Santa Cruz de Tenerife, 17 sep (EFE).- El pleno del Parlamento de Canarias reclamó hoy al Gobierno de España, con los votos de CC y PP y la oposición del PSOE, que suspenda los derribos en los poblados costeros afectados por la Ley de Costas mientras permanezcan abiertas causas con la justicia.
La propuesta fue presentada por la diputada del PP Cristina Tavío, quien pidió consenso de todos los grupos para evitar que núcleos costeros como el de Cho Vito, en Candelaria (Tenerife), desaparezcan por lo que consideró una mala interpretación en la aplicación de la Ley de Costas.
"No estamos defendiendo el chabolismo ni casas ilegales en la costa, pero las que tengan título de propiedad no se pueden demoler", dijo Tavío.
Afirmó que la ley es interpretable y genera inseguridad jurídica y mientras no se cambie esa ley para dar seguridad jurídica no se debe derribar ni una vivienda, y menos cuando los afectados no tienen dónde vivir y no se les pagan las expropiaciones.
Manuel Fajardo, del PSOE, recordó al PP que no modificaron la Ley de Costas en sus ocho años de gobierno y a CC que fue el Cabildo de Tenerife el que denegó la protección de Cho Vito como bien de interés cultural.
"Vamos a hacer todo lo posible para que se reconozcan los derechos de las personas", dijo Fajardo, pero señaló que el PSOE no puede apoyar una iniciativa que calificó de "barbaridad", además de una incitación a la prevaricación la propuesta de que no se aplique la ley.
Belén Allende, de CC, denunció que existe una "cruzada" para la recuperación del dominio público marítimo terrestre y conseguir "una costa limpia y pura" y "eliminar a los que molestan".
Hay muchas "monstruosidades en el litoral canario a las que no se aplica el mismo trato", dijo Belén Allende, quien reclamó para Canarias la competencia sobre el dominio público marítimo terrestre, ahora en manos de "la metrópoli".
La proposición no de ley pide también al Gobierno de España que garantice "la permanencia y la seguridad jurídica de quienes habitan o desempeñan (sic) en las áreas urbanas costeras de Canarias que reúnan un valor objetivo en materia etnográfica, arquitectónica y/o socioeconómica".
En la iniciativa original se pedía a la Dirección de Costas que renunciara a acciones ejecutivas contra esos núcleos mientras no haya un acuerdo de todas las administraciones, pero fue eliminado porque CC tenía dudas legales sobre que pudiera ser una invitación a la prevaricación. EFE
