Costas S.A. salva a otros dos hoteles modificando la línea de dominio público. A los demás, ciudadanos europeos corrientes y sin agaraderas, se les confisca la propiedad

El Ministerio sólo ha atendido a las alegaciones del Selomar y Colón a la hora de variar su propuesta.

La Dirección General de Costas sólo ha atendido a las alegaciones de dos hoteles de Benidorm -Selomar y Colón- sobre la demarcación marítimo-terrestre que propone para esta localidad, según indicaron a este diario fuentes de la concejalía de Urbanismo. El caso del hotel Selomar, propiedad de la familia del senador Agustín Almodóbar, era de los más problemáticos, ya que su venta estaba bloqueada al pasar la línea de dominio público por debajo de los volados del edificio, lo que no permitía la concesión de licencia de obra si no se producía un retranqueo de todo el bloque.

El Ayuntamiento, en el mes de mayo, mantuvo reuniones con la Dirección Territorial de este organismo para tratar de buscar una solución a este problema. Aunque el objetivo del Consistorio iba más allá del Selomar. El área de Urbanismo intentaba que el Ministerio tuviera en cuenta que el Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm y el deslinde del año 1964 marcaba dicha línea junto a la zona del paseo que está pegada a la arena. De hecho, según el gobierno municipal, todavía están los mojones que así lo señalan. Costas, por contra, dibujaba esta línea por todo el frente fachada de los edificios de la zona, pasando además por bajo de los balcones del Selomar.

El objetivo del Consistorio era que esta línea no afectara a ningún edificio situado en primera línea de la playa de Levante. Es decir, en las avenidas de Alcoy y de Madrid. Sin embargo, de las 8 alegaciones que se presentaron (una municipal y siete particulares) sólo se han atendido dos: una del Hotel Selomar y otra del Hotel Colón. Cabe destacar, según fuentes de Costas, que no se trata de una aprobación definitiva, ya que todavía se está tramitando el deslinde. De hecho, tanto particulares como gobierno municipal pueden presentar nuevas alegaciones.

En la del Selomar sólo se desplaza la línea que había fijado Costas una serie de metros por la zona en la que se encuentra dicho hotel. Desde la Plaza del Torrejó a la avenida Martínez Alejos. Desafectando, por tanto, sólo tres edificios. Según fuentes municipales, el Ministerio ha esgrimido que "no es necesario" contemplar esta zona como dominio público. En la del Hotel Colón el desplazamiento que se realiza de la línea sólo se efectúa sobre este edificio, tal y como indican fuentes del área de Urbanismo municipal.

También reseñan algunas agrupaciones de vecinos estaban indignadas esta mañana en el Ayuntamiento con la decisión de Costas. Entre ellos algunos propietarios de establecimientos de la Punta Canfali, a los que les han marcado una zona servidumbre de seis metros sobre las rocas que dan al mar y que lindan con sus edificios.

Fuentes de la concejalía de Urbanismo subrayan que si Costas hubiera seguido los mismos criterios que en los hoteles Colón y Selomar, también desbloquearía la situación de Punta Canfali, "en la que un edificio ha solicitado licencia de obra para arreglar un problema por el que se están desprendiendo cascotes al mar, lo que supone un peligro para los bañistas".

Buena noticia para la familia del Selomar

El senador popular Agustín Almodóbar mostraba esta mañana su satisfacción por la decisión de Costas. "Los nuevos propietarios sólo tendrán que quitar un pequeño espacio de balconada, y con eso ya lo tendrían todo en regla", manifestó a este diario, además de precisar que la operación de venta, tras esta buena nueva para ellos, está casi cerrada y a final de año ya podría ser un hecho. Ahora, según dijo, sólo tiene que resolver su familia unos problemas administrativos al haber fallecido uno de sus miembros y existir una serie de trámites relacionados con la herencia. No obstante, dejó claro que el principal escollo que tenían ya está solucionado.

http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2014/10/31/costas-salva-hoteles-modificacion-linea/1562266.html

El comprador debería saber que estar en servidumbre de protección es estar fuera de ordenación, con todos los problemas que conlleva. Luego no se lleva ningún chollo.

Quieren tirar la casa de Quico y Fátima pero mueven los lindes por orden ministerial para salvar hoteles

(Pinchar en la imagen para agrandar)

PETICIÓN DE FIRMAS: Que no derriben injustamente la casa de Quico Bea

En el Derecho de la Unión, el derecho  a la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta. 

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estimado que la pérdida de una vivienda es una de las más graves lesiones del derecho al respeto del domicilio  y que toda persona que corra el riesgo de ser víctima de ella debe en principio poder obtener el examen de la proporcionalidad de dicha medida 

Under EU law, the right to accommodation is a fundamental right guaranteed under Article 7 of the Charter.

In that regard, the European Court of Human Rights has held, first, that the loss of a home is one of the most serious breaches of the right to respect for the home and, secondly, that any person who risks being the victim of such a breach should be able to have the proportionality of such a measure reviewed.

Estamos intentando conseguir 5.000 firmas y necesitamos todo el apoyo que podamos conseguir. Puedes leer más y firmar lapetición aquí:

https://www.change.org/p/xunta-de-galicia-que-no-derriben-injustamente-la-casa-de-quico-bea?recruiter=51688755&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

¡Gracias!
Juan Francisco

Concentración de apoyo ciudadano a los vecinos de O Grove a los que van a tirar su casa

Caricatura de Gogue en apoyo de Quico y Fátima

Las redes sociales son un clamor y en Facebook usan la noticia de FARO para una campaña de recogida de firmas

A las 21,30 horas comienza en la plaza grovense de O Corgo una concentración popular apoyo aJuan Francisco Bea Rodríguez (Quico) y Fátima Doçeu Bernabé, los dos vecinos de O Grove a los que Costas del Estado ha dado un ultimátum. En menos de un mes su casa, en el lugar de Ostreira, será derribada. La razón es que se trata de una vivienda ilegal, ya que ocupa el dominio público. Lo que sucede es que cuando la compraron, hace ya 15 años, no sabían de la existencia de expediente urbanístico alguno.

Ahora se exponen a perder su casa y todo el dinero invertido, además de quedarles pendiente aún una carga hipotecaria durante otros diez años.

Las redes sociales son un clamor, y la consigna utilizada, como se hará en la protesta vecinal, es "Todos somos Quico y Fátima".

A través de Facebook se ha organizado una campaña de recogida de firmas que como hilo argumental utiliza la información publicada en FARO DE VIGO hace unos días, cuando este caso salió a relucir.

Las firmas, a estas alturas más de medio millar, respaldan una petición que dice así: Juan Francisco Bea Rodríguez, al que todos conocen como "Quico Bea", es un conocido músico de O Grove que en menos de un mes puede perder su casa. Dice estar "desesperado" ante a difícil situación que debe afrontar, ya que además de perder su hogar, "y no tenemos dónde ir", puede quedarse también sin su único medio de vida y de trabajo, ya que este músico -un autónomo de 50 años- integra el dúo Prisma y en dicha residencia tiene instalado su estudio.

Pero sabe que las piquetas van a llegar, salvo que ocurra "un milagro" en el Tribunal Constitucional, donde ha presentado los recursos pertinentes. Lo más llamativo de este asunto, quizás, es que Quico Bea ni siquiera discute la legalidad de la casa. Sabe que ocupa zonas de protección, incluida en el dominio público de Costas. Lo que sucede es que lo supo después de haber comprado la vivienda, hace ya quince años. Se sitúa entre Laxe de Rons y Virxe das Mareas, cerca de conservas Isabel de Galicia. Entre esta casa y el mar, a unos ochenta metros, se ubican una depuradora y un galpón. Pero su casa es la que, presumiblemente, va a ser derruida, ya que está considerada ilegalizable. "Llevo quince años pagando la hipoteca de esta vivienda y me enteré hace cinco de que tenía pendiente una orden de derribo", alega este vecino grovense. Según su testimonio, el anterior propietario no le habría dicho que la casa era ilegal, y mucho menos que ya le habían impuesto diferentes multas coercitivas por la infracción urbanística cometida. Así que, convencido de la idoneidad de aquella vivienda, Francisco Bea se fue al banco, pidió un préstamo hipotecario y adquirió la propiedad. Casado y padre de dos hijos -aunque ya son mayores y ahora solo viven él y su esposa en la citada casa-, Bea insiste: "No tiene sentido que sea yo el que pague las consecuencias de todo esto, puesto que no cometí ningún delito". Y mientras apela a la jurisprudencia que puede darle la razón, reconoce que la casa está afectada por la Ley de Costas, que le dieron "un ultimátum de un mes" y, sobre todo, insiste en que su casa "no molesta a nadie, ni afecta a la línea de costa o a la playa y, desde luego, no perjudica al medio ambiente".

Mientras reflexiona en voz alta sobre todo lo sucedido en "estos últimos quince años de lucha judicial", Quico Bea confiesa que Costas ya le ha impuesto ocho multas "y me tienen las cuentas embargadas, por eso para pagar la hipoteca y demás recibos mensuales tengo que ir al banco y entregar el dinero en mano, casi como si fuera un delincuente".Dicho esto, el grovense termina con una exclamación, casi con una súplica: "Lo único que hice, repito una vez más, fue comprar una casa sin saber que tenía orden de derribo, porque me lo ocultaron; una vivienda que es la única que tengo y cuya hipoteca aún tendré que pagar durante los diez próximos años".

http://www.farodevigo.es/galicia/2014/10/20/concentracion-apoyo-ciudadano-vecinos-o/1115739.html

La Administración está obligada por ley a poner en el Registro de la Propiedad la carga del deslinde, algo que no ha hecho y que ha traído enormes perjuicios a miles de compradores de buena fe que ahora se encuentran en la situación de Kiko y Fátima.

Para quién no conozca la zona y pueda pensar que se ha destrozado un paisaje virgen o idílico, la fotografía de abajo dice lo absurdo de la situación. Es una zona poblada, con cientos de viviendas y empresas conserveras delante de la vivienda y mucho más cerca del mar. 

La pregunta es ¿por qué y para qué quieren derribarla?  Es todo un sinsentido.

(Pinchar en la foto para ampliar)

Publicado en el BOE el nuevo Reglamento de Costas

El PP prometió cambiar la Ley de Costas para dar seguridad jurídica, pero cuando se lee el nuevo Reglamento, ni haciendo un curso de lenguas muertas se entiende. Mal se puede cumplir una ley que el ciudadano no comprende ni sabe a qué atenerse.

REGLAMENTO

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10345.pdf

RESUMEN DEL REGLAMENTO DE COSTAS

COSTAS S.A. destruye uno de los paisajes más bellos de Santander con ayuda de Dragados y 1.000.000 de euros de fondos públicos

http://playacostacan.blogspot.com.es/

SOBRAN LAS PALABRAS

(fotos Diario Montañés/ Alberto Aja)

 

¿POR QUÉ NO VUELVE LA MINISTRA AHORA PARA VER LO "NATURAL" QUE HA QUEDADO?

CAÑETE MIENTE Y SE BURLA DEL PARLAMENTO EUROPEO

No ha cambiado los artículos:

Artículo 8

A los efectos del artículo anterior, no se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la presente Ley, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad.

Artículo 13

1. El deslinde aprobado, al constatar la existencia de las características físicas relacionadas en los artículos 3, 4 y 5, declara la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.

2. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha resolución será título suficiente, asimismo, para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público. (es decir una nacionalización al estilo de Venezuela)

Artículo 13 bis

1. Los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo-terrestre. La incoación del expediente de deslinde tendrá los efectos previstos en el artículo 12. (es decir, te quedas sin propiedad)

2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado.

Artículo 13 ter

1. La Administración del Estado podrá declarar en situación de regresión grave aquellos tramos del dominio público marítimo-terrestre en los que se verifique un retroceso en la línea de orilla en la longitud e intervalo temporal que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con criterios técnicos, siempre que se estime que no puedan recuperar su estado anterior por procesos naturales.

2. En los terrenos declarados en situación de regresión grave no podrá otorgarse ningún nuevo título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. (no se dan concesiones, es decir, te quedas sin propiedad y sin concesión) Luego estamos peor que antes 

¿Para que dice que ha cambiado la LC ?...... No tiene vergüenza.

Según el Ministerio, el Consejo de Estado da luz verde al Reglamento que desarrolla la Ley de Costas

A Costas S.A. le parece poco el paro que hay y manda a unas pocas familias más al desempleo derribando un restaurante TOTALMENTE LEGAL

El gerente del restaurante de Bolnuevo ha convocado concentraciones diarias a partir de mañana y acudirá a Estrasburgo para frenar el derribo.

El restaurante 'La Siesta' de Bolnuevo, en Mazarrón, tiene los días contados a tenor de la resolución dictada por la Demarcación de Costas que, según informó ayer a esta redacción su responsable en Murcia, Andrés Martínez, y tras rechazar todos los recursos presentados por el arrendatario y la dueña del local en los últimos meses, procederá a la demolición del local en fecha que no quiso precisar para no 'alertar' a quienes se oponen a un derribo que ya lograron paralizar en julio gracias a la movilización de clientes y vecinos de la zona. Entonces se anunció el aplazamiento del derribo hasta el próximo día 17 de septiembre, una fecha que desde Costas no confirman, de lo que se deduce que la demolición podría producirse incluso antes.

Para evitarlo, además de seguir con los trámites judiciales, como solicitar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la suspensión cautelar de la orden de demolición, el arrendatario del local, José Miguel Muñoz, ha convocado una concentración para mañana, a las diez, frente al restaurante, que se repetirá todos los días hasta el miércoles.

«Si morimos, lo haremos con las botas puestas», señala el abogado de Muñoz, Daniel Martínez, que critica la actitud de Costas al decidir seguir adelante con la demolición sin resolver antes la petición que presentaron solicitando una nueva concesión administrativa de ocupación y aprovechamiento de dominio público marítimo-terrestre por espacio de 30 años, tal como establece la disposición transitoria primera de la Ley de Costas para locales que estén inscritos en el Registro de la Propiedad.

El abogado anuncia, además, que, de llevarse a cabo el derribo, presentará una demanda de responsabilidad patrimonial millonaria en compensación por las pérdidas que esta demolición provocará al arrendatario y los dueños del restaurante «teniendo en cuenta que, como demostraremos, esta resolución de Costas es un disparate judicial». Por último, Martínez, denuncia «el secretismo» con el que se ha llevado todo el caso y critica que sus clientes no han recibido aún la notificación del derribo.

http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2014/09/13/costas-rechaza-recursos-procedera-demolicion/588730.html

El dedazo arbitrario y prepotente de Costas S.A. decide a quién salva y a quién lleva a la ruina sin dar ninguna explicación pública

El polideportivo de Castro Urdiales Peru Zaballa no tendrá que ser derribado después de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente haya declarado "innecesarios para la protección y utilización del dominio público marítimo-terrestre" los terrenos sobre los que se enclava.

La confirmación oficial la daba este jueves el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, en una visita al polideportivo junto al alcalde, Iván González, en la que han explicado que se trata de un paso previo al inicio del proceso de desafectación de los terrenos. Sin embargo era algo que ya estaba previsto desde la aprobación el año pasado de la reforma de la Ley de Costas de 1988, que pese a condenar definitivamente a la piqueta otro edificio en Castro, el Hotel Miramar, si daba una segunda oportunidad al polideportivo municipal que a pesar de encontrarse dentro del límite que marca Costas, está a unos metros de la playa de Ostende y siempre se ha alegado que es imposible recuperar la zona a su estado original.

Ahora, el Ministerio da un paso mas en ese sentido, ya que la declaración de innecesariedad hecha pública ahora afecta a una superficie de 14.451 metros cuadrados, incluido el Peru Zaballa, ubicado junto a la playa de Ostende.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente lo resolvió el 21 de julio pasado y Diego espera que en esta semana o la siguiente se lleve a cabo la comunicación oficial al Ayuntamiento de Castro Urdiales para iniciar el proceso de desafectación.

Fue una sentencia del Tribunal Supremo, que confirmaba otra de la Audiencia Nacional, la que ratificó el derribo en el año 2010 por ubicarse en terrenos del dominio público marítimo terrestre y por haberse extinguido la concesión del terreno que 1976 se otorgó por espacio de treinta años.

http://www.eldiariomontanes.es/castro-oriental/201409/04/ministerio-hace-oficial-polideportivo-20140904124450.html

¿Por qué no explica nunca Costas el motivo por el cuál está salvando las concesiones y, sin embargo, confisca y derriba las propiedades legales de los ciudadanos europeos? 

Vecinos de El Saler exigen la colocación de arrecifes para detener la erosión

Los residentes piden al Puerto que financie la regeneración de la playa con una parte del presupuesto de la ampliación norte

«¿No sería más lógico realizar pruebas piloto precisamente en la zona en regresión?». Esa pregunta resume a la perfección el sentir de los vecinos de la playa de la Garrofera, en la Devesa de El Saler, tras conocer el estudio que se hará de los arrecifes artificiales colocados esta semana en la Malvarrosa.

Los residentes reclaman desde hace años un aporte de arena para frenar la  erosión, por lo que ayer indicaron que «acogen con esperanza» el resultado del estudio citado. El proyecto Arrecifes ha consistido en colocar tres enormes piezas de hormigón, con un peso cada una superior a las 20 toneladas, a 185 metros de la orilla de la playa.

Ayer se puso la tercera y última estructura, confirmaron fuentes de la delegación de Deportes, después de la demora de un día por el mal estado de la mar. Servirán de atractivo turístico para los buceadores, así como para la posible regeneración de la playa al evitar arrastres de arena en el fondo

El catedrático de Puertos y Costas José Serra, quien participa en el proyecto impulsado por el ayuntamiento, sostuvo que en unos pocos años se sabrá si este tipo de arrecifes son útiles para las playas del sur, las más afectadas por la erosión

Tras mostrar su apoyo a la iniciativa, la asociación de vecinos La Casbah (zona residencial en primera línea de la playa de la Garrofera), indicó ayer no entender «la razón de que se haya dado prioridad a una prueba piloto en la zona norte del puerto, cuando la dinámica litoral, según los informes de la Secretaria General para el cambio Climático, indican que el puerto es el causante de la regresión costera».

Ese es el motivo de que «sean las playas del sur las que están en clara regresión, mientras que al norte, la progresión es lo que predomina». El portavoz adjunto socialista en el consistorio, Salvador Broseta, recordaba este jueves que la anchura de la playa del Cabanyal ha crecido de 135 metros en 2007 a 197 metros en 2012, mientras que en la Malvarrosa se ha producido una disminución al pasar de 135 a 104 metros.

La entidad vecinal quiere seguir la evolución de las playas de cerca, por lo que «hace más de un mes pedimos al Jefe de Costas de Valencia acceso a todos los informes de seguimiento de la regresión costera en sur y en especial la situada frente a la urbanización La Casbah».

«En principio observamos cierta inactividad y demora en tomar medidas serias respecto a las playas del sur, ya que toda la fachada marítima del Parque Natural de la Albufera está en peligro, pese al dinero que la Unión Europea y el ayuntamiento han invertido los últimos años».

La próxima actuación, como publicó ayer este periódico, pasa por la regeneración de los terrenos que acogen los restos del antiguo polideportivo municipal, desmantelados hace un año y que requerirá una inversión de 4,5 millones por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

«Nosotros no reivindicamos un arrecife como atractivo del buceo, sino como defensa de las playas del Saler y de una calle de Valencia. Pero si además sirven para incrementar la biodiversidad marina, en ese esfuerzo también se verán recompensados los cientos de pescadores que vienen de infinidad de pueblos próximos a pescar a la Garrofera», indicaron fuentes vecinales, quienes añadieron que el Puerto debería dedicar parte del presupuesto de la ampliación de los muelles a la recuperación del litoral. 

2014

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201408/23/vecinos-saler-exigen-colocacion-20140823000235-v.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=EM

COSTAS S.A. saca del dominio público un hotel en Lanzarote "a la chita callando" mientras mantiene entretenido al personal con el Algarrobico y la Junta de Andalucía se gasta una millonada tratando de recuperar los terrenos que les vendió en su día.

"Prestar conformidad al plano n.º 1, a escala 1/1.000, fechado en marzo de 2014, en el que se modifica, de manera que se excluye del dominio público marítimo-terrestre la parcela de titularidad del hotel Robinson, la línea de deslinde en el tramo comprendido aproximadamente entre los vértices N-61 a N-65, del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos tres mil setenta y seis (3.076) metros de longitud, comprendido entre la Punta del Matorral y Valluelo de la Cal, término municipal de Pájara, isla de Fuerteventura (Las Palmas), aprobado por O.M. de 27 de mayo de 2009."

Madrid, 10 de julio de 2014.- El Coordinador de Área, José Ramón Martínez Cordero.

http://boe.es/boe/dias/2014/07/16/pdfs/BOE-B-2014-25617.pdf

Si Costas S.A. puede sacar del dominio público un hotel con una simple orden, ¿por qué hay que pagar nada por el Algarrobico? Se hace un nuevo deslinde y se acabó el problema y el tirar el dinero público en juicios, compras y derribos. 

En casos como estos es donde se ve la vara de medir de Costas: unos dentro, otros fuera... como y cuando se les antoja.

No habrá desalojos en Benzú para los seis expedientes que quedan abiertos

Delegación asegura que no habrá desalojos en la barriada de Benzú, a pesar de que los expedientes que aún continúan abiertos por la ocupación que se considera ilegal del borde marítimo terrestre continúan adelante con su  tramitación.

Fuentes de la Administración General del Estado en nuestra ciudad han señalado a esta redacción que los ciudadanos que allí habitan no tendrán ningún problema, si al final, por cualquier circunstancia, se derivara del expediente administrativo de que no han aportado la suficiente documentación para acreditar su residencia en esa vivienda concretamente. Y es que al final, tal y como señaló en su día la consejera de Fomento, Susana Román, cuando se reunión con estos vecinos, tanto una como otra administración habían llegado al acuerdo de que la legislación vigente se tiene que cumplir porque no queda otro remedio y es normal, pero que la tramitación de todos los expedientes irá corriendo en paralelo con las gestiones del Gobierno presidido por Juan Vivas para la construcción de viviendas en este núcleo de población. 

Hemos de recordar que la edificación de casi cincuenta viviendas en esta barriada, que irían situadas en donde actualmente se encuentra el depósito de vehículos de la Ciudad Autónoma, forma parte de las peticiones realizada por el Gobierno a la Administración General del Estado para la reforma de la frontera del Tarajal y todo su entorno, donde se encuentra, como es lógico, también la barriada de Benzú, porque no olvidemos que allí está también el paso para Beliones. 

Cuando se conoció, a primeros de año, la apertura de estos expedientes por parte del área de Fomento de la Delegación del Gobierno, lo cierto es que se produjo un gran revuelo en la barriada, llegando incluso a celebrarse una manifestación en protesta por esta situación, contando los vecinos con el apoyo de especialistas en la materia. Al final, de todos los expedientes abiertos, actualmente nada más que queda unos seis.

https://www.elfarodigital.es/ceuta/fomento/150040-no-habra-desalojos-en-benzu-para-los-seis-expedientes-que-quedan-abiertos.html

El inaudito caso de las comisiones del ex jefe de Costas Garau Mulet

El fiscal pidió 5 años de cárcel por cohecho pero la Audiencia lo declaró prescrito

El hotelero admitió en el juicio que era un pago por «miedo» a perder sus negocios

En un caso sin precedentes, un juzgado de Palma acaba de ordenar a la mujer de un histórico alto cargo público de las Islas, el ex jefe de Costas Antonio Garau, que devuelva el dinero que cobró para su marido durante la década de los 90 en concepto de comisiones de manos de un empresario con intereses en el litoral, el hotelero Jaime Moll, dueño del grupo Royaltur. En total, 240.400 euros más intereses que, según el propio empresario y la Fiscalía, le fueron abonados para que no torpedease sus negocios costeros.

Es el rocambolesco desenlace de un escándalo desvelado por EL MUNDO/ El Día de Baleares en agosto de 2007 y que desembocó en la Justicia de una forma asombrosa: después de que el propio Garau reclamase a Moll por vía judicial que le pagase dos anualidades de los 30.000 euros anuales pactados, denunciando que el hotelero había dejado de entregárselos en 2004 tras 13 años pagando.

El caso fue a juicio en el año 2008 y no ha sido resuelto hasta ahora debido a que, tras estudiar el asunto, la magistrada se vio obligada a paralizar la causa y enviarla a la Fiscalía al ver que podía estar ante la comisión de un delito de cohecho. Un asunto cuya magnitud superaba la órbita de su jurisdicción.

Y es que durante el juicio de esa demanda impulsada por Garau con ánimo de reclamar a Moll la totalidad del dinero acordado, afloró la demoledora confesión del hotelero, que, ratificando las revelaciones de este diario, narró ante la mirada atónita de la jueza cómo pagaba a su viejo amigo Garau con "paquetes de dinero negro bien hechos" que le dejaba en el hall del Banco de Crédito Balear de Palma. Agregando, como recoge la sentencia dictada hace unos días, que lo hacía por "miedo" a las represalias, para que el jefe de Costas no entorpeciera su negocio costero en la playa de Sa Coma. Concretamente, la explotación de 475 sombrillas, 1.580 hamacas, 20 velomares y 3 bares junto a su hotel Royal Mediterráneo.

Para articular y enmascarar el pago, admitió, suscribió un contrato falso con la esposa de Garau, Concepción Obrador, ama de casa de profesión y con nula capacitación, por el que se comprometía al pago de "5 millones de pesetas anuales" a cambio de unos trabajos inexistentes sobre asesorías turísticas. Para aparentar la realidad de esos trabajos, Garau entregó unos informes repletos de obviedades donde se llegaban a presentar como un sesudo análisis aseveraciones como que "en la Playa de Palma hay muchos alemanes". Garau defendía esos trabajos y sostenía que aquel contrato que la jueza ahora tilda de "simulación contractual" se pactó por amistad estando él fuera de Costas. La jueza descarta sus argumentos y recalca que el contrato ni tiene fecha.

La jueza Ana Arbona dio traslado a la Fiscalía, que denunció los hechos y acusó a Garau y Moll de cohecho, solicitando para el ex cargo público una condena de 5 años de cárcel y pidiendo dos años de prisión para Moll y la esposa del ex jefe de Costas. En su escrito de acusación en ese proceso paralelo, el fiscal denunció como "entre 1990 y 2003, Garau, en su condición de funcionario público y ostentando hasta 1992 el cargo de jefe de la Demarcación de Costas de Baleares, instó a Moll el pago de cinco millones de pesetas anuales". Ese requerimiento, "lo efectuó mediante constantes presiones merced de los contactos e influencias que tenía en Costas".

Según la investigación del fiscal, "ofrecía favorecer y en todo caso no perjudicar los intereses de Moll y su empresa Redo SA -la que figuraba en el contrato- al objeto de no resultar entorpecida la renovación anual de la autorización para la ocupación de bienes de dominio público con instalaciones desmontables en la playa de Sa Coma". Para enmascarar ese pago, agregó el fiscal, "Garau confeccionó un documento sin fecha denominado M-O -las iniciales de Moll y Obrador- en el que su esposa,consciente y voluntariamente y de acuerdo con aquel, figuraba como receptora de los 30.000 euros a cambio de unos supuestos trabajos técnicos que nunca se realizaron". El pacto se cumplió y "por ello no constan expedientes de infracción graves durante esos años". El pago inclusoera hereditario a la descendencia en caso de fallecimiento.

El pasado año, el caso llegó a la Audiencia de Palma pero fue archivado por prescripción del delito al considerar este órgano judicial que los cobros tras la salida del cargo público no podían ser constitutivos del delito de cohecho y que por tanto había transcurrido el plazo de prescripción desde el último cobro. En su pronunciamiento, la Audiencia aclaraba que no entró a valorar el fondo del asunto sino la incidencia de prescripción. Tras esa resolución, la jueza que se ocupaba de la reclamación de Garau (a la que Moll reaccionó demandándole y reclamando todo el dinero) acaba de resolver el caso. En su sentencia, que puede ser recurrida, la jueza concluye que "los trabajos de Obrador no se llevaron a cabo" y que nada aportaron a la empresa de Moll. Por tanto, el contrato fue "inexistente o nulo de pleno derecho" por lo que debe ser desecho.

La jueza limita su análisis al ámbito económico y no penal. Pero sí enumera hasta 6 argumentos que, según su criterio, hacen que "cobre más sentido la versión que ofreció Moll en el juicio cuando dijo que la mujer de Garau no realizó ningún trabajo sino que fue Garau quien le exigió que para obtener la autorización anual de los elementos desmontables de la playa de Sa Coma le debía entregar a cambio 5 millones de pesetas". Pidiéndole Moll unas navidades que le pagara en efectivo, por lo que le entregó el dinero en efectivo en el hall de una entidad bancaria". La sentencia condena a Obrador a devolver el dinero por ser quien figura en el contrato pero aclara al desgranar las pruebas que era Garau "quien percibía los 5 millones de pesetas, tal y como reconoció Obrador en el juicio".

Un escándalo destapado por EL MUNDO/ El Día de Baleares

Agosto de 2007

Este diario ya venía denunciando las prácticas del histórico jefe de Costas Antonio Garau desde hacía meses. Ese verano, uno de los empresarios con intereses en la costa, Jaime Moll, confesaba haberle pagado.

'30.000 euros de por vida'

El titular de EL MUNDO, una entrevista al hotelero, era explícito. "Me dijo: 'Tu hotel invade la servidumbre, con 30.000 euros de por vida te lo arreglo'.

La reacción, años después

Este periódico siguió desvelando detalles de aquellas transacciones pero el caso sólo llegó al Juzgado cuando, sorprendentemente, Garau demandó al hotelero Moll por no pagarle dos anualidades.

La resolución

La Fiscalía denunció el caso por cohecho y pidió prisión pero la Audiencia declaró los hechos prescritos. Una jueza ordena ahora deshacer los pagos.

http://www.elmundo.es/baleares/2014/08/13/53eb0ad7e2704e3c458b456c.html

Costas S.A. es el departamento de la Administración española más opaco y protegido que existe. Nadie les vigila, ni les audita, ni les controla... tienen patente de corso y jamás la Fiscalía ha actuado de oficio a pesar de las denuncias, pocas, que algunos medios de comunicación se han atrevido a publicar. 

Este es uno de esos casos, pero hay más. 

La Audiencia Nacional anula el deslinde entre El Puntal de Laredo y el arroyo de El Regatón

La Audiencia Nacional ha anulado el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de los 2.297 metros comprendidos entre El Puntal de Laredo y el arroyo de El Regatón, ubicado también en el mismo municipio, al considerar que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) lo aprobó fuera de plazo.

Este deslinde afectaba a una gran zona que se extiende por la margen derecha de la avenida de los Derechos Humanos y que incluye una colonia de más de cuarenta chalés y a varios edificios.

En una sentencia fechada el pasado 22 de julio, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional señala que cuando el MARM aprobó el pasado 8 de febrero de 2011 la resolución sobre el deslinde, habían expirado ya los dos años de plazo que hay para resolver y notificar el expediente de deslinde desde la incoación del mismo. Para ello, se cuenta desde que el expediente de deslinde fue incoado el 11 de julio de 2008.

En mayo de 2010, la Dirección General de Costas aprobó ampliar el plazo otros doce meses el plazo de resolución y notificación de dicho expediente, una decisión que justificó en la necesidad de habilitar medios personales adicionales para estos expedientes, en la dificultad para hacerlo y en el "gran número" de expedientes de deslinde, concesiones y autorizaciones que estaba tramitando la Demarcación de Costas.

Ahora la Audiencia Nacional considera "improcedente" la ampliación que se acordó al considerar que la justificación que se dio para ello no era "concreta ni suficiente" y tampoco se dan las circunstancias excepcionales para ello.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación, plazo para lo que se daban diez días hábiles desde la notificación de la misma.

SENTENCIA
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7142256&links=deslinde&optimize=20140808&publicinterface=true

¿No es esto malversación de fondos públicos por dejación del deber de las administraciones?

¿Como puede permitirse un Estado de la Unión Europea tener en un limbo jurídico la propiedad privada durante años con una raya en un plano?

¿Por qué nunca existen consecuencias para el mal proceder de unos funcionarios, convencidos de que pueden hacer lo que les da la gana, y acaban pagando sus desmanes los ciudadanos?