Un juez investiga el posible robo de arena en Tarifa para Gibraltar. El expediente municipal con las firmas que vendieron la tierra ha desaparecido del Ayuntamiento.

Un juez investiga un posible robo o venta ilegal de arena extraída de la duna de Valdevaqueros en Tarifa (Cádiz),toneladas de tierra que Gibraltar utilizó para regenerar sus costas durante 2012 y 2013. El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Algeciras, analiza delitos de hurto, apropiación indebida y falsedad documental y ha requerido al Ayuntamiento gaditano para que le informe sobre los contratos del Consistorio con empresas que posteriormente vendieron parte de esa arena a Gibraltar, según los indicios recabados. La sorpresa es que el expediente municipal con toda la información ha desaparecido y la última persona que accedió al mismo fue el exalcalde Juan Andrés Gil (PP), según el actual regidor, Francisco Ruiz (PSOE).

El Ayuntamiento desconoce qué empresas retiraron la arena, en qué cantidades, los pagos que se hicieron, y si el destino final de las toneladas de tierra fue el Peñón. "Toda la historia es un poco rara, se entrecruzó Gibraltar, y permanecen muchas incógnitas. Existía un decreto para que Transportes Gades retirara arena, pero los técnicos dicen que no se fiscalizó la retirada", admite Ruiz (PSOE). Existe un segundo decreto que afecta a la firma Carmin, que reclamó el pago por haber retirado tierra pero no hay rastro del abono. Es decir, el Consistorio ignora los detalles exactos de la operación y ahora el juez debe decidir los próximos pasos para averiguarlos. Este diario ha intentado sin éxito recabar la opinión de Gil al respecto.

Retirada de arena de la duna de Valdevaqueros (Tarifa) en 2012. ANDRÉS CARRASCO

La organización Verdemar-Ecologistas en Acción denunció al Ayuntamiento de Tarifa -hasta el pasado noviembre gobernado por el PP-  ante la Fiscalía General del Estado por delito ecológico y hurto agravado de la arena extraída de la duna de Valdevaqueros, que habría acabado vendiéndose a empresas que gestionan campos de golf y polo de la provincia gaditana, así como a empresas de Gibraltar para su uso en la regeneración de playas del Peñón, informa Europa Press.  A los ecologistas se sumó la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, que añadió fraude fiscal y falsedad a la acusación. "Los áridos pertenecen a Minas, del Ministerio de Industria, lo que ocurre es que no tiene policía adscrita. Sin su consentimiento no se puede mover un grano", subraya su portavoz, Carmen del Amo.

La fiscalía archivó el delito ecológico pero vio indicios por hurto o apropiación indebida y de falsedad documental, al haberse acreditado indiciariamente la venta de la arena extraída, pudiendo haberse falseado la documentación y procedencia de dicha arena. Estas pesquisas son las que maneja ahora el juez de Algeciras.

Mientras, el Gobierno de Gibraltar aseguró que había adoptado todas las medidas posibles para asegurarse de que la arena suministrada a la colonia "se extrajera legalmente", por lo que indicaba que cualquier sugerencia de ilegalidad debía dirigirse a las autoridades pertinentes en España, "en concreto Tarifa". La colonia detalló que como parte de un proyecto inicial de regeneración de la playa de Sandy Bay, el Gobierno del Peñón firmó un contrato con una empresa gibraltareña para el suministro y colocación de 10.000 toneladas de arena en la playa. Dicha empresa debía suministrar la arena de la zona de Valdevaqueros, pero de la que volaba y cubría las carreteras adyacentes, no de la playa.

La Roca aseveró que la compañía gibraltareña "presentó pruebas de los permisos necesarios expedidos por el Ayuntamiento de Tarifa a su proveedor local para la extracción de esta arena". No obstante, debido a las "numerosas dificultades puestas por las autoridades españolas" a su proveedor local, el suministro se interrumpió a principios de junio de ese año, ascendiendo la cantidad entregada hasta entonces a 2.950 toneladas. En consecuencia, según afirmó el Peñón, la empresa gibraltareña habría contratado a un proveedor diferente, concretamente a una compañía española de construcción civil, para la provisión de 7.000 toneladas de arena procedentes de una cantera de arena situada en la provincia gaditana.

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/29/actualidad/1456745968_692898.html

El ex secretario de Estado, Ramos de Armas, contó en el Congreso todo lo que estaba ocurriendo en Acuamed desde 2004 ¿y nadie sabe nada?

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Ramos de Armas):

Voy a empezar por las comparecencias relativas a los desvíos presupuestarios. Este Gobierno, desde su toma de posesión, ha hecho gala de su austeridad y se ha mostrado dispuesto a luchar para acabar con los sobrecostes desproporcionados de algunas actuaciones que terminan incrementando de forma muy notable el precio final de las obras. Por eso una de las primeras actuaciones que acometimos en su día, al inicio de la legislatura, fue abordar un estudio para conocer la situación real de los expedientes de contratación que se tramitaban por la Dirección General del Agua, que era la gran dirección contratante de la secretaría de Estado. Esto se hizo con objeto de comprobar no solo si se habían producido desviaciones presupuestarias respecto a los presupuestos de adjudicación, sino también para, en su caso —y muy especialmente—, conocer las causas del sobrecoste. Solo de esta manera se podían establecer medidas de cara al futuro para evitar que se volvieran a repetir situaciones similares, más si cabe, en un escenario económico como el que vivimos. Para ello, se evaluaron un total de 1.237 expedientes de contratación correspondientes al periodo comprendido entre el año 2004 hasta el primer trimestre del año 2012. Los resultados de los análisis permitieron determinar que en todos los expedientes analizados, sin excepciones, se había producido una desviación económica, entendida como la diferencia entre el importe de adjudicación del contrato y el importe que finalmente se ha pagado —en el caso de los contratos finalizados— o el presupuesto vigente, en el caso de contratos todavía en ejecución. Se trata de expedientes de contratación tramitados por la Dirección General del Agua, a los que también añadimos sus organismos autónomos, las confederaciones hidrográficas, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y las sociedades estatales del Agua. No son todos los expedientes de contratación que se firmaron durante el periodo de análisis, pero suponen una cifra muy significativa de ese volumen. Los contratos de los 1.237 expedientes evaluados contaban con un presupuesto total de adjudicación de 5.134 millones de euros, que se elevó a 6.665 millones de euros en el presupuesto final. Es decir, en estos expedientes analizados se produjo una desviación de 1.531 millones de euros o del 29,82% del importe de la contratación inicial. Este sobrecoste se reparte entre las diversas unidades con capacidad inversora en materia de agua, entre ellas destaca sensiblemente la propia Dirección General del Agua, en la que la desviación detectada entre la previsión inicial y lo que finalmente se invirtió en cada obra alcanza un 69,80%, en los 209 expedientes evaluados que le corresponden del total. Esta fuerte desviación detectada en los expedientes de contratación tramitados desde la propia Dirección General del Agua puede responder, al menos parcialmente, a la tipología de las obras acometidas, que se trata principalmente de infraestructuras de regulación, como el caso de la presa de Yesa que tiene un desvío del 145% o la de Enciso que tiene un 160%. Sin embargo, esto no obsta para que se hayan producido sobrecostes importantes en el periodo analizado y en otro tipo de actuaciones. En el caso de organismos autónomos y sociedades estatales, el porcentaje medio de desviación se sitúa aproximadamente en el 20%, aunque hay que destacar, como situación especial, la de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en la que la media de la desviación de los 24 expedientes evaluados alcanza un máximo de un 68,94%. Este importante sobrecoste de los expedientes analizados en el Guadiana se debe principalmente a la desviación del proyecto de la conducción de la tubería de la llanura manchega cuyo coste se ha incrementado en un 83% en relación con el presupuesto de adjudcación. Esta circunstancia incrementa de manera notable la media de desviación en este organismo.

El señor PRESIDENTE: en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, doña María Teresa de Lara.

La señora DE LARA CARBÓ:

Sobrecostes de obras hidráulicas. Noviembre de 2011. Como ha indicado el secretario de Estado, el ministerio se encontró con que las obras hidráulicas sufrieron un sobrecoste, entre 2004 y 2011, de 1.500 millones de euros y que en los expedientes analizados existían desviaciones medias del 29,8%. Diciembre de 2013, también lo ha explicado el secretario de Estado: se ha terminado con los sobrecostes. Ahora hay gestión eficaz y uso eficiente de los recursos. Se minimizan los modificados, las obras complementarias y los sobrecostes excesivos. Se impone, señorías, otra forma de planificar y proyectar en beneficio de todos los españoles.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Ramos de Armas): 

Nos encontramos con una importante desviación presupuestaria y con un problema notable de planificación. Para que se hagan una idea, les diré que en el año 2005, en el momento de la modificación del Plan hidrológico nacional, se estimó que bastarían 721 millones para construir las 15 nuevas desaladoras en el año 2006. Una vez redactados los proyectos, la cifra pasó de 721 a 1.337 millones de euros; es decir, el presupuesto se incrementó en un 85,4%. La realidad es que a día de hoy llevamos invertidos más de 800 millones de euros en las nuevas desaladoras y solo se están ejecutando 8 de las 15 previstas. Además, faltan por invertir otras cantidades para completar redes de distribución, por ejemplo, 68 millones de euros, y no existe prácticamente demanda de esa agua desalada.

 El caso concreto de la desaladora de Torrevieja es un ejemplo de mala planificación, y no podremos ponerla en funcionamiento al cien por cien porque los estudios que se elaboraron han resultado completamente erróneos. Sin poder poner la desaladora en plena producción hay que asumir financieramente la amortización de la totalidad de la infraestructura, que ha supuesto una inversión de algo más de 288 millones de euros, cuando estuvo presupuestada en 188 millones de euros. Tenemos una situación bastante complicada.

(extractos de la comparecencia para Que informe de las causas de los desvíos presupuestarios ante los sobrecostes producidos respecto al presupuesto de adjudicación en las obras hidráulicas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/000372)

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-479.PDF

TODOS LO SABÍAN PERO NADIE FUE A LA FISCALIA ¿qué más saben de otras empresas públicas que se callan? ¿donde está el estudio que se hizo para conocer los sobrecostes?