El fiscal pidió 5 años de cárcel por cohecho pero la Audiencia lo declaró prescrito
El hotelero admitió en el juicio que era un pago por «miedo» a perder sus negocios
En un caso sin precedentes, un juzgado de Palma acaba de ordenar a la mujer de un histórico alto cargo público de las Islas, el ex jefe de Costas Antonio Garau, que devuelva el dinero que cobró para su marido durante la década de los 90 en concepto de comisiones de manos de un empresario con intereses en el litoral, el hotelero Jaime Moll, dueño del grupo Royaltur. En total, 240.400 euros más intereses que, según el propio empresario y la Fiscalía, le fueron abonados para que no torpedease sus negocios costeros.
Es el rocambolesco desenlace de un escándalo desvelado por EL MUNDO/ El Día de Baleares en agosto de 2007 y que desembocó en la Justicia de una forma asombrosa: después de que el propio Garau reclamase a Moll por vía judicial que le pagase dos anualidades de los 30.000 euros anuales pactados, denunciando que el hotelero había dejado de entregárselos en 2004 tras 13 años pagando.
El caso fue a juicio en el año 2008 y no ha sido resuelto hasta ahora debido a que, tras estudiar el asunto, la magistrada se vio obligada a paralizar la causa y enviarla a la Fiscalía al ver que podía estar ante la comisión de un delito de cohecho. Un asunto cuya magnitud superaba la órbita de su jurisdicción.
Y es que durante el juicio de esa demanda impulsada por Garau con ánimo de reclamar a Moll la totalidad del dinero acordado, afloró la demoledora confesión del hotelero, que, ratificando las revelaciones de este diario, narró ante la mirada atónita de la jueza cómo pagaba a su viejo amigo Garau con "paquetes de dinero negro bien hechos" que le dejaba en el hall del Banco de Crédito Balear de Palma. Agregando, como recoge la sentencia dictada hace unos días, que lo hacía por "miedo" a las represalias, para que el jefe de Costas no entorpeciera su negocio costero en la playa de Sa Coma. Concretamente, la explotación de 475 sombrillas, 1.580 hamacas, 20 velomares y 3 bares junto a su hotel Royal Mediterráneo.
Para articular y enmascarar el pago, admitió, suscribió un contrato falso con la esposa de Garau, Concepción Obrador, ama de casa de profesión y con nula capacitación, por el que se comprometía al pago de "5 millones de pesetas anuales" a cambio de unos trabajos inexistentes sobre asesorías turísticas. Para aparentar la realidad de esos trabajos, Garau entregó unos informes repletos de obviedades donde se llegaban a presentar como un sesudo análisis aseveraciones como que "en la Playa de Palma hay muchos alemanes". Garau defendía esos trabajos y sostenía que aquel contrato que la jueza ahora tilda de "simulación contractual" se pactó por amistad estando él fuera de Costas. La jueza descarta sus argumentos y recalca que el contrato ni tiene fecha.
La jueza Ana Arbona dio traslado a la Fiscalía, que denunció los hechos y acusó a Garau y Moll de cohecho, solicitando para el ex cargo público una condena de 5 años de cárcel y pidiendo dos años de prisión para Moll y la esposa del ex jefe de Costas. En su escrito de acusación en ese proceso paralelo, el fiscal denunció como "entre 1990 y 2003, Garau, en su condición de funcionario público y ostentando hasta 1992 el cargo de jefe de la Demarcación de Costas de Baleares, instó a Moll el pago de cinco millones de pesetas anuales". Ese requerimiento, "lo efectuó mediante constantes presiones merced de los contactos e influencias que tenía en Costas".
Según la investigación del fiscal, "ofrecía favorecer y en todo caso no perjudicar los intereses de Moll y su empresa Redo SA -la que figuraba en el contrato- al objeto de no resultar entorpecida la renovación anual de la autorización para la ocupación de bienes de dominio público con instalaciones desmontables en la playa de Sa Coma". Para enmascarar ese pago, agregó el fiscal, "Garau confeccionó un documento sin fecha denominado M-O -las iniciales de Moll y Obrador- en el que su esposa,consciente y voluntariamente y de acuerdo con aquel, figuraba como receptora de los 30.000 euros a cambio de unos supuestos trabajos técnicos que nunca se realizaron". El pacto se cumplió y "por ello no constan expedientes de infracción graves durante esos años". El pago inclusoera hereditario a la descendencia en caso de fallecimiento.
El pasado año, el caso llegó a la Audiencia de Palma pero fue archivado por prescripción del delito al considerar este órgano judicial que los cobros tras la salida del cargo público no podían ser constitutivos del delito de cohecho y que por tanto había transcurrido el plazo de prescripción desde el último cobro. En su pronunciamiento, la Audiencia aclaraba que no entró a valorar el fondo del asunto sino la incidencia de prescripción. Tras esa resolución, la jueza que se ocupaba de la reclamación de Garau (a la que Moll reaccionó demandándole y reclamando todo el dinero) acaba de resolver el caso. En su sentencia, que puede ser recurrida, la jueza concluye que "los trabajos de Obrador no se llevaron a cabo" y que nada aportaron a la empresa de Moll. Por tanto, el contrato fue "inexistente o nulo de pleno derecho" por lo que debe ser desecho.
La jueza limita su análisis al ámbito económico y no penal. Pero sí enumera hasta 6 argumentos que, según su criterio, hacen que "cobre más sentido la versión que ofreció Moll en el juicio cuando dijo que la mujer de Garau no realizó ningún trabajo sino que fue Garau quien le exigió que para obtener la autorización anual de los elementos desmontables de la playa de Sa Coma le debía entregar a cambio 5 millones de pesetas". Pidiéndole Moll unas navidades que le pagara en efectivo, por lo que le entregó el dinero en efectivo en el hall de una entidad bancaria". La sentencia condena a Obrador a devolver el dinero por ser quien figura en el contrato pero aclara al desgranar las pruebas que era Garau "quien percibía los 5 millones de pesetas, tal y como reconoció Obrador en el juicio".
Un escándalo destapado por EL MUNDO/ El Día de Baleares
Agosto de 2007
Este diario ya venía denunciando las prácticas del histórico
jefe de Costas Antonio Garau desde hacía meses. Ese verano, uno de los
empresarios con intereses en la costa, Jaime Moll, confesaba haberle pagado.
'30.000 euros de por vida'
El titular de EL MUNDO, una entrevista al hotelero, era
explícito. "Me dijo: 'Tu hotel invade la servidumbre, con 30.000 euros de
por vida te lo arreglo'.
La reacción, años después
Este periódico siguió desvelando detalles de aquellas
transacciones pero el caso sólo llegó al Juzgado cuando, sorprendentemente,
Garau demandó al hotelero Moll por no pagarle dos anualidades.
La resolución
La Fiscalía denunció el caso por cohecho y pidió prisión
pero la Audiencia declaró los hechos prescritos. Una jueza ordena ahora
deshacer los pagos.
Costas S.A. es el departamento de la Administración española más opaco y protegido que existe. Nadie les vigila, ni les audita, ni les controla... tienen patente de corso y jamás la Fiscalía ha actuado de oficio a pesar de las denuncias, pocas, que algunos medios de comunicación se han atrevido a publicar.
Este es uno de esos casos, pero hay más.
