Sinceramente, resulta increíble. Y tan increíble que incluso los desafortunados técnicos, abogados, ingenieros y demás especies a las que se les pregunta por la Reforma de la Ley de Costas de 1988, ya de por sí, un conjunto de despropósitos, denominada Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, coinciden en asegurar que no tiene sentido, que no protege, que no es sostenible y que no añade seguridad jurídica ni nada por el estilo.
Todo lo contrario. Esta nueva norma, añade dos definiciones más al dominio público; una, la existente en la Constitución y dos nuevas: una para las empresas salineras, y otra para la isla de Formentera. La arbitrariedad esta servida.
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Esta nueva ley del litoral viene a reformar la anterior de 1988, que prohibía básicamente construir en el litoral español, y que, visto lo visto, no lo hizo. Y aquellos impulsores de la ley, socialistas, fueron los que crearon este desaguisado, pero son los populares los que están incrementando la arbitrariedad y la vulneración de derechos con esta reforma, ante la pasividad de los nacionalistas canarios, más preocupados por la pérdida de competencias que por mantener, promocionar y proteger los pueblos de nuestras costas, pero sobre todo de proteger a los miles de afectados en esta tierra. Ni unos ni otros comprenden la realidad del problema que han creado, principalmente porque cuando se habla de medio ambiente no se puede excluir a las personas, ya que son parte fundamental del mismo.
Lo que han hecho bien los chicos y chicas de Rajoy es aumentar el número de afectados por la reforma de la Ley de Costas. Han elaborado una articulado queafecta a más propietarios (cosa que creía imposible). Antes de la reforma se hablaba de cuatrocientas mil familias, unos cien mil en Canarias; ahora no hay estimaciones, pero les aseguro que pasan del millón. Y les explico:
Dentro del nuevo articulado, el art 87 bis de la nueva norma explica que "podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora, o para la de los terrenos colindantes, resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque este no pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecución de las obras tendrá, a estos efectos, la consideración de beneficio especial.
Serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo con las obras de protección, defensa y mejora del dominio público marítimo-terrestre; y especialmente los titulares de derechos de ocupación, así como los propietarios de las fincas y establecimientos colindantes. La base imponible se fijará en el real decreto por el que se acuerde la contribución especial no pudiendo exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras".
Hablando claro, el que quiera que le hagan un paseo en su municipio; los vecinos lo pagan. Si se pretende realizar una obra de aportación de arena, los vecinos lo pagan. Si se arregla los desperfectos ocasionados por la acción del mar, ¿adivinen quien lo paga?
¿Proteger el litoral, o simplemente hacer caja?
Antonio Alonso Orihuela (Candelaria)