La reforma de la Ley de Costas, que salvará del derribo a 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas en las playas, encara su recta final en el Congreso de los Diputados, con el rechazo de los partidos de izquierda y la atenta mirada del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo que ha recibido cien quejas.
El martes 19, el Congreso aprobará la reforma, previsiblemente sin cambios sustanciales, tras un debate en el que se verán las 140 enmiendas presentadas por los grupos.
La reducción de la zona de servidumbre a proteger, la ampliación de las concesiones a 75 años para las construcciones del litoral y la omisión del cambio climático en la norma, han centrado las críticas de los partidos de izquierda, que consideran que sólo se sirve a los intereses privados, se olvida el medio ambiente y se favorece la especulación.
PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís y ERC presentaron hace meses cinco enmiendas a la totalidad, que fueron tumbadas por los votos del mayoritario Grupo Popular, en un referendo en el que PNV y CIU se abstuvieron.
En su defensa, el Gobierno explica la necesidad de cambiar una ley, ya vieja (25 años) de "muy difícil aplicación", según el ministro Miguel Arias Cañete, quien juzgó además que no había sido eficaz en su principal objetivo: la protección de un litoral degradado por la masificación urbanística.
Para Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, esta reforma legaliza las construcciones ilegales y crea más inseguridad jurídica, razón por la que presentaron una queja conjunta al Comité de peticiones del Parlamento Europeo.
Las quejas recibidas han motivado la creación de un grupo de trabajo específico sobre este asunto y la visita a España esta semana de dos eurodiputadas.
Angelika Werthmann (austríaca del Partido Liberal) y Margaret Auken (danesa de Los Verdes) avanzan, tras reunirse en España con parlamentarios y ONG, que si la reforma se aprueba sin cambios sustanciales, la Comisión de Peticiones solicitará una comparecencia de las autoridades españolas para investigar posibles incumplimientos del derecho comunitario.
En las enmiendas que se debatirán en la Cámara Baja, los grupos de izquierda, además de pedir que se suprima la ampliación de las concesiones a 75 años, solicitan que parte del litoral de Formentera no se excluya del dominio público terrestre.
Otros grupos como CiU, y en sintonía con los defendido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), aboga por que las islas o islotes, cuya superficie no exceda de 100 kilómetros cuadrados y que tengan como Formentera una configuración geológica especial, puedan beneficiarse también de un deslinde singular.
La llamada "cláusula antialgarrobico" para frenar construcciones en la costa también ha sido objeto de enmiendas.
CIU, PNV y Coalición Canaria reivindican su anulación porque entienden colisiona con las competencia de los ayuntamientos.
Según el Gobierno, la reforma de la Ley de Costas no permitirá construir donde antes estaba prohibido.
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral (casas, restaurantes u hoteles).
El texto prevé además que diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga sean amnistiadas.
En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas debido a su ubicación, se prevé una prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.
