Cundo llegan a Europa noticias sobre unos posibles pagos de partidos políticos por constructoras, vuelven a cobrar fuerza las advertencias del informe Auken que apuntaba a una retención de los más de 32.000 millones que España recibirá hasta 2013 de la UE en Fondos Estructurales, como castigo por la "corrupción urbanística", la "parcialidad de la justicia", la "inseguridad jurídica" y los ataques públicos al derecho de propiedad.
El informe Auken denunciaba que "todas las administraciones -central, autonómica y locales- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".
El informe criticaba además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".
La resolución indicaba que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".
En el nuevo caso de pagos por promotoras de facturas de partidos políticos, las constructoras han negado la mayor y anuncian acciones legales para defender su honor, pero tendrán que acreditar que han utilizado los servicios que han pagado. Ya ha habido casos en los que se han puesto vehículos de empresa a disposición de políticos y sus familias. Justo antes de iniciar las actuaciones judiciales se ha documentado una venta de urgencia.
