Los titulares de los inmuebles afectados por la Ley de Costas de 1988 podrán renovar su concesión por un plazo de 75 años que empezarán a contar cuando venza el permiso que tienen en vigor, pero para hacerlo, habrán de pagar un canon que se determinará reglamentariamente y que variará en función de si se trata de una vivienda familiar o de un establecimiento comercial.
Así lo ha explicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, en una reunión con periodistas para detallar el contenido del anteproyecto de Ley de Costas que este viernes ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros, al que previsiblemente volverá en forma de proyecto de ley en el mes de septiembre, tras superar una fase de consulta con distintos ministerios y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Según ha concretado, estas personas, que en 1988 perdieron la propiedad de sus viviendas y establecimientos a cambio de concesiones de ocupación, podrán renovar durante otros 75 años este permiso a cambio de un "canon concesional que será adecuado al establecimiento de cada uno".
"Los comerciales tendrán un canon acorde a su actividad, y cuando se trate de viviendas, será prácticamente simbólico", ha asegurado, tras explicar que en la actualidad sólo pagan canon quienes obtuvieron su concesión después de la Ley de Costas de 1988 y con sus aportaciones, el Estado recauda anualmente 20 millones de euros. Esto le lleva a pensar que se recogerá una cuantía muy importante cuando todos los titulares tengan que aportar.
Por tanto, con la nueva norma y pagando una cantidad quienes tienen una concesión de 30 años que caduca en 2018 podrán extenderla hasta, al menos, el año 2093, y quienes tenían opción de llegar hasta 60 años de concesión, podrían alargarla hasta el siglo XXII. Sin embargo, la iniciativa legislativa nada dice de lo que ocurrirá llegado ese momento.
Ramos de Armas considera que quienes gobiernen entonces optarán por la misma resolución que el Ejecutivo actual: evitar el gasto económico y el perjuicio social que suponen los derribos y renovar las concesiones, porque, al fin y al cabo, no suponen una nueva agresión a la costa dado que ya están en ella. Además, durante todo este tiempo podrán cambiar de manos, ya que con la nueva ley, estas ocupaciones serán transmisibles.
LAS AUTORIZACIONES DESMONTABLES SE RENUEVAN POR CONCURSO
En cuanto a las instalaciones desmontables que se encuentran en estas zonas y que hasta ahora tenían un periodo de autorización que debían renovar anualmente, el anteproyecto concede las licencias por un periodo de cuatro años. Para renovarlas, los titulares de estas explotaciones (como chiringuitos desmantelables o instalaciones náuticas no permanentes) deberán someterse a régimen de concurrencia competitiva, de modo que no será automática la prórroga de su licencia, sino que deberán conseguir una nueva.
Sobre los chiringuitos en particular, ha asegurado que "van a poder seguir estando en las costas españolas y los turistas van a poder seguir disfrutando de ellos", eso sí, "en un marco más estable", con un plazo mayor de explotación y "más estabilidad". Aunque el anteproyecto deja al reglamento cuestiones como las medidas de estos establecimientos, Ramos de Armas ha avanzado que se respetará el límite actual de 150 metros cuadrados.
El secretario de Estado también ha concretado que en las ocupaciones en zona de servidumbre (las situadas a 100 metros si es suelo no urbano y a 20 metros si lo es) se podrán hacer obras de mejora si no aumenta la altura, el volumen ni la superficie y siempre que el titular firme una declaración responsable que comprometa la introducción de medidas de eficacia energética y en consumo de agua. Cumpliendo este requisito, no tendrán que esperar al informe de idoneidad para las obras que se exige actualmente.
EXCLUSIONES
El anteproyecto de reforma de la Ley de Costas excluye del dominio público-marítimo terrestre a los núcleos de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava (Gerona), Platja d'Aro (Gerona), Ría Punto Umbría (Huelva), Caño del Cepo (Huelva), Casco Urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedragalejo (Málaga), El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia).
El texto recoge en un anexo estos municipios señalados en virtud de la disposición adicional sexta de la norma, que establece que estos terrenos se incorporarán al patrimonio del Estado como bienes patrimoniales y se regirán por lo determinado en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Además, "debido a la especial configuración geológica de la isla, establece un deslinde especial de la isla de Formentera, que deberá ejecutarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la norma.
En total, se trata de unas 10.000 viviendas, con otras tantas familias que ahora "salen de dominio público y se podrán convertir en propietarios", conforme ha declarado el secretario de Estado. Estas zonas serán definidas y cartografiadas para que no puedan crecer y aquellos núcleos que no estén en la lista, se someterán a la norma general de las concesiones.
Sobre este asunto del dominio público, el secretario de Estado ha llamado la atención sobre otra novedad de la norma, que obligará a inscribir los deslindes en el registro de la propiedad para evitar que una persona compre una casa en la playa y al tiempo descubra que no tiene una propiedad sino una concesión que, además, no puede vender y pierda así sus ahorros. Según ha dicho, esta práctica ha suscitado muchas quejas en el Parlamento Europeo y los afectados podrían llegar a ser más de 20.000.
En cuanto a la ya conocida como cláusula "anti Algarrobico", que permitirá al Estado parar por vía administrativa (sin necesidad de esperar a una resolución judicial y, por tanto, antes de que se ponga la primera piedra) cualquier licencia concedida por un ayuntamiento que no se ajuste a la nueva ley de Costas, Ramos de Armas ha incidido en que se trata de un mecanismo eficaz de protección del litoral, donde "no se podrá construir nada que no estuviera permitido en la Ley de 1988".
