LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

miércoles, 31 de agosto de 2011

¿Cuánto tiempo más? (Antonio Alonso Orihuela)

Y sucedió de nuevo. Otra vez, el mar anegó San Andrés. Ya el pueblo está acostumbrado, porque este suceso no es nuevo. Es raro el año que no acontezca este fenómeno. Tampoco son nuevas las quejas, con toda razón, de los vecinos y pequeños empresarios, que ven, impotentes, cómo el mar inunda sus propiedades, provocando cuantiosos daños valorados en miles de euros.

La solución está muy clara. Un espigón. Pero aquí tropezamos con la burocracia de las diversas administraciones. El ayuntamiento, que es Puertos; Puertos, que es Costas, y mientras, la mar sigue realizando destrozos a los vecinos. Creo que en este caso es Costas, la tan "querida" Dirección General de Costas, y, más cercana, la Demarcación de Costas de la provincia, la que tiene las competencias. Es el mismo departamento que barrió las casetas de pescadores, pero que se olvida de la seguridad de las personas; la misma dirección general que dice que los acantilados son dominio público, pero cuando suceden desgracias se lava las manos; la que indica a los ayuntamientos el cierre de diversas playas en la Isla, en pleno verano, y realiza obras de paseos en otras por las mismas fechas, provocando la molestia y el cabreo entre los bañistas. En fin, así es la Dirección General de Costas y su ya demostrado quehacer por estos litorales canarios.

Es la misma institución que permite rellenos en Radazul y Tabaiba, dotando a la zona de servicios y legalidad, pero los deniega en otros lugares; construye paseos para mejorar la accesibilidad a las costas, pero se olvida de las personas con movilidad reducida; la que ejecuta paseos en el litoral, con cientos de escalones y con un desnivel propio de escaladores profesionales, como es el caso del paseo de la costa de El Rosario; la misma que realiza macroproyectos de regeneración de playas, o, lo que es lo mismo, playas artificiales que al primer temporal tienen que ser reparadas, algunas de ellas varias veces. Es la Dirección General de Costas la misma que ordena que pueblos como Cho Vito, Boca Cangrejo, Bajo la Cuesta, La Viuda, Agache o El Caletón deben dejar de existir, perdiendo una reseña pintoresca de lo que siempre ha sido nuestro litoral, y permite verdaderas aberraciones urbanísticas en la costa, de más reciente construcción; la misma que indica que estos mismos núcleos contaminan el mar, y crea playas artificiales, donde existen emisarios, que presentan multitud de deficiencias, y que lo que vierten parece no ser nocivo para la salud.

Es esta misma institución la que hace cumplir la tan conocida ley de costas; esa misma ley que está siendo investigada por el Parlamento Europeo, por la clara vulneración de los derechos fundamentales; la que ha dejado a personas sin viviendas; la que pone en práctica una estudiada confiscación de propiedades en el litoral, con el único fin de "homogeneizar" la costa. Una ley para que quien más tiene se escape, vulnerando el principio de igualdad recogido en la primera ley del Estado español, la Constitución.

Con todo lo anterior, solo cabe preguntarnos: ¿hasta cuándo tenemos que seguir con estos problemas en nuestras costas? ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar San Andrés por su demandado espigón? ¿Cuánto tiempo más deben de sufrir esa pesada espada de Damocles las decenas de núcleos costeros de Canarias y los miles de afectados?
Debemos ser conscientes de que es necesario cuidar nuestro litoral; que es primordial defender y legislar nuestra costa, pero también hay que ser realistas y saber que la actual Ley de Costas no ha servido a su propósito; no ha protegido el litoral, que se ha aplicado de una forma muy caprichosa, permitiendo nuevas construcciones, pero se ha eliminado a quien no tiene medios para defenderse, demostrando que el medio ambiente tiene una clara influencia económica que provoca indefensión, arbitrariedad y, sobre todo, una reiterada vulneración de los derechos de las personas.
Repito la pregunta: ¿hasta cuándo?