SUSPENDIDA LA AUDIENCIA PREVIA DEL PROCESO CIVIL
El grupo de gobierno aporta a la Fiscalía nueva documentación que acredita que los terrenos comprados en 2001 por 53 millones de euros a Inversiones Las Teresitas eran de propiedad municipal desde 1967.
El caso de Las Teresitas da un vuelco de 180 grados. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha descubierto unos documentos que acreditan que el frente de la playa que la corporación compró a Inversiones Las Teresitas (ILT), de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, por 53 millones de euros en 2001, siendo alcalde el actual senador Miguel Zerolo, ya era de su propiedad.
El área de Urbanismo ha rescatado unos papeles que fueron entregados la pasada semana a la Fiscalía y que prueban que los terrenos pertenecían a la institución municipal desde el año 1967.
El primero de los documentos hallados por el consistorio santacrucero es un título de propiedad del año 1967 por el que la Junta de Compensación cedía el frente de Las Teresitas a cambio de que el Ayuntamiento hiciera la playa artificial. Este convenio recogía que, en caso de que no se ejecutara la playa, la Junta de Compensación recuperaría el frente, aunque debería pagar 50 millones de pesetas al Ayuntamiento como cesión por aprovechamiento urbanístico. El Ayuntamiento cumplió con lo estipulado y, por lo tanto, el frente de la playa quedó registrado a su nombre.
Otro de los papeles descubiertos por Urbanismo es una ficha de Patrimonio del año 1998 en el que aparece el frente de Las Teresitas registrado a nombre del Ayuntamiento.
Entre la documentación entregada la pasada semana a la Fiscalía, también se encuentran unas notas de altos funcionarios del consistorio que probarían que habían maquinado una operación para devolver el frente de la playa de Las Teresitas a la Junta de Compensación, a través del abogado Mauricio Hayek, para que éste vendiera los terrenos a Antonio Plasencia e Ignacio González, de Inversiones Las Teresitas, la empresa a la que el Ayuntamiento le compró el frente en 2001.
La audiencia previa en el proceso civil donde se está dilucidando la reclamación de cantidad pagada por Santa Cruz por la compraventa del frente ha quedado suspendida después de que el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Jose Ángel Martín, se reuniera la pasada semana con la fiscal delegada de Delitos Económicos de la fiscalía de Tenerife, María Farnés,y le entregara la documentación descubierta.
Las fuentes consultadas por este periódico han explicado que lo más probable es que, una vez incorporada esta documentación a la causa, la fiscal se dirija al Tribunal Supremo, por el aforamiento de Miguel Zerolo, al encontrar elementos indiciarios de un delito de estafa en la operación de compraventa realizada en 2001.
En la causa se mantienen imputados trece empresarios, funcionarios, el exalcalde Miguel Zerolo, y otros exconcejales. Los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González han reclamado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 116 millones de euros por un presunto delito de lucro cesante tras no haber podido construir en el frente desde que se hicieran con las parcelas en 1998.
Cabe recordar que los empresarios adquieron los terrenos gracias a un préstamo de CajaCanarias de 5.500 millones de pesetas cuando aún no habían registrado Inversiones Las Teresitas y después de que se produjeran presiones a miembros del Consejo de Administración de la entidad para que votasen a favor de la concesión del crédito.
