Cantabria podría perder 1.200 empresas que facturan 6.000 millones y emplean a 25.000 trabajadores si se aplica la Ley de Costas, según un estudio de la Cámara de Comercio, que ha reclamado hoy al Gobierno regional que lidere la defensa de la modificación de esta norma.
El presidente de la Cámara de Comercio, Modesto Piñeiro, ha presentado hoy en rueda de prensa un estudio sobre el impacto socio económico de la Ley de Costas, elaborado a petición de las empresas afectadas para conocer las consecuencias de esta norma y poder ejercer "presión" sobre las administraciones para que se reforme.
Piñeiro ha considerado "absolutamente necesario, ineludible y urgente" modificar el régimen transitorio de la ley, para que permita el mantenimiento de las explotaciones, usos y ocupaciones anteriores a 1988, cuando se aprobó la norma.
Ha reclamado al Gobierno de Cantabria que lidere la defensa de una reforma, por las consecuencias económicas y por el perjuicio importante que la ley causará en la economía de la comunidad autónoma.
La Cámara de Comercio ya ha enviado su informe al Gobierno regional y a los partidos con representación en el Parlamento.
El estudio revela que 1.800 empresas de Cantabria se verán afectadas por la Ley de Costas, que fija en el año 2018 el final de las concesiones administrativas para todas las industrias situadas dentro del dominio público marítimo-terrestre.
Si los afectados tienen una escritura de propiedad del terreno previa a la aprobación de la ley, el plazo puede prorrogarse en treinta años más.
Las empresas afectadas representan el 4 por ciento del tejido empresarial de la comunidad autónoma y el 15 por ciento de las que facturan más de un millón de euros.
Están incluidas dentro del dominio público marítimo terrestre grandes empresas de un gran valor añadido, como Solvay, Sniace, Equipos Nucleares, Tina Menor, Global Steel Wire, Ferroatlántica, Derivados del Fluor o B3 Cable Solutions y los polígonos industriales de Raos, Requejada, Pesquera, Marismas, Heras o Mies de San Juan.
Modesto Piñeiro ha advertido de que la región podría llegar a perder 1.200 empresas, con una facturación de 6.000 millones y 25.000 empleos, 16.000 de ellos directos, por tratarse de sociedades que no se pueden reubicar.
Más de 500 empresas son industriales, como mínimo 120 están dedicadas directa o indirectamente a la construcción, más de 260 son comercios, 220 son negocios de hostelería y turismo y más de cien están dedicadas a otros servicios.
El presidente de la Cámara de Comercio ha explicado que reubicar a estas empresas conlleva grandes inversiones muy difíciles de asumir por la mayoría y ha avisado de que se corre el riesgo de que las multinacionales afectadas decidan marcharse de Cantabria y ubicarse en el exterior de España, en países con mano de obra más barata.
A estos efectos, se suman los graves problemas de financiación bancaria de las empresas, por estar ubicadas en terrenos afectados por la Ley de Costas, y la paralización de las inversiones, que reduce su competitividad y ralentiza e, incluso, frena su crecimiento.
El estudio cifra en 65 millones las perdidas y la paralización de las inversiones.
El 15,4 por ciento de los afectados asegura haber empezado alguna inversión en infraestructuras en los últimos doce meses que posteriormente ha sido paralizada, con lo que las pérdidas superan los 9 millones.
Además, el 24,6 por ciento de los afectados tiene previsto invertir más de 64 millones en infraestructuras en los próximos meses, mientras que un 14 por ciento no ha planificado ningún gasto a causa de la Ley de Costas.
Piñeiro ha llamado la atención sobre el hecho de que el 78,7 por ciento de las empresas que están afectadas por el deslinde no lo sabe. EFE-Cantabria
