La lucha para cambiar la ley de Costas y evitar los derribos en el litoral llegó ayer al Parlamento Europeo de la mano de la Asociación de Vecinos de Torre la Sal, en Cabanes. El deslinde propuesto por el Gobierno pone en peligro más de 50 casas, por lo que los residentes han decidido tomar cartas en el asunto y recurrir a la administración europea, en concreto a la Comisión de Peticiones.
Precisamente este órgano solicitará al Gobierno una resolución en la que se garantice el respeto a las propiedades en la aplicación de la normativa, tal como dio a conocer el representante de la entidad vecinal, Juan José Agost, quien aseguró que "en Europa han reconocido que se están vulnerando los derechos de los dueños de las casas". Asimismo, afirmó que "lo que pretende hacer el Estado es un expolio en toda regla, ya que ni siquiera se nos compensa económicamente". Para Agost, "el objetivo del Ministerio de Medio Ambiente es tomar el mayor número de terrenos naturales para obtener subvenciones europeas".
Asimismo, indicó que la presidenta del ente continental, Erminia Mazzoni, admitió que el tema es "grave" y que "se estudiarán los documentos presentados por los peticionarios y valorar sus intervenciones". Sobre el ejecutivo español añadió que "hay preguntas planteadas que todavía no tienen respuesta" y que "daremos una solución a los ciudadanos sometidos", ya que "no hemos visto acciones concretas y el informe Auken no ha dado lugar al seguimiento que estaba esperado".
La entidad se incluye en la plataforma que abandera la Diputación para evitar la aplicación retroactiva de la ley de Costas. Desde este colectivo, Mario García, alcalde de Nules, adelantó que el 15 de junio los afectados de la provincia irán a la Comisión de Peticiones con las firmas recogidas por esta cuestión
