El cumplimiento a rajatabla e la sentencia del Tribunal Supremo que anula la autorización concedida por la Generalitat para que la constructora del promotor Andrés Ballester, Edificaciones Calpe, pudiera levantar el complejo Gemelos 28 de Benidorm obligaría a esta sociedad a solicitar el concurso de acreedores.
Fuentes de la compañía han reconocido en declaraciones ValenciaPlaza.com que, si la sentencia no es corregida por una instancia superior, la empresa se quedaría "sin la única fuente de ingresos que mantiene en la actualidad", lo cual la abocaría irremediablemente al concurso de acreedores.
Andrés Ballester es uno de los promotres más emblemáticos de la Comunidad Valencina. Él y su hermano Enrique, con quien decidió repartir las actividades del Grupo Ballester hace algunos años, se situaron en la cúspide del gran negocio de la promoción inmobiliaria valenciano durante la llamada 'burbuja' del ladrillo. Además de las promociones en la Comunitat Valenciana, se hicieron propietarios de singulares edificios en Madrid y Barcelona que posteriormente, con el pinchazo de la burbuja, han tenido que ir vendiendo para poder hacer frente a sus responsabilidades financieras.
UNA INTERPRETACIÓN FLEXIBLE
Desde la empresa se reconoce que agotarán la vía judicial y recurrirán la sentencia, sin descartar la posibilidad de llegar a los tribunales de la Unión Europea. Al mismo tiempo, representantes de la firma se reunirán con los responsables de la Conselleria de Infraestructuras el próximo 31 de agosto para tratar la situación en la que el Tribunal Supremo deja el proyecto, del que ya se han vendido más de un centenar de sus 168 inmuebles.
En las próximas semanas está prevista otra reunión en el Ministerio de Fomento, la otra Administración implicada, para tratar de encontrar una solución, que podría pasar por "una interpretación flexible" de la Ley de Costas que permitiera seguir explotando el inmueble por un periodo de hasta 75 años. Aunque esta alternativa resulta insatisfactoria para la empresa, sería una opción que evitaría el derribo inmediato.
Fuentes de Edificaciones Calpe insisten en que la obra contó con todas las autorizaciones administrativas pertinentes, por lo que consideran que los propietarios y la constructora son víctimas de un enfrentamiento entre el Ministerio de Fomento, regido en el momento de la demanda por el PSOE, y la Administración valenciana.
'GEMELOS 28' FRENTE AL ALGARROBICO
Uno de los aspectos que recoge la sentencia y que ha indignado especialmente a los responsables de la empresa son las similitudes establecidas entre este caso y el del hotel 'El Algarrobico', en Almería.
POR ENCIMA DEL COLOR POLÍTICO
Desde el Ayuntamiento de Benidorm, la teniente de alcalde del Centro Democrático Liberal y exconsellera del PP, Gema Amor, ha defendido públicamente a la empresa y descartado el derribo en su nombre y en del alcalde,Agustín Navarro (PSOE), con el que mantiene un pacto de gobierno desde las pasadas elecciones municipales.
Consultado por ValenciaPlaza.com, el portavoz del Partido Popular, Antonio Pérez, prefiere no valorar la situación del inmueble hasta conocer los informes jurídicos municipales y la sentencia, que su grupo solicitó al equipo de gobierno a principios de agosto y aun no le han sido remitido.
En todo caso, Pérez advierte que la licencia de obra fue concedida en 1988 por el alcalde socialista Manuel Catalán y que la licencia de ocupación, concedida en junio de 2011, está firmada por el también socialista Agustín Navarro. Sin embargo, la historia ha sido más compleja y ha incluido decisiones favorables tanto del PP como de los socialistas.
De hecho, la entrada en vigor de la Ley de Costas a los 53 días de la concesión de la licencia paralizó ya el proceso en 1988 hasta la aprobación de un nuevo estudio de detalle para evaluar la conveniencia de la construcción en 1996, siendo alcalde Vicente Pérez Devesa (PP).
VISTO BUENO DE LA GENERALITAT
El proceso se aceleró a partir de 2005 cuando el Gobierno de Francisco Camps, con Rafael Blasco como conseller de Territorio, otorgó la autorización a Edificaciones Calpe para iniciar la construcción. La Abogacía del Estado recurrió la decisión, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) falló a favor de la empresa en 2008 y se iniciaron las obras.
Mientras el edificio iba tomando altura, el Tribunal Supremo aceptaba el recurso contra la decisión del TSJ. En este estadio, el Ayuntamiento de Benidorm, gobernado de nuevo por el PSOE, concedía la licencia de ocupación y los primeros vecinos entraban a sus apartamentos.
Cuando el Tribunal Supremo ha terminado por declarar nula la licencia de obra inicial, con lo que se declara ilegal la construcción, más de un centenar de sus 168 viviendas están ya ocupadas por vecinos que pagaron entre 290.000 y 480.00 euros por los apartamentos de 1 y 2 dormitorios de hasta 103 metros cuadrados.
