Alegan inseguridad jurídica y apuestan por Croacia y Portugal como nuevo destino de sus promociones
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| MARCA ESPAÑA |
El Plan de Protección del Corredor Litoral impulsado por decreto por la Junta de Andalucía está provocando la cancelación de inversiones procedentes del mercado alemán porque en esta economía se considera que la nueva norma incrementa la inseguridad jurídica. Esta es la denuncia que realiza el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, José Prado, tras su paso por la feria turística ITB de Berlín y de la que ha regresado apesadumbrado por el mensaje de confusión que está transmitiendo la Administración regional con mensajes contradictorios entre consejeros.
Prado comparó el impacto que para el mercado extranjero tuvieron los casos de corrupción política y urbanística con las consecuencias que el decreto de la Junta puede tener en un periodo en el que se comenzaba a recuperar la confianza exterior. El representante de los constructores malagueños calificó la norma como una «osadía» en un momento el que el turista residencial demostraba una recuperación de la confianza protagonizando un 14 por ciento de las operaciones inmobiliarias.
Ejemplificó el cambio de escenario con la percepción «negativa» que ha transmitido el nuevo marco legal autonómico con las opiniones recabadas en la feria turística ITB. «Los inversores alemanes están plenamente informados de la posible paralización de 30.000 viviendas y miles de plazas hoteleras y no entienden cómo puede haber 16 leyes y decretos relacionados con el urbanismo y decenas de planes de ordenación», manifestó, para lamentar que «estamos expulsando un mercado fabuloso». «Es un anacronismo que todos los partidos hablen de políticas de creación de empleo y lo que están haciendo es destruir los caminos que conducen a su generación», añadió.
José Prado manifestó que los inversores alemanes son muy permeables ante cuestiones de ámbito jurídico y aseguró que miran con recelo el Plan del Litoral, lo que está provocando que estén optando por adquirir propiedades en Croacia o el Algarve portugués.
«La realidad de los mercados es desconocida por nuestros políticos. No nos podemos permitir espantar a inversores que mueven 6.500 millones de euros», criticó Prado, quien dijo que «no se puede tolerar que las Administraciones usen el urbanismo como arma arrojadiza» y que recordó que el consejero de Medio Ambiente, Luis Planas (PSOE), declaró que el decreto era una respuesta a la nueva Ley de Costas del Gobierno Central. «Es un plan para contrarrestar, no para proteger», censuró.
La opinión de Prado es generalizada entre los constructores, quienes se reafirman cuando se lanzan mensajes contradictorios dentro del propio Gobierno andaluz. El último episodio lo protagonizaron Planas y el responsable del área de Turismo, Rafael Rodríguez (IU), sobre la aplicación del plan. Mientras el primero establecía ciertos cortafuegos para tranquilizar a los constructores y promotores, el segundo no dudaba en animar a revisar planes urbanísticos.
Emilio Corbacho, secretario general de Fadeco, la patronal andaluza de la construcción, precisó al consejero de Turismo que el derecho urbanístico no es público, sino estatutario, que «conlleva derechos y deberes». «Junto al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), se aprobaron 13 planes subregionales, de los que la mitad afectan al litoral», recordó en las páginas de este periódico, donde destacó que, junto al valor de la «sostenibilidad», se encuentra otro transversal como es el de la «seguridad jurídica».
¿Quién va venir a invertir a España cuando la propiedad privada no existe y te confiscan mediante ley? Sin seguridad jurídica no hay inversión, ni española ni extranjera.
Se ignora en qué país viven los políticos españoles, pero es seguro que en el nuestro no, porque no se enteran de nada y han perdido el contacto con la realidad.
