LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

lunes, 31 de diciembre de 2012

Ayamonte. El alcalde alerta de una "posible reactivación" del deslinde urbano

Rodríguez Castillo asegura que Costas "sigue avanzando en sus trabajos con dicho expediente" La medida expropiaría propiedades legales en toda la zona portuaria norte

El alcalde de Ayamonte, el socialista Antonio Rodríguez Castillo, ha mostrado a este periódico su temor por el hecho de que pueda ser reactivado en próximas fechas el expediente de deslinde que tanta alarma social despertó en la localidad en 2011 por afectar a buena parte del casco urbano, especialmente a su fachada fluvial, y que quedó en suspenso tras realizar el Consistorio distintas gestiones ante la Dirección General de Costas 

Según precisó el regidor, "aunque sabemos que el deslinde sigue parado, las noticias que me llegan de forma extraoficial son de nuevo alarmantes porque la Dirección General de Costas sigue avanzando en sus trabajos con dicho expediente de deslinde". 

El expediente de deslinde que afectaba al casco urbano "quedó paralizado antes de que saliese el Gobierno socialista, y podría ser reactivado ahora que gobierna el Partido Popular en Madrid". No obstante, insistió, "es algo que conocemos de forma extraoficial y por estamos esperando noticias sobre el tema". 

Rodríguez Castillo también dejó claro que "si al final se confirma la información que tenemos y la Dirección General de Costas sigue adelante con el expediente de deslinde del casco urbano ayamontino, nos vamos a oponer a ello, como ya hicimos cuando gobernaba el PSOE en Madrid, con todas las herramientas jurídicas y políticas que tengamos en nuestras manos para evitar que el deslinde sea una realidad" 

Unos 200 vecinos ya fueron citados por la Dirección Provincial de Costas el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2011 al objeto de ser informados sobre el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de la margen izquierda del río Guadiana colindante con el casco urbano de la ciudad fronteriza que tramitaba la entonces Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM). A dichas reuniones los vecinos afectados fueron citados en plena calle, y los técnicos de Costas mostraron sobre el terreno la delimitación provisional del dominio público correspondiente al deslinde, mediante su apeo, levantándose acta donde se hacía constar la conformidad o disconformidad de los vecinos, que en este último caso dispusieron de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y proponer de forma justificada una delimitación alternativa. 

Este hecho venía causando desde dos meses antes a sendas actas de apeo un importante revuelo en la ciudad fronteriza entre los 200 vecinos cuyos bienes inmuebles se verían afectados por el deslinde ya que el entonces MARM iba a delimitar al detalle los terrenos que pertenecen al dominio público marítimo-terrestre al amparo de la Ley de Costas de 1988, que definía como tales las playas, dunas, marismas, acantilados, espacios ganados al mar y en general todos aquellos terrenos que van desde la marea más baja hasta donde llegasen las olas en los mayores temporales. 

El deslinde propiciaría por tanto que numerosas propiedades desde la zona portuaria norte de Ayamonte hasta el estero de la Nao, pasasen a ser de titularidad del Estado. Daba igual que fuesen totalmente legales y estuviesen perfectamente inscritas en los registros de la propiedad para que el Estado las considerase suyas, ordenase la anulación de las inscripciones registrales, y sus actuales dueños perdiesen todos los derechos de propiedad sobre ellas. 

La zona afectada por este deslinde es la parte del casco urbano que discurre paralela al Guadiana. Se trata, sobre todo, de las avenidas Villa Real de San Antonio, Andalucía, Muelle de Portugal y Muelle Norte, muchos de cuyos inmuebles pasarían a régimen de servidumbre. Ello implicaría que sus propietarios, entre otras cosas, tuviesen que solicitar una autorización al MARM para hacer reformas, o que aquellas edificaciones que se vayan declarando en ruina tengan que ser derruidas, no pudiendo construirse nada sobre el terreno que ocupaban. 

Muchos afectados consideraron entonces el deslinde un ataque contra Ayamonte y todo un despropósito hacia muchas familias, cuyos inmuebles quedarían afectos al dominio público. Además, para muchos ayamontinos, también supondría un ataque contra el patrimonio paisajístico, histórico y etnológico de la localidad, al afectar a una de sus zonas más antiguas. 

Es por ello por lo que todos los afectados mostraron entonces su predisposición a presentar alegaciones al deslinde, incluido el Ayuntamiento, que incluso habilitó un mecanismo para facilitar a los ciudadanos la tramitación de éstas.