Para Torreblanca el anuncio de que Costas quiere declarar el Prat como zona de dominio público marítimo no solo ha supuesto un disgusto para la localidad, ya que las arcas municipales también se han resentido.
Así, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Josep Vicent Rubert, asegura que “este asunto está siendo costoso para el Ayuntamiento porque se deben pagar los informes para demostrar que el Prat es un humedal y no un espacio del litoral”.
Otro de los costes del proceso abierto por el Gobierno central son los abogados. “Es imprescindible que Costas retire la demanda del dominio público y acabar ya con este problema”.
Los propietarios han unificado sus reclamaciones, que han presentado a través de procuradores. Aunque el proceso se prevé largo porque después de la colocación de los mojones delimitadores del nuevo deslinde, se abrirá otro periodo de alegaciones. El asunto incluso podría llegar hasta la vía judicial.
