Los vecinos se quejan de que tendrán que pagar la demolición pese al acuerdo con el Ministerio, que prometió indemnizarles
Las olas golpean con fuerza contra la escollera que protege las 49 casitas de pescadores de El Puig. El invierno no ha tenido piedad con esta playa, y ya no queda rastro de arena. Costas no se ha preocupado en regenerarla, porque detrás se sitúan las centenarias casitas de pescadores, 49 viviendas pendientes de demolición. Y parece que ahora ya no va a haber más aplazamientos. La Demarcación Provincial de Costas ha comunicado a los propietarios que el próximo 30 de septiembre, «tenemos que dejar las puertas abiertas». Ese día, las casitas desaparecerán para siempre.
Los vecinos han peleado hasta el minuto 90, aplicando un símil futbolístico, para que no les derribaran sus casas. Al final, el Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que veía «ineludible consecuencia la orden de demolición».
Los propietarios saben que están fuera de ordenación, llevan 40 años escuchando la misma cantinela, y la ley de Costas de 1988 acabó con sus esperanzas de conseguir una escritura, ya que sus propiedades, construidas en el siglo XIX, se han ido transmitiendo de generación en generación, sin papeles de por medio. Así se hacían las cosas antiguamente y por este motivo el deslinde les perjudicó: quedaron en tierra de Costas.
La mayoría de sus propietarios, como Leonor, son hijos y nietos de pescadores. Ya no se dedican a la pesca, sino que utilizan las casitas para pasar el verano en primerísima línea de playa. El pasado verano ya temían que fueran sus últimos meses junto al mar. «Estuvimos con la directora de la Demarcación, con Lidia Pérez, hace unas semanas, y nos dijo que la demolición sería en septiembre para que pasáramos el verano», explicó Ángel, uno de los vecinos de estas casitas, que disfrutará del mar hasta que le deje Costas.
Los vecinos están muy cabreados porque el Ministerio de Medio Ambiente ha revocado su acuerdo para pagarles una indemnización. Al contrario, se quedarán sin casa y sin dinero y, además, tendrán que pagar de su bolsillo lo que cueste derribar las viviendas. El alcalde de la localidad, José Miguel Tolosa, acompañó a los vecinos de El Puig a la reunión en la Demarcación de Costas. «Como han ganado en todas las instancias judiciales, el Ministerio cree que ya no hay nada con lo que negociar y por este motivo no tendrán ni indemnización», explicó Tolosa, que sin embargo avanzó que los propietarios tendrán una ayuda del Consistorio para sufragar parte de la demolición.
Los descendientes de aquellos pescadores recuerdan que a principios del siglo XX había 150 metros desde sus casitas hasta el mar. «Mi madre me contaba que delante tenían un camino de carros, una marjal donde se cultivaba arroz, una playa de canto rodado y otro de arena». Ahora apenas lo separan unos diez metros. «La Administración ha dejado morir esta playa». Fue la construcción del puerto de Sagunto la que provocó que la arena fuera desapareciendo. Las corrientes del Mediterráneo siempre van de norte a sur y la construcción de la infraestructura portuaria cortó el aporte de arena.
Junto a las pequeñas casitas, algunas de apenas 30 metros cuadrados, se alzan imponentes torres de apartamentos y chalés legales. «El deslinde les ha dejado dentro de la ley. A nosotros no. ¿Es justo? No creo en las Administraciones, porque parece que los pobres no podamos disfrutar de la playa», dicen. Desde 2004, según datos del Ministerio, se han realizado más de un millar de demoliciones y aún hay pendientes derribos en 700 kilómetros del litoral.
Poco hay que decir viendo las fotos. Costas derriba a los pobres pero deja construir a los promotores nuevas viviendas en la misma línea de playa que los pescadores, allá en el siglo XIX, construyeron sus hogares. Estas nuevas viviendas, no tienen orden de derribo.
El método para liberar y quedarse Costas con los terrenos es sencillo: deja que se degrade la costa sin regenerarla, pero sólo la zona elegida, el resto, como se puede ver en la foto, cuidan de ellas.
Los pescadores han tenido la desgracia de estar entre las nuevas urbanizaciones, por lo que la única posibilidad de que el campo de golf que se ha proyectado detrás tenga playa, es quitándolos de enmedio.
¿Es que los jueces no ven lo que está sucediendo que encima ayudan?
