LLEVA tantos años batallando contra la administración que los documentos se apilan en su mesa. "Son quince años de litigios", aclara, contra la "abusiva" aplicación de la ley de Costas. Y el primero de los papeles que Jon Iturribarria muestra es el vetusto escrito del registro de la propiedad del molino de mareas de Portu Errota, construido en el siglo XVII, único en su condición en toda la costa vasca y catalogado como parte del patrimonio cultural de Euskadi. "La Diputación y los Ayuntamientos, desde 1827 en adelante, vendieron sus propiedades en la ría de Urdaibai a los vecinos", dice, "pero ahora las instituciones vienen a por la casa de la que somos legítimos propietarios desde el año 1965", en lo que califica como "una estafa en toda regla". "Es mi caso concreto, hoy en día soy un okupa en mi propia casa", indica gráficamente.
"No puedo ni arreglar el tejado que quedó afectado por un temporal en 1995", incide un hombre que, pese al desgaste que supone estar en permanente lucha con la administración, rezuma actividad. Tampoco puede arar los terrenos cercanos a su vivienda. "Prohibido", responde. "No reconocen la titularidad de nuestra casa, e incluso una sentencia contra mi causa del Tribunal Supremo amparó la confiscación de un bien privado", exclama, recordando que el estamento judicial "tampoco reconoció el derecho a la propiedad" en su caso concreto. Sin embargo, ha acudido a Estrasburgo, al Tribunal de Derechos Humanos, para reclamar que la normativa costera "viola el artículo primero del Convenio Europeo de Derechos Humanos", que apela a la propiedad privada.
El propietario del histórico molino de Gautegiz Arteaga, situado sobre las marismas de Urdaibai, defiende sus derechos en una Europa que ha dado varios tirones de oreja -sobre todo, mediante el informe Auken aprobado por la mayoría de los eurodiputados en 2009- al Gobierno español "para que cejase en la aplicación arbitraria" en la anterior Ley de Costas. Y sin embargo, "la situación se ha agravado", incide. Igual opinión mantiene Carmen del Amo, presidenta de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas con la que Iturribarria tiene un constante contacto. "La nueva normativa sigue violando los derechos humanos y agrava el problema. Y, además, con unas consecuencias impredecibles ", resumen desde el colectivo. Pero la última vuelta de tuerca de la larga historia de lucha del propietario de Portu Errota por salvar su molino ha llegado hace escasos días.
Fue la semana pasada cuando Iturribarria recogió una carta de Costas del País Vasco, firmada por el Jefe de la Demarcación, Fernando Pérez Burgos. Parecía un mero trámite más a los que está acostumbrado, pero el trámite era deleznable: iba remitida a la fallecida madre del titular de Portu Errota, y se dirigía a ella dándole respuesta a la alegación que supuestamente había presentado contra un proyecto que impulsa en Gobierno vasco en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Le reclamaba la concesión sobre sus supuestos terrenos ubicados en dominio público marítimo-terrestre. "El tema es tan serio como que está tipificado en el Código Penal como falsedad en documento público", responde. Su lucha sigue.
