Los empresarios del centro comercial Anexo II de Playa del Inglés están utilizando todas las instancias judiciales para evitar que la ley de Costas les arrebate sus 118 locales de los que viven directamente 700 familias, además de los mil puestos de trabajo indirectos que generan los diferentes comercios, según la portavoz de l grupo de afectados, Rosa Dávila.
Los miembros de la Asociación para la defensa del centro comercial entienden que es necesario mejorar todos los locales que se construyeron en 1979, cuando Playa del Inglés experimentó el mayor crecimiento urbano y turístico. Por tal motivo, los empresarios están trabajando con el Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de las zonas turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con el fin de relanzar la zona. La queja a Bruselas se centra especialmente en tres argumentos, en la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, la arbitraria aplicación de la ley que hace el Gobierno español y la confiscación de la propiedad.
Anexo II cuenta con todas la bendiciones administrativas desde 1979, cuando se realizaron las obras. No obstante, en 1995 se realizó un deslinde en virtud del cual el Gobierno español amplió el dominio público marítimo terrestre y de esta forma los locales comerciales, todos ellos de titularidad privada, pasan a ser de titularidad pública.
A juicio de los empresarios "la Ley de Costas estafa a los propietarios del centro comercial Anexo II, pues prevé indemnizarles con un derecho que ya tenían de forma ilimitada e ininterrumpida, y que ahora queda restringido a determinados usos y por un plazo de tiempo limitado" [30 años, prorrogables por otros 30].
Los afectados reprochan el interés del Estado español en "confiscar la titularidad de los terrenos donde se encuentra el centro comercial Anexo II, y en clara vulneración del derecho a la propiedad reconocido por la legislación española y comunitaria".
Los miembros de la Asociación para la defensa del centro comercial entienden que es necesario mejorar todos los locales que se construyeron en 1979, cuando Playa del Inglés experimentó el mayor crecimiento urbano y turístico. Por tal motivo, los empresarios están trabajando con el Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de las zonas turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con el fin de relanzar la zona. La queja a Bruselas se centra especialmente en tres argumentos, en la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, la arbitraria aplicación de la ley que hace el Gobierno español y la confiscación de la propiedad.
Anexo II cuenta con todas la bendiciones administrativas desde 1979, cuando se realizaron las obras. No obstante, en 1995 se realizó un deslinde en virtud del cual el Gobierno español amplió el dominio público marítimo terrestre y de esta forma los locales comerciales, todos ellos de titularidad privada, pasan a ser de titularidad pública.
A juicio de los empresarios "la Ley de Costas estafa a los propietarios del centro comercial Anexo II, pues prevé indemnizarles con un derecho que ya tenían de forma ilimitada e ininterrumpida, y que ahora queda restringido a determinados usos y por un plazo de tiempo limitado" [30 años, prorrogables por otros 30].
Los afectados reprochan el interés del Estado español en "confiscar la titularidad de los terrenos donde se encuentra el centro comercial Anexo II, y en clara vulneración del derecho a la propiedad reconocido por la legislación española y comunitaria".
