Incendios y regresión costera: el precio de mirar hacia otro lado (Belén López, Manuel López y Javier Cremades)

 

"Tierra y mar comparten el mismo fracaso: la prevención nunca llegó"

Arden los montes y se hunde la costa. Más de 400.000 hectáreas calcinadas en la península ibérica y un verano que repite su tragedia: bosques arrasados, vidas en riesgo, pueblos desalojados. En el litoral, la escena es paralela: el mar avanza, las playas se borran y los deltas retroceden. Tierra y mar comparten el mismo fracaso: la prevención nunca llegó.

En los incendios, la prevención significa limpiar montes, gestionar el combustible forestal, mantener cortafuegos, recuperar cultivos abandonados y fomentar actividades como el pastoreo o la ganadería extensiva. Invertir en ello no suele dar titulares ni votos inmediatos, pero cada vez más ciudadanos nos damos cuenta que es lo que realmente evita los desastres. Los responsables públicos deberían impulsar también la participación ciudadana como parte de la solución.

En el mar, prevenir exige reconocer que puertos y embalses han roto el equilibrio natural: los primeros retienen arena y los segundos bloquean sedimentos que antes llegaban a la costa. Esa arena alimentó playas y deltas; sin ella, el mar avanza. Según el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), los embalses españoles acumulan ya unos 6.384 hm³ de sedimentos, volumen que debería haber seguido su curso hacia el mar. En cuanto a los puertos, no existe un inventario nacional consolidado, pero la experiencia demuestra que cada infraestructura puede llegar a interceptar desde unos pocos miles hasta más de 100.000 m³ de arena al año.

Sin embargo, no lo hacen. Los puertos se amplían sin devolver la arena que retienen y los embalses siguen bloqueando los sedimentos. La Administración, en lugar de frenar la regresión cumpliendo con el artículo 46 de la Constitución —que obliga a conservar y proteger el patrimonio natural y cultural— reescribe los deslindes tierra adentro: borra playas, borra historia y derriba pueblos enteros en nombre de una falsa protección de las personas al cambio climático.

El cambio climático es una amenaza real, pero sin el aporte natural de sedimentos sus efectos se multiplican. Culpar solo al clima, mientras se ocultan causas humanas, es greenwashing: un falso ecologismo que encubre la gestión negligente y libera a grandes corporaciones —gestoras de puertos, electricidad, agua o regadío— de las responsabilidades medioambientales que exige la normativa europea y española.

Ahora vivimos un ejemplo clarísimo en Guardamar del Segura (Alicante): el 15 de septiembre está previsto el derribo de 65 viviendas centenarias. Este anuncio ha motivado protestas sociales para frenar lo que muchos consideran una barbarie. El pasado 20 de agosto, centenares de vecinos y simpatizantes marcharon desde la Playa de Babilonia hasta el Ayuntamiento bajo el lema “Salvemos Babilonia”.

Estas casitas, levantadas hace un siglo con diseño uniforme y sabor mediterráneo, fueron parte de un ambicioso proyecto del ingeniero de montes Francisco Mira. A comienzos del siglo XX, Mira ideó un plan pionero para frenar el avance de las dunas que asfixiaban Guardamar: transformarlas en una gran pinada de 800 hectáreas —el actual Parque Alfonso XIII—. Sobre aquellas dunas, a 100 metros del mar, se construyeron las viviendas, concebidas como una barrera que protegiera la pinada de la salinización. Una estrategia innovadora, basada en soluciones naturales, que en su día mereció el reconocimiento de expertos, instituciones y del propio rey Alfonso XIII.

Con ese valor cultural, social y medioambiental, hoy se pretende destruirlas, tratándolas como un estorbo y culpándolas falsamente del avance del mar. Es el mismo patrón que sufren otros poblados de la costa española: la falta de arena los ha dejado indefensos frente al mar, poniendo en riesgo su patrimonio y la seguridad de sus habitantes. Y como respuesta, en lugar de reparar las causas, se opta por eliminarlos, porque resulta más barato.

La lección es clara: si no prevenimos, la naturaleza arrasa; en tierra, con el fuego; en el mar, con la erosión. En ambos casos, la factura se paga con vidas, con patrimonio y con el futuro de nuestros territorios.

Por eso, desde Somos Mediterrània, que integra a 54 asociaciones de la costa española, pedimos al Ministerio para la Transición Ecológica un cambio de rumbo: la protección de nuestras costas no puede recaer en los vecinos que sufren las consecuencias, mientras quienes gestionan las infraestructuras quedan exonerados.

Necesitamos una nueva Ley de Costas que aplique principios de sostenibilidad alineados con las directrices europeas, que no deje en indefensión jurídica a los ciudadanos, respete la propiedad privada y ponga fin a la arbitrariedad. Así lo reclamó en 2009 el Parlamento Europeo mediante el informe de la eurodiputada Margrete Auken (Los Verdes) y lo reiteró el Consejo de Estado en 2014. Y es imprescindible aplicar con rigor la Ley de Responsabilidad Medioambiental para obligar a quienes provocan el deterioro a compensar y reparar sus efectos, bajo el principio de la Unión Europea: “quien contamina, paga”.

Porque apagar un incendio no significa esperar a que las llamas lo devoren todo, sino poner los medios para prevenirlo. Y frenar el avance del mar no es derribar pueblos enteros y borrar nuestra historia, sino reparar el daño causado por las infraestructuras que rompieron el equilibrio natural. Solo así podremos legar a las próximas generaciones bosques y costas vivos, seguros, sostenibles y justos.

https://www.levante-emv.com/safor/2025/08/27/incendios-regresion-costera-precio-mirar-120989253.html?fbclid=IwY2xjawMcDX9leHRuA2FlbQIxMQABHn_8gi3PODPlb57nhALaDJKTZ4PM9HRFixvNorpedliz5DGbUVgR0dPiN58j_aem_TXed9-yrBUC69RWU_gvEUw

Cientos de vecinos de Babilonia se echan a la calle contra los derribos de las casas

"¿Y si fuera tu casa?, nosostros también somos del pueblo". Ese era uno de los muchos lemas de las pancartas que portaban cientos de vecinos de Playa Babilonia que han reclamado este miércoles con una manifestación por las calles de Guardamar la paralización de los derribos previstos de las casas en la playa para el 15 de septiembre, que acabarán con 65 viviendas centenarias de planta baja en primera línea de playa, pero también, remarcan, con un bien de interés patrimonial, una forma de vida y una parte de la historia reciente del pueblo de Guardamar.

Pese a que las posibilidades de que paralice la orden son remotas las familias de Babilonia no tiran la toalla y lo han demostrado este miércoles con un recorrido desde de la playa hasta la plaza del Ayuntamiento.

Fotos Áxel Álvarez

"Las casas de Babilonia no son un juego político. Son nuestro hogar". 

La protesta estuvo encabezada Manuel López, portavoz durante muchos años de la Asociación de Vecinos de Babilonia, y también estaba animada por el joven David Renner, que durante las últimas semanas ha impulsado la movilización de los vecinos y de la opinión pública a favor de la pervivencia de las casas como patrimonio y como vivienda habitual, no de veraneo, de muchos vecinos.

Los concentrados reclamaron a las puertas del Ayuntamiento que "José Luis, diera la cara", en alusión al alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez (PSOE), que se ha expresado en innumerables ocasiones su conformidad con los derribos en función de las resoluciones judiciales que los disponen.

En realidad ningún miembro del equipo de Gobierno del PSOE recibió a los manifestantes. Tampoco hubiera quedado bien parado porque el enfado y la indignación va creciendo entre los vecinos de Babilonia conforme la cuenta atrás se acerca al día previsto de inicio de los derribos, el 15 de septiembre.

El único momento de tensión se produjo cuando una parte de los concentrados decidió entrar en el vestíbulo de la primera planta del Ayuntamiento de Guardamar, en la que se encuentran oficinas de distintos servicios del Ayuntamiento y provocando un conato de ocupación de las dependencias municipales en esa zona.

https://www.informacion.es/vega-baja/2025/08/20/cientos-vecinos-babilonia-echan-calle-rechazo-derribos-guardamar-manifestacion-120788640.html 

Las razones de los afectados por el deslinde de la costa de Dénia

• La Asociación de Afectados por la Ley de Costas de Dénia ha confeccionado un escrito para contrarestar "verdades parciales y falsedades que proliferan entre la opinión pública"
• Aseguran que "somos propietarios legales y legítimos de nuestras viviendas"

La Asociación de Afectados por la Ley de Costas de Dénia ha confeccionado un escrito que ha remitido a los medios de comunicación para defender su verdad contra lo que consideran "verdades parciales y falsedades que proliferan entre la opinión pública". "Los vecinos sabemos que construimos o adquirimos nuestras casas en los lugares indicados por los reguladores urbanísticos de la época: los ayuntamientos, la Ayudantía de Marina de Dénia y, más tarde, Costas de Alicante y a una distancia considerable de la playa. Y también sabemos que contamos con nuestras escrituras y la inscripción consiguiente en el Registro de la Propiedad. Por lo tanto, estas acusaciones carecen de fundamento. En definitiva, somos propietarios legales y legítimos de nuestras viviendas", afirman.

Para defender su propiedad y oponerse al deslinde que está ejecutando el Ministerio de Transición Ecológica aseguran con datos oficiales que "Rafael Yagüe, redactor del proyecto del puerto de Dénia, afirmaba en 1898 que las playas de Dénia estaban en continuo crecimiento y esto causaba importantes aterramientos en el puerto natural de Dénia. Es a partir de 1935 con prolongación de la escollera norte 1929-1935 cuando empieza a notarse alguna amenaza en las playas adyacentes, pero sin concretarse. Y algo más tarde, en las décadas de los 50 y 60 es cuando la incipiente regresión se visibiliza y se extiende progresivamente a todas las playas de Les Marines, coincidiendo con el auge de la construcción de infraestructuras públicas, pantanos y puertos".

En la imagen se observa la acumulación de sedimentos en la parte norte del puerto de Gandía y su casi total ausencia en la parte sur, un fenómeno que se repite en todos los puertos del litoral valenciano, según la asociación

Es por lo que aseguran que  "todas las playas valencianas están en regresión". Además, afirman que "otras acciones [com las extracciones de sedimentos de los ríos] provocaron la regresión de nuestras playas", además de la construcción del Pantano de Isbert en 1945 sobre la cuenca del Riu Girona, que supuso, además de la regulación de sus avenidas, un continuado freno a las aportaciones sedimentarias a la costa".

Además, "las extracciones llevadas a cabo en la Almadraba para el relleno del planché de una conocida factoría del Verger (Magdalenas Ortiz, 1973) se alargaron durante más de dos meses, excediendo con creces la concesión otorgada por el MOPU y la Administración de Costas de Alicante y originando la inmediata regresión de la playa e intervenciones de los ayuntamientos implicados a consecuencia de las denuncias de particulares, cuyos expedientes se encuentran en el Archivo Histórico de Dénia". "Más recientemente, en el siglo XXI, la Administración de Costas de Alicante ha procedido a la extracción de miles de metros cúbicos de gravas del lecho del río Girona a su paso por los municipios de Sanet y de Benimeli, también de Beniarbeig, y a su traslado a playas y a calas de roca alejadas sustancialmente de su desembocadura (calas del Goset en Dénia y Ambolo en Xàbia, a 10 y 40 Km., respectivamente) y, claramente, fuera de la unidad fisiográfica y sedimentaria del río Girona". Unas actuaciones que están "terminantemente prohibidas en cuencas sedimentarias deficitarias como la nuestra".

La solución que proponen

Es por lo que los afectados consideran que en el asunto del deslinde "confluyen tantos problemas y con tantos aspectos técnicos, físicos, ambientales, económicos, legales y de gestión administrativa, sociales, mediáticos y políticos, que complican mucho la discusión", pero "en todos los casos, se observa una clara responsabilidad ambiental y patrimonial del Estado, que es el encargado de construir o autorizar la explotación de infraestructuras como presas y puertos, las cuales generan este grave impacto ambiental en las playas".

En casos como el de Dénia, dicen, "el Estado trata de eludir su propia responsabilidad ambiental y patrimonial culpando a los propietarios de viviendas legales en las playas. Los acusa de ocupar dominio público y lleva a cabo nuevos deslindes sobre propiedades que ya fueron deslindadas", procediendo a "su decomiso sin conceder ninguna indemnización".

Es por lo que proponen:

1. La recuperación del aporte sedimentario fluvial mediante la habilitación de bypass en los embalses y provocando avenidas controladas de los ríos.
2. La recuperación del transporte sedimentario litoral mediante la habilitación de bypass en los puertos.
3. La recuperación de las playas originarias mediante aportes artificiales de sedimentos de origen fluvial o marítimo.

Se trataría de intervenciones a gran escala, con millones de metros cúbicos de sedimentos, pueden frenar la erosión en muchas playas en regresión, restituir el flujo sedimentario litoral natural y generar nuevos espacios dunares capaces de resistir grandes temporales.

"Si no se toman medidas para restaurar las playas originales, estas acabarán desapareciendo por completo, lo que no solo afectará a las viviendas de los residentes, sino también a las biocenosis asociadas a este ecosistema único". "En consecuencia, el mar impactará directamente contra el suelo continental. Pero, además, se verá gravemente comprometida la actividad económica de una ciudad como Dénia, cuya prosperidad depende en gran medida del turismo. La mejor forma de proteger la costa es mediante playas amplias, con cordones dunares estabilizados con vegetación, que sostengan un ecosistema natural equilibrado".

Y rematan: "En cuanto a los deslindes, la asociación emprenderá la vía europea".

https://lamarina.eldiario.es/2025/02/08/las-razones-de-los-afectados-por-el-deslinde-de-la-costa-de-denia/ 

Los vecinos más cerca de perder sus casas: El Gobierno aprueba el deslinde del Prat de Cabanes-Torreblanca

El Boletín Oficial del Estado publica el decreto por el que los municipios perderán parte de su paraje y los propietarios las viviendas

El Gobierno aprueba el deslinde de Costas en los municipios de Cabanes y Torreblanca. Hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado y esto afecta a un terreno de 10.235 metros de longitud donde hay viviendas y parcelas cuyos propietarios van a perderlos. 

En la Diputación se ha debatido en pleno la situación de las casetas de Torre la Sal y la pérdida de propiedades por parte de los vecinos tras rechazar el Gobierno a través de la dirección general de Costas las alegaciones presentadas por estos. 

Todos los grupos políticos han votado a favor de la moción presentada por el Partido Popular para defender las casas de primera línea, aunque con ciertos matices y diferencias. 

Desde el equipo de Gobierno el diputado provincial de Medio Natural, José María Andrés, le pide al Partido Socialista que defienda a los vecinos ante el Gobierno de España. "Vayan a sus compañeros, ministros, que venga la ministra y que vea qué mal ha hecho el núcleo de viviendas de Torre la Sal".

Por parte socialista, la diputada María Jiménez ha querido responsabilizar a los populares por no blindar las propiedades cuando han gobernado a novel nacional y muestra el apoyo a los vecinos. "Estaremos con los vecinos de Torre la Sal y de cualquier municipio de la provincia que tenga problemas".

Desde Compromís se advierte que no solamente Torre la Sal corre riesgo de perder estas propiedades, si no que también en otras localidades están amenazadas por los deslindes de Costas: Nules, Moncofa, Almassora... y reclama el portavoz, David Guardiola, que el litoral se gestione desde la Comunitat Valenciana. 

"Es necesario intentar defender a las personas porque nadie se merece la condena de la incerteza y la negación de recibir una resolución arbitraria que les quitara sus casas". 

Y VOX señala que la ley de Costas va en contra de los derechos constitucionales de los españoles. Su portavoz, Luciano Ferrer, explica que "

Y en este sentido, el Ayuntamiento de Torreblanca acudirá a la vía judicial para recurrir el deslinde aprobado por el Gobierno en el Prat y que afecta a propiedades y parcelas. "La Ley de Costas ha fracasado, generando inseguridad jurídica; se ha olvidado de la Constitución y el derecho a la propiedad privada".

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-provincia/castellon/noticias/vecinos-mas-cerca-perder-casas-gobierno-aprueba-deslinde-prat-cabanes-torreblanca-20250121_3080945.html

Costas desestima las alegaciones de los ayuntamientos y aprueba el deslinde del Prat Cabanes-Torreblanca

El deslinde del parque natural del Prat Cabanes-Torreblanca sigue adelante. El Ministerio de Transición Ecológica, tras desestimar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Torreblanca al proyecto, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la aprobación de la delimitación de los 10.235 metros cuadrados que comprenden el Prat en los términos municipales de estas dos localidades.

El Ministerio considera que el expediente se fundamenta "en la existencia de terrenos bajos inundables afectados por la filtración marina (marjales) no incluidos en los deslindes aprobados con anterioridad".

Los ayuntamientos afectados no se han quedado con los brazos cruzados ante esta decisión. En el caso del consistorio de Cabanes, su alcaldesa, Virginia Martí ha apuntado que “haremos todo lo necesario para que el proyecto no salga adelante”.

Martí ha reiterado la oposición del municipio al deslinde y aseguró que “ya se ha pasado la documentación a los servicios jurídicos del ayuntamiento para presentar un nuevo recurso”. Además, recordó que “las medidas utilizadas en esta propuesta son de hace muchos años y los valores no están actualizados”.  

Ahora las dos poblaciones cuentan con un plazo de un mes para interponer recurso de oposición. Además, tienes dos meses para recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Reactivación del proyecto

Este procedimiento, que recuperaba un proyecto que ya se intentó llevar adelante en 2012, aunque caducó en 2016, se reactivó en febrero de 2023. En ese momento, tomando como base varios informes y estudios, el Servicio Provincial de Costas consideró que se mantenían las circunstancias que provocaron la tramitación del deslinde anulado.

https://www.elperiodicomediterraneo.com/comarcas/2025/01/21/costas-desestima-alegaciones-ayuntamientos-aprueba-113577588.html

Playas Norte de Dénia eleva a 300 las propiedades afectadas por el deslinde de Les Deveses

 

La aprobación definitiva por parte del Ministerio para la Transición Ecológica del deslinde en la zona de Les Deveses sigue caldeando el ambiente. La asociación Playas Norte de Dénia eleva a 300 las propiedades afectadas por esa decisión, frente a las poco más de 40 que decía la semana pasada la edil de Territorio dianense, Maria Josep Ripoll. Un baile de cifras que ya se dio a finales de octubre de 2023.

El presidente de este colectivo, Francisco Ros, ha detallado este miércoles que hay más de un centenar de viviendas afectadas directamente y otras 200 más por servidumbre. Eso significa, según ha recalcado, que todas «tienen una afección irreversible».

Esta asociación ha denunciado las «irregularidades» que presenta la propuesta del Gobierno para este tramo de 3.500 metros de la playa de Les Deveses, en la zona comprendida entre la desembocadura del río Molinell y la calle Riu Xinxilla. Una Orden Ministerial de 20 de diciembre de 2024 que salió publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 8 de enero. Ros ha señalado que cuesta entender cómo es posible que se den casos de dos viviendas que entren dentro del dominio público y que otra ubicada justo entre esas dos no lo esté.

Ante los «atropellos» que están sufriendo los vecinos de esta zona, la asociación Playas Norte de Dénia ha avanzado que va a recurrir. «Vamos a luchar hasta donde haga falta», ha asegurado Francisco Ros y ha recordado que ya mandaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. De momento, ahora sólo se puede presentar un recurso de reposición contra la aprobación del ministerio y a partir de ahí habría que ir a un contencioso.

Otro paso que está estudiando este colectivo es convocar una nueva manifestación para que la gente salga a la calle y muestre su rechazo a los efectos de la Ley de Costas, a la que califica como un «despropósito que hay que abolir». Según su presidente, «parece que esa es la única manera de que nos escuchen».

Ros ha definido la Ley de Costas como un mecanismo para que «el Estado se nutra de suelo público y gratis». Este procedimiento implica una especie de expropiación, ya que las viviendas que pasan a Dominio Público Marítimo Terrestre dejan de pertenecer a sus propietarios, que pasan a tener una concesión por un tiempo determinado y sin ninguna contraprestación económica. Para el presidente de Playas Norte, se trata de «una confiscación porque el Estado te deja pasar un tiempo en la que ahora es 'su casa' y cuando te vas te toca pagar la demolición».

En su opinión, si expropian a alguien, le deben dar un justiprecio. También ha propuesto que, a los vecinos que pasen a concesión, se le vuelva a valorar su propiedad porque el deslinde la ha devaluado y que se les rebaje el IBI un 80%. Además, ha abogado por acometer proyecto de regeneración de las playas con los fondos europeos Next Generation como medida para frenar la regresión del litoral porque, según han recalcado, el problema no surge de las viviendas que se construyeron en su día al amparo de la legalidad vigente en ese momento, sino en que los sedimentos de ríos y embalses no llegan a la costa.

Asimismo, ha expresado su convencimiento de que el Ayuntamiento de Dénia sólo hizo el informe del suelo consolidado del litoral, que presentó en sus alegaciones para que se alejara la línea de dominio público en determinadas zonas, «al ver las protestas de los vecinos». También ha arremetido contra el gobierno local. «Creo que un alcalde debería, al igual que un capitán de barco, preocuparse por sus ciudadanos y su territorio y defenderlos a muerte y aquí no funciona así », ha aseverado Francisco Ros.

https://www.lasprovincias.es/marina-alta/playas-norte-denia-eleva-300-propiedades-afectadas-20250115143435-nt.html 

Tras las «traumáticas» huellas de la Ley de Costas

 

El riesgo de desahucio de Torre la Sal tiene precedentes en la provincia como el derribo de 18 viviendas de Xilxes, del que fue testigo de joven el actual conseller Vicente Martínez Mus y que marcó a toda una generación

La incertidumbre se cierne como una oscura nube sobre el cielo del poblado marítimo de Torre la Sal, donde la vivienda de medio centenar de familias ha quedado supeditada a un expediente de recuperación posesoria por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar. El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado carpetazo a este trámite recientemente, sentenciando que las históricas casetas de primera línea de la playa de Cabanes se ubican en territorio público marítimo-terrestre y que, por lo tanto, son propiedad del Estado. Todo ello, en virtud de dos órdenes ministeriales del siglo pasado y de una Ley de Costas razonablemente ‘temida’ en el litoral castellonense, pues provocó uno de los episodios más lacerantes de la historia de la costa provincial y hasta llegó a virar el rumbo del destino de un municipio castellonense.

Le letrada experta en esta materia y miembro de la Asociación Mare de Déu del Carmen que lucha por la protección de las viviendas de la playa de Nules, Inma Yáñez, recuerda un triste aunque importante dato que ningún abogado especializado en la materia desconoce: la provincia de Castellón fue el primer punto de la geografía española donde se ejecutó en su forma más irrevocable la citada ley. Concretamente, en Xilxes.

Apenas un año después de que el gobierno socialista de Felipe González aprobara la Ley de Costas en el año 1988, este nuevo brazo del legislativo español cayó por primera vez y con todas sus fuerzas sobre un poblado marítimo. Los testimonios orales a los que ha tenido acceso Yáñez (que por aquél entonces todavía no había nacido), curiosamente, coinciden en el uso del mismo adjetivo que emplea el actual conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus: «Muy traumático». El ‘popular’, que fue también alcalde de Xilxes, sí presenció unos hechos que, asegura, le marcaron para siempre como a muchos de sus convecinos.

«Es un recuerdo muy traumático, no solo para mí, para todo el pueblo». Comienza a recordar que «aquella madrugada un cordón policial acordonó todo el casco urbano de la playa y no dejaron entrar a los vecinos», relata sobre los propietarios de las 18 viviendas que derribaron en poco tiempo «con buldócers».

Más de tres décadas después parece, en este sentido, que haya habido pocos cambios y este es un hecho que desmotiva y preocupa gravemente a los propietarios de Torre la Sal, que guardan sus reservas sobre si a pesar de todo la ley autonómica del gobierno de Carlos Mazón llega a tiempo o incluso si será suficiente para evitar otra tragedia.

Ante ello, Martínez Mus no niega la máxima: que «la solución tiene que venir siempre de la mano de la normativa estatal», es decir, es el Ministerio quien debe dar «una solución definitiva», no el Consell. Aún así, está convencido de que «con la ley autonómica podemos complicar bastante todo ese procedimiento y este es uno de los primeros efectos que queremos conseguir».

La normativa contempla la figura de núcleo de valor etnológico para este tipo de poblados con la que la Generalitat pretende que «ninguna administración, tampoco la estatal, tenga la libertad de derribar algo que para nosotros tiene un valor no solo para los propietarios sino para el interés general de todos los ciudadanos».

Con todo, parece que en el caso de Torre la Sal no llegará tanta sangre al mar, y no solo por el apoyo de la Generalitat Valenciana. Justo esta semana la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Castellón aseguraba al Ayuntamiento de Cabanes que Costas no tiene intención de derribar las viviendas de Torre la Sal, lo que evitaría la parte más dramática de lo sucedido hace 36 años en Xilxes: la demolición de las viviendas cuyo coste, además, tuvieron que asumir en su día los vecinos para más inri, que habían perdido su casa.

En el aire queda, sin embargo, la posibilidad de que se les desahucie y cierta desconfianza razonable, pues hace solo poco más de un año que el Gobierno sí echó abajo, casi repitiendo las escenas de Xilxes de 1989, tres viviendas de primera línea de la playa de Babilonia del municipio alicantino de Guardamar del Segura mientras los propietarios aún litigaban en los juzgados.

Yáñez señala que este fue el desenlace para una familia que había heredado las propiedades y que no llegaron a tiempo a solicitar la concesión a Costas. Más cerca de Torre la Sal pero más atrás en el tiempo, la letrada especializada en este tipo de litigios también recuerda cómo el Ministerio despojó a Moncofa de sus dos únicos hostales, echándolos abajo.

Sucedió durante la primera década del presente milenio y, aunque por aquél entonces aún no era alcalde, el actual primer edil, Wences Alós Valls, no solo tiene muy presente este recuerdo, sino que es consciente de que la ejecución cambió el destino del municipio.

«El Hostal Chavarro y el Hostal Pinche, ambos ubicados a pie de playa en lo que luego fue la ampliación de la plaza Ruiz Picasso, eran los dos únicos establecimientos hoteleros de la localidad y nunca recuperamos aquellas plazas, por lo que a partir de ese momento Moncofa pasó a ser una playa turística pero del tipo residencial», explica Alós.

Aunque la localidad ha conseguido duplicar su población en el último cuarto de siglo gracias a la explotación de este turismo residencial, el alcalde no deja de subrayar la importancia de disponer de unas plazas hoteleras que todavía se intentan recuperar: «El gasto para el comercio local es mucho mayor con ese tipo de turismo».

El alcalde de Moncofa y diputado autonómico en Les Corts coincide con el conseller de Medio Ambiente y mira a Madrid recordando que «la modificación que realmente frenaría este tipo de situaciones es la modificación de la Ley estatal de Costas que ha aprobado el Senado con la mayoría del Partido Popular y que, sin embargo, el PSOE mantiene paralizada en el Congreso», lamenta Alós, bajo cuyo mandato Moncofa también ha visto desaparecer otras tres viviendas de primera línea que Costas ha derribado en los últimos años debido a su mal estado y riesgo de derrumbe «porque el Ministerio no permite realizar obras de mantenimiento a los propietarios».

Estas son, por lo tanto, algunas de las huellas más importantes que ha dejado la Ley de Costas a su paso por la provincia de Castellón. Ahora, en el horizonte, está por ver si Cabanes consigue una solución no «traumática» para Torre la Sal, cómo se pronuncian los tribunales al contencioso-administrativo que presentarán en breve tanto Ayuntamiento como vecinos; también está por ver el devenir de la tramitación de la ley autonómica de costas, si el Gobierno no la lleva a los tribunales y qué fallaría el Tribunal Constitucional; incluso si llega a tiempo para salvar a Torre la Sal.

LA RECUPERACIÓN POSESORIA DE LA LEY DE COSTAS SEGÚN LOS DESPACHOS ESPECIALIZADOS

El riesgo de perder sus viviendas a los que se exponen los vecinos del poblado marítimo de Torre la Sal en Cabanes, y al que sucumbieron tristemente los habitantes del antiguo poblado de Xilxes que Costas derribó en 1989, tiene su origen en los deslindes realizados por el Ministerio y que, a través de órdenes ministeriales, estipulan si una propiedad queda dentro o fuera de espacio público.

En este sentido, y consultados sobre su experiencia en casos similares al de Torre la Sal, desde el despacho Ramos Alcántara Abogados, especialistas en Ley de Costas, la letrada Mayte Ramos Alcántara explica que «la recuperación posesoria es una facultad que disponen las Administraciones Públicas para reintegrar un terreno de su propiedad al uso público, al uso y disfrute general, y que está siendo usado y disfrutado, detenta la posesión, un tercero. En muchas ocasiones, esta posesión (ocupación o aprovechamiento) de terrenos públicos se lleva a cabo sin título que habilite para ello (concesión o autorización), de manera que sería una herramienta útil para revertir esta situación de ilegalidad». La abogado puntualiza que «sin embargo, no siempre estamos ante situaciones de ocupaciones ilegales, en muchas ocasiones la Administración está acudiendo a esta figura de una forma, a mi juicio, irregular».

Como ejemplo, cita el caso supuesto de «un terreno que ha sido declarado como bien de dominio público marítimo-terrestre, mediante la Orden Ministerial que aprueba un deslinde, por presentar las características propias de bienes demaniales, pasa a tener titularidad Estatal, y en estos casos se puede ejercitar esta potestad de la recuperación posesoria, liberándolos de esa posesión privada». Ahora bien, «en estos supuestos de terrenos privados que pasan a ser bienes de dominio público marítimo-terrestre, con carácter previo a incoar un expediente de recuperación posesoria, es preciso que se tenga en cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria 1ª de la Ley de Costas, que regula el reconocimiento de los derechos que podrían corresponder a los anteriores propietarios, estos derechos con carácter general consisten en un título de concesión para los usos o aprovechamientos que existieran a la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 o a fecha de la aprobación del deslinde, y un derecho preferente para futuros usos o aprovechamientos».

Así, «la propia disposición transitoria 1ª LC manifiesta que si este reconocimiento de derechos no fuera solicitado por los particulares, será otorgado por la Administración, lo que les obliga a analizar en cada supuesto si concurren los requisitos y presupuestos para tal reconocimiento». La letrada señala que «este despacho ha tenido oportunidad de conocer cómo se están incoando expedientes de recuperación posesoria (a veces incluso de 3 metros cuadrados, obligando a mover muros de cerramientos de parcelas), sin realizar esa valoración previa de si les corresponden los derechos regulados en las disposición transitoria 1ª de la Ley de Costas, y que en algunos casos pueden alcanzar títulos de concesión de hasta 60 o 75 años, sin abonar canon».

https://castellonaldia.elmundo.es/comarcas/plana-alta/benicassim-abre-el-ceam-al-publico-por-primera-vez-en-el-marco-de-las-fiestas-patronales-IG22711559 

 

Tavernes exige paralizar los deslindes que afectan a 36 viviendas de la Goleta

 

Los vecinos de la Goleta de Tavernes de la Valldigna han observado indignados como los técnicos de Costas realizaban el acto de apeo, marcaban los puntos de sus propiedades afectadas por el deslinde. En febrero de este año la Demarcación de Costas publicaba el expediente de revisión del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, del tramo de costa de unos 510 metros de longitud, entre el límite con el término municipal de Cullera y el 'Passeig dels Tarongers', en la playa de La Goleta, de Tavernes de la Valldigna.

Pese a las alegaciones y a la oposición tanto de los propietarios como del Ayuntamiento de Tavernes y de la Generalitat, el expediente sigue su curso y ahora se ha dado un paso más señalando el área que dejará de ser privada y pasará a ser de dominio público. Las viviendas afectadas son 36 por el cambio de dominio público, varios grupos de casas unifamiliares frente al mar. En la mayoría de casos el deslinde afecta a zonas ajardinadas y piscinas pero incluso hay algunas viviendas donde el nuevo límite llega al interior. Pero también existen unos 300 inmuebles que formarán parte de la nueva área de servidumbre de paso por lo que en el futuro también encontrarán limitaciones.

Los afectados han estado presentes en el acto de apeo y han afeado a Costas que no se frenen los deslindes cuando existe un gran proyecto de regeneración de la playa que supondrá un importante incremento de la línea litoral que acabará con los problemas de regresión en este punto de la costa valenciana.

Sin embargo, los retrasos en la puesta en marcha de la actuación en la Goleta han provocado que lleguen antes los deslindes. Por ello, el Ayuntamiento de Tavernes ya ha presentado alegaciones y ha pedido a Demarcación de Costas la paralización del expediente administrativo.

Costas ha respondido que ambas actuaciones son independientes por lo que el expediente de deslinde continúa. Desde SOS Platja de Tavernes han recordado que sigue sin estar completo el informe encargado desde 2022 y que los técnicos no han respondido a muchas de las preguntas planteadas en el acto. «Esto no es una expropiación, aquí nos quitan la casa y te dan una concesión», señala un miembro de la plataforma.

Tras el acto en el Consistorio, se ha acudido a la playa para marcar los puntos del deslinde y los miembros de SOS Platja de Tavernes han solicitado que se levantara acta pero los técnicos de Costas ya no estaban presentes por lo que ha acudido la Guardia Civil y la Policía Local, ante la negativa de representantes del Ministerio a que se grabara el acto, para dar fe de lo sucedido.

Alegaciones

El Ayuntamiento presentó el pasado mes de febrero las alegaciones pertinentes y ya ha requerido en tres ocasiones, dos por escrito y este miércoles durante la reunión celebrada en la localidad, que Demarcación de Costas pare la tramitación del expediente del deslinde. Una reunión en la que por parte del gobierno local han estado presentes la alcaldesa Lara Romero y los tenientes alcalde José Enrique Cuñat y Juan Bautista Talens.

La alcaldesa ha defendido, una vez más, a los afectados y ha reiterado que «este gobierno siempre estará junto a los vecinos y vecinas porque son una prioridad. El Ayuntamiento de Tavernes ya ha efectuado los trámites necesarios para paralizar este proceso porque es incoherente que se inicie un deslinde en una playa, la de la Goleta, donde ya existe un proyecto de regeneración».

En la misma línea se han manifestado desde el PP local. «Estos deslindes quedarán inservibles tras la regeneración como ha pasado en otros puntos pero los propietarios ya habrán perdido sus espacios sin ninguna indemnización porque la Administración no ha actuado a tiempo», lamenta la portavoz del PP en Tavernes, Eva Palomares.

Con la intención de paralizar este proceso de deslinde, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha presentado alegaciones contra este procedimiento. El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Vicente Martínez Mus, que se ha personado en el acto de apeo en el Ayuntamiento de Tavernes de Valldigna, ha señalado que «se trata de un expediente muy agresivo, a diferencia de otros que hemos tenido, que se aplica en una zona ya deslindada. Se contradice así el Ministerio de Transición Ecológica, que venía diciendo que deslindaba tramos pendientes, no revisaba los ya hechos» y ha añadido que, «nos oponemos, una vez más, a que el Ministerio prive de derechos y oportunidades de futuro a los vecinos».

Martínez Mus ha remarcado que «el Gobierno central intenta explicar que es un deslinde que no afecta a muchas personas y no es verdad. Modificar la línea genera nuevas afecciones a propietarios, que están en lo que se llama servidumbre de tránsito o de protección y estos vecinos van a ver muy limitados sus derechos de propiedad».

Por una parte, el director general ha expuesto que «está comprobado que hay una aplicación indebida de la ley y que el deslinde -en el caso de insistir practicarlo- debería volver a iniciarse en cualquier caso aplicando el reglamento en la versión anterior a una modificación declarada nula previamente por el Tribunal Supremo».

Por otra parte, Martínez Mus ha manifestado la falta de oportunidad del deslinde ya que se pretende revisar una zona ya deslindada en 1999. «Es incongruente con la estrategia plasmada y manifestada en numerosas ocasiones por el Ministerio para la Transición Ecológica de deslindar los terrenos que no lo estuvieran desde la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988», ha explicado el director general.

Asimismo, en este caso, Martínez Mus ha insistido en que «existe un deslinde vigente, además de obras en trámite y proyectadas otras que podrían hacer variar sensiblemente la línea de ribera de mar y la de dominio público marítimo terrestre». Por lo que «anticipar el deslinde a la ejecución de esas obras es generar graves perjuicios a particulares sin necesidad», ha añadido.

Además, «no queda justificado el motivo de la modificación de la línea de dominio público, más si cabe cuando el Ministerio indica que la causa son los temporales acaecidos en 2020, causa de nulidad decretada por el Tribunal Supremo de la modificación del Reglamento General de Costas (agosto de 2022)», ha puntualizado.

Por último, para el director general se trata «de un golpe de fuerza más que forma parte de la vorágine por deslindar del Gobierno central». También ha destacado que «la Generalitat se ha opuesto desde un principio a estos deslindes en las costas de la Comunitat Valenciana» y ha recordado que el Consell trabaja para desplegar todas sus competencias en la materia.

https://www.lasprovincias.es/safor/generalitat-presenta-alegaciones-deslindes-tavernes-valldigna-20240612145436-nt.html

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https://www.lasprovincias.es/safor/deslindes-acaban-jardines-piscina-salon-vivienda-20240613170931-nt.html

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