El hasta ahora dueño de Portu Errota, en Urdaibai, afirma que la aplicación de la Ley de Costas «viola» la Carta de Derechos Humanos
Iturribarria califica de «chantaje» y «delito» la actuación del Gobierno con un bien protegido por la Ley de Patrimonio
Continúa la marejada en Portu Errota. El hasta ahora propietario del molino de mareas de Urdaibai, protegido como monumento por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya y a la espera de ser resuelta definitivamente su declaración de bien cultural calificado, ha registrado en Estrasburgo una denuncia contra España «por violación» de uno de los artículos de la Convención de Derechos Humanos, concretamente el primero, que recoge el derecho a la propiedad. La aplicación de la Ley de Costas, aprobada en 1988, ha supuesto para Jon Iturribarria la confiscación y pérdida del derecho de propiedad sobre sus bienes a pesar de poseer todos los títulos y escrituras «que acreditan que el molino pertenece a mi familia». Costas no lo ha reconocido así y ha declarado al molino y sus terrenos como bien de dominio público marítimo-terrestre a pesar de estar situada por encima del ámbito de influencia de mareas que recoge la ley.
«¿Cómo se puede declarar ilegal una vivienda de 1683 con una ley de 1988?», se vuelve a preguntar. «Es un chantaje y un delito, y lo que quieren es que la casa se derrumbe». Iturribarria ha denunciado ante la Comisión y el Parlamento Europeo que la aplicación de la Ley ha sido realizada de forma «retroactiva y arbitraria» y que «la confiscación», en este caso, de una propiedad que ha pertenecido a su familia durante tres generaciones «está prohibida explícitamente por la Constitución y la Convención de Derechos Humanos».
El edificio, el único superviviente de los seis molinos harineros de mareas que existían en la ría de Urdaibai, sufrió importantes daños en 2009 como consecuencia de un temporal que afectó seriamente a su cubierta «y nos están prohibiendo realizar obras de mantenimiento en un bien protegido por la Ley de Patrimonio», incide Jon Iturribarria. «Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar su conservación y cualquier atentado contra este patrimonio está sancionado como delito penal. Lo dice la Constitución Española», asegura.
«En un limbo»
Precisamente, esta situación y el riesgo de destrucción que planea sobre el molino llegó en diciembre al Parlamento vasco. El grupo popular, a través de su portavoz, Leopoldo Barreda, solicitó explicaciones al Gobierno «a fin de evitar la pérdida de tan singular elemento patrimonial». Barreda destacó en su intervención el «limbo jurídico-administrativo» en el que se encuentra la propiedad «que amenaza el futuro de la edificación». La consejera de Cultura, Blanca Urgel, reconoció en su respuesta que al molino de Portu Errota se le aplica tanto la Ley de Patrimonio Cultural como la de Costas, «dos ordenamientos jurídicos diferentes que protegen intereses públicos diferentes». La consejera destacó que las limitaciones de que los propietarios tienen para realizar las obras «vienen impuestas por la demarcación de Costas del País Vasco» y no por su departamento. «Es un tema que está judicializado y, por tanto, y mientras la resolución del contencioso permanezca en la vía judicial, realmente poco podemos hacer». Iturribarria lleva ya 16 años luchando contra la Administración en vías judiciales y «quedan aún cinco para la resolución del Tribunal de Derechos Humanos», asegura. «Para entonces, el único molino de mareas del País Vasco habrá desaparecido», afirma.
Urgel aseguró que la protección del bien y su conservación corresponde a la Diputación, quien en repetidas ocasiones ha requerido la urgente reparación de los elementos del molino y que en todos los casos han sido prohibidas por Costas a sus propietarios, «bien autorizando las obras o procediendo a su ejecución subsidiaria, en el caso de que los propietarios no cumplan con sus obligaciones de conservar, cuidar y proteger».
«No entiendo cómo la consejera dice que 'realmente poco podemos hacer' cuando -afirma Iturribarria- ella como responsable tiene la obligación de proteger el patrimonio por mandato constitucional, pudiendo cometer con su pasividad un delito penal». «El Gobierno vasco puede y debe hacer mucho», asegura, por lo que invita a sus responsables a mantener una reunión para analizar el expediente «y comprender por qué este caso ha escandalizado al Parlamento y a la Comisión Europea».
