La Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense, promovida por la Diputación provincial, ha recogido centenares de alegaciones al borrador del anteproyecto de la ley de Costas, que sustituirá a la normativa de 1988.
Uno de los puntos calientes es la concesión de las viviendas en primera línea de mar, ya que, aunque “se valora que haya una prórroga de 75 años, queremos que se garantice el plazo o que sea indefinidamente para que no se puedan revocar los permisos”, explicó el diputado provincial y representante del ente, Mario García. La plataforma ha dividido las alegaciones en cuatro puntos: los deslindes, el dominio público-terrestre, las concesiones a las viviendas en peligro de derribo hasta el 2093 y el compromiso económico de luchar contra la regresión en el litoral de Castellón.
Precisamente la pervivencia de los cerca de 600 inmuebles en el punto de mira es uno de los temas que más preocupa a los afectados. Según García, “queremos que la ley garantice también que los propietarios no pasen a ser concesionarios de la vivienda”.
Además, adelantó que solicitarán una reunión con representantes del Ministerio de Medio Ambiente con el objetivo de trasladarles las inquietudes de los agentes implicados cuyos intereses, públicos o privados, podrían estar afectados por la nueva ley.
Otro de los aspectos destacados es la lucha contra la regresión, ya que el fin es que la normativa recoja un apartado en el que se refleje el compromiso de actuar sobre las zonas más degradadas.
El diputado también indicó que preguntarán sobre si deben ser los Ayuntamientos los que se informen sobre cómo se establece la nueva demarcación de deslindes; y si hay alguna localidad castellonense afectada por el Anexo 1 del borrador, que establece que hay núcleos urbanos que pasarán a ser patrimonio del Estado
