LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

domingo, 29 de mayo de 2011

Los afectados llevan el deslinde de Formentera a Bruselas

La portavoz de los afectados por el deslinde de Formentera, Gabriela Mayans, explica la situación de la isla en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

La portavoz de los afectados por el deslinde de la zona marítimo terrestre de Formentera, Gabriela Mayans, intervino ayer en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para explicar ante un grupo de eurodiputados la situación derivada en la isla por la aprobación de la Ley de Costas, de la que pidió su modificación.

La representante de los afectados señaló que si bien el Ministerio de Medio Ambiente había iniciado el proceso para estudiar «caso por caso» las 102 propiedades afectadas, también recordó que el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pedro Antonio Ríos Fernández, en su visita del pasado 5 de mayo, dijo que no habría «una solución satisfactoria para todos». Por ese motivo Gabriela Mayans aseguró que muchos afectados siguen manteniendo «la incertidumbre» sobre el futuro de sus propiedades afectadas por la Ley de Costas.

La visita que realizó ayer a Bruselas para intervenir, junto a otros 30 afectados de todo el país, algunos de ellos de Mallorca, ante la citada comisión fue para dejar constancia de la petición de «modificar la Ley de Costas». Mayans explicó que durante su intervención, de tres minutos de duración, hizo una breve «recapitulación» de la situación de Formentera para dejar constancia de «la injusticia que supone para numerosas familias» el deslinde, al ver peligrar la titularidad de los negocios familiares que levantaron sus abuelos.

La portavoz manifestó: «Personalmente estoy a favor de la modificación de la Ley de Costas porque el problema de raíz se encuentra en esa ley y afecta a todo el territorio nacional si bien en Formentera, por sus dimensiones geográficas, tiene unas consecuencias muy graves».
Al mismo tiempo admitió que la comisión de peticiones del Parlamento Europeo «no tiene competencias» sobre una normativa nacional como la Ley de Costas, aunque sí puede dirigirse al Estado español para trasladar la demanda de modificación de la Ley de Costas. Mayans avanzó que la decisión de la comisión ha sido la de «reunirse más adelante, seguramente en junio, para ver qué medidas tomar».

Gabriela Mayans también fue testigo de la irrupción en la comisión de un joven mallorquín que formaba parte del grupo de afectados presentes, para pedir «democracia real ya». Aprovechando un momento de confusión en el turno de palabra asignado a los ciudadanos, este joven que ocupaba uno de los asientos reservados a eurodiputados y peticionarios pidió el uso de la palabra. «Se ha hablado de muchas cosas de la Ley de Costas, pero a mí lo que me gustaría decir es (...) queremos democracia real ya», declaró, ignorando los intentos de la presidencia de la comisión por interrumpir su intervención, lo que impidió escuchar por completo la reclamación. Las palabras del ´indignado´ recibieron algún aplauso en la sala y se escuchó un grito de «ladrones» cuando el micrófono del joven ya había sido apagado, grito al que se sumaron otros peticionarios. Fuentes del movimiento ´Democracia Real Ya-Bruselas´ indicaron que no es un activista del grupo ni forma parte de ninguna acción prevista por ellos.

Por otra parte, los eurodiputados del PP Rosa Estaràs y Carlos Iturgaiz solicitaron en la Eurocámara que se haga un llamamiento al Gobierno español para evitar la presunta «aplicación abusiva» de la Ley de Costas que, en el caso concreto de Balears, está provocando «la pérdida o limitación de los derechos de propiedad privada», según han informado desde el PP en un comunicado.

La eurodiputada balear citó los casos concretos de Formentera y Llucmajor, de donde son los afectados que acudieron a la sesión parlamentaria. Tanto Iturgaiz como Estaràs denunciaron «la inseguridad, la arbitrariedad y la retroactividad» de la normativa estatal.