Un auto determina que hay indicios suficientes de que en el municipio se urdió "una trama delictiva" integrada por concejales y funcionarios
La Audiencia Provincial ha ratificado las imputaciones de la Comisión de Gobierno de Arona entre los años 2003 y 2007, encabezado por el ya exalcalde José Alberto González Reverón y el resto de sus siete concejales de CC. Además, mantiene las de la subinspectora de la Policía Local Hortensia García García y de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo Roberto de Luis Jiménez, Eliseo de la Rosa González y de Zenón Rodríguez.
En este último caso se le considera supuestamente responsable de haber actuado como intermediario para exigir a un empresario el pago de 300.000 euros por permitirle construir en Costa del Silencio. Precisamente, la denuncia de este promotor dio lugar a que los técnicos y Rodríguez fueran encarcelados durante meses y se intervinieran los teléfonos de los después imputados. Sin embargo, se le retiran los cargos a once personas, entre ellos el exconsejero del Cabildo por el PSOE José Luis Delgado.
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El grueso del conocido como caso Arona-1 se refiere a la concesión de más de doscientas licencias de construcción con los informes técnicos y jurídicos en contra y cerca de 80 adjudicaciones llevadas a cabo sin supuestamente seguir el procedimiento legalmente establecido. La Audiencia considera que de las escuchas telefónicas y de las investigaciones desarrolladas se puede determinar la existencia de “una trama delictiva llevada a cabo por funcionarios y concejales”.
En el auto ahora emitido y que tendrá continuación con el escrito de la Fiscalía en la que se recogerán la petición de penas, se considera que los miembros de la Comisión de Gobierno deben mantener la condición de imputados. El auto refleja que existen indicios que denotan la posible comisión por su parte, “cuando menos de un delito contra la ordenación del territorio en su vertiente de prevaricación urbanística”, en cuanto a la concesión de licencias de forma arbitraria y contrarias a la normativa en vigor.
En el caso de los técnicos que estuvieron encarcelados se aprecia también indicios de cohecho. A Antonio Sosa, concejal entonces de Urbanismo, se le considera supuestamente responsable de haber hecho la vista gorda con las irregularidades en el Mare Nostrum Resort que supusieron que el Ayuntamiento dejara de ingresar tres millones en tasas. Pero además, se descubrió que a cambio el alcalde podía utilizar libremente las habitaciones VIP del establecimiento para su propio disfrute.
Sin embargo se le retiran los cargos a un empleado de las empresas concesionarias del servicio de basura, Artillo de Los Ríos, que fue presionado para que diera trabajo a determinadas personas por orden del grupo de gobierno. En cuanto al exconsejero socialista, la Audiencia estima que no se ha podido desprender de las escuchas telefónicas realizadas que efectivamente intentara amañar un concurso de sistemas de seguridad, como en principio se mantenía.
El primo del exalcalde y entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Reverón, también se queda fuera de la causa en la que fue incluido ya después de que el anterior primer edil intermediase ante el Cabildo para legalizar su vivienda y cambiar para ello el Plan Insular de Ordenación, en el ámbito de Buzanada donde se situaba la casa.
Queda de manifiesto en el marco de la instrucción del caso Arona que ciertos empresarios han podido disfrutar de un trato de favor mayúsculo que les habría permitido obtener licencias para construir enormes edificios de apartamentos aunque los mismos invadieran la zona de servidumbre marítimo terrestre o aunque se ubicaran sobre parcelas destinadas pura y exclusivamente a uso comercial.
¿Dónde estaba Costas? ¿No es muy sospechoso que en las Demarcaciones de Costas correspondientes no se enteren de nada cuando se trata de grandes constructores?
