LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

lunes, 10 de marzo de 2014

¿Por qué nadie se pregunta donde estaba Costas cuando aparecen casos de corrupción donde se ha comerciado con el dominio público marítimo terrestre?

Hernández cambió a un constructor la mayor zona verde de La Manga por un trozo de mar

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que se desplazaron hasta la zona de Veneziola, en el tramo final de la larga lengua de tierra que es La Manga del Mar Menor, tuvieron que mirar varias veces a su alrededor para convencerse de que sus ojos no les estaban jugando una broma pesada. En aquel lugar delimitado en los planos municipales vieron cómo los 68.466 metros cuadrados de terreno que la promotora Ladera Dos Mares había cedido al Ayuntamiento de San Javier a cambio de hacerse con la que iba a ser la mayor zona verde de La Manga, simplemente no existían. Allí había un trozo de playa y más allá una vasta, vastísima, extensión de mar. Un Mare Nostrum de incomparable belleza, pero sobre el que difícilmente se iban a poder abrir algún día exuberantes jardines, ni mucho menos instalar bancos y juegos infantiles.
El avance de las investigaciones sobre el denominado 'caso Valhalla', que desde hace seis años se siguen en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier, ha permitido conocer ahora hasta qué extremos llegaba el supuesto trato de favor que el exalcalde del PP José Hernández Sánchez -quien siempre se definió a sí mismo como un promotor, aunque estuviera ocupando responsabilidades públicas- otorgaba a otros colegas del sector inmobiliario y, en muchos casos, socios suyos en diversos negocios.
De todas las conclusiones alcanzadas hasta el momento por los agentes de la UCO y los inspectores de la Agencia Tributaria la más llamativa se refiere, sin duda, a la permuta que firmó en 2004 entre José Hernández, como primer edil del consistorio de San Javier, y Antonio Javier Sánchez Reyes como representante de la sociedad Ladera dos Mares del Mediterráneo. Estas dos personas ya fueron arrestadas en 2010, dentro de la 'Operación Valhalla', y continúan desde entonces imputados en las diligencias, aunque ahora se van conociendo con más detalle el carácter de las relaciones que ambos mantenían.
Zonas verde por arena y agua
En un reciente informe del fiscal anticorrupción de la Fiscalía Superior de la Renión, Juan Pablo Lozano, fechado el pasado 19 de febrero, se pone de relieve que el Ayuntamiento marmenorense aceptó hace casi diez años ceder a Ladera Dos Mares un terreno municipal de 45.463 metros cuadrados que estaba calificado como «sistema general de espacios libres y parque público y deportivo». A cambio de esta parcela, que estaba llamada a a convertirse en el mayor parque público de toda La Manga, el municipio recibiría otro terreno, de 68.466 metros cuadrados, que estaba escriturado a nombre de la mencionada promotora y al que, «fraudulentamente», según el fiscal, en documentos del Ayuntamiento era denominado como «dominio público local».
Esta permuta llamó la atención de los investigadores desde el primer momento, toda vez que sobre ese terreno que en origen era público la promotora había abierto un campo de golf (jardín privado), que se había construido además con una mera solicitud de licencia de obra y que en apariencia estaba funcionando sin licencia de apertura.
Aunque tales hechos ya resultaban sospechosos, lo que en ningún caso esperaban, y es con lo que se toparon cuando se desplazaron hasta la zona, era que el terreno cedido por Ladera Dos Mares al Ayuntamiento simplemente no existiera. Se trata -reseña el Ministerio Público- de un área que desde el deslinde de 1969 estaba calificada como Dominio Público Marítimo Terrestre, propiedad por tanto del Estado español, conformada por un trozo de playa y una amplia extensión de mar y, por lo tanto, completamente inexistente a efectos jurídicos.
«Permuta delictiva»
«La sociedad del Grupo Ladera -insiste el fiscal en su informe- fue beneficiada por José Hernández mediante una permuta delictiva de parque público a cambio de un trozo de mar y playa».
Un dato que podría aportar luz a las razones de ese supuesto trato de favor es que en documentación incautada a José Hernández, durante el registro efectuado por los UCO en su domicilio en 2010, éste se atribuye en una relación de bienes ser dueño del 5% del 'Polígono A', una zona urbanizable de La Manga propiedad del Grupo Ladera. Hernández valora esa participación en nada menos que 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros).
Otro de los datos que el fiscal registra en su informe, y que también resulta en apariencia muy revelador, es que el proyecto urbanístico del 'Polígono A' fue realizado por el arquitecto Juan Pedro Sánchez Trapero, a quien el acusador público se refiere como «socio del arquitecto municipal Miguel Botella». Estos dos profesionales también están imputados en el caso.
Para apuntalar sus sospechas de que la permuta fue una burda maniobra delictiva, con la que se logró que un terreno público destinado a jardines fuera incorporado como campo de golf en un proyecto urbanístico, el Ministerio Público desvela un documento hallado en el ordenador de Sánchez Trapero. El mapa recoge por dónde iban los límites de la parcela de playa y mar cedida al Ayuntamiento (se aprecia en la infografía que acompaña esta información), «y permite comprobar fácilmente el fraude empleado en la permuta, observándose que no había nada que permutar».
En virtud de estos nuevos datos surgidos de la investigación judicial, el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano ya ha solicitado que el exalcalde sea citado de nuevo por el juzgado para que aporte explicaciones al respecto. Una petición que previsiblemente será aceptada por el juez instructor.
José Hernández fue detenido en julio de 2010 por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, entre otros. Unos cargos por los que sigue estando imputado en la actualidad. En concreto, los datos de la investigación apuntaban a que durante los ocho años en que fue alcalde habría favorecido a destacados promotores de la zona, como Santiago Martínez Esparza, de Urdemasa, o el principal propietario de Grimanga, Jaime Vicente Navarro, con quienes además tenía sus propios negocios privados.
¿Y la policia de dominio no vió nada? Pues tienen ojos de lince cuando de gente humilde se trata.
Es imposible que sucedan estos trueques sin que la Demarcación de Costas se entere. 
No se porqué la Fiscalía nunca les llama para que aclaren cuales son sus responsabilidades en todos los asuntos donde aparece que se ha comprado/vendido/permutado el dpmt.