LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

sábado, 1 de febrero de 2014

El PSOE local rechaza el plan de la Junta para derribar el Algarrobico

El PSOE de Carboneras ha expresado su rechazo al plan de empleo asociado al derribo del hotel de El Algarrobico que ha anunciado recientemente la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
La ejecutiva local socialista ha emitido una nota en la que considera "un error" este plan que supuestamente pondrá en marcha la Administración andaluza, porque asegura que rechaza cualquier acuerdo que sea contrario a la apertura del hotel. "Solicitamos a todas las administraciones supramunicipales que hasta el último céntimo que venga a Carboneras se dedique para generar empleo y no para derribar nada. Estamos convencidos de que la apertura del hotel generaría empleo sin que la administración gastara ni un solo euro", dicen los socialistas.
El PSOE local sigue expresando su "compromiso decidido de luchar por la apertura del hotel del Algarrobico como un proyecto generador de empleo y desarrollo para Carboneras". "Siempre hemos sido coherentes en nuestra posición. Antes, ahora y siempre vamos a defender y luchar por el futuro de los carboneros, si hiciéramos lo contrario no podríamos llamarnos socialistas", mantienen.
La ejecutiva local del PSOE de Carboneras está presidida por Rosario Fernández, hermana del ex alcalde Cristóbal Fernández, principal impulsor político del hotel, bajo cuyo mandato se hizo posible su construcción y la declaración del terreno como urbanizable, a pesar de situarse en zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar e invadiendo la zona de servidumbre de 100 metros exigida por la Ley de Costas. El secretario de Relaciones Institucionales y Política Municipal de la ejecutiva local es Antonio Amérigo Fernández -sobrino de Cristóbal Fernández-, quien también es secretario de Ideas de la ejecutiva provincial del PSOE. Y su hermano José Luis Amérigo Fernández es portavoz municipal socialista en Carboneras. Aunque Cristóbal Fernández se ha apartado de la política tras no conseguir la mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales, continúa también como vocal de la ejecutiva local.
En su nota, el PSOE de Carboneras dice que sigue "sin entender cómo el hotel pasa de legal a ilegal según el "gusto" de los ministros y ministras de Medio Ambiente", aunque elude criticar abiertamente a la Junta de Andalucía, que primero apoyó abiertamente la construcción del hotel y en la actualidad pide su demolición. Sin embargo, los socialistas de Carboneras dicen no olvidar "que el hotel contaba con el visto bueno de todas las administraciones, provinciales, andaluza, española y europea". Y añade: "Ante ejemplos como la aprobación de un decreto para legalizar 250.000 viviendas que se construyeron en terrenos "no urbanizables", o las modificaciones urbanísticas en el municipio de Aznalcollar, defendidas por PSOE e IU, para que se reabra la mina que cerró de una manera catastrófica, es inconcebible cómo es que no se invierte el mismo y justo esfuerzo político en la regularización (legal desde el inicio) del hotel carbonero para su definitiva apertura".
Eso sí, el PSOE critica abiertamente al nuevo equipo de gobierno municipal -formado por el partido independiente Gicar y el PP- por, según dice, "haber retirado los recursos judiciales en defensa del proyecto del hotel y del empleo en Carboneras o abandone otras acciones gubernamentales", algo que en realidad no ha hecho, sino que ha renunciado a seguir interponiendo recursos a las sentencias judiciales.
Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Presentado el 05/12/2005, calificado el 13/12/2005

184/053565
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lara Carbó, Teresa de (GP).

Respuesta del Gobierno:
En relación con la información solicitada, se señala que el hotel en construcción al que se refiere Su Señoría no está situado sobre el dominio público marítimoterrestre.
Fuera del dominio público marítimo-terrestre y de la zona de servidumbre de tránsito, que es la situación de las obras en cuestión, las competencias de gestión no corresponden al Ministerio de Medio Ambiente.

¿Quién puede estar seguro en país donde, dependiendo de los caprichos o intereses de unos gobernantes, te encuentres de la noche a la mañana que tu propiedad, tu inversión ha desaparecido y estás en la ruina? 

¿Qué Estado de Derecho permite que, mediante un deslinde en 1995, autorice una construcción y en 2005, ¡¡diez años después!!, hagan uno nuevo para evitar tener que expropiar y justificar ¿legalmente? una confiscación con la inestimable ayuda de los jueces que no ven inseguridad jurídica, ni retroactividad, ni arbitrariedad, ni despojo en los vaivenes de una ley injusta? 
Ninguno. Por eso, donde ocurren estas cosas se les califica de repúblicas bananeras.

martes, 28 de enero de 2014

La Audiencia Nacional obliga a Costas a indemnizar por el derribo injusto de una vivienda

Esta es la historia
José Ramón Quiroga, pequeño empresario constructor, decidió hacerse casa en una parcela familiar de San Miguel de Oia, en Vigo, sin licencia municipal, con solo unas garantías de que el terreno sería recalificado por el plan general de urbanismo, cuya aprobación se hacía en 2006 inminente. En septiembre de ese año, el Seprona le paralizó la obra por encontrarse a unos 50 metros del mar, “dentro de la zona de servidumbre de Costas, que es de 100 metros”. La denuncia se tramitó al Servicio Provincial de Costas, que a su vez la remitió en diciembre a la Delegación Provincial de Protección do Litoral de la Xunta, en un expediente sancionador que paralizó la instrucción penal paralela por un delito contra la ordenación del territorio.
Después de más tres años de calvario judicial, Quiroga pactó una pena rebajada con la fiscalía: seis meses de prisión, inhabilitación profesional, multa, demolición de lo construido y devolución del suelo a su estado anterior, rasantes incluidas. En enero de 2010 la sentencia estaba plenamente ejecutada y, un año después, en febrero de 2011, el Servicio de Costas de Pontevedra comunicó a Quiroga su “rectificación de un manifiesto error de hecho”: el linde de protección en la zona de marras, donde él se hacía la casa, estaba a 20 metros del mar, y no a 100 metros, por haberlo aprobado así la Dirección General de Costas en enero de aquel 2006, ocho meses antes de la denuncia del Seprona. Cristina Paz-Curbera, responsable de Dominio Público y del propio Servicio Provincial de Costas, según parece, no se enteró. Tampoco la fiscalía.
Quiroga atribuye a Costas, por error o negligencia, la responsabilidad de su quebranto, que cifra en 194.636 euros y quiere reclamar al Ministerio de Medio Ambiente. Para ello necesita el número del expediente que le abrió Paz-Curbera con la denuncia del Seprona, pero que esta, pidiendo tiempo para su aterrizaje en la jefatura provincial, se niega a facilitarle. El “error” fue reconocido de oficio por el anterior jefe de Costas, Cristóbal Fernández. Pero Quiroga ya ha tenido que recurrir al juzgado para no perder, por silencio administrativo, los derechos que reclama.
Esta es la sentencia
CONDENAR a la Administración General del Estado (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente) a indemnizar a la actora en la suma de 194.635 euros; cantidad que será incrementada en los intereses legales a contar desde el 29 de mayo de 2010.
Por mucho que le paguen, no hay dinero que pueda resarcirle del calvario que ha sufrido. 
Sólo quien padece la persecución de Costas, puede comprender el sufrimiento de años que conlleva un deslinde. La presunción de inocencia desaparece junto con la propiedad. Esto no ocurre en ningún país civilizado del mundo.

lunes, 27 de enero de 2014

Benzú se movilizará para defender sus viviendas

Los vecinos de Benzú se reunieron ayer para conocer las opciones que les planteó la consejera de Fomento, Susana Román, a los representantes de la barriada con los que se entrevistó el pasado jueves. En este encuentro, Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui, de Caballas, actuaron como portavoces y trasladaron a los vecinos cómo está la situación, además de las alternativas legales que tienen para recurrir los expedientes. Además, desde los miembros del partido anunciaron que pedirán al Gobierno durante el próximo pleno de la Asamblea que exija a Delegación la paralización de los trámites de expropiaciones en Benzú. 

La presidenta de la plataforma de vecinos, Rahma Mokhlis, cuenta como el sentimiento entre los propietarios de Benzú es de “indignación”. Para ellos, estos trámites de expropiación para derribar algunas de las viviendas de la barriada forma parte de “una estrategia” para ir desalojando a todos los vecinos poco a poco y desarrollar un proyecto urbanístico en la zona. Por eso, los vecinos no están dispuestos a ceder ni una casa. “Esto va a ir por fases y sabemos que nos van a tirar a todos las viviendas”, advertía ayer Mokhlis.

La presidenta de la plataforma explica como los vecinos tienen documentos que acreditan que sus viviendas son legales y se han mantenido en pie generación tras generación. Muchos cuentan con la autorización de uso de dominio público.

Los propietarios de las viviendas que han recibido un aviso por parte de Delegación entienden que hay una Ley de Costas que se debe cumplir, lo que no quieren es abandonar su barriada y no comprenden por qué ellos no tienen cabida en el plan de urbanización para esta zona, según denuncia Mokhlis. Román les trasladó el jueves que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) conllevará cambios, pero serán a largo plazo.

Desde la plataforma de vecinos están convencidos que quieren ir desalojándolos poco a poco para que no armen ruido. Lamentan que los quieran llevar a Loma Colmenar para “crear un gueto” y avisan de que no se van a quedar tranquilos. “Somos una barriada al completo y vamos a movilizarnos”. Para ello, ya han solicitado los permisos pertinentes a Delegación del Gobierno y avisan que, aunque sólo quieran tirar unas pocas casas, “no van a poner la otra mejilla”.

“De la barriada no se va a mover nadie, nos quedaremos con los niños y los mayores, aunque sea en tiendas de campaña”, aseguraba ayer la presidenta de la plataforma. Para ellos, la única solución es que se paralicen los expedientes y que se ponga en marcha un proyecto en Benzú, en el que se cuente con los vecinos de la barriada.

Mokhlis entiende que prevalece el derecho a la vivienda, que cumplir con una ley que pondría en riesgo de quedarse en la calle a muchas familias afectadas por la actual normativa.
http://www.elpueblodeceuta.es/201401255102.html

No van descaminados los vecinos de Benzú. En el proyecto ya se anuncian de manera clara y contundente:
"El área de Benzú desaparece y son colonizados por los espacios abiertos. En sus propias ruinas esta nueva situación se da forma"


La ONU prohibe los desalojos masivos para especular con los terrenos. A ver si se entera nuestro Gobierno de una vez. 

sábado, 11 de enero de 2014

Unos 100 municipios esperan poder seguir en la costa y no ser demolidos

Un centenar de municipios están a la espera del informe que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente deberá emitir antes del 1 de abril de 2015 y que dictaminará si podrán seguir en la costa y, así, evitar ser demolidos de acuerdo con la Ley de Uso Sostenible del Litoral y Modificación de la Ley de Costas, que entró en vigor antes del verano.
   Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno y dirigida al portavoz de Medio Ambiente del PSOE, José Luis Ábalos, después de que éste cuestionara al Ejecutivo sobre el número de municipios españoles que, acogiéndose al amparo de una disposición de la Ley de Costas, han solicitado poder permanecer en la costa sin ser derruidos y regular su situación de manera definitiva.
   De acuerdo con la reforma de la Ley de Costas, los municipios que tengan parte de su suelo en dominio público hidráulico pero que cuando se aprobó la Ley de Costas de 1998 cumplieran ya una serie de requisitos aunque sin estar clasificados como suelo urbano, podrían acogerse a dicha disposición.
   Concretamente, los requisitos que deberán cumplir los municipios con planeamiento (en 1988) son que los terrenos que bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de aplicación.
   También podrán acogerse a esta disposición los municipios sin planeamiento con terrenos que, en julio de 1988, o bien contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad de su superficie.
   Según la reforma de la Ley de Costas, estos municipios disponían de un plazo de tres meses, que expiró el 1 de octubre, para acogerse a esta disposición. Ahora el Gobierno tiene 18 meses para estudiar si estos se ajustan a las características de esta disposición y no tienen por qué ser demolidos. En caso de que en ese plazo el Ministerio no emita un informe favorable, se entenderá que la respuesta a su continuidad es positiva.

LISTA DE MUNICIPIOS

   En la citada respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, el Gobierno precisa que, a fecha de 15 de octubre, son 100 municipios los que han solicitado la aplicación de la disposición transitoria de la ley.
   En la provincia de Alicante estarían Denia y Villajoyosa; en Almería, Roquetas de Mar; en Asturias, Ribadesella, Tapia de Casariego y Valdés; en Baleares, San Joan de Lebritja y Santa Eulalia del Riu; en Cádiz, Rota, San Fernando y Barbate; en A Coruña, Ares, Boiro, Camariñás, Carballo, Cedeira, Fene, Ferrol, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Miño, Mugardos, Muros, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal y Ribeira.
   Mientras, en Gipuzkoa, se han acogido a esta disposición Astigarraga; en Las Palmas, Agaete, Agüimes, Antigua, Arucas, Galdar, Haría, Ingenio, La Oliva, Moya, Pájara, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, San Nicolás de Tolentino, Santa Lucía, Santa María de Guía de Gran Canaria, Teguise, Telde, Tinajo, Tuineje y Yaiza.
   En la provincia de Lugo se encontrarían Cervo y Xove; en Málaga, Manilva; en Pontevedra, Baiona, Catoira, Gondomar, Illa de Arousa, Marín, Meaño, Nigrán, O Rosal, Poio, Pontevedra, Sanxenxo, Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa y Vilanoba de Arousa; en Cantabria están a la espera, Escalante, Piélagos y Polanco; a su vez, en Tarragona, Vila-seca.
   En cuanto a Santa Cruz de Tenerife lo han solicitado Adeje, Arafo, Arico, Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, El Rosario, Fasnia, Frontera, Garachico, Guía de Isora, Güimar, Icod de los Vinos, La Laguna, Los Realejos, Los Silos, Matanza de Acentejo, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte, Tazacorte, Valle Gran Rey, Vallehermoso, Valverde, Victoria de Acentejo y Villa de Mazo.
   Precisamente, en una reciente entrevista a Europa Press, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, aseguró que la modificación de la Ley de Costas "no es una amnistía de nada".
   "Niego la mayor. No sé de dónde sale el término amnistía en la Ley de Costas", enfatizó, porque, según agregó, es una ley para que los que tengan una situación concreta puedan ordenarse, pero el que quede fuera y esté en dominio público sin tener título que le habilite, "tendrá que salir" del dominio público y todas las sentencias firmes de demolición tendrán que ejecutarse.
   Sobre esta cuestión, trasladó las críticas al principal partido de la oposición, al decir que es "fácil llamarlo amnistía por parte de quien ha tenido responsabilidades de Gobierno y no ha hecho absolutamente nada más que mirar a otro lado" ni quiso corregir esa situación.

Muchos de estos municipios, algunos con núcleos centenarios, ya eran urbanos antes de 1988, pero llegó Costas y decidió que mandaba más que nadie y que lo legal pasaba a ser ilegal para conseguir los terrenos a coste cero... y todos callaron, ¿por qué? 

miércoles, 1 de enero de 2014

El gol que Felipe Gonzalez metió a Margaret Thatcher con la Ley de Costas

1989 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO MONTESINOS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN POPULAR, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR ALGUNA MEDIDA, ADEMAS DEL JUSTO PRECIO, QUE COMPENSE ECONOMICAMENTE A LOS RESIDENTES EXTRANJEROS PROPIETARIOS DE INMUEBLES EN EL LITORAL ESPAÑOL, QUE SERÁN EXPROPIADOS POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS?

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Montesinos García. Tiene la palabra el señor Montesinos. 

El señor MONTESINOS GARCIA: Gracias, señor Presidente. 
Señor Ministro de Obras Públicas, según una información aparecida en el "Sunday Times", el 12 de marzo, más de medio millón de ciudadanos británicos se verán afectados por la posible expropiación de inmuebles de su propiedad. 
De ahí la pregunta: ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna medida, además de pagar el precio justo, que compense económicamente a los residentes extranjeros propietarios de inmuebles en el litoral español, que serán expropiados por la aplicación de la Ley de Costas? 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montesinos. Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas. 

El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO (Sáenz Cosculluela): Señor Presidente, señoría, me causa extrañeza que, habiendo leído esa noticia, no haya tenido conocimiento del comunicado que, como respuesta leo, que fue divulgado por el Ministerio de Obras Púíblicas y Urbanismo: En relación con las informaciones publicadas recientemente en diversos medios de comunicación británicos, relativas a una hipotética nacionalización o expropiación de las residencias veraniegas propiedad de ciudadanos británicos en el litoral español, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas, se hace público el siguiente comunicado:
  • Uno. El Ministerio de Obras Públicas y urbanismo desmiente rotundamente que la Ley de Costas implique la nacionalización o expropiación de propiedad alguna de ciudadanos españoles o extranjeros. Sólo aquellas edificaciones que carezcan de todo soporte legal se verán afectadas por los oportunos expedientes sancionadores, según el procedimiento legalmente establecido y con todas las garantías procesales para los interesados. La Ley de Costas arbitra mecanismos para la legalización de construcciones realizadas en la zona de dominio público marítimo-terrestre, así como salvaguarda las edificaciones construidas de acuerdo con la legislación anterior. 

  • Dos. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo -sigue diciendo el comunicado- afirma que una lectura objetiva y rigurosa de la Ley de Costas no puede llevar a declaraciones como las que se han hecho públicamente, por lo que no puede dejar de constatar y lamentar profundamente que se estén produciendo por parte de algunas personas con determinada representatividad -obviamente el comunicado es anterior a la pregunta y no es S. S. el aludido- campañas que tienden intencionadamente a generar una confusión en la opinión pública.

25 años después, se confirma todo cuanto anunció el "Sunday Times". Los ciudadanos europeos han visto confiscadas sus propiedades.

lunes, 16 de diciembre de 2013

Demolition risk for British-owned homes in Spain a 'substantial problem', says Foreign Office

Demolished houses on the Costa del Sol, Spain

UK officials promise to bring the matter 'to the attention of Spanish authorities'

The UK Foreign Office has said the risk of British-owned properties in Spain being demolished for breaching local planning rules is a "substantial problem".
The Foreign Office said it estimated that there are at least 4,000 British-owned homes in Spain affected by some sort of property dispute.
Will Middleton, director of British consular services in southern Europe,told the BBC: "For those involved it's absolutely devastating. It's the uncertainty that is the big problem."
A spokesman for the Foreign Office said the UK could not get involved in individual disputes and urged British people affected to go through the "appropriate local courts".

He said: "We recognise this is a substantial problem and we can bring to the attention of the Spanish authorities the problems British residents are facing. 
“We can’t interfere in court cases, and it’s up to the Spanish authorities to provide clarity on the legal uncertainty facing many British homeowners in Spain.

“We meet and lobby the Spanish authorities at all levels and we will continue to do so.”
He said the Foreign Office was aware of three British-owned properties that have been demolished because they were deemed illegal, one in 2008 and two this year.
The Spanish government was accused last month of pushing illegally built homes to British buyers.
Spain has approximately three million homes standing empty due to the property crash in 2007. Up to a third of these properties may have been built illegally due to corruption in the construction industry and town halls.
A British couple, John and Jan Brooks, had their dream villa bulldozed in October despite a court ruling that they were innocent victims of a corruption scandal.
The Foreign Office has produced a guide on how Britons can avoid being ripped off when buying a property in Spain. 

Reino Unido intentará evitar la demolición de 4.000 viviendas de británicos en España que inclumplen la Ley de Costas

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico mostrado su preocupación por la aplicación de la nueva Ley de Costas española, que podría suponer la demolición de unas 4.000 viviendas de propiedad británica. Will Middleton, director de los servicios consulares británicos en el sur de Europa, dijo a la BBC: "Para los afectados es absolutamente devastadora la incertidumbre, ése es el gran problema".

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el Reino Unido no puede intervenir en conflictos individuales de sus compatriotas peo les instó a defender sus derechos en los tribunales locales.
Asimismo, añadió que "reconocemos que es un problema importante y podemos trasladdarle a las autoridades españolas la problemática que afecta a los ciudadanos británicos. No podemos interferir en los procesos judiciales, y le toca a las autoridades españolas a proporcionar claridad sobre la inseguridad jurídica que enfrentan muchos propietarios británicos en España". Así, aclaró que hemos mantenido reuniones a todos los niveles con las autoridades españolas y vamos a seguir haciéndolo".
Además, dejó constancia de que el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba al tanto de las tres propiedades de británicos que han sido demolidas porque fueron consideradas ilegales, una en 2008 y las otras dos este año.
España cuenta con alrededor de tres millones de viviendas vacías debido a la crisis inmobiliaria en 2007. Hasta un tercio de estas propiedades puedan haber sido construido ilegalmente debido a la corrupción en el sector de la construcción y de los ayuntamientos, indica "The telegraph".

Una pareja británica, John y Jan Brooks, vieron como su villa de ensueño fue demolida, a pesar de que la Justicia dictaminó que habían sido víctimas de un caso de corrupción y no tenían responsabilidad ninguna. Para que ningún británico se ve afectado en el futuro por la compra de inmuebles ilegales, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha elaborado una guía sobre cómo pueden evitar las estafas a la hora de adquirir una vivienda residencial en España.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Cañete defiende que la Ley de Costas resuelve "problemas pendientes" y el PNV dice que todavía hay inseguridad jurídica

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido la puesta en marcha este año de la nueva Ley de Costas que, a su juicio, resuelve la "mayor parte" de los problemas pendientes que tenía España en la materia, mientras que desde el PNV, el diputado Joseba Agirretxea, ha alertado de que se mantiene la inseguridad jurídica para los propietarios de muchos inmuebles situados en la costa, a pesar de ser uno de los supuestos objetivos de la normativa.

Este debate se ha producido durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde el diputado 'jeltzale' ha cuestionado al responsable de Medio Ambiente por el 'Informe Werthmann', presentado en el Parlamento Europeo en relación a la modificación de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno este 2013, y por el que la Eurocámara ha emitido una orden directa a la Comisión Europea para que investigue "si esta nueva legislación se ajusta a derecho europeo".

Cañete ha subrayado en su argumentación que el citado informe "es un simple documento", que fue elaborado por una delegación de parlamentarios europeos que visitó España tras la aprobación de la ley en el semestre pasado, y "con recomendaciones no vinculantes".

Es más, sostiene que este documento de trabajo reconoce que el Gobierno español ha hecho un "esfuerzo importante" aprobando una nueva legislación en materia de costas, que resuelve "la mayor parte de problemas pendientes" para conciliar los problemas de la costa española con el desarrollo económico, y una mayor seguridad a los propietarios inmobiliarios.

A su vez, ha subrayado que este informe europeo plasmaba la necesidad de que las zonas costeras no se utilizasen para nuevas edificaciones, reclamaba una actualización del informe del registro y del catastro, al mismo tiempo que pedía la distinción de playas urbanas de las naturales, entre otras recomendaciones para España, que ya han sido incluidas en la nueva Ley de Costas, según ha asegurado.

COMPENSACIONES E INSEGURIDAD JURÍDICA

Arias Cañete ha señalado también que el 'Informe Werthmann' pide también indemnizaciones económicas, en lugar de concesiones de uso como compensación, aunque también recoge que la Comisión Europea ha señalado que el régimen de propiedad es competencia del Estado miembro.

Además, sostiene que en el marco del derecho nacional lo que no se puede es ignorar los preceptos de la Constitución, en cuanto a la demarcación público marítimo terrestre, ni tampoco la interpretación del Tribunal Constitucional, donde se establece que el dominio público "no admite claves de propiedad privada".

"Nosotros hemos mejorado el tratamiento de la Ley del 78, que establecía las concesiones de forma muy limitada, dando unas de 75 años, que además son transmisibles, con lo cual aumentamos su valor patrimonial", ha insistido el responsable de medio ambiente.

Mientras, Agirretxea ha insistido en que la aplicación de la Ley de Costas no ha solucionado el problema de la inseguridad jurídica a la que se veían sometidos propietarios de inmuebles deslindados porque se "les han confiscado propiedades", al no haberse efectuado una compensación económica, "por medio de unas concesiones de uso usufructo por unas concesiones de 75 años", a personas que eran ya propietarias por escritura pública de esos inmuebles antes de que existiera ninguna Ley de Costas.
Así, ha apuntado por ejemplo al caso del Molino de Mareas, una edificación del siglo XVII situado en la ría de Urdaibai, en Vizcaya.

Finalmente, ha avisado a Arias Cañete de que el Parlamento Europeo detectó "una enorme laguna jurídica" que el PNV propuso solventar vía enmienda durante la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Costas, pero al que el Gobierno no accedió a modificar.
http://www.teinteresa.es/tierra/Canete-Ley-Costas-PNV-inseguridad_0_1045696088.html

INFORME WERTHMANN
(Español)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-510.751%2B04%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FES

(Inglés)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.751%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

(Alemán)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.751%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE

(Francés)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.751%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR

Observaciones finales 

Estrictamente hablando, según los términos del Tratado de la UE, nada obliga a España a cambiar su posición y es evidente que el Gobierno español y el Parlamento poseen plena competencia, constitucional y políticamente, para decidir y aprobar dicha legislación. El «régimen de propiedad» sigue siendo competencia del Estado miembro. Sin embargo, el artículo 6 del Tratado de la UE y el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales también contienen disposiciones relativas a los derechos de los ciudadanos a su propiedad. 
Las personas tienen por tanto confianza legítima en que la UE y el Parlamento, en particular, deben defender estos derechos en su nombre cuando estos sean socavados o violados. 

Resulta deplorable que con esta revisión de la Ley de Costas no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica con respecto a los derechos de propiedad, un requisito imprescindible de todo mercado sostenible de la vivienda. Además, el hecho de que, en su caso, la línea de demarcación pueda revisarse cada vez que se produce un cambio en la línea de la costa (debido a la erosión costera o la construcción de un nuevo puerto deportivo, por ejemplo) genera una inseguridad adicional, pues lo que es legal hoy podría dejar de serlo mañana. 

Según se ha indicado, la mayoría de los miembros no consideran que las concesiones sean una compensación justa por la eventual pérdida de valor de las propiedades privadas situadas en el nuevo espacio público establecido.


Recomendaciones

Pide a la Comisión Europea que estudie si esta nueva legislación se ajusta al Derecho europeo.

Insta a las autoridades españolas a establecer un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación a consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas.

Pide a las autoridades españolas que ofrezcan indemnizaciones que reflejen el valor de la propiedad de los afectados por la Ley de Costas, en lugar de otorgar concesiones. 
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El ministro Arias Cañete podrá despreciar el Informe Werthmann, pero que se haya desplazado una comisión de investigación del Parlamento Europeo a España y concluya en un informe que no se está respetando el derecho de propiedad en España y por tanto, que existe una inseguridad jurídica impropia de un Estado de Derecho Europeo...

Que diga que en España "lo que hoy es legal, podría dejar de serlo mañana"...


Es como para plantearse la derogación de la ley o dimitir, porque esa demostrada inseguridad, ese desprecio por el respeto de los derechos humanos, nos deja a nivel de las repúblicas bananeras.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

EL GRAN NEGOCIO DE COSTAS CON LA COSTA

  • Pastor ha anunciado "un plan ambicioso" para reutilizar los faros
  • España cuenta con 187 faros, de los que medio centenar están habitados
'Se ofrece edificio en primera línea de costa, con vistas inmejorables, sin vecinos molestos, para instalar un restaurante, un hotel, un centro cultural o científico. Más información en el Ministerio de Fomento'. Este es el anuncio -aunque no redactado en estos términos- que la ministra de Fomento, Ana Pastor ha hecho esta mañana en un desayuno informativo de Europa Press.

Pastor ha anunciado que Puertos del Estado pondrá en marcha de forma inmediata "un plan ambicioso" para dar uso hotelero a los faros, respetando su valor patrimonial, a través de concesiones en aquellos donde sea posible, y dando entrada así al sector privado. Fomento pretende así convertir un coste en un ingreso. Ahora el mantenimiento de los edificios históricos de los faros supone una elevada cuantía y con la concesión se lograría rentabilidad económica.

España cuenta con 187 faros, de los que entre 55 están habitados, aunque los técnicos de señales -antiguos fareros- no se dedican exclusivamente al mantenimiento de sus instalaciones, sino que prestan ayuda a las autoridades portuarias.

Fuentes de Puertos del Estado han explicado a RTVE.es que los faros son pequeños y se piensa "en hoteles con encanto o casas rurales". En los casos que estén habitados, la solución que se prefiere es la "cohabitación", es decir, mantener al farero y convivir con el nuevo uso. En un principio, el Ministerio no va a permitir que se construyan habitaciones anexas a los edificios ya existentes porque una de las obligaciones para el concesionario será devolver el faro a su estado inicial una vez cese su actividad.

Galicia cuenta con varios faros que podrían sumarse a esta iniciativa. Por ejemplo, el faro romano más antiguo que sigue en funcionamiento, la torre de Hércules, ya alberga un centro cultural y está gestionado por el ayuntamiento coruñés.

Una gestión "cien por cien privada"
Ahora se trata de dar entrada a la iniciativa privada, por eso Fomento no se ha planteado que la gestión hotelera recaiga en Paradores -en medio de un proceso de restauración-. La idea, según Puertos del Estado, es que "la gestión sea cien por cien privada".

La titular de Fomento destaca que con este proyecto, denominado 'Faros de España', se busca poner en valor la red de faros, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de "las vistas magníficas que ofrecen" con un uso hotelero que es habitual en numerosos países europeos y aún no existe a nivel nacional.

Fuentes de Fomento han señalado a RTVE.es que "no se sabe cuáles van a ser porquedependerá de su idoneidad y viabilidad" y de que le espacio sea "compatible con su uso técnico". Además hay que esperar "a ver que empresas están interesadas y en qué condiciones".

Desde hace un mes está funcionando un grupo de trabajo para analizar qué faros reúnen las condiciones para qué usos con el coste más bajo posible, ya que se persigue una "sostenibilidad" de la actividad en el tiempo. Fuentes de Puertos del Estado han confirmado a RTVE.es que "ya hay empresas hoteleras interesadas", con las que se reunirán en los próximos días.

Los grupos hoteleros o los empresarios tendrán que hacer una propuesta de explotación de uno o varios faros. Este documento será analizado por un equipo técnico de Puertos del Estado, en colaboración con los expertos de la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el faro. Una vez recibido el visto bueno se elevará al Consejo de Ministros que autorizará la concesión.

Desde Puertos del Estado han dejado claro a RTVE.es que siempre se analizará "caso por caso", con un respeto escrupuloso a la Ley de Costas y al pliego técnico que se fije para cada faro. Fomento espera que esta iniciativa sirva para dinamizar el empleo.

¿Qué dice la Ley de Costas al respecto?

Artículo 32

1. Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.

 Artículo 49 
«4. En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos, que no reúnan las características del artículo 3, además de los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria, se podrán permitir usos comerciales y de restauración, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico. En todo caso, se prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación.

¿Va saltarse el Gobierno su propia ley? 
Seguro. La Ley de Costas nació en 1988 con el ÚNICO propósito de hacer negocio con la costa y no van a quedase cruzados de brazos pudiendo especular con ella.

martes, 3 de diciembre de 2013

La Audiencia Nacional anula el deslinde que Costas realizó en Fisterra

Los magistrados de la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional acaban de anular el deslinde que Costas del Estado realizó en casi todo el litoral de Fisterra (salvo la playa de Langosteira), aprobado en una orden ministerial de marzo del 2011. Los jueces dan la razón al Concello de Fisterra, que recurrieron la norma al entender que en dos zonas, San Roque y Sardiñeiro, la servidumbre impuesta debería ser mucho menor: no de 100 metros, como fijaba el ente estatal, sino de 20, por considerarla área urbana.
La victoria judicial ha causado sorpresa (y mucha satisfacción) en el gobierno local y en el arquitecto municipal, ya que ambos aseguran que en este tipo de pleitos las Administraciones locales pierden más del 90 % de los litigios.
No obstante, los jueces del tribunal madrileño (Costas es una de las escasas competencias atribuidas a la Audiencia Nacional) ni siquiera han entrado en el fondo de la cuestión. De hecho, la consideración de esos terrenos como urbanos y y por tanto la necesidad de reducir la protección hasta los 20 metros era la segunda petición del Ayuntamiento. La primera era más simple: el expediente estatal no podía salir adelante porque Costas lo aprobó cuando el plazo para hacerlo ya había caducado. Y, en efecto, la sentencia establece que eso ha sido así, argumento que ya le basta para fallar a favor del ejecutivo local sin entrar en otras consideraciones.
Señalan los magistrados que, desde que se inició el expediente, en junio del 2007, hasta que se resolvió, en marzo del 2011, pasaron 45 meses y medio, mucho más de los 24 meses de máximo legal, además de otros 12 de ampliación acordados en mayo del 2009. Una segunda ampliación, de mayo del 2010, no se ha tenido en consideración, al entender que ni se debió a una circunstancia externa «ni menos aún de difícil previsión».
La sentencia es recurrible, pero en caso de que Costas no lo haga, debería preparar un deslinde provisional. Y, en otro caso, recobran vigencia las establecidas en las normas subsidiarias, que atribuyen suelo urbano a los dos puntos en litigio. Por un lado, y según explican desde el Concello, otorgan una continuidad desde Fisterra hacia Langosteira. Y, en Sardiñeiro, se garantiza su expansión, especialmente en la salida hacia Estorde.
Traba considera que las modificaciones del deslinde ahora anulado no estaban justificadas, y defiende su carácter urbano, Costas de Galicia les daba la razón, pero no Madrid.
SENTENCIA