Los núcleos costeros canarios a los que la aplicación de la Ley de Costas amenaza con la demolición están quemando sus últimos cartuchos para que la nueva norma que el Gobierno de la Nación pretende aprobar este año los libre de acabar en el suelo. La lucha ahora es política y se va a librar en los pasillos del Congreso de los Diputados y del Senado.
El borrador del anteproyecto de Ley de Costas que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de julio no ha resultado ser tan benevolente con Canarias como muchos esperaban, principalmente los afectados. Los poblados marineros canarios continúan prácticamente en la misma situación en la que se hallaban antes de que el Partido Popular (PP) cumpliera su promesa electoral y el ministro Miguel Arias Cañete se pusiera manos a la obra en la reforma de una norma que data de 1988 y que en las islas, amén de las demoliciones ya ejecutadas, tiene amenazadas con la piqueta a unas 10.000 viviendas que están a menos de 100 metros de la orilla del mar y, por tanto, en suelo público.
Los afectados, que suman más de 150.000 en toda Canarias, tienen sus últimas esperanzas puestas en los diputados y senadores canarios, sean del partido que sean. Su idea es que cuando el documento salga, primero, del Congreso de los Diputados y, luego, del Senado los núcleos costeros del litoral de las islas estén en la futura Ley de Costas, como mínimo, en la misma posición con la que han partido otros pueblos a los que el borrador aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy incluye en un anexo de excepciones.
