escasos metros, por eso han acudido a la ONU.

El portavoz de los vecinos, Tomás González, dice que están molestos por la limitada seguridad que aseguran falta a diario en la obra, la cual ha provocado ya diversos destrozos en sus viviendas. En total hay nueve familias que permanecen viviendo en esta zona, pero aún aparecen registradas viviendas que a día de hoy ya han desaparecido. 

El Ayuntamiento de Candelaria, por su parte, no ha querido hacer declaraciones, pero asegura que se están llevando a cabo reuniones con los vecinos para firmar un acuerdo.

viernes, 1 de junio de 2012

Fomento estudia una amnistía para miles de viviendas ilegales


En un documento plantea eludir las sentencias de demolición si hay un comprador de buena fe

La norma salvaría de la piqueta urbanizaciones cerca del litoral


 Ministerio de Fomento estudia una amnistía que, de aprobarse así, afectaría a decenas de miles de viviendas ilegales. Se trata de eludir la demolición en edificaciones con sentencia firme en contra, siempre que haya un tercero de buena fe ocupando el inmueble. Así figura en un documento de reforma de la legislación urbanística enviado a comunidades y Ayuntamientos para alegaciones. Esto afectaría a decenas de miles de edificaciones (imposible saber el número) por toda España, pero principalmente en el litoral: Marbella, la costa cántabra, la Axarquía de Málaga, Almería... Fuentes del ministerio afirman que se trata solo de un “documento técnico sin respaldo político abierto a sugerencias”.
Fomento ha preparado un documento de 58 páginas “a favor de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas”, en el que incluye cambios en la Ley del Suelo, la de Propiedad Horizontal, la de Economía Sostenible y un decreto ley de 2011 de racionalización del gasto público. El ministerio insiste en que queda un largo camino por delante, que muchas partes pueden sufrir cambios y que es un texto muy técnico, “sin respaldo político”, para recibir sugerencias y alegaciones.
El texto intenta facilitar la renovación y rehabilitación de viviendas, la salida natural para el sector de la construcción. El borrador destaca que “existe actualmente suelo capaz de acoger nuevos crecimientos urbanísticos para los próximos 45 años” mientras que “el stock de la ya construida, sin vender y vacía, está tan sobredimensionado”, que la construcción de vivienda nueva ha caído un 88%.
Entre reformas para facilitar la rehabilitación, figura un cambio en la Ley del Suelo de calado. Ahí, con una redacción algo críptica, señala que “será causa de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia o acto administrativo firmes, en virtud de los cuales haya de demolerse una edificación, el hecho de que los propietarios de todo o parte de la misma hubieren adquirido su derecho” de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, el que hace referencia a la inscripción en el registro de los terceros de buena fe.
Es decir, que quienes compraron casas en Marbella que luego fueron declaradas ilegales, si lo hicieron con todos los papeles municipales, no deberían temer el derribo. En muchos casos (el Puerto de Santa María, la Axarquía de Málaga, el interior de Almería o la costa cántabra), los Ayuntamientos dieron licencia a chalés y urbanizaciones en terreno rústico. Esas licencias fueron anuladas por los tribunales cuando las casas estaban ya vendidas e inscritas.
Un caso típico es el de la comarca de la Axarquía, en Málaga, donde puede haber unas 10.000 viviendas construidas sobre terreno rústico. Allí, los dueños parcelaban terrenos en los que solo estaba permitido una casa para los aperos de labranza y levantaban chalés con el visto bueno de los municipios. Con frecuencia eran vendidos a británicos que luego descubrían que eran ilegales.
Aunque se actuara por la vía penal contra los regidores que dieron licencias, ejecutar la demolición de las viviendas era mucho más complicado. En la costa de Cantabria también hay urbanizaciones enteras con sentencia de derribo y con cientos de propietarios que compraron con permiso.
El texto de Fomento añade que para beneficiarse de este cambio legal, las construcciones deberían cumplir cuatro condiciones. Las viviendas deben estar terminadas (no se aplica a obras aún en marcha). Además, la compraventa debe ser posterior al fin de la obra, de forma que no sea el promotor quien se beneficie de la amnistía, y no debe exceder la licencia o el plan urbanístico que fue declarado ilegal. Por último, no puede estar en dominio público (cauces de ríos o en primera línea de playa) ni de defensa y no suponer un riesgo para las personas.
La norma no afectaría a las casas construidas directamente sobre la playa, el dominio público marítimo-terrestre. Para las levantadas allí legalmente antes de la Ley de Costas, de 1988, el Ministerio de Medio Ambiente prepara una reforma de la Ley de Costas. Según ha anunciado a su Consejo Asesor, lo construido en terrenos degradados podrá desafectarse de forma sencilla. Ese es el trámite para convertir el dominio público en privado y afectaría a barrios enteros como El Palo, en Málaga.

martes, 29 de mayo de 2012

'Casa Carolina' se salva del deslinde de Costas...( por ahora )

Casa Carolina (foto Vecinos Amigos de playa de los Cristianos)

MÁS DE MEDIO SIGLO EN PIE 
La vecina Carolina Domínguez Marcelino, propietaria de la conocida como Casa Carolina situada en la playa de Los Cristianos, ha conseguido que la Audiencia Nacional le de la razón y dejar sin efecto el tramo del deslinde fijado por la Dirección General de Costas que transcurre por su terreno. Esta casona tiene una antigüedad de más de medio siglo y cuenta además con un pequeño embarcadero. Ahora los tribunales se han puesto de su lado y obligan al organismo estatal a volver a fijar los limites del dominio público en el trozo del litoral sobre el que se sitúan sus propiedades. La propietaria hizo valer ante la Audiencia un estudio elaborado por un ingeniero en el que se demostraba que los terrenos no reunían las características propias para ser incluidos dentro de las propiedades de Costas.

Esta vecina apuntó que la nueva delimitación realizada en el año 2009 era “totalmente aleatoria” e iba en contra de la realidad del suelo en cuestión y destacó la inexistencia de un estudio geomorfológico que lo justificara. Efectivamente, la Audiencia pudo comprobar que en el informe elaborado por la Dirección General se había dejado fuera este tramo del litoral. No existía tampoco constancia de que las olas llegaran hasta las propiedades en cuestión incluso en las épocas de mayor pleamar. “Prueba de ello es que al lado de la edificación de dos plantas existentes hay una huerta plantada sobre tierra vegetal y acotada por un pequeño muro, tratándose de un terreno que no está batido por las olas ni tiene características de playa”, se indica en el fallo hecho ahora público.

La Audiencia concluye por lo tanto que el perito pudo demostrar que la supuesta inundación de estos terrenos se trata de una mera afirmación que no viene respaldada por ningún cálculo sobre el particular. La Administración que es a la que le corresponde fijar esta delimitación no ha justificado que el alcance de las olas llegue hasta el lugar por donde se ha trazado la nueva poligonal, sin que pueda hablarse, como sostiene el Abogado del Estado, de referencia comprobada del alcance de las olas en esta zona. Los deslinde anteriores existente al no incluir estos terrenos en la zona marítima terrestre parecen más bien poner de relieve lo contrario. En el fallo se indica que el hecho de que que en un determinado momento el alcance de las olas llegue hasta un determinado punto no implica que ese límite sea inmutable y de hecho puede variar en función de múltiples factores. Corresponde a la Administración acreditar dicha circunstancia lo que aquí no se ha hecho de forma suficiente.

El deslinde que transcurre entre el Puerto de los Cristianos y la playa de Callao tiene una longitud de casi dos kilómetros y afecta a cerca de 40 propietarios entre los que se encuentran varios hoteles y edificios de apartamentos. La Dirección General de Costas ha elaborado un proyecto para construir un paseo y modificar la playa que ha sido cuestionado por los vecinos y propietarios.

Cabria preguntarse si se trata de una victoria o del comienzo de una nueva pesadilla que puede durar 15/20 años. 
La sentencia 2061/2012 finaliza diciendo:

"En conclusión, la Administración no ha justificado de forma suficiente la ampliación del demanio 
realizada y consiguiente inclusión en el demanio de los nuevos terrenos realizada al amparo del artículo 3.1.a) 
de la Ley de Costas , respecto de la delimitación efectuada por los deslindes anteriores existentes entre los 
vértices litigiosos. Debe, en consecuencia, anularse la delimitación impugnada, con la precisión de mantener 
la ubicación del vértice M-138 (al coincidir con el deslinde de 1987) y estarse al deslinde practicado con 
anterioridad, pudiendo en su caso, practicar la Administración un nuevo deslinde donde acredite y justifique 
la inclusión en el dominio público marítimo- terrestre de dichos terrenos".


Imagínense que les acusan de asesinato, de robo, de fraude...El juez sentencia que no se ha justificado el delito, es decir, que el fiscal no ha aportado pruebas suficientes para acusarles y, en vez de salir absueltos, el tribunal da a la Fiscalía la oportunidad de hacer una nueva investigación, aunque tarde años, para acusarles de nuevo. 

O se demuestra la culpabilidad o la inocencia, pero eso de ser sospechosos de por vida y que te puedan acusar, llevándote a los tribunales, una y otra vez....     ¿Qué país, donde ocurre algo semejante, puede decir que es un Estado de Derecho? 
Pues esto es lo que está sucediendo en España con la Ley de Costas. No sólo te obligan a demostrar que eres inocente, revirtiendo ilícitamente la carga de la prueba y aplicando la ley con retroactividad, sino que jamás llegas a serlo.

sábado, 26 de mayo de 2012

Costas frena el desalojo de Fontanelles para "replantear" el dominio público

El departamento público no abrirá más expedientes sancionadores y paralizará los que están en marcha hasta que no se defina cómo se va a reformar la normativa que regula los usos del litoral

Éste es el fin de semana en que muchos ciutadellencs aprovechan para pasarlo en chalés, en el campo o en la playa. Es Cinquagesma (Pentecostés), y eso en Ciutadella es sinónimo de ‘anar a vega’, aprovechando además que para muchos, el próximo lunes será festivo. Tradicionalmente, uno de los lugares que acoge a los ciutadellencs por estas fechas es Ses Fontanelles, la playa situada al norte del municipio, cerca de La Vall. Este año, no obstante, algunos de los habituales de esa cala no tienen claro si van a pasar Cinquagesma en ese punto cerca del mar. La actuación del Departamento de Costas a finales del pasado año, sancionando a uno de los “propietarios” de las casetas construidas al lado del mar, ha despertado el miedo entre los habituales del lugar, quienes temen pisar de nuevo Ses Fontanelles por si algún representante de Costas se pasa por allí y les sanciona. Para estos ciudadanos, el panorama parece haber cambiado. 

Tras el cambio de color político en el Gobierno central y con la entrada del Partido Popular y el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se anunció una revisión de la política de Costas, lo que significaría afectar al dominio público marítimo-terrestre. Precisamente esta revisión es lo que paraliza el proceso que se había iniciado en Ses Fontanelles. Cuando se sancionó a los inquilinos de una de las casetas, se esgrimió que estaban ocupando una construcción levantada en una zona en la que no podían existir construcciones de ese tipo, el dominio público. Pues bien, ahora Costas, según ha podido saber este periódico, no realizará más actuaciones sancionadoras hasta que “estudie y replantee el dominio público marítimo terrestre”. 

Esto significa que, por ahora, no habrá más inspecciones sobre el terreno, ni identificaciones ni mucho menos sanciones hasta que no se tenga claro qué camino seguir en esta materia. Además, Costas asegura que los procesos sancionadores que ya están en marcha también se paralizarán momentáneamente hasta que esta cuestión esté clara. Después, cuando finalice el replanteamiento que quiere realizar Costas, se retomarán estos expedientes “y se actuará en consecuencia con lo decidido”. Así, esta decisión afectaría también a otras zonas similares a Ses Fontanelles, como Cala Turqueta. 

UNA REFORMA PROFUNDA

La revisión de la Ley de Costas, vigente desde 1988, es uno de los objetivos que el PP se ha marcado para esta legislatura. Poco después de formarse el nuevo Gobierno central, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya aseguró que se realizaría una reforma “muy profunda” de la legislación, aunque de momento no se conocen muchos más detalles sobre esta reforma. Algunas fuentes explican que el PP podría optar por legalizar las casas construidas antes de 1988 en lo que ahora se considera dominio público. Esta medida podría afectar directamente a las “casetes de vorera” de Menorca, y concretamente a Ses Fontanelles, aunque luego habría que discutir si esas construcciones pueden considerarse casas y si deben cumplir algún requisito urbanístico más exigente. 
En líneas generales, desde el Partido Popular consideran que la reforma de la Ley de Costas debe servir para conciliar los intereses públicos con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de la norma. El futuro de los chiringuitos depende de esta modificación.

viernes, 25 de mayo de 2012

La ONU recrimina a España los desalojos forzosos sin compensación


Un Comité de la ONU expresó hoy su preocupación por la reducción de los niveles de protección de los derechos económicos, sociales y culturales en España, a raíz de la adopción de medidas de austeridad para hacer frente a la crisis.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) publicó sus observaciones finales sobre la situación en España en el periodo 2004-2009, aunque el documento recoge recomendaciones e inquietudes relacionadas con las recientes políticas anticrisis.
El DESC recomienda al Gobierno español revisar las reformas adoptadas para garantizar que la austeridad no socave derechos consolidados y que sea una política temporal, y expresa su preocupación por el "desproporcionado" impacto que tiene sobre los individuos y los colectivos desfavorecidos y marginados.
Estos individuos y colectivos son, para este comité de la ONU, "los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados, las personas mayores, los gitanos, los inmigrantes, y los solicitantes de asilo".
El DESC cifró en un 21,8 % el porcentaje de la población española que vive por debajo del umbral de la pobreza, y advirtió de que "en el contexto de la crisis económica y financiera, se ha incrementado considerablemente el índice de personas en riesgo de pobreza".
Las observaciones finales hacen alusión asimismo al desahucio en España de miles de personas por impago de sus hipotecas a otro fenómeno producto de la crisis económica que comenzó en 2008.
Recomienda en este sentido al Estado español impulsar una reforma legislativa que "faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de modo que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad de las entidades bancarias".
Para el Comité es preocupante "que se sigan realizando desalojos forzosos sin las debidas garantías legales, sin que las personas afectadas sean consultadas previamente, y sin que se les ofrezca una alternativa de alojamiento o compensación".
2008 DESALOJO Y DERRIBO DE CHO VITO

Sobre las pensiones, el DESC constata que en muchos casos son inferiores al nivel mínimo de subsistencia, sobre todo en el caso de las mujeres que reciben pensiones de viudedad más bajas.
Preocupación muestra igualmente por las dificultades de las mujeres, en función de su lugar de residencia, para acceder al aborto de conformidad con la ley, y por "los impedimentos burocráticos y temporales que obligan a muchas mujeres a acudir a clínicas privadas".
En lo referente a los derechos de las mujeres, el DESC expresa también su inquietud por "la persistencia de altos niveles de violencia doméstica y otras formas de violencia de género, a pesar de los esfuerzos del Estado para prevenirla".
Inquietan especialmente a este Comité "los recortes presupuestarios que han afectado a los procesos de apoyo y acompañamiento a las víctimas en algunas comunidades autónomas".
Por último, el DESC denuncia "la persistencia de actitudes hostiles e intolerantes" hacia inmigrantes y gitanos -"inclusive por parte de los agentes de la fuerza pública"- y lamenta las modificaciones de la Ley de Extranjería que "recortan los derechos" a la sanidad pública de los inmigrantes en situación.
En su exposición ante el DESC hace dos semanas, el Gobierno español expresó su compromiso con el Estado del bienestar y defendió que los recortes presupuestarios no recortan derechos adquiridos, sino que buscan racionalizar los recursos del país.
Isaac Salama, jefe del Área Constitucional del ministerio de Justicia, defendió con cifras las iniciativas del Gobierno, señalando que en la actualidad España dedica el 64 % de su presupuesto, excluyendo la financiación autonómica, a la protección social, un aumento con respecto a presupuestos anteriores

martes, 22 de mayo de 2012

PRESSE MELDUNG Fam. Harry W. Ampuriabrava

Ein Bericht von: S. Haselhorst, dessen Inhalt gemeinschaftlich, mit dem vom spanischen Küstengesetz betroffenen und geschädigten, Harry W. (64-Jahre,deutscher Staatsbürger) recherchiert werden konnte, mit dem Titel: __________________________
Drei, zwei, eins…. Meins! Die wundersame, spanische Wandlung privaten Eigentums in staatlichen Besitztum
España es diferente mit diesem Slogan wirbt die Iberische Halbinsel zu Recht. Spanien ist anders, keine Frage. Das Land, in dem die Zitronen blühen, ist reich an Facetten landschaftlicher, klimatischer Vorzüge, an mediterraner Lebensfreude und Leidenschaft. España, Spotlight am europäischen Himmel, hat dieses „Gewisse Extra“. Die Iberische Halbinsel lockt, umschmeichelt, lässt nicht mehr los. Man verzeiht ihm viel.

Spanien braucht Geld. Spanien buhlt um europäisches Vertrauen. Zerknirschend stellt man fest, dass man kein eigenes, effizientes Wirtschaftskonzept hat. Reformen reichen nicht. Geld muss von Außen kommen. Das kann man so oder so verstehen. Spanien versteht das auf seine Weise. Es greift ab, es bedient sich bei der Familiengemeinschaft von Harry W., gemäß den altbewährten Seefahrermacht-Methoden: Spanien kann es nicht lassen und räubert in Gewässern, die ihm nicht gehören, die ihm nicht zustehen. Dabei ist die Empfehlung der „Investoren von Außen“ durchaus nicht ignoriert, im Gegenteil, doch wird sie eben „spanisch–anders –interpretiert“.

Es gibt unzählige Beispiele dieser Interpretationen. Sie schlängeln sich – ausländisch investiert -durch das ganze Land und seine zugehörigen Inseln. Empuriabrava, „Just another brick in the wall", eine Mauer, hinter der sich Willkür und Spekulation Vereinen, mag hier als Beispiel stehen, für das menschliches Leiden der Familiengemeinschaft von Harry W., was unweigerlich aus geballter Attitüde spanischer Willkür resultiert.

Um Vertrauen muss man kämpfen, Vertrauen birgt Arbeit. Spanien zeigt sich unfähig und fällt in alte Raster zurück, nimmt von Anderen, entdeckt sein nicht angewendetes Küstengesetz, nutzt dieses flugs zur eigenen Bereicherung, setzt sich in die selbstgefällige Position ein „Irrtumsrecht“ zu besitzen, wandelt das Eigentum von Harry W. in inländisch staatlichen Besitz. Alle Macht dem Stärkeren. Basta.
Basta? Wohl kaum. Vielleicht funktionieren afrikanische Stammesallüren hier und dort und anderswo. Im erlauchten Kreise europäischer Mitgliedsstaaten sollte man sich Besserem besinnen, will man dieser würdig sein, schlimmer noch, ist man auf diese zur Rettung der eigenen Haut angewiesen. Auf nordeuropäisches Verständnis kann südeuropäische Politikarroganz nicht mehr hoffen. Und auf ein Stillschweigen auch nicht mehr. Und es mag Spanien vermittelt werden, dass nordeuropäische, sprich in diesen Fall, deutsche und europäische , Wut nicht auf kleiner, dörflicher Flamme kocht. Es entspricht eben nur dem kühleren Naturell nicht spontan sondern überlegt zu reagieren.

Der erfolgreich vollzogene Akt des spanischen Staates, sich das lukrative Eigentum der Familiengemeinschaft Harry W. in Empuriabrava einzuverleiben, mag dieser als Investition von Außen sehen. Dass man sich dabei „geirrt“ hat, was aber nichts zur Sache tut, da man sich als Staat den Irrtum als Recht vorbehält, mag der unbedarfte E-U Bürger noch als eine Posse der besonderen Art schlucken. Dass aber durch eine „Knall auf Fall Enteignung“, ohne jegliche Vorwarnung, Menschen in tiefes Unglück und Armut gestürzt werden, raubt auch dem größten Spanien-Enthusiasten jeglichen Gutwill. Mit einem Schlag wurde die 14-köpfige Familiengemeinschaft von Harry W., in vier Generationen, deutsch, holländischer und spanischer Nationalität, mit der Tatsache konfrontiert, den „Mehr-Generationen-Sitz“ nicht mehr als ihr Eigentum nennen zu dürfen. Drei, zwei, eins – Meins: Enteignet! Plötzlich ist der spanische Staat flink. Was war geschehen?

Was so abstrus erscheint, wie die einstigen Abenteuer Don Quichottes, ruht auf lang recherchierten Fakten. Verschlungene Pfade politischer und spekulativer Machenschaften, die man erst mühselig entwirren muss, um hinter schmutzigen Kulissen auf den harten Boden schmerzlicher Realität zu gelangen. Dabei wird man des Staunens nicht müde, ob der Schlitzohrigkeit gewiefter Winkelzüge, zu denen die fähig sind, die nur eines im Sinne haben: Den Griff in die Taschen Anderer. Es zeigt sich die lange ungestörte Übung, die diese Klientel zum Meister machte. Es brauchte Zeit, Geduld und Beharrlichkeit, um sorgsam aufgebautes Mauerwerk, hinter dem jahrelang so ungeniert wie ungehindert geschaltet und gewaltet wurde, löchrig werden zu lassen. Was nun folgen wird - folgen muss, - weil ein Anfang gemacht, ist der Einsturz.

Spanien, in Geldnot verfallen, besann sich eines lukrativen Tricks. Hatte man zwanzig Jahre jenes – aus hehren Motiven heraus beschlossene - Küstengesetz, demnach die „erste Linie am Strand“ unbebaut sein soll, in mediterraner Unbekümmertheit über Bord geworfen und profitfreudig Jedem gegenüber, der die horrenden Bausummen in dieser Region zu zahlen imstande war, diesbezüglich geschwiegen und die Kassen bis zum Anschlag gefüllt, entdeckt der findige Politiker nun in finanzieller Not, die verwegene Idee doppelt abzukassieren. In hausgemachten Krisenzeiten ruft man sich „Vergessenes“ in Erinnerung und legt die politische Kralle besitzgierig auf einst freimütig bewilligte Objekte. Drei, zwei, eins…Meins! Genial aus der Sicht derer, aus deren Blickwinkel ein anständiger Mensch gar nicht erst blicken möchte.

Aber der Staat kann noch mehr. Er vermisst – würfelt? – in zeitlichen Abständen die bestehenden und beglaubigten Grundstücksgrenzen. Ein Blick auf die genehmigten Baupläne von Harry W., gleicher Grundstücke in unterschiedlicher Zeitfolge, lässt stutzen. Das Tolle ist, dass die Grenzlinien sich – je nach finanziell wachsender Misere – gerne mal in Richtung fremdländischem Eigentum verschieben, so dass sie in die verbotene Zone fallen. Diese Zauberei versteht nicht nur Harry W. nicht. Plötzlich traf die Küstengesetz Bemessungslinie mitten durch das 4 – Fam.- Haus von Harry W.. Drei, zwei, eins… Meins! Dem Küstengesetz ist doppelt Genüge getragen. Dem Unverständnis folgte der Widerstand. Das sieht der Staat lässig. Er nimmt sich die Kontenbewegungen der Ehefrau Joke vor, der eine Haushälfte gehört, rechnet zurück, wertet die Gelder zur Bedienung der Ratenkredite als Einkommen, bemängelt ohne Vorwarnung die, nach spanischem Ermessen logische, Besteuerung und beschlagnahmt–der Vollständigkeit halber–in doppelter Hinsicht, zusätzlich nochmal das komplette Eigentum. Das alles ohne vorherigen, erklärenden Schriftverkehr an Harry W., wie eigentlich üblich in einer zivilisierten Welt. Gegenwehr wird abgeschmettert. Der Staat darf irren und weiter agieren. Basta.

Was wie ein Tollstück aus einem anderen Jahrhundert klingt, ist spanischer Alltag, in den unterschiedlichsten Versionen aber immer mit dem gleichen Ausgang: menschliches Leid. In diesem einen geschilderten Fall von Harry W., bedeutet dies zusätzlich die Verarmung von insgesamt vier Senioren (der Ehefrau–65-jahre, Schwiegermutter, 82-Jahre & Mutter 88-jahre), die sich keiner Schuld bewusst sind, keine Schuld haben, ihre Schuldlosigkeit unter Beweis stellen, aber nicht erhört werden. Sie verloren auf einen Schlag ihr Hab und Gut, das sie im sechsstelligen €urobereich in das enteignete Familienanwesen investiert hatten und leben in ihrer holländischen und deutschen Heimat am Rande des Existenzminimums, aufgenommen in Wohnheimen, seelisch erkrankt, psychisch erschöpft, am Ende, anstatt wie geplant ihren Lebensabend im Kreise der Famlie in Empuriabrava ableben zu können. Das ist die grausame Realität. An dem hart erarbeiteten Erbe für die Kinder und Kindeskinder labt sich nun der spanische Staat.

Verkehrte Welt: Jede Katze, die mit eitrigen Augen abgemagert um die überfüllten, spanischen Müllcontainer streicht, bekommt mehr ausländische Aufmerksamkeit als menschliches Leiden im Sog spanischer Politikwillkür. Wütende Menschenmassen bestürmen das Social Network, reichen Petitionen ein, beschimpfen Politiker, bilden Hilfsorganisationen, bringen sich in empörte Stellung zur Rettung verlassener, vernachlässigter Strassentiere.

Und der Mensch? Es mag daran liegen, dass die Öffentlichkeit nicht ausreichend informiert ist und so eine kranke, arme, hilflose Katze auch eher die Herzen rührt. Doch krank und arm sind nun auch die, mit denen der Staat kaltschnäuzig verfährt, und hilflos sind sie zudem, weil es ihnen an Mitteln fehlt, sich zu wehren. Aber irgendwie scheint es, sind sie nicht „putzig“ genug.

Die Krise hat zugeschlagen, Harry W. und seinen Erben ist die Lebensgrundlage genommen und finden sich sehr wahrscheinlich im betagten Alter in einem Obdachlosenheim wieder, welches sie zwei Monate gratis nutzen dürfen, danach muss „Miete“ gezahlt werden, plus die fortlaufende Hypotheken für sein verlorenes Eigentum. Der Weg auf die Strasse ist nur ein winziger Schritt. Elend und unfassbares Leid. Verzweiflung lähmt die Angst, die Betroffenen sind wie paralysiert. Kinder werden ggf. von Heimen aufgefangen, um dem Leben ihrer Eltern auf der Strasse zu entrinnen. Kaum vorstellbar, was in ihren Köpfen und in ihren Herzen vorgeht. Was wiegt schwerer, das jammernde Kätzchen oder die Tränen der Kinder?

So geht man mit seinen Bürgern nicht um und auch nicht mit seinen Gästen. Investoren, wie die Familiengemeinschaft von Harry W., der Spanien durchaus als interessant angesehen hat, wenden sich nunmehr zukünftige Investoren im Vorfeld ab. Es mangelt nicht an Innovationen, kreativen, erfolgversprechenden Konzepten, es mangelt an ausländischem Vertrauen, in inländisches Gebaren. Eine der wichtigsten Grundlagen geschäftlichen Miteinanders ist Respekt und Vertrauen. Das „ergaunert“ man nicht. Das erarbeitet man und die Menschen in Spanien haben ein Recht darauf. Die Europäische Gemeinschaft hat ein Recht darauf. Wir Alle haben ein Recht darauf. Denn wir Alle müssen den Fall des südeuropäischen Riesen auffangen. Und wir alle haben die Pflicht nun zu agieren, um denen zumindest im Ansatz Rückendeckung zu geben, die einmal uns stützen sollen: Der jungen Generation.

Empuriabrava, „Just another brick in the wall“ es wird Zeit laut zu werden, Mauern einzureißen, Transparenz zu schaffen, Vertrauen in Spanien einzufordern und Respekt und Anstand zu verlangen. Und dies nicht in spanisch gewohnter Manier „morgen“, sondern jetzt!

Inwieweit die vorgenannten staatlichen Abzockermethoden einen Strafbestand darstellen, indem nachweislich Der Tatbestand: „Unter Vortäuschung falscher Tatsachen“ ein Betrugsdelikt beinhaltet und nachweist, bleibt nach nationalen und europäischen Recht zu überprüfen, denn die Verletzung der Menschenrechte sind in allen Belangen gegeben.

Fakt ist jedoch leider die Tatsache, das nicht einmal der kleinste Hoffnungsschimmer auf Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für die enteignete Großfamilie von Harry W. besteht, weil man felsenfest davon ausgehen muss, das Berechtigte Aussichten auf eine Schadenersatzklage beim europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg, zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, Schadenersatzzahlungen gewährleistet sind, die im Gegensatz dazu, Spanien unlösbare Pleite–Indikatoren aufzeigt, bei der klipp und klar, die E-U- Verantwortlichen, weder die Mittel noch den Wille haben werden, um Spanien „ herauszuhauen“.

Spanien ist Ende des Jahres 2.012 einfach pleite und wird keine vom europäischen Gerichtshof verurteilte Schadenersatzzahlung an die Familiengemeinschaft von: Harry W. nachkommen können. Basta.........
Empuriabrava, den 28. 04. 2.012