José Luis Langa, abogado de los vecinos afectados por el deslinde de Igueste de San Andrés, comentó ayer que ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para que se modifique la Ley de Costas de 1988 con la que el Gobierno estatal pretende aplicar la norma que hará que desaparezca el 50% de la población, lo que representa 22 viviendas y 98 fincas. La población actual es de 750 habitantes y la Ley de Costas afecta desde el litoral cien metros hacia el interior, lo que significa "cargarse" un pueblo.
La pasada semana, los vecinos comenzaron a recibir las notificaciones mediante las cuales se les informaba de que estaban afectados por la Ley de Costas de 1988 y podrían perder sus casas.
Langa recuerda que el pueblo fue asentamiento guanche y que los que tenían que haber aclarado al Ministerio de Medio Ambiente lo que era Igueste de San Andrés no lo hicieron. Ahora, 22 años después de la promulgación de la Ley de 1988, "no se tiene conocimiento real en Madrid de lo que es el pueblo, que ha ido evolucionando y cuenta con iglesia, colegio, cementerio, luz, agua, alcantarillado y carretera, e incluso llegó a tener alcalde pedáneo", afirma el letrado.
El representante legal de los vecinos afectados aclara que, "como no se demuestre ante los jueces que era un núcleo poblacional, con historia y con servicios, lo tenemos mal". Ante el TSJC se celebró ya un juicio que aún no tiene sentencia.
Tras afirmar que en Canarias existen muchos núcleos en la misma situación, "porque estamos en un archipiélago rodeado de agua", indicó que el objetivo es modificar la Ley de Costas o que se aplique el deslinde de 20 metros y no el de 100 como se pretende.
El abogado comentó estar en contacto con la presidenta de la Comisión de Afectados en Europa, Carmen del Amo, y "se está intentando que, a través del Parlamento europeo, se derogue esta ley porque está considerada como confiscatoria, ya que a la propiedad privada que se tenía antes de 1988 no se le puede aplicar la ley con carácter retroactivo, 22 años después". Asimismo, se debe tener en cuenta el artículo 46 de la Constitución Española, el cual dice que se debe proteger el patrimonio cultural y urbanístico, cosa que no se ha hecho y se pueden pedir responsabilidades al gobierno.
Por su parte, Manuel Vera, ex concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz y uno de los afectados por la Ley de Costas, dijo que "estamos afectados por la Ley de Costas y ninguno de los políticos ha dado la talla, haciendo dejación de sus funciones. En cuanto estén cerca las elecciones acudirán a nosotros para pedirnos el voto. Hemos presentado recursos desde 2003 y en 2006 el Gobierno de Canarias nos dijo que Igueste de San Andrés era asentamiento urbano, pero Madrid no lo ve así. Si se quiere pintar una casa, habrá que pedir permiso a Costas. Por un lado, estamos limitados por el Parque Rural de Anaga y ahora, por la Ley de Costas que nos quiere invadir, cada vez nos vamos quedando con menos territorio".
Así Manuel Vera sentenció que "vamos a seguir defendiendo esto mientras nos corra sangre por las venas".
