La trama "Gambas al ajillo"

¿Cuánto tiempo más? (Antonio Alonso Orihuela)

Y sucedió de nuevo. Otra vez, el mar anegó San Andrés. Ya el pueblo está acostumbrado, porque este suceso no es nuevo. Es raro el año que no acontezca este fenómeno. Tampoco son nuevas las quejas, con toda razón, de los vecinos y pequeños empresarios, que ven, impotentes, cómo el mar inunda sus propiedades, provocando cuantiosos daños valorados en miles de euros.

La solución está muy clara. Un espigón. Pero aquí tropezamos con la burocracia de las diversas administraciones. El ayuntamiento, que es Puertos; Puertos, que es Costas, y mientras, la mar sigue realizando destrozos a los vecinos. Creo que en este caso es Costas, la tan "querida" Dirección General de Costas, y, más cercana, la Demarcación de Costas de la provincia, la que tiene las competencias. Es el mismo departamento que barrió las casetas de pescadores, pero que se olvida de la seguridad de las personas; la misma dirección general que dice que los acantilados son dominio público, pero cuando suceden desgracias se lava las manos; la que indica a los ayuntamientos el cierre de diversas playas en la Isla, en pleno verano, y realiza obras de paseos en otras por las mismas fechas, provocando la molestia y el cabreo entre los bañistas. En fin, así es la Dirección General de Costas y su ya demostrado quehacer por estos litorales canarios.

Es la misma institución que permite rellenos en Radazul y Tabaiba, dotando a la zona de servicios y legalidad, pero los deniega en otros lugares; construye paseos para mejorar la accesibilidad a las costas, pero se olvida de las personas con movilidad reducida; la que ejecuta paseos en el litoral, con cientos de escalones y con un desnivel propio de escaladores profesionales, como es el caso del paseo de la costa de El Rosario; la misma que realiza macroproyectos de regeneración de playas, o, lo que es lo mismo, playas artificiales que al primer temporal tienen que ser reparadas, algunas de ellas varias veces. Es la Dirección General de Costas la misma que ordena que pueblos como Cho Vito, Boca Cangrejo, Bajo la Cuesta, La Viuda, Agache o El Caletón deben dejar de existir, perdiendo una reseña pintoresca de lo que siempre ha sido nuestro litoral, y permite verdaderas aberraciones urbanísticas en la costa, de más reciente construcción; la misma que indica que estos mismos núcleos contaminan el mar, y crea playas artificiales, donde existen emisarios, que presentan multitud de deficiencias, y que lo que vierten parece no ser nocivo para la salud.

Es esta misma institución la que hace cumplir la tan conocida ley de costas; esa misma ley que está siendo investigada por el Parlamento Europeo, por la clara vulneración de los derechos fundamentales; la que ha dejado a personas sin viviendas; la que pone en práctica una estudiada confiscación de propiedades en el litoral, con el único fin de "homogeneizar" la costa. Una ley para que quien más tiene se escape, vulnerando el principio de igualdad recogido en la primera ley del Estado español, la Constitución.

Con todo lo anterior, solo cabe preguntarnos: ¿hasta cuándo tenemos que seguir con estos problemas en nuestras costas? ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar San Andrés por su demandado espigón? ¿Cuánto tiempo más deben de sufrir esa pesada espada de Damocles las decenas de núcleos costeros de Canarias y los miles de afectados?

Debemos ser conscientes de que es necesario cuidar nuestro litoral; que es primordial defender y legislar nuestra costa, pero también hay que ser realistas y saber que la actual Ley de Costas no ha servido a su propósito; no ha protegido el litoral, que se ha aplicado de una forma muy caprichosa, permitiendo nuevas construcciones, pero se ha eliminado a quien no tiene medios para defenderse, demostrando que el medio ambiente tiene una clara influencia económica que provoca indefensión, arbitrariedad y, sobre todo, una reiterada vulneración de los derechos de las personas.

Repito la pregunta: ¿hasta cuándo?

CC-PNC-CCN reclama las competencias sobre costas

Esta fue una de las propuestas del presidente canario, Paulino Rivero, en su discurso de investidura, subraya González en un comunicado, de ahí que se haya presentado esta iniciativa parlamentaria.

González alude a los problemas de la aplicación de la Ley de Costas por los derribos de viviendas, que llevaron a la creación de una subcomisión bilateral Canarias-Estado para su supervisión.

Hay que dar un paso más y que Canarias asuma las competencias que actualmente detenta el Estado en materia de costas, como han asumido otras comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía, según CC-CCN-PNC.

Los nacionalistas quieren que la Comisión de Transferencias prevista en el Estatuto de Autonomía se reúna lo antes posible y acuerde el traspaso de servicios y competencias a Canarias. EFE

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=907706

Indulto para El Gaitero

Decir Villaviciosa es decir Sidra el Gaitero. En 1860, José Rivero adquirió una finca de 2,26 hectáreas junto a la ría de Villaviciosa, en Asturias, a unos tres kilómetros del mar. Se la compró al Estado por unos 27.000 reales (el precio de salida en la desamortización fue de unos 4.000). Javier Bermejo, adjunto a la dirección de la empresa, ha recorrido desde hace meses los archivos en busca de la historia de la firma. "Este era el muelle que se construyó porque antes sacaban la mercancía por barco, pero ahora la ría no tiene calado suficiente", explica junto a los manzanos que rodean la planta. La obra está declarada patrimonio industrial y conserva el encanto añejo.

Desde 1890 la empresa Valle, Ballina y Fernández fabrica allí la sidra. Hoy trabajan unas 70 personas y factura unos 20 millones al año (el 70% de las ventas, en navidad). La empresa era dueña de los terrenos hasta que el 5 de marzo de 2010, Costas incluyó las parcelas de la fábrica en el dominio público de la ría. Eso no implica la demolición -la fabrica seguiría allí al menos durante 60 años-, pero sí que el terreno pasa a ser propiedad del Estado, que debe autorizar cualquier obra.

Medio Ambiente esgrimió un informe técnico del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo, según el cual las naves de la fábrica "están rodeadas por terrenos cuya altura no solo se encuentra bajo el alcance de las mareas sino que además presenta claras evidencias de inundación". Una fotografía coloreada de 1898 en la que se ve el agua junto a la fábrica fue una prueba más.

La Ley de Costas, de 1988, que nació para defender la costa y recuperar lo construido, establece criterios geográficos para definir el dominio público. Lo son no solo las playas, sino también "las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas". Ahí entra, según ese informe, la fábrica de El Gaitero.

Bermejo sostiene que ese informe contiene errores de bulto y agravios sobre otras instalaciones construidas en el margen de la ría, que han quedado excluidas en el deslinde -el trámite que delimita el dominio público-. "Jamás imaginamos que fuésemos a quedar en dominio público, nos parecía imposible", relata el directivo, que pasea entre los turistas que han ido a ver la fábrica este día lluvioso.

Costas insiste en que "el hecho de que una instalación industrial quede incluida en el dominio público marítimo-terrestre no implica la desaparición de la misma, ni la obstaculización de sus actividades". Pero El Gaitero no lo ve así. "Si el terreno no es nuestro estaríamos invirtiendo para otro y perderíamos garantías para pedir préstamos, por ejemplo", cuenta Bermejo. La firma llega a amenazar con trasladar la fábrica a otro sitio: "No necesitamos estar aquí. Podemos llevar la fábrica a otro terreno de nuestra propiedad". La empresa ha recurrido ante el ministerio y a la Audiencia Nacional y se niega a aceptar la concesión para el uso durante las próximas décadas, porque sería reconocer la propiedad del Estado.

Ante esa amenaza, el pueblo se movilizó para mantener El Gaitero junto a la ría y Costas estudia ahora cómo rectificar su decisión. Ha pasado apenas un año desde que el Boletín Oficial del Estado publicó el deslinde, ha cambiado el equipo ministerial y Pedro Antonio Ríos, director general, admite que "hay varias formas para llegar a un acuerdo".

Una sería aceptar el recurso de El Gaitero en contra del informe técnico y sacar la fábrica del dominio público. Otra más farragosa sería desafectar el terreno y pasarlo a manos privadas, fijando que es una zona inundable. La desafectación del dominio público es un complejo trámite para pasar propiedades del Estado a manos privadas. El Gobierno tramita 10 expedientes en Cantabria, para empresas y propiedades municipales enclavadas en marismas degradadas pero consideradas dominio público.

Costas afirma que es una exageración vincular el futuro de la planta con la declaración de dominio público y recuerda que "en Cádiz y Huelva numerosas instalaciones industriales destinadas a la extracción de sal han quedado incluidas en el dominio costero" y siguen funcionando.

El caso revela la creciente conflictividad de la Ley de Costas, aprobada hace más de dos décadas pero cuya aplicación a los puntos más polémicos ha llegado los últimos años. De afectar a particulares comienza afectar a empresas, y ahí el ministerio parece más flexible con el argumento del empleo. La refinería de Petronor en las marismas de Muskiz (Vizcaya) tenía una concesión a punto de caducar, pero el PSOE aceptó la enmienda del PNV para indultarla a través de una enmienda de última hora a la Ley de Economía Sostenible. La fábrica de Ence (Pontevedra) tiene una concesión que caduca en 2018. El anterior equipo ministerial, con Alicia Paz como directora general, no dudó en cambio en aplicar la Ley de Costas a los vertidos de Fertiberia, en Huelva, lo que ha reducido la actividad de la planta.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Indulto/Gaitero/elpepisoc/20110821elpepisoc_4/Tes

Si no fuera por que sé que esto está ocurriendo en España, pensaría que es una noticia de Venezuela.

Esto es lo que se llama una ESTAFA con todas las letras.

El Estado se lo vende; al cabo de los años se lo confisca y dentro de poco veremos como hace la recuperación posesoria por Interés General para hacer el museo de la sidra o el centro de interpretación de la manzana de Villaviciosa, vaya usted a saber, y así captar unos cuantos millones de los fondos europeos.

El siguiente paso es darlo en concesión por un cánon millonario y cobrar entrada al que lo quiera ver. Eso para empezar...los demás negocios vienen después.

Lo grave del asunto es que lo está haciendo nuestro propio gobierno con una ley que ellos mismos han fabricado a la medida de sus planes especulativos.

Cuando en el Parlamento Europeo se está pidiendo bloquear los fondos a Costas, es porque está más que demostrado el mal uso que hacen de ellos.

Canales públicos, acceso privado

"Me quiero ir de Empuriabrava y de España. Estoy segura de que en unos años me van a quitar mi casa". Karin Aubin, alemana de 64 años, vive angustiada desde que el Ministerio de Medio Ambiente aplicó la Ley de Costas y llevó a cabo el deslinde del dominio público de los canales de Empuriabrava (Girona). Tiene miedo a perder su vivienda y el amarre del barco, visible desde su salón. La embarcación descansa en uno de los canales que forman los 24 kilómetros navegables de Empuriabrava, la marina residencial más grande del mundo, en el municipio de Castelló d'Empúries.

El caso -probablemente el mayor de España por el número de afectados- ha llevado al Ministerio de Medio Ambiente a buscar una nueva interpretación de la ley que pasa por designar una vía de tránsito alternativa para que los vecinos no tengan que dejar en el futuro paso al canal a través de sus terrenos, y también para permitir que los dueños de las casas puedan realizar obras y minimizar así el impacto de la norma. Una medida que supone para Greenpeace un trato de favor a una gran urbanización de lujo. Medio Ambiente replica que es una situación singular. En cualquier caso, los conflictos con Costas han disminuido desde que en octubre pasado cambió el equipo ministerial, que ha optado por negociar con los propietarios.

Los promotores concibieron Empuriabrava en los años 60 como una urbanización turística deportiva en la que sus propietarios pudiesen amarrar el barco enfrente de casa y salir a navegar. El proyecto vivió un auge en los años 70 y 80, cuando miles de extranjeros compraron sus propiedades. Son mansiones, casas adosadas e incluso apartamentos que se construyeron hace décadas al borde del agua. El municipio tiene 12.000 habitantes, pero en verano ronda los 80.000. En algunos casos, los balcones de los pisos sobresalen por encima mismo del canal.

"La gente compró sus casas y amarres de forma legal y ahora pierden sus propiedades sin ningún tipo de contraprestación", afirma Tim Pelters, de la Asociación de Propietarios de Empuriabrava (APE), que define la marina como un "engendro imposible e irrepetible". Ni la indignación de los vecinos ni las múltiples reuniones entre las partes implicadas consiguieron frenar el deslinde. "Hay unas 7.000 propiedades afectadas", explica Pelters. Muchas de ellas están a pie de canal.

La Ley de Costas, de 1988, considera que todo el litoral es público. Para ello, el Gobierno debía realizar un complejo trámite -el deslinde- que delimita el espacio público y el privado. Más de 20 años después de la aprobación de la norma, comienzan a llegar los técnicos a las zonas más complejas: y no hay ninguna más enmarañada que Empuriabrava.

El deslinde, que se aprobó en diciembre pasado (después de tres años de tramitación), implicaba que los propietarios perdían la propiedad de sus amarres y embarcaderos, que compraron y escrituraron en su día junto a las casas, al declarar los canales de dominio público. Además, fijaba una servidumbre de tránsito de seis metros junto a los canales para que en el futuro cualquiera pudiera circular junto astas vías de agua, que a efectos legales son litoral como el mar. En muchos casos esa raya cruzaba jardines, piscinas e incluso las casas.

Ante los más de 500 recursos recibidos y la comprometedora situación de los vecinos, Costas ha rectificado seis meses después para suavizar el impacto en la urbanización. La fórmula que ha empleado es aceptar que existe una localización alternativa a la servidumbre de tránsito que discurre por detrás de las casas, por las calles ya existentes, de forma que los vecinos no tienen que dejar paso al canal desde sus terrenos -excepción prevista en la ley- y ahora pueden realizar obras sin tener que pedir permiso a Costas.

El director de Costas, Pedro Antonio Ríos, admite que ha llevado a cabo "una interpretación

concertada para un hecho singular" y que se aplicará donde haya otro caso igual. Ríos firmó el 30 de junio la resolución que sitúa la servidumbre de tránsito por detrás de las casas, de forma que solo en algunos puntos quien pasee por la marina podrá acceder a los canales: "La ley tiene margen para dar una respuesta singular a un caso singular. El PSOE se opone a reformar la Ley de Costas, como piden PP y CiU, y apuesta por flexibilizar su aplicación.

Los implicados creen que la resolución sobre la servidumbre de paso es ambigua. "Pediremos una aclaración", afirma el alcalde de Castelló d'Empúries, Xavier Sanllehí (CiU). Esta coalición ha intentado, de momento sin éxito, que Empuriabrava sea declarada ciudad navegable y no se le apliquen las provisiones de la Ley de Costas. Tampoco Leticia Llobet, de la asociación de propietarios Aproem, está contenta. "Lo que han hecho es como pretender utilizar el sistema operativo de Windows en un Mac", dice: "Se busca una solución legal para un caso que no prevé la ley".

Los ecologistas critican que se suavice la ley y se creen precedentes. Pilar Marcos, de Greenpeace, opina: "En la práctica eximen a este enjambre de chalés de lujo de dar acceso público al mar". Además, critica que Costas acepte que la servidumbre de tránsito vaya por las calles ya existentes en una resolución que el ministerio ni ha enviado al Boletín Oficial del Estado. Según Marcos, el cambio supone que los canales solo serán accesibles para el público en determinados puntos, pero no junto a toda la lámina de agua.

Ríos no ha cedido en la pretensión de que los amarres se mantuvieran como propiedad privada. En el derecho español el límite del agua no puede ser privado sino solo una concesión, y Medio Ambiente ofrece una concesión para sus amarres de 30 años prorrogable a otros 30.

"Nosotros compramos la casa con el amarre. Sin él, no tiene ningún valor. Además, en la escritura pone que casa y amarre son una propiedad indivisible", explican con indignación Karin y Jean-Louis Aubin, que no están contentos con esta solución, que les permite disfrutar de su barco pero no vender el amarre.

Muchos han colgado el cartel de "Se vende". "La gente está cansada de todo esto", dice Pelters. "Vienen a pasar sus vacaciones, pero no pueden descansar", abunda. Según Pelters, dueño de una inmobiliaria, la incertidumbre que pesa sobre las propiedades desde que la sombra de la Ley de Costas cayó sobre Empuriabrava ha hecho que los precios bajen en picado. "Han descendido un 30% más que en otras localidades de costa tocadas por la crisis", afirma. Karin Aubin estaría dispuesta a vender su casa, pero su marido quiere quedarse. Es su única vivienda, a diferencia de otros extranjeros que usan Empuriabrava como segunda residencia.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Canales/publicos/acceso/privado/elpepisoc/20110821elpepisoc_3/Tes

El gobierno sigue sin enterárse del porqué los extranjeros no quieren invertir en España y los que invirtieron en su día están poniendo a la venta sus propiedades...Pués bien claro que se lo dijeron al ministro Blanco cuando fue de agente inmobiliario a Londres.
¿Quién quiere invertir en una república bananera donde se aprueban leyes con el único objetivo de INCAUTAR PROPIEDADES LEGALES y se aplican RETROACTIVAMENTE para enriquecimiento ILEGAL de un Estado?
El país que no respeta la propiedad privada es un país que va hacia la bancarrota.

Los vecinos temen perder sus casas por los desprendimientos

La asociación de vecinos de Santa Lucía encargará su propio estudio geotécnico para averiguar las causas del alud y sus soluciones porque se desconfía del informe que en su momento solicitó la administración pública.

 

Los desprendimientos habidos en el litoral de Agache hace un mes mantienen la preocupación e incertidumbre de los vecinos, quienes desconfían de las intenciones del Ayuntamiento de Güímar a raíz de los desalojos y temen que dicha medida sirva para "quitarnos las casas".
El presidente de la asociación de vecinos de Santa Lucía, José Antonio Herrera, señala que "el estudio geotécnico que se elaboró en su momento por los derrumbes podría contener errores y nosotros procederemos a encargar otro, costeándolo los residentes. Por ello, ya estamos buscando la manera de financiar el informe".
"Lo que tenemos claro es que no vamos a parar hasta que no contemos con una solución eficaz y eficiente que resuelva los problemas" derivados de los desprendimientos y que han obligado al desalojo de los residentes, comenta el responsable del citado colectivo.
Expresa que el desinterés por solucionar la situación por el alud se constata "en el transcurso de la reunión habida con Costas, ya que nos trataron muy mal".

En manos de abogados
"Del encuentro, al que también asistieron responsables municipales, no salió ninguna solución y la misma fue, por tanto, una auténtica tomadura de pelo", comenta preocupado.
"Tememos que las soluciones salgan si nos quitan nuestras viviendas, pues podría ser entonces cuando se den los permisos oportunos para hacer las actuaciones necesarias en este entorno" de refuerzo del talud, destaca el dirigente vecinal.
La teoría que barajan los vecinos de Santa Lucía se refuerza porque hace semanas se desplazó a Santa Lucía "la Policía Local de Güímar con 32 notificaciones no personalizadas para proceder al desalojo y precinto de más viviendas" del entorno.
La preocupación vecinal "ya tiene constancia el abogado José Luis Langa, que es quien lleva los asuntos de los afectados con la Ley de Costas, así como que se la hemos trasladado al Diputado del Común para que nos ayude", indica Herrera.
http://www.eldia.es/2011-08-19/SUR/4-vecinos-temen-perder-casas-desprendimientos.htm

Tufia recurre al Supremo para evitar el derribo de las casas

El TSJC rechaza los recursos presentados por dos propietarios ante las órdenes de demolición de Costas

Hasta el Tribunal Supremo y, si es necesario, hasta Bruselas. Los vecinos de Tufia tienen claro que no se van a parar en la batalla iniciada hace ahora un año y medio contra la Demarcación de Costas en Canarias para evitar, por lo pronto, el derribo de las 17 viviendas que ocupan su primera línea de playa, aquellas que invaden suelo de dominio público marítimo terrestre y sobre las que pende un expediente de demolición tramitado por la administración central.

La batalla se presume larga después de que estos días el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestimase dos de los cinco recursos contenciosos administrativos que otros tantos vecinos presentaron como respuesta a la intención del Estado de tirar estas moradas. En el ámbito judicial, a estos afectados tan sólo les queda ahora un camino, el de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. Es lo que harán.

Junto a ellos, otra decena larga de residentes en este poblado marinero construido junto a un recóndito morro volcánico han logrado ganar tiempo en el litigio. Son los que optaron por solicitar la suspensión cautelar de la orden de derribo hasta tanto el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Telde aclaren si hay posibilidades de conceder una amnistía para el vecindario, bien declarándolo núcleo pintoresco, bien consensuando su reconstrucción unos cuantos metros tierra adentro.

Lo que todos asumen con resignación es que ninguno de ellos tiene garantizado a día de hoy que puedan seguir disfrutando de estos inmuebles. Por eso mismo se volverán a reunir este domingo en una asamblea informativa, con el propósito de avanzar en la adopción de líneas de trabajo en común.

Están, entre otras cosas, a la espera de que la empresa pública Gesplan concluya un estudio etnográfico sobre Tufia, que tiene a su lado uno de los arenales mejor conservados de la Isla y que disfruta de la condición de ser un Sitio de Interés Científico (SIC). Y también cuentan con una declaración de buenas intenciones del actual grupo de gobierno local. "El concejal de Urbanismo ya nos ha dicho que si pueden nos echarán una mano", reseñaba este jueves Juan Sánchez, de la Asociación para la Defensa de los vecinos de Tufia. En este colectivo se han unido ya cerca de un centenar de personas.

La espada de Damocles pende sobre poco menos de una veintena, pero muchos no se fían de lo que pretende Costas. Creen que tras la primera línea de playa podrían venir las otras.
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2011/07/31/tufia-recurre-supremo-evitar-derribo-casas/390854.html

EN ESPAÑA, NI LOS JUECES NI EL GOBIERNO RESPETAN LA CONSTITUCIÓN

¿Por qué no derriban La Mareta, el Papagayo Arena o VillaPSOE para variar?

Artículo 46 de la Constitución Española

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Tufia es patrimonio histórico y cultural de los españoles. Es parte de nuestra historia y debe ser protegido, no derribado.

Una sentencia del Tribunal Supremo impide especular en los primeros cien metros tras la costa

Una nueva sentencia del Tribunal Supremo deja definitivamente fuera de la especulación urbanística los primeros 100 metros de costa sujetos a la servidumbre de protección situados tras el dominio público marítimo-terrestre. Además de "no edificables" según la legislación actual, la sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal concluye en una sentencia de mayo sobre un recurso de Casación interpuesto en Sansenxo (Galicia), que los primeros 100 metros de costa deben ser clasificados necesariamente como suelo rústico y no figurar por tanto ni dentro del suelo urbanizable ni en las áreas de reparto donde justificaban más alturas y mayor densidad.
El valenciano José Luis Ramos, abogado en causas promovidas por Ecologistas en Acción y experto en derecho urbanístico, asegura que la sentencia, que ha comentado para la revista "Actualidad Jurídica Ambiental", deja fuera de cualquier interés especulativo los primeros cien metros de costa tras el dominio público y permite recurrir contra algunos PAIs costeros recientemente aprobados. Según el abogado, los planes urbanísticos a los que todavía les queda algún trámite por superar podrían sufrir cambios importantes si alguien interpone un recurso basado en esta jurisprudencia. Algunos paseos marítimos también serían inviables.

Un negocio redondoJosé Luis Ramos recuerda que por algunos terrenos incluidos dentro de esta franja de terreno se han llegado a pagar 6.000 euros por metro cuadrado en la Comunitat Valenciana. "Esta claro que esos terrenos no lo valían porque no se podría edificar en ellos, pero bastaba dejarlos como aparcamiento y construir una gran torre de apartamentos, con dos o tres pisos más, justificados en ese terreno. La sentencia lo impide ahora.
El abogado estima que en muchos lugares de la Comunidad Valenciana se ha especulado con terrenos en primera línea "sin aprovechamiento" pagando unos pocos euros por metro cuadrado - "aparentemente todo el mundo aceptaba el precio y convencido de que no se puede construir"- y vendiendo después a 6.000 cada metro cuadrado que se construía tras la zona de protección, según explicó.
Según asegura José Luis Ramos, la sentencia del Tribunal de Instancia, ratificada por el Tribunal Supremo, resulta "novedosa" en cuando delimita el alcance de la protección que otorga la Ley de Costas y su posterior reglamento sobre el dominio marítimo terrestre.
La ley de Costas ya estableció que la servidumbre de protección "comporta la prohibición general de determinadas actividades y, sobre todo, construcciones consideradas perjudiciales para la adecuada protección de un medio natural tan sensible...".
Además subraya que legislen como legislen las autonomías, los terrenos de servidumbre deben ser sometidos a un régimen específico de protección incompatible con su urbanización, ya que la Ley de Costas se mantiene como legislación básica del Estado (Ley de Costas) por encima de cualquier norma autonómica.

http://www.levante-emv.com/castello/2011/07/25/sentencia-tribunal-supremo-impide-especular-primeros-cienmetros-costa/827197.html

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2011/07/ROJ-STS-2782-2011_Costas-Sv-Protecci%C3%B3n-SNUPE-13.5.11.pdf

Nomdedéu critica que Costas diga ahora que no tiene dinero para frenar la erosión en la costa sur de la provincia y exige un plan integral también para la costa norte

• Los nacionalistas se oponen a cualquier derribo y afirman que el Ministerio debe preservar las construcciones tradicionales del litoral castellonense
• El portavoz del BLOC a la Diputació exige que Costes concrete con dinero en la mano las actuaciones previstas en todo el litoral y recuerda que la costa castellonense es uno de los principales atractivos turísticos provinciales

El portavoz del BLOC en la Diputació de Castelló, Enric Nomdedéu, ha exigido a la Dirección General de Costas que “busque dinero donde haya” para ejecutar la protección integral de la costa de Castellón –no sólo de la parte Sur— sin que ello suponga derribar las viviendas tradicionales de primera línea de la costa de Castelló. El responsable nacionalista recordó que “la costa de Castelló es uno de los principales atractivos turísticos de la província. Por ello, el portavoz nacionalista considera qué con el tiempo se amortizarían los 100 millones que costaría crear los 13 espigones antierosión entre Borriana y Sagunt que el Ministerio considera demasiado caros”. “Lo que es demasiado caro es tirar arena y que se lo lleve el mar en cuatro días. Hay que actuar con decisión, y no sólo en la zona Sur, sino también en otros áreas de regresión desde Almassora hasta Vinaròs”, dijo Nomdedéu.

Desde el BLOC recuerdan que, en gran medida, el incremento de la erosión es consecuencia de la falta de la aplicación de medidas protectoras desde el Gobierno central cuando se han ejecutado infraestructuras como puertos comerciales y marines deportivas. “No pueden ser los vecinos de Castellón los que paguen ahora la falta de actuación de las diferentes administraciones del PP y del PSOE que se han olvidado de la costa de Castelló”.

Desde el BLOC se recuerda que prácticamente todos los municipios de Castellón con viviendas afectadas por los proyectos de derribo del Ministerio –tanto las gobernadas por el PP como las del PSOE— han defendido medidas de protección para evitarlos. De hecho, la mayoría de municipios –salvo Almassora—han declarado de interés cultural las viviendas tradicionales de primera línea para defender los intereses de los vecinos “El Ministerio tiene una responsabilidad hacia los vecinos que no puede ignorar. La excusa de la crisis no puede servir ahora por paralizar actuaciones que hace décadas que deberían estar hechas”.

http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/130728_nomdedeu-critica-costas-diga-ahora-tiene-dinero-para-frenar-erosion-costa-provincia-exige-plan-integral-tambien-para-costa-norte.html

La Xunta corrige a Costas y crea un problema jurídico

El Ministerio de Medio Ambiente exigió al Concello que clasificara como suelo rústico de protección de costas el frente costero en la zona de dominio público esté o no edificado. Era una condición necesaria para informar favorablemente el plan.

La Xunta dice, sin embargo, que tiene que catalogarse como suelo urbano «dado o seu grado de urbanización e transformación».

Afecta especialmente al tramo edificado que va desde la Casa do Mar hasta el Salitre, la parcela del antiguo cuartel de la Guardia Civil, la zona de los colegios de Seara y Reibón y los edificios que hay detrás. Los afectados reclamaron siempre que fuese urbano. Costas rechaza esta calificación

La modificación que indica la resolución de la Xunta crea un problema, ya que podría obligar a pedir un nuevo informe al Ministerio de Medio Ambiente que, con toda probabilidad, serían negativo.

http://www.lavozdegalicia.es/vigo/2011/07/15/0003_201107V15C7993.htm

Ya es hora de que álguien le plante cara a Costas.  Sus métodos chantagístas, por llamarlo de manera suave, son impropios de un Estado de Derecho. Pero claro,  en Costas, aparte de no saber que significa eso, siguen creyendo que pueden ir amenzando como lo hacían en época de Cristina Narbona y, ese tiempo, por suerte, es historia.

Si todos los ayuntamientos o autonomías les dijeran ¡¡basta ya, nuestra gente es lo primero y aquí no tocais ni una teja!! Costas tendría que ponerse al servicio de ellos y no al revés.

Incompetencia manifiesta y abandono institucional (Antonio Alonso Orihuela)

Bajada al barrio marinero de Cho Vito

No se le puede denominar de otro modo. O mejor dicho, sí, pero no es apropiado ponerlo por escrito en este medio, por aquello de la educación. Pero lo que pasa con el popular barrio costero de Cho Vito, en Candelaria, no tiene otro nombre.

Despues de casi tres años del desalojo y derribo de 22 casas, hoy en día sigue sin solución. Un problema originado por la Dirección General de Costas, contando con la complicidad del Ayuntamiento de Candelaria. Y todo no solamente por un paseo que va directamente a la central termoeléctrica de Las Caletillas, sino por la utilización de una ley totalmente arbitraria y confiscatoria, como un instrumento urbanístico.

Y es la misma Dirección General de Costas la que esta vez incumple lo escrito. El proyecto denominado Paseo y Demoliciones de Cho Vito, cuyo promotor es Costas, en su estudio ambiental dice que las obras "no se podrán realizar en época estival". Que se lo digan a los visitantes de la playa de Las Caletillas, que estos días de calor van a refrescarse y se confunden con los cascos verdes de los obreros; los bronceadores y las toallas se mezclan con el aceite de las máquinas pesadas y lo chalecos llamativos de los encargados de obra; se comparte la ensaladilla casera envasada al vacío del bañista con el bocata de sardinas del currante, y todo esto rodeado de vallas de obra que y a modo de cerco han dejado la playa como si fuera un Guantánamo veraniego. Con lo fácil que sería realizar las obras en otoño, con menos visitantes y sin causar molestias a los vecinos ni pérdidas a los comerciantes.

En Cho Vito ya estamos acostumbrados a las vallas y al cerco. Esta vez faltaron los guardias de seguridad y las fuerzas de seguridad del Estado para controlar el perímetro del "peligroso y delincuente" barrio. Todo esto lo hemos padecido con anterioridad. Se ha cortado el acceso; no importa, ponemos una escalera de obra, amarrada con cuatro alambres (o vergas si lo prefieren), y si algún vecino se cae al acceder con la compra, con el carrito del niño, o por la simple utilización de este acceso, pues no pasa nada, que para eso son delincuentes, juzgados y condenados, y si les queda algún derecho ya los omitimos o se lo quitamos en los juzgados. Y si quieren o tienen que salir de noche, pues se quedan en casa, o utilizan esa visión tan espectacular que tienen los vecinos, y de la que ya hicieron uso cuando escondieron las armas y los cócteles incendiarios que aún no han sido descubiertos.

Y mientras Costas omite una verdadera declaración de impacto ambiental (obligada por normativa europea), escudándose, entre otros motivos, en que "el terreno donde se ejecutan las obras es suelo urbano", cosa que dicen las escrituras de las casas demolidas (recuerden que el argumento de la ley para demoler las viviendas era que estaban en dominio público; pues bien, ahora el suelo es urbano). Mientras esto ocurre, la incompetencia de Costas, la incapacidad, la desidia y el desinterés del ayuntamiento, y el abandono por parte de todas las instituciones de la isla es claramente visible. Los vecinos denuncian, los políticos callan.

No importa. Seguiremos aguantando todo este cúmulo de incapacidades, ineptitudes, desidias y olvidos que maliciosamente están siendo propiciados por los autores materiales y defensores de esta ley injusta. Solo nos queda rogar para que no ocurra ninguna desgracia en estas obras, pues seguramente el accidentado será a su vez culpable manifiesto de su accidente.

http://www.eldia.es/2011-07-14/CRITERIOS/20-Cartas-director.htm

Lo que se está haciendo con Cho Vito sí tienen nombre, se llama delito de "Lesa Humanidad" = actos inhumanos e intencionales, que ocasionen sufrimientos graves, o con el mismo carácter atenten contra la integridad de las personas tanto física como mental.
Llevan 15 años de acoso y derribo por defender sus hogares de la avaricia y especulación. ¿Dónde está la fiscalía que no actúa de oficio?

¡¡¡¡ QUEREMOS LOS MISMOS DERECHOS QUE LOS ANIMALES !!!!

Pajaritos: tienen "reservados" en las playas de Cádiz

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/23/andalucia/1308834938.html

Seres humanos: tienen "reservados" en la calle de los "sintecho"

El Ayuntamiento de Manilva insiste en que el deslinde del litoral es "muy perjudicial" y pide que se reconsidere

El Consistorio insiste que este deslinde aprobado "vulnera flagrantemente las competencias en materia urbanística"

La alcaldesa, Antonia Muñoz, y el concejal de Urbanismo, Diego Urieta, han acudido a Madrid para entrevistarse con responsables de la Dirección General de Costas con el objetivo de que se atienda el recurso interpuesto por el Consistorio "y que se considere el borde del paseo marítimo como el punto limítrofe del deslinde".

El Ayuntamiento presentó una demanda ante la Audiencia Nacional contra el documento aprobado definitivamente por orden ministerial de 30 de septiembre de 2009. En concreto, al tramo del litoral comprendido entre el límite de la provincia con Cádiz hasta el extremo norte de la urbanización Playa Paraíso.

El Ayuntamiento ha considerado, a través de un comunicado, que este deslinde aprobado "vulnera flagrantemente las competencias en materia urbanística que tiene encomendada constitucionalmente la Administración autonómica y local". Así, el Ministerio de Medio Ambiente ha fijado el límite de la zona de servidumbre de protección "sin tener en cuenta el planeamiento urbanístico aprobado y ejecutado con anterioridad de la Ley de Costas de 1988".

Igualmente se considera "muy grave" que el Gobierno central "modificara unilateralmente el límite de la servidumbre de costas de 20 metros a 100, sin requerir ningún informe municipal y sin someter a un nuevo trámite de información pública el proyecto de deslinde".

En este sentido, en la demanda interpuesta se expone cómo el deslinde sometido a información pública tras el acto de apeo, celebrado el 29 de noviembre de 2007, fijó la zona de servidumbre de protección en 20 metros, "y cómo en la última fase de tramitación del expediente se modificó ampliándolo hasta 100 metros, sin seguir los trámites legalmente establecidos en la Ley de Costas y su reglamento".

Cho Vito avisa de que en el paseo marítimo Costas incumple la ley

Los vecinos de este enclave costero aseguran que el proyecto del paseo carece de informe de impacto ambiental, algo que "vulnera" la normativa europea y regional, y rechazan que el ente lo justifique alegando que "es en suelo urbano".

Los vecinos de Cho Vito han denunciado las consecuencias que para su calidad de vida están acarreando las obras que ejecuta Costas para crear el nuevo paseo marítimo que discurre por la zona donde se derribó buena parte de las viviendas de este núcleo costero.

Además, aseguran que Costas vulnera su "propio proyecto y una normativa europea, la 85/337, reformada a través de la 97/11, que determina que toda obra que afecta al medio ambiente debe contar, de manera obligada, con el informe de impacto ambiental". En el caso de Cho Vito, según los afectados, "Costas alega que no lo ha realizado porque se trata de una actuación en suelo urbano, lo que representa el colmo, pues hace un año derribaron las casas por estar en dominio marítimo terrestre".

Asimismo, señalan que "tampoco se cumple la legislación regional, que también regula esta materia en los mismos términos.
Afirman que se trata de unos trabajos que "se están ejecutando en plena época estival, contradiciendo y vulnerando su propio proyecto", pues es en este momento del año "cuando más afluencia de gente hay a la playa".
Aseguran que la ejecución de este proyecto implica el movimiento de maquinaria pesada, al margen de que "se ha rodeado al barrio de vallas y sufrimos cortes constantes de agua y luz, al cambiar las canalizaciones", una situación que representa una inseguridad para sus habitantes, ya que aún permanecen en este enclave nueve familias, cuyas casas corren un grave riesgo "al estar tocadas por el anterior derrumbe".
Critican la precariedad de los accesos habilitados, "a través de unas escaleras muy estrechas y con una gran pendiente, que suponen un riesgo para personas mayores o con movilidad reducida, y para quienes tienen hijos pequeños, pues carecen de alumbrado".

Los vecinos, que ayer realizaron una visita al editor y director de EL DÍA, José Rodríguez Ramírez, al que le presentaron un informe "con todos los incumplimientos de Costas en la Isla", explicaron que "se han tirado cuevas o han tapado otras, lo que supone cambiar la morfología del lugar" y recuerdan que "Costas ha vulnerado el acuerdo de septiembre del año pasado con el Gobierno regional, por el que se estableció que no se haría nada en la zona hasta que los afectados por la demolición no fueran realojados, algo que no ha ocurrido todavía con ningún vecino". Afirman que "están trabajando en zonas que tienen escrituras de propiedad y por las que aún pagamos nuestros impuestos".
http://www.eldia.es/2011-07-06/sur/4-Cho-Vito-avisa-paseo-maritimo-Costas-incumple-ley.htm

LA ABSURDA DICTADURA DE COSTAS MULTA POR MANTENER DIGNAMENTE LAS VIVIENDAS DEL LITORAL

Costas obliga a derribar un balcón en la costa de Bocacangrejo en Tenerife en 10 días por estar en dominio público

El Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha instado a J.M.G. a que en el plazo de 10 días derribe un balcón construido en madera en la playa del Berrugo en Bocacangrejo, Tenerife por estar construido en Dominio Público Marítimo Terrestre.

   Asimismo han señalado que se ha iniciado un pliego de cargo contra el propietario del balcón con un expediente sancionador por obras de reconstrucción del mencionado balcón. Han señalado además que ya en septiembre de 2010 personal del servicio de vigilancia de Costas denunció unos hechos en los que el infractor derribó el balcón existente para reconstruirlo en madera, "añadiendo estructura para cubierta y con dos puntales a modo de soporte".
   "El mencionado balcón se encuentra en zona de dominio público marítimo terrestre según el deslinde aprobado por O.M. de 9 de enero de 2003, entre los mojones 120 y 121, en Bocacangrejo, en Playa del Berrugato, en el municipio tinerfeño de El Rosario, hechos que pueden ser considerados como constitutivos de una presunta infracción de las tipificadas", se ha expuesto en el expediente.
   Asimismo y de acuerdo con la ley se insta que en el plazo de 10 días se derribe el balcón con lo que podría reducirse a la mitad la sanción económica --que ascendería a 1.347,50 euros-- para lo que el 'propietario' deberá comunicarlo en la Dirección de Costas. El denunciado también dispone de 10 días para formular alegaciones y presentar las pruebas que estime oportunas en su defensa.
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-costas-obliga-derribar-balcon-costa-bocacangrejo-tenerife-10-dias-estar-dominio-publico-20110624180937.html

Anulado un deslinde por vulnerar el Principio de Seguridad Jurídica (Art 9.3 de la Constitución)

Confirma la sentencia que daba la razón a una familia que denunció el deslinde realizado por la Dirección General de Costas

El Tribunal Supremo ha declarado inadmisible el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado contra la sentencia que daba la razón a la familia González Cique en su contencioso contra la Dirección General de Costas sobre el deslinde de bienes de dominio público efectuado entre San Miguel de Cabo de Gata, y el límite entre Almería y Níjar.

El auto al que ha tenido acceso Noticias de Almería, al tratarse de una decisión del Supremo, sienta jurisprudencia, y podría ser argumentada por otras personas físicas o jurídicas que demanden a Costas en los deslindes que viene realizando en toda la provincia.

El procedimiento, ganado desde instancias anteriores por el letrado Vicente Fernández Capel, denunciaba la orden de 23 de mayo de 2008, del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se aprobaba el mencionado deslinde, pero fue recurrida en casación por la Abogacía del Estado ante la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha no lo ha admitido.

El auto del Supremo viene a confirmar casi punto por punto el escrito de Fernández Capel pidiendo su no aceptación, y detalla por ejemplo que el letrado del Estado no hace “mención alguna a las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que se pretendían denunciar y desarrollar en el escrito de interposición, aunque fuere sucintamente”.

Los argumentos sostenidos frente al Supremo por el abogado de la familia propietaria de unas fincas en la zona de deslinde, son similares a los mantenidos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial donde también ganó, y apuntaban a “la nulidad de pleno derecho del acto; existencia de fraude de Ley en las actuaciones iniciadas, y falta de justificación, tanto jurídica como técnica del nuevo deslinde”.

Otros extremos apuntados por Fernández Capel se referían a que “La Resolución que ordena la incoación del Expediente de Deslinde, incide en vicio de nulidad de pleno derecho, por falta de motivación adecuada de la misma.” por lo que “Esta falta de motivación de la Propuesta aprobada respecto a la determinación del D.P.M.T. en este tramo de costa conculca igualmente el principio general de seguridad jurídica proclamado por la Constitución Española en su art. 9.3”.

Otro detalle importante en el escrito de Fernández Capel en aquel momento ante la Audiencia Provincial es que recuerda que “El deslinde que aprueba la Orden Ministerial objeto del Recurso no respeta el contenido y delimitaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Almería. Esta circunstancia que está íntimamente ligada a la improcedente consideración en el deslinde de las Salinas de Cabo de Gata como bien de dominio público marítimo terrestre y la inclusión de una servidumbre de protección alrededor de su perímetro, supone una flagrante contradicción con la actuación de la Administración Estatal llevada a cabo durante la tramitación de la revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, en la que la Dirección General de Costas informó favorablemente, no puso objeción alguna en lo que respecta a ese lugar y no recurrió la aprobación definitiva del Plan General, consintiendo que adquiriese firmeza".

En ese sentido añadía que "Entonces la Dirección General de Costas no consideraba bien de dominio público las Salinas de Cabo de Gata y emitió al Ayuntamiento de Almería un escrito de fecha 11 de febrero de 1998 con registro de salida 735, en el que se informaba favorablemente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que acabó así siendo aprobado con el beneplácito de la Administración de Costas.Pero es que, además, como consta dicho en los escritos de alegaciones obrantes en el expediente el propio Servicio Provincial de Costa emitió informe favorable a la terminación de los edificios en construcción para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, junto a un plano del dicho Servicio Provincial, en donde se reflejaba la delimitación del suelo conforme al vigente PGOU. Así las cosas, la Administración no puede ahora realizar y aprobar un nuevo deslinde que contradice clarísimamente sus propios actos en vulneración del principio de seguridad jurídica.En tal punto procede anular el deslinde efectuado en el sentido de no incluir las Salinas de Cabo de Gata como bien de dominio público marítimo terrestre y, en todo caso, eliminar la zona de servidumbre de protección que se interesa”.

http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/57468/SUCESOS/supremo-admite-recurso-abogado-estado-favor-deslinde-cabo-gata.html

¡¡¡Por fín un juez que hace prevalecer la Constitución por encima de los desmanes de Costas!!!

De Cho Vito a Bruselas (Antonio Alonso Orihuela)

Otra vez en Bruselas. Aún  no nos habíamos recuperado del anterior viaje, hace apenas 20 días,  cuando se nos ha comunicado que debíamos volver. El motivo, la invitación a un Seminario, sobre la “Legislación Europea y el derecho a la propiedad privada en Europa”. Organizado por el Grupo Parlamentario de los Demócratas y Liberales Europeos, este seminario, resulto ser una herramienta para exponer la realidad de la expropiación y confiscación  de propiedades en Europa, y mayoritariamente, en España.

Resulta extraño, escuchar las realidades sobre, expropiaciones, ley de costas, urbanismo salvaje, etc., expuestas por técnicos  y profesores de distintas universidades de prestigio europeas, y ver  que nadie se sorprende; que dan por supuesto que España es un país con un grave problema de inseguridad jurídica  respecto a la  propiedad privada. Si, resulta extraño, cuando existen miles de denuncias, cientos  de miles de afectados, y aquí, en este país, se han tapado, ignorado, ocultado, o simplemente, olvidado. Europa, empieza a reaccionar en este problema, pues, son muchos los propietarios afectados de otras nacionalidades europeas, y aunque nuestro “asesor inmobiliario” Pepiño Blanco, intente ocultar la realidad, y  se gaste el dinero de todos los españoles, en una gira, por Europa,  país por país,  intentando vender las miles de viviendas del litoral español, sin éxito, y con muchas críticas al respecto, por parte de británicos, franceses, alemanes y daneses, que le achacan la incapacidad manifiesta de las autoridades españoles, en este asunto de las expropiaciones y confiscaciones en el territorio nacional.

Cuatro días en Bruselas, cuatro días de una apretada agenda de reuniones, comités, y de presentar documentación en el Parlamento Europeo, casi 10.000 folios, miles de fotografías,  acompañados de videos y grabaciones de audio han sido presentadas y actualmente están siendo repartidas por los diferentes grupos parlamentarios. Demócratas, liberales, populares, comunistas, verdes, y socialistas no españoles, son conscientes del grave problema que representa la ley de costas  en España. Saben, que no es lo mismo un pequeño pueblo costero, que una macro urbanización de lujo; que no se aplica la ley igual en Cho Vito, que en los más de veinte hoteles ilegales de Canarias.; que no se puede pedir al propietario de un molino, del siglo xvi, un permiso de obra, para demostrar su legalidad, y legalizar el chalet del ministro, del cantante, o del famoso de turno, recientemente construido. Lo saben, y el problema ha trascendido al comité de peticiones y se empieza a ver la preocupación en todo el parlamento europeo.

 Hemos tenido el apoyo de la Oficina del Gobierno de Canarias en Bruselas, de un canario,  eurodiputado del Partido Popular, Don Gabriel Mato,  de su oficina, que nos ha ayudado en diversos asuntos, y de todo el grupo popular en Europa; y sentimos vergüenza, de otro eurodiputado canario,  Juan Fernando López Aguilar(¡que sorpresa nos llevamos cuando lo encontramos en los pasillos!; yo pensaba que había dimitido de su cargo), que tras solicitarle  repetidamente una reunión, no se ha dignado ni a contestar; él no está para estas cosas; Mejor dicho: simplemente no está. Otro eurodiputado socialista, Don Miguel Ángel Martínez, paladín del socialismo, de las luchas sociales, de las injusticias, simplemente se esconde, y no contesta a la solicitud de una reunión. Y es que “no hay mas ciego, que el que no quiere ver”, y el problema de la Ley de Costas española, ya es  muy conocido en Europa, y los argumentos que da el partido socialista español, a favor de la misma, en Europa, ya no se lo creen.  Saben de la aplicación arbitraria, confiscatoria y de la vulneración de los derechos humanos que su aplicación supone al más del millón de personas afectadas en España. 

En fin,  es hora de coger el vuelo de regreso; de descansar en el avión, de volver a Tenerife, a Cho Vito; de encontrarnos con nuestras familias, y vecinos, que han trabajado tanto como nosotros, para poder realizar este viaje; de hacer balance de todas las reuniones; de seguir trabajando en la elaboración de un nuevo informe que nos han solicitado; de seguir luchando, sabiendo que cada paso que damos, nos acercamos más a la verdadera justicia.
http://www.sanborondon.info/content/view/35220/1/

Confiscación y arbitrariedad de la Ley de Costas - Concentración a favor de Sidra El Gaitero en Villaviciosa



DOCUMENTO DE EXCLUSION DEL MOLINO DE LA ENCIENA

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Art 17  

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Decisiones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la Ley de Costas

El Parlamento Europeo volverá a analizar los abusos de la Ley de Costas

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitará "más información" al Gobierno español sobre la aplicación de la normativa de la Ley de Costas en España y los "casos concretos" de presuntos abusos denunciados por un gran número de ciudadanos españoles, británicos, alemanes, holandeses, franceses y austriacos ante las instituciones europeas.

Los portavoces de los grupos políticos en la comisión parlamentaria "han acordado mantener la petición abierta y pedir más información sobre las peticiones concretas a la Dirección General de Costas" en una reunión celebrada este martes a puerta cerrada, han confirmado fuentes parlamentarias.

La Comisión Europea ya dejó claro el pasado 24 de mayo --la última vez que se debatieron las más de 40 quejas que afectan principalmente a Cantabria, Canarias, Comunitat Valenciana, Asturias, Baleares, Galicia, Cataluña, País Vasco y Andalucía-- que no tiene competencias para intervenir en la normativa española, cuya aplicación e impacto sobre el derecho de propiedad ha sido denunciado por numerosos ciudadanos europeos.

Varios peticionarios denunciaron entonces que la Ley de Costas atenta contra los Derechos Humanos de los propietarios de los terrenos expropiados bajo esta ley, con lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sí tendría competencias.

El Ejecutivo comunitario se ha comprometido mantener los contactos con las autoridades españolas, aunque advierte de que hasta la fecha "no ha encontrado este tipo de discriminación" reflejo directo de la normativa española.

Los portavoces de los grupos políticos en la Comisión de Peticiones han acordado asimismo este martes organizar un taller con expertos urbanísticos y abogados para analizar la aplicación de la normativa española en otoño y han acordado esperar a los resultados de este ejercicio para determinar si es necesario elaborar una nuevo informe de la Eurocámara.

La Eurocámara ya aprobó en 2009 un informe de la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken en el que se pedía la congelación de los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos europeos.
http://www.abc.es/20110615/local-comunidad-valenciana/abci-eurocamara-201106151813.html