Según esta parte, que pertenece a la Plataforma para la Defensa de las viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense de la Diputación de Castelló, la regulación de los deslindes "resulta anacrónica por su generalidad" y queda superada por los medios técnicos actuales. "Todo deslinde debería basarse en las situaciones que impone la realidad social, más que en las catastróficas que nunca deben prevalecer sobre aquella", añadió.
Los afectados sostienen que la Ley "resulta terriblemente injusta al no distinguir las causas de tales olas y de sus extraordinarios alcances cuando las mismas han sido provocadas o, por lo menos facilitadas, por la actuación humana como ha ocurrido y está ocurriendo con la construcción y ampliación de ciertos puertos como el de Castelló que, al modificar la dinámica litoral de arrastre de materiales ha degradado la playa de Almassora reduciéndola en mas de 200 metros".
Los firmantes de las alegaciones consideran que en tales supuestos, "los deslindes, más que santificar la destrucción provocada o facilitada por la obra del hombre, deben facilitar la reposición del medio ambiente degradado de acuerdo con la realidad social anterior".
Las alegaciones también abordan "el olvido de la Ley al principio que exige que quien causa daño a otro debe repararlo sin distinción de las personas o entidades causantes".
Penas para quien genera daños
En esta línea, los afectados insisten en que la Ley de Costas sólo castiga a los causantes de los daños "cuando los realizan los particulares exigiendo garantías, reposición de los bienes afectados e indemnizaciones". Según los firmantes, ello supone un tratamiento desigual frente a los daños causados por administraciones. "Deberían aclararse en el nuevo texto legal y regular la obligatoriedad de la reparación permanente cuando los daños no son ocasionales sino constantes". Critican que cuando tras la revisión del deslinde se incorporan unos terrenos al dominio público marítimo, la Ley "establece una clara expropiación dilatada a 75 años, sin indemnización, y disfrazada de una concesión de simple uso lo que no deja de ser una vulgar confiscación o expolio retardado que resulta inconstitucional, a tenor de lo que dice el artítulo 33 de nuestra Carta Magna".
Alegaciones
