LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

sábado, 20 de abril de 2013

LAS ESCANDALOSAS CIFRAS DE LA LEY DE COSTAS.


El secretario de Estado, Federico Ramos de Armas, ha reconocido que el nº de viviendas afectadas por la Ley de Costas supera las 250.000 viviendas. No citó nada sobre los terrenos y negocios afectados que puede elevar la cifra a unas 400.000 propiedades. Dicho de otro modo, el Estado español ha llevado a la ruina por una mal llamada política de protección costera a más de 1.000.000 de personas. 
No existe ni un solo artículo en la Ley de Costas encaminado a la protección del medio ambiente, sin embargo ha sido la excusa perfecta utilizada por Estado español para despojar de sus bienes a la parte más débil de la sociedad y poder hacer negocio con terrenos que no le pertenece y que, hasta los arbitrarios deslindes, son totalmente legales. De hecho, durante años han entrado miles de millones de euros en las arcas estatales de impuestos de compraventa, IBI, etc...sin que nadie pusiera ni un problema; es más muchos terrenos fueron vendido por el propio Estado, el mismo que ahora lo confisca. Esto se llama "la gran estafa española". 
La Ley de Costas es una violación pura y dura de los derechos humanos cuyo único fin es el enriquecimiento ilícito de Estado y sus posteriores lucrativos negocios.
"El secretario de Estado subrayó que como consecuencia de esta situación hay «alarma social y muchas críticas de países como Reino Unido y Alemania». Entre ellas citó 20.000 quejas presentadas en el Parlamento europeo y otras 50.000 de ciudadanos británicos ante el Gobierno, por parte de personas que han perdido su patrimonio o no pueden venderlo, dijo, «por culpa de un régimen muy restrictivo».
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente echó mano de datos de Fomento para asegurar que el número total de viviendas afectadas por casos de dominio público, servidumbre e ilegalidad en los municipios costeros supera los 250.000. «Quienes se instalaron de buena fe, merecen una protección. Ese es el único fin de cambiar el tratamiento. Hay que generar confianza si queremos ser un país de servicios y cuidar unos espacios que generan puestos de trabajo», apostilló Ramos".