La normativa dice que los edificios en dominio público deben ser derribados
Sentado en su despacho, Octavi Font abre una carpeta con un título significativo: Costas. Contiene un expediente que explica la situación de los terrenos en los que se levanta su hotel, el Montecarlo, en la urbanización Santa Margarida de Roses (Alt Empordà). Font está algo inquieto. Sobre su establecimiento, otros dos hoteles, unas 1.000 viviendas y un centenar de negocios pende la amenaza del derribo.
Los vecinos aseguran que desconocían la situación hasta que hace unos meses un ciudadano francés (la mayoría de las viviendas son segundas residencias de extranjeros) acudió al registro de la propiedad para cambiar de nombre su piso. Allí le informaron de que no podía hacerlo porque la casa estaba construida en una zona propiedad del Estado, en la que no se puede construir, comprar o vender. Hasta el momento, insisten, nadie se lo había comunicado.
El expediente de la urbanización, que se puede consultar en la delegación de Costas en Girona, demuestra, sin embargo, que desde el principio de la edificación esos terrenos han estado sujetos a la polémica del dominio público, lo que ha comportado incluso litigios.
Los vecinos esgrimen que dejaron constancia de dónde compraban sus casas en los organismos oficiales. Pero eso no basta. El artículo 8 de la Ley de Costas establece que el dominio público prevalece incluso ante las propiedades que están avaladas en el registro de la propiedad. "Tenemos los papeles y permisos de obras que nos dio el Ayuntamiento. Si yo hubiese sabido que este hotel estaba afectado, no lo habría comprado", se lamenta Font. La alcaldesa del municipio, Magda Casamitjana (PSC), alega que su equipo de gobierno tampoco lo sabía.
Una posible salida al embrollo es la concesión: el Estado da permiso para el usufructo de las casas durante 30 años, prorrogables otros 30. Al final, las edificaciones deberían ir abajo, sin indemnización. Pero los vecinos no quieren oír hablar de concesiones. Casamitjana tampoco.
El Ministerio de Medio Ambiente asegura que está estudiando una solución para la zona y sostiene que esta no pasa por el derribo porque el coste social sería muy elevado, pero tampoco da más detalles.
Font pide que el Estado desafecte la zona. "¿Qué problema hay en mover una raya?", se pregunta. Desafectar significaría que lo que a finales de la década de 1960 se consideró zona de dominio público, ahora se considere que ya no lo es. Rita Rodríguez, abogada de WWF España, explica que no es tan sencillo. Para la desafectación hace falta demostrar que esa zona ha perdido las características naturales que tenía.
Casamitjana tenía la esperanza de solucionar el tema en breve, pero el cambio en el Ministerio de Medio Ambiente ha supuesto una ligera modificación de planes. El lunes la alcaldesa le comentó el caso a la nueva ministra, Rosa Aguilar, que estuvo de visita en Girona. Un portavoz municipal aseguró ayer que Aguilar respondió con un clásico "lo estudiaremos".
