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Hace unos días, el propietario del molino confiscado por Costas Portu Errota (Urdaibai), Jon Iturribarria, fue a recoger una carta que la Demarcación de Costas del País Vasco había mandado a nombre de su madre.
Hasta aquí todo normal visto el mal funcionamiento de la Administración española. Sin embargo la sorpresa fue mayúscula cuando, el Jefe de Demarcación, Fernando Pérez Burgos, se dirigía a ella dándole respuesta a la alegación que había presentado contra un proyecto que se iba a realizar en alguna parcela de su propiedad, reclamando, además la concesión sobre sus supuestos terrenos.
El problema es que, por desgracia, Dña Concepción ha fallecido hace varios años, con lo cuál sólo cabe pensar que es verdad que existe otra vida después de la muerte y que, como Dña Concepción no tendría otra cosa que hacer, decidió comunicarse, vaya usted a saber de qué modo, con el Jefe de Demarcación del País Vasco.
El tema es tan serio como que está tipificado en el Código Penal como falsedad en documento público.
La carta recibida no ha sido la única, sino que se trata de un envío masivo a los propietarios (supongo que vivos) de los terrenos confiscados para que el Gobierno Vasco haga un proyecto de "destruir la Reserva de la Biosfera de Urdaibai", aunque ellos le pongan un nombre más rimbombante y pseudoecologísta para despistar, y ni más, ni menos, con fondos Europeos.
El desatino no acaba aquí, sino que, por si fuera poco, se salta el acuerdo que firmaron los partidos (menos PSOE) del Senado mediante la Proposición No de Ley que llevó el propio PP el 22/2/2012, para paralizar todos los actos administrativos hasta que se aprobara la modificación de la Ley de Costas.
Y es que por lo que se ve, el Jefe de Demarcación de Costas del País Vasco, es más listo que nadie y con él no va nada, aunque cometa un delito.
Pues vale, todo tiene sus consecuencias.
