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Vicepresidente 1º JON ITURRIBARRIA // Vicepresidente 2º GUILLERMO CASANOVA
LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)
"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto
El portavoz del BLOC en la Diputació de Castelló, Enric Nomdedéu, ha trasladado hoy al diptuado de Compromís en el Congreso, Joan Balvdoví, la moción del BLOC para reformar la Ley de Costas, que ha conseguido el apoyo unánime de todos los grupos de la corporación provincial y que reclama la transferencia de las competencias de Costas para que la política del litoral se diseñe por los representantes políticos de la Comunitat y no desde Madrid. La propuesta del BLOC reclamará así en el Congreso una modificación urgente de la Ley de Costas para acabar con la retroactividad de esta ley y evitar así derribos y expropiaciones de edificaciones construidas antes de 1988, año en el que se publicó esta norma. Paralelamente a esta medida de urgencia, el BLOC ha conseguido el apoyo de todos los grupos en la comisión de Medio Ambiente para iniciar también una modificación integral más amplia de la Ley de Costas, con el objetivo de que se proteja la particularidad de las más de 600 viviendas viviendas tradicionales que el Ministerio de Medio Ambiente pretendía derruir antes del 2018. “El BLOC consigue que prospere una moción que contempla la paralización de todos los procesos de expropiación y derribo iniciados en la provincia y que ponían en peligro el futuro de cientos de edificaciones tradicionales en pueblos como Nules, Almenara, Xilxes, Moncofa y Cabanes, entre otras localidades. De esta forma defendemos los derechos de los propietarios de viviendas tradicionales construidas hace casi un siglo”, ha afirmado Nomdedéu.
Tal como recoge la exposición de motivos de la moción aprobada hoy en comisión y que se ratificará en el próximo pleno, el BLOC insta a que el nuevo gobierno central escuche la voz de Castellón y de la Diputación de Castellón para que se tenga en cuenta la particularidad de nuestra costa. “Hemos trasladado de forma urgente al diputado en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví, la moción del BLOC aprobada en la Diputación para acelerar al máximo los plazos y evitar derribos de última hora ordenados por el PSOE con alevosía antes de abandonar el Gobierno”, añade Nomdedéu
Manuel Roca, presidente de la Asociación Riu, Surrach y Aiguaoliva de Benicarló, se mostró "sorprendido" e "indignado" por las declaraciones de los imputados en la querella presentada por la asociación contras tres cargos de Costas. Casos de Ignacio Gil (Jefe Provincial), Miguel Velasco (subdirector para la Sostenibilidad de la Costa) y Pedro Antonio Ríos (director general de Costas). Los tres declararon como imputados por "prevaricación", al considerar que incumplieron con los artículos 1 y 2 de la ley de Costas, que contemplan la obligación del Estado de asegurar la adecuada conservación e integridad del dominio marítimo terrestre, adoptando las medidas de protección y restauración necesarias.
El vicepresidente segundo y diputado de Turismo, Andrés Martínez, y el diputado provincial y alcalde de Nules, Mario García, han mantenido esta mañana una reunión con los coordinadores locales de la Plataforma en Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense, creada para defender a aquellas personas, poblados marítimos y municipios afectados por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988. Un encuentro al que han asistido representantes de asociaciones de afectados de Xilxes, Almassora, Benicarló, Moncofar y Cabanes.
Durante la reunión de hoy, la Diputación ha puesto de manifiesto una vez más su compromiso por seguir apoyando a las asociaciones de los municipios afectados y trasladar a las instituciones pertinentes sus demandas. Lamentablemente, el encuentro ha coincidido con el derribo de una de las viviendas de los miembros de la Plataforma en la Playa de Almerana. El próximo día 30 de noviembre a las 15:00 se presentará en Bruselas a la Presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni y al Secretariado de la Comisión, la petición abalada por todos los municipios afectados de la provincia.
Esta petición recoge fundamentalmente cuatro reclamaciones clave para proteger nuestro litoral:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que lleve a cabo, de manera urgente, una profunda revisión y modificación de la Ley de Costas con objeto de corregir las disfunciones y vulneraciones del derecho de propiedad que esta producen. SEGUNDO.- solicitar a las autoridades españolas que velen por que ningún acto administrativo que obligue a un ciudadano a ceder su propiedad privada adquirida legítimamente encuentre su fundamento jurídico en una ley adoptada después de la fecha de construcción de la citada propiedad. TERCERO.- instar al Gobierno español a la elaboración de planes específicos que estudien los diversos tramos del litoral en busca de soluciones concretas. CUARTO.- instar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España a que concrete con la Comisión de Peticiones què medidas van a adoptarse para intentar dar soluciones a los peticionarios.
El vicepresidente segundo y diputado de Turismo, Andrés Martínez, ha afirmado tras el encuentro que "cooperar y desarrollar acciones de lobby conjuntas es más necesario que nunca si queremos paralizar futuros derribos y presionar a las administraciones competentes".
La Diputación ha recordado todas las herramientas de comunicación y visibilización que los miembros de la Plataforma tienen a su disposición (La web http://plataforma.dipcas.es, facebook, canal youtube, canal flickr, canal twitter) para transmitir la necesidad de estudiar y dar una solución a estas 600 familias afectadas y municipios afectados.
La medida salvaría 600 casas tradicionales del litoral de Castelló que datan de antes de 1988
La propuesta nacionalista plantea transferir a la Generalitat Valenciana las competencias del litoral
La comisión de Medio Ambiente de la diputación provincial de Castelló, que preside Javier Moliner, aprobó ayer por unanimidad una moción del Bloc para pedir al Gobierno la transferencia de las competencias sobre Costas para que el futuro del litoral castellonense se decida "desde Valencia y no desde Madrid".
La propuesta presentada por Nomdedéu y apoyada por los socialistas y el PP insta, además, al nuevo ejecutivo central a plantear la reforma urgente de la Ley de Costas para acabar con su retroactividad y una reforma integral posterior para proteger las viviendas tradicionales. Esas para las que algunos municipios afectados plantea la declaración de bien de interés local.
La propuesta nacionalista reclama, además, una modificación integral más amplia de la Ley de Costas, con el objetivo de que se proteja la particularidad de las más de 600 viviendas tradicionales que el Ministerio de Medio Ambiente pretendía derruir antes del año 2018.
"El Bloc consigue que prospere una moción que contempla la paralización de todos los procesos de expropiación y derribo iniciados en la provincia y que ponían en peligro el futuro de cientos de edificaciones tradicionales en pueblos como Nules, Almenara, Xilxes, Moncofa y Cabanes, entre otras localidades. De esta forma defendemos los derechos de los propietarios de viviendas tradicionales construidas hace casi un siglo", recalcó Nomdedéu.
Tal como recoge la exposición de motivos de la moción que se ratificará en el próximo pleno, el Bloc insta a que el nuevo gobierno central "escuche la voz de Castelló y de su diputación" para que se tenga en cuenta la particularidad de la costa.
La juez incluye el delito de asociación ilícita en el “caso Reyes” e imputa también a Juana Fernández de las Heras y a Antonio Lorenzo
¿De qué se ríen?
La juez del Juzgado de Instancia Número 2 de Arrecife ha dado un nuevo impulso al “caso Reyes”, cursando más de una decena de citaciones para las próximas semanas e imputando a dos nuevas personas: la abogada Juana Fernández de las Heras y el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza, Antonio Lorenzo. Ambos tendrán que declarar como imputadospor un nuevo delito que se ha sumado a esta causa, el de asociación ilícita.
Desde el inicio, el “caso Reyes” investiga la existencia de una presunta trama organizada para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, con la supuesta connivencia de políticos, empresarios y técnicos. Ahora, la nueva juez que instruye la causa, Ana Manella, ha dado un paso más en esta línea, aceptando la petición de la acusación popular. De momento, ocho personas están imputadas por este nuevo delito, que supone la existencia de una red organizada para delinquir. Seis de ellas ya figuraban en la lista de imputados e incluso habían tenido que prestar declaración, pero ahora tendrán que volver a los Juzgados de Arrecife, para responder por las nuevas acusaciones.
La lista de imputadospor este delito se completa con Ignacio Díaz de Aguilar, hasta ahora investigado por cohecho y prevaricación urbanística, y por los empresarios Juan Francisco Rosa y Francisco Armas. Estos dos últimos, propietarios del Puerto Deportivo Marina Rubicón, estaban ya imputadospor cohecho, pero ahora tendrán que responder también por el presunto delito de asociación ilícita.
El tercer socio de Marina Rubicón (donde José Francisco Reyes atracó su yate sin pagar durante años), Rafael Lasso, también tendrá que volver a declarar, aunque continúa imputado sólo por el presunto delito de cohecho.
Además, la jueza ha cursado otras tres nuevas citaciones. Una de ellas, para otro técnico del Ayuntamiento de Yaiza, Alfredo Morales, que se sumó hace unos meses a la lista de imputados. Morales, que tendrá que declarar el próximo lunes 7 de noviembre, está imputadopor un presunto delito de prevaricación. Entre otras cosas, Alfredo Morales fue quien emitió el informe favorable a la concesión de la licencia del puerto deportivo Marina Rubicón, cuya legalidad también se está investigando en el marco del “caso Reyes”.
La historia seguro que termina con mínimas penas, si es que llegan a condenar a alguien. Los que si han sido condenados al desalojo, derribo y exilio de sus propias tierras, han sido las familias que nunca más podrán volver a sus hogares.
Costas, una vez más, mira para otro lado cuando existen poderosos intereses económicos y, como siempre, nadie le pide cuentas. ¿Por qué?
Los acusados por el conocido como caso mamotreto coinciden en llamar a declarar como testigos durante el juicio oral cuya fecha se fijará en breve a técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario y de la Dirección General de Costas.
Igualmente, serán citados funcionarios del Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo, el propio concejal de este organismo autónomo, José Ángel Martín Bethencourt, que fue uno de los denunciantes cuando ocupaba el cargo de portavoz del grupo municipal socialista en el anterior mandato. Otro tanto ocurrirá con Dolores Jutta Redbrow, expresidenta de la Asociación de Amigos de Las Teresitas y del Litoral de Anaga que fue la que denunció en su momento la posible ilegalidad de las obras. Jesús Romero, director general de Ordenación del Territorio y Sebastián Ledesma, exdirector general de Turismo, también serán llamados a declarar en calidad de testigos.
En estos momentos permanecen como acusados los exconcejales de Coalición Canaria (CC) Norberto Plasencia, Luz Reverón, Manuel Parejo y José Domínguez Pastor, así como los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y de Obras, Loreto Ariz, Epifanio Gómez y Candelaria Benítez. A todos ellos el Ministerio Fiscal los acusa de ser responsables de la construcción del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas sin contar con ningún tipo de autorización y de haber invadido terrenos de dominio público.
Los acusados han presentado ya su escrito de conclusiones previa a la apertura del juicio oral. En estos recursos coinciden en alegar que un concejal no puede actuar en la ejecución de una obra pública como promotor, constructor o director de obras. Apuntan que una administración no está obligada a contar con un permiso para hacer obras en terrenos de dominio público ya que este requisito sólo es exigible para los particulares. "Si realmente Costas hubiera considerado que el Ayuntamiento llevó a cabo sin su autorización una construcción en la zona marítimo terrestre, tenía la obligación de iniciar un expediente sancionador por la infracción tipificada", indican los representantes legales de casi todos los acusados por medio de unos escritos que básicamente son iguales.
Playa de las Teresitas en los años 60
El exconcejal de Obras José Domínguez Pastor ha presentado ante los juzgados un informe del arquitecto Damián Quero Castanys, en el que intenta demostrar que la obra cumplió con todos los parabienes desde el punto de vista urbanístico y de la legalidad. No obstante, el propio técnico admite que el proyecto elaborado por el arquitecto francés Dominique Perrault "resulta ahora efectivamente inviable por razón de las incidencias ajenas a su expediente. Pero de lo que se trata en una legalización es de obras, no de proyectos, de obras realizadas sin amparo debido y para lo que está legalmente establecido y regulado un procedimiento específico que parece ineludible seguir antes de declarar inviable la legalización de lo construido", como se apuntaba en un informe del APNUM.
El arquitecto, que ha sido llamado a declarar en calidad de testigo, sostiene que que los ajustes dimensionales del proyecto "son razonables técnicamente y adecuados al planeamiento general y a la legislación de ordenación territorial". La actuación se enmarca en la cooperación interadministrativa entre el Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno canario, por un lado y Costas por otro. "No es posible comprender, sin sobresalto, que pueda ser aprobada sólo una fase sin percibir las definiciones del proyecto en la otra, siempre presentes en la documentación. No puede entenderse la pretensión de Costas de que cada fase constituía un proyecto técnico segregado, como si ello le hubiese impedido percibir en la parte o fase municipal las definiciones que afectaban al dominio público. Una de las responsabilidades del organismo estatal es la vigilancia de las actuaciones en la costa".
El técnico concluye recordando que en Santa Cruz ni la construcción del TEA ni del Auditorio Adán Martín surgieron del Plan General, al contrario que la reurbanización de Las Teresitas que nació de una modificación expresa del PGO. El arquitecto intenta desmontar los argumentos sobre la ilegalidad del aparcamiento apuntando a que esta construcción es subterránea "y como tal no está sometida al cumplimiento de los parámetros urbanísticos que el informe pericial del APMUN y el escrito de la Acusación le reclaman".
Por su parte, la fiscal para los delitos Medioambientales, Inmaculada Violán, se reafirma en su petición de 18 años de cárcel para los acusados -que oscilan en penas de entre tres y dos años para cada uno de ellos-,que asuman la responsabilidad civil y por lo tanto paguen todos los gastos, incluida la demolición del edificio, y la inhabilitación para ejercer cargo público.
Este es el verdadero problema, que los politicos no consideran que las leyesno van con ellos.
En lo que sí llevan razón es en que Costas ha mirado para otro lado y ha dejado hacer sin tomar cartas en el asunto. A los particulares nos vigilan como águilas, en cuanto cambias un cristal o reparas un grieta de la fachada, tardan dos días en enviarte la carta con una multa desorbitante, mientras que en otros casos padecen de ceguera crónica.
La pregunta es: ¿por qué el Consejo de Ministros aprobó y presupuestó más de 15.000.000 de euros para la remodelación de la playa? ¿Por qué no hay nadie de Costas imputado por dejación del deber y presunta prevaricación?
La Asociación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa dice que está en juego el futuro de la ciudad · El sector advierte de la indefensión que sufren los ciudadanos
La Asociación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa de Ayamonte (Apyme) mostró ayer su rechazo total al deslinde que la Delegación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino que dirige Rosa Aguilar, está efectuando y tramitando en este municipio costero y solicita una anulación total del expediente.
Esta petición responde a la reciente comunicación por parte de la Delegación de Costas al Ayuntamiento de Ayamonte de la paralización del expediente, noticia que, según el presidente de la Apyme, Miguel Antúnez Caracena, "es una solución temporal y no es suficiente para erradicar los problemas que está suscitando esta medida, por lo que demanda su anulación total".
La Apyme deja patente en un comunicado su gran preocupación por una delimitación que efectúa Costas en un municipio tan peculiar como es Ayamonte, que está rodeado por el río Guadiana y enclavado en la desembocadura. A su juicio, esta delimitación está teniendo consecuencias no sólo en el casco urbano de la ciudad, sino también en la zona de las playas y con ello a alguna de las urbanizaciones de este enclave. En este sentido, las empresas ubicadas en el casco urbano que se encuentran cercanas al margen del río Guadiana se hallan afectadas, incluyendo incluso ya no sólo parcialmente, sino en su totalidad naves industriales y comerciales que poseen las empresas.
"No cabe duda de que este deslinde pone en grave peligro a una ciudad que se caracteriza por ser punto de referencia empresarial, turístico y comercial radicada en una frontera con nuestro país vecino Portugal y que toda la afectación de Costas no ayuda a la recuperación económica de la zona, ni a la libre circulación del turismo internacional, ni la afluencia comercial con la que venía contando hasta ahora, sino que se están poniendo trabas a que un municipio pueda crecer en un futuro", advierten los empresarios ayamontinos. En opinión de la Apyme, para la mejora de la coyuntura económica es necesario "fomentar la creación de empresas y, por ende, empleo, mejorar la vida de los ciudadanos, y propiciar la mejora del entorno productivo, para de esta forma poder afrontar las circunstancias que estamos viviendo". Apyme añade que actuaciones como el deslinde no benefician nada al municipio, sino todo lo contrario, "ya que entraríamos en una decadencia brutal y muy peligrosa del municipio".
"Amén de la dimensión empresarial, no hay que olvidar la dimensión social de esta actuación. Parte importante de los ciudadanos que habitan viviendas, la mayoría personas mayores y jubiladas, carecen de recursos y su única propiedad donde invirtieron esfuerzos, ahorros y toda una vida llena de sacrificios está en manos de un deslinde por parte de dicha Administración, encontrándose en una situación de indefensión", añade el análisis del sector empresarial.
El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo cree que en 25 años se ha pasado "de la nada" a una "revolución" en legislación medioambiental
El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha señalado que pese a la "recesión" urbanística continúan dándose asuntos judiciales en esta materia, ya que se sigue construyendo "ilegalmente".
El incremento de las causas también obedece, según ha añadido, a que en ocasiones las denuncias llegan tarde a la Fiscalía o a que se corresponden con construcciones ilegales anteriores. Así lo ha indicado este martes en Santander, donde ha participado en las Jornadas sobre Naturaleza y Medio Ambiente que cada año organiza la Guardia Civil.
Durante su intervención, titulada 'Delincuencia medioambiental: pasado, presente y futuro', Vercher ha repasado las novedades del Código Penal tras la reforma acometida en junio de 2010 y que entró en vigor en diciembre del año pasado y, más concretamente, las novedades en artículos relacionados con las infracciones urbanísticas y contra el medio ambiente.
Según ha precisado al respecto, de las 607 sentencias condenatorias registradas en 2009 en toda España, 386 estaban relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo, mientras que en 2010 se contabilizaron 687, de las que 426 tenían que ver con estos delitos. También ha indicado que en 2009 hubo 244 sentencias absolutorias en la materia, que se elevaron a 282 en 2010.
Por comunidades autónomas, el fiscal ha indicado que Cantabria los delitos urbanísticos "siguen siendo mayoritarios", aunque otros temas relacionados con el medio ambiente "van ganando terreno".
En cualquier caso, los problemas relacionados con el urbanismo que han surgido en los últimos años en toda España es una de las razones que llevó a reformar el Código Penal, y todavía es un tema que "sigue preocupando" a la justicia.
LA DEMOLICIÓN ES UNA FORMA DE INDEMNIZACIÓN
Vercher se ha referido también, a preguntas de los asistentes, a las demoliciones que, según ha recordado, son "una forma de indemnización" que no impide afrontar otros aspectos que merezcan ser indemnizados.
Así, ha explicado que la demolición es una forma de restablecer el orden jurídico alterado, mientras que la responsabilidad civil y la indemnización son conceptos "más amplios". Son como "círculos concéntricos", ha comparado.
El fiscal también se ha referido a la prevaricación urbanística, y ha subrayado al respecto que antes de la reforma del Código Penal de 2010 se imponían penas de cárcel "o" multas, mientras que en la actualidad estos delitos están penados con prisión "y" multas.
Con todo ello, ha opinado que se ha conseguido una perspectiva "más amplia" y "realista" de los delitos relacionados con el urbanismo en general, hasta el punto de que la "simple obra" de un edificio o una urbanización se considera ya "un delito consumado", es decir, que no hay que esperar a que la construcción esté finalizada.
LA DIMISIÓN PARA ESTE SEÑOR ES POCO, HA HECHO SUFICIENTES MERÍTOS PARA UN DESPIDO FULMINANTE. PERO YA QUE ES TAN VALIENTE, ¿POR QUÉ NO EMPIEZA CON LA CASA DE ZAPATERO EN VERA CONSTRUIDA EN ZONA INUNDABLE O CON VILLA PSOE? O POR LA DEL 2º ASISTENTE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO QUE LA TIENE A 5 MTS DEL MAR EN ALTEA...O POR LA DEL EURODIPUTADO MARTINEZ SITUADA EN PRIMERA LINEA DE PLAYA DE DENIA...
¿QUIERE IDEAS? PUES EMPIECE INVESTIGANDO EL PUERTO DE VALENCIA QUE ESTÁ DESTRUYENDO TODAS LAS PLAYAS Y LA ZONA PROTEGIDA DE LA ALBUFERA.
Y COMO EL DE VALENCIA, TODOS LOS DEMÁS...¿ESO NO INTERESA INVESTIGARLO?
Las Palmas de Gran Canaria, 14 nov (EFE).- El PP considera una prioridad la reforma de la Ley de Costas para que se tenga en cuenta la singularidad de cada espacio costero afectado por los nuevos deslindes marítimos terrestres, indica esa formación política en un comunicado.
Así lo pusieron de manifiesto tanto el candidato al Senado, Oscar Luzardo, como al Congreso, Francisco Cabrera, en una reunión mantenida este fin de semana con un grupo de vecinos de El Golfo, cuyas viviendas y establecimientos están bajo amenaza de derribo.
Luzardo y Cabrera destacan "lo injusta que resulta una normativa cuando su aplicación no tiene en cuenta la realidad y las especificidades de cada lugar, como ha ocurrido en El Golfo y en otros muchos puntos del litoral de la isla".
Para los populares es fundamental modificar la ley para que se reconozcan los núcleos de población históricamente consolidados, previos a la entrada en vigor de la Ley de Costas, y tener en cuenta el valor etnográfico y socioeconómico de estos espacios.
Luzardo considera que "la protección de nuestro litoral y nuestras cosas debe conjugarse y ser compatible con la realidad de la isla" y muestra su rechazo a la "arbitrariedad" con la que se está aplicando la norma en cuanto que en unos lugares se contempla el deslinde en 20 metros y en otros, como en el del Golfo, se amplía hasta los cien.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha dicho hoy que tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "se han politizado hasta la náusea, poniendo así en riesgo, incluso, la supervivencia de la Justicia en España".
Para Leguina, ha quedado "meridianamente claro" que las cuotas entre partidos para repartirse los altos cargos judiciales no han servido para otra cosa que para trasladar, "torticera y peligrosamente", el debate político a instituciones como las dos citadas, "pervirtiendo la esencia misma del aparato judicial".
Leguina ha pronunciado una conferencia en el Club Antares de Sevilla que ha consistido en la lectura de una carta dirigida al próximo presidente del Gobierno "quienquiera que éste vaya a ser", en la que se abordan métodos políticos y medidas concretas que, a su juicio, es preciso poner en práctica cuanto antes, "comenzando por atajar la politización de instituciones públicas como la judicatura o privadas como las ONG".
Para Leguina, una de las causas que afectan al crédito de los políticos es su currículum, que en bastantes casos es, "como algunas fincas rústicas, manifiestamente mejorable".
"En otras palabras, los partidos políticos se han llenado -desde arriba hasta abajo- de personas cuya vida profesional se reduce a su 'trabajo' dentro de la organización partidaria", ha subrayado.
El candidato al Congreso, Pablo Matos, visitó los núcleos candelarieros de Bajo La Cuesta, Cho Vito y Playa la Viuda.
Así se expresó Matos durante una visita a los núcleos de Bajo La Cuesta, Cho Vito y Playa la Viuda, que sirvió para conocer de primera mano las peticiones de los afectados que pasan, principalmente, por "solicitar las revisiones de los deslindes marítimos terrestres y el respeto de la propiedad de sus viviendas", tal y como apuntaron.
Matos, que estuvo acompañado por la candidata número dos al Congreso, Águeda Fumero, por el presidente del PP de Candelaria, José Fernando Gómez, y por los concejales del municipio, recalcó que "nuestro partido ha reiterado en múltiples ocasiones el compromiso de modificar cuanto antes la Ley de Costas porque entendemos que contiene criterios injustos no sólo para Canarias sino también para otras muchas comunidades autónomas".
Según se recoge en un comunicado, el candidato popular recordó que "ya conseguimos que se aprobara en el Senado una reforma de dicha ley con la que pretendíamos acabar con los problemas derivados de su aplicación, pero no llegó a tramitarse en el Congreso por la disolución de las Cortes".
También Cristina Tavío, en su condición de parlamentaria, presentó una proposición no de ley que aprobó el Parlamento de Canarias solicitando, por un lado, el aplazamiento de la aplicación de la Ley de Costas en el Archipiélago, y por otro, la creación de un catálogo destacando el valor etnográfico, arquitectónico y socioeconómico de estas áreas urbanas costeras.
Por último, Pablo Matos señaló que la costa tinerfeña, como la del resto de España, está salpicada de asentamientos y núcleos consolidados que, como en el caso de Bajo La Cuesta, Cho Vito, y Playa la Viuda son "previos a la entrada en vigor de la Ley de Costas", pero su ejecución está motivando situaciones que, "paradójicamente, no se dan en otros puntos del país, donde el criterio que se sigue es mucho más flexible y favorable a los derechos a la propiedad o a la empresa".
Cuba avanza en su camino de la recuperación económica. Después de un mes de liberar el comercio vehicular, el gobierno de Raúl Castro permite que los habitantes de la isla puedan comprar o vender su casa o apartamento; podrán hasta tener dos propiedades.
Además de vender y adquirir autos, ahora también los cubanos podrán hacer lo propio con sus viviendas o realizar la transferencia de sus propiedades sin tener que contar con autorización estatal a partir del 10 de noviembre, aunque deberán pagar un impuesto.
La Gaceta Oficial de la isla difundió los detalles de un conjunto de leyes -en especial una marco firmada por el presidente Raúl Castro- y normas que regulan la transmisión de bienes raíces, unas horas después de que el periódico Granma lo anunciara.
Los cubanos que residan en el país y los extranjeros con estancia permanente podrán ser propietarios de una vivienda para habitar y otra de descanso en el campo o la playa.
La nueva legislación, largamente esperada por la población, forma parte de las reformas aprobadas en abril por el VI Congreso del gobernante Partido Comunista (único) para dinamizar la maltrecha economía de la isla y reducir un déficit estimado en medio millón de viviendas.
La medida fue recibida con elogios, incluso entre disidentes. "Me parece que todo lo que sea reconocimiento de la propiedad privada es un paso adelante", declaró el economista opositor Oscar Espinosa a la AFP.
"Vamos lentos, pero avanzamos y eso es lo que importa", dijo Mayra Hernández, empleada de un hotel de La Habana, que también ve en la nueva ley una oportunidad para vender su "gran chalet" y comprar dos casas, una para ella y otra para su hermano.
DESPUÉS DE ESTA NOTICIA ESPAÑA SE HA QUEDADO SÓLA VULNERANDO EL DERECHO UNIVERSAL A LA PROPIEDAD PRIVADA. ¿VA A SEGUIR PERMITIÉNDOLO EL NUEVO GOBIERNO QUE SALGA DE LAS URNAS EL 20-N?
El BLOC nacionalista ha presentado hoy por registro una moción en la que insta a les Corts Valencianes y a las Cortes de Madrid a iniciar un proceso para traspasar la competencia de Costas a la Generalitat Valenciana, dado que “nadie conoce mejor la realidad del litoral del País Valencià que sus propios ciudadanos y sus representantes políticos directos”. Según Nomdedéu, “es un error planificar desde un despacho de Madrid, al lado del Manzanares, la política de Costas que afecta a ciudadanos a más de 300 kilómetros”.
El BLOC, además, insta en su moción a que “el nuevo ejecutivo inicie una reforma legislativa puntual urgente para evitar la retroactividad de la Ley de Costas, aprobada en 1988 pero que se aplica a edificaciones anteriores, muchas de ellas construcciones agrarias tradicionales o con valor histórico”, a explicado Nomdedéu.
El portavoz nacionalista apela al apoyo del resto de grupos de la Diputación, dado que “tanto municipios del PP y del PSOE han iniciado procesos de protección de viviendas de primera línea en municipios que gobiernan. “La ciudadanía no podría entender que Moliner se vaya a Europa a presentar 40.000 firmas en apoyo a los afectados por la Ley de Costas y su partido no inicie trámites para modificar una ley manifiestamente injusta”.
La moción del BLOC, además de proponer la derogación de la Ley de Costas y su reformulación, reclama la paralización de cualquier proceso de expropiación y derribo iniciado por el Ministerio en la provincia. “Desde el BLOC urgimos al resto de grupos a apoyar nuestra moción porque hay 600 viviendas directamente afectadas y que, según la Ley de Costas actual se derruirán antes de 2018. Hay que empezar a trabajar ya para proteger los derechos de los propietarios de estos núcleos rurales históricos costeros de Castellón”, afirma Nomdedéu.
Deslinde de Costas. Acabar con el efecto retroactivo de la ley
Gabriela Mayans, que ocupa el número siete de la lista balear alCongreso, avanzó que había dimitido como presidenta de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costas al considerar que ese movimiento debe continuar siendo «apolítico». Señaló que con los gobiernos regional y central del PSOE se había perdido «una ocasión de oro» para buscar un problema definitivo a este conflicto. Mayans añadio que su compromiso va más allá de la modificación del deslinde ya que pretende que se «respete la propiedad privada de todo lo construido legalmente antes de 1988», que fue cuando entró en vigor la Ley de Costas. La candidata del PP precisó que este planteamiento implicará luchar «contra la obra ilegal anterior y si hay que expropiar, que se haga con el pago apropiado», sentenció.
Cabodeiro (Isla de Arosa) antes de la construcción de Villa Psoe
La juez del 'caso Blanco' se inclina por enviar al Supremo la acusación contra el ministro
Dorribo está implicado directamente en la construcción ilegal de ‘Villa PSOE’. La relación entre la ‘operación Campeón’ y el escándalo de las viviendas de Arosa es “clara y evidente”.
El caso Campeón, que salpica, según las acusaciones del principal imputado Jorge Dorribo, al ministro de Fomento, José Blanco, llegará en los próximos días al Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas consultadas por LA GACETA sostienen que “es inminente el traslado de la exposición razonada de la magistrada Estela San José a la Sala Penal del Alto Tribunal, en la que justifica la existencia de indicios racionales de criminalidad contra el aforado Blanco”. Todo indica que el asunto llegará antes del 20-N.
Estas mismas fuentes explican que “la juez de Lugo puede tomar esta decisión con independencia de que decrete el levantamiento del secreto del Sumario o de su prórroga cuando se cumpla el mes preceptivo”. Además, tampoco influye el hecho de que el fiscal, amigo de Conde-Pumpido, haya solicitado a la juez continuas diligencias probatorias con el fin de dilatar la instrucción y evitar que el caso Blanco llegue al Tribunal Supremo antes del 20-N.
Y es que la magistrada San José quiere tener atada la presunta implicación del ministro. No quiere dar pasos en falso. “De ahí que en las últimas semanas haya llamado a Dorribo para declarar varias veces en sede judicial y contrastar sus manifestaciones con la numerosa documentación que hay en el juzgado al respecto”, subrayan fuentes jurídicas.
Desde que este escándalo saltó a la opinión pública, se han producido varios robos de documentación en despachos de abogados y auditorías. De momento, que se conozca, se ha denunciado el robo en la asesoría Serinacon Galicia, un establecimiento que está relacionado con un asesor fiscal y económico de Dorribo. Anteriormente también se robaron varios ordenadores en la asesoría fiscal Prolusa Estudio Económico.
Involucrado
Por otro lado, fuentes cercanas a la operación Villa PSOE han asegurado a este diario que la relación entre lo acontecido hace ya cinco años en la isla de Arosa y la actual operación Campeón es “clara y evidente”.
Cabodeiro con Villa PSOE en construcción
En toda esta operación, que culmina en octubre de 2006, aparece involucrado el empresario Dorribo. El principal implicado en la operación Campeón, quien mantuvo el encuentro en una gasolinera con José Blanco y declaró ante la juez haber dado al titular de Fomento 400.000 euros a través de una empresa de su primo, estaría también involucrado, directa o indirectamente, en la construcción ilegal de la isla de Arosa y, por extensión, sería partícipe de una compleja trama que desembocó hace ya algunos meses en la operación Campeón. Las fuentes citadas, y en este caso apoyadas por las consultadas dentro de la Guardia Civil de Galicia, aseguran que la relación entre Dorribo y el llamado clan gallego de Blanco es más que clara. El clan estuvo involucrado en la construcción ilegal de Cabodeiro o Furado, conocida como Villa PSOE. “Dorribo estaba involucrado en esa captación de recursos, aunque nunca llegó a controlar su situación económica. Es un pardillo”.
En cuanto a la relación entre las dos operaciones, las mismas fuentes son contundentes: “En realidad estamos hablando de lo mismo. Durante muchos años el PSOE ha tratado de ganar adeptos a través de la financiación, del trato de favor y del establecimiento de un aparato de captación que, en su día, desembocó en Villa PSOE y actualmente en el caso Campeón”. En todas esas tramas, aseguran, Blanco ha sido un pilar fundamental, que ha ido ubicando y situando en puestos vitales de la Administración gallega y de la empresa a personas cercanas y amigos. Una telaraña de favores que tenían como fundamento la captación de dinero
Villa PSOE fue un entramado que utilizó a personas de responsabilidad para utilizar su jerarquía pública en fraude de ley, recalificando unos terrenos donde no se podía edificar, donde la carencia de servicios era notoria y donde, además, se hicieron concesiones de terrenos que antes eran patrimonio del ayuntamiento. “Fueron el pago por haber colaborado en la adjudicación de obra pública a empresas, matrices de las que hicieron la operación de compraventa, promoción y construcción”. Entre los beneficiarios, se encontraba Blanco, que adquirió un ático en una urbanización “manifiestamente ilegal”. http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/juez-caso-blanco-se-inclina-por-enviar-supremo-acusacion-ministro-20111101
VARA DE MEDIR DE LA LEY DE COSTAS PARA LOS POLITICOS
VARA DE MEDIR PARA LOS CIUDADANOS INDEFENSOS ANTE EL DESPÓTICO PODER
EL PSOE SABÍA PERFECTAMENTE LO QUE HACÍA CUANDO APROBÓ EN 1988 LA LEY DE COSTAS. FABRICARON UNA LEY A LA CARTA CON VISTAS A LA CONFISCACIÓN MASIVA DE PROPIEDADES LEGALMENTE ADQUIRIDAS.
El ART 8 DE LA LC, QUE NOS DESPOJA DE NUESTROS DERECHOS ADQUIRIDOS, ES UN COPIA Y PEGA DE UNA LEY FRANQUISTA QUE FUE RECHAZADA POR LOS JUECES Y DIPUTADOS DE AQUELLA ÉPOCA PORQUE NO LOS RESPETABA.
Esa igual de jeroglífica como caprichosa ley de costas, va poniendo el güevo de forma aleatoria y arbitraria por todo el litoral español. Y sus responsables ejecutores, verdugos empecinados, rayanos a la demencia febril y obsesiva, lo mismo te planchan un sueño que te fríen una esperanza. Juramentados para la aplicación de una ley injusta y demasiado cuestionable, van dejando “cadáveres exquisitos” y desolación humana, allá donde hincan el colmillo provistos de sanguinarios papelajos carentes mesura, equidad o una mínima coherencia social.
Y mira por donde, se da el curioso y extraño des-equilibrio, que enrasa a los más débiles en la misma palangana de ablución de su existencia. O desmantelación de sus viviendas, como gusta definir estos irresponsables al derribo de esos hogares, humildes e indefensos, frente a esa implacable apisonadora llamada ‘Ley de costas’…demenciales.
Por la misma inercia abusona, los expedientes de ‘desmantelación’ incoados hasta la fecha, corresponden a meras familias humildes, sin la tranquilidad frente al aparato burrocrático de tener los riñones a bien forrados por una jartá de millones de vellón, y todo lo que eso impedimenta la labor ejecutora y ejecutiva. Es en esa parcela de indefensión tan clamorosa, sin capacidad económica de maniobra frente a una cuadrilla de ‘pezucos’ cebados con los más indefensos, donde se aplica con todo el rigor-mortis una ley que adolece de muchos males endémicos al sistema, claramente obstruido y distanciado de la realidad.
En mi pueblo, hablando en romance paladino, a eso se llama hacer las cosas por bemoles. Poner los mojones (Marítimos) contra los más desprotegidos, los 49 vecinos de Puntas de Calnegre, por ejemplo, mientras se salvaguarda el traje (O el cargo político) y se nada en las truculentas aguas de aquellos que controlan el poder y sus narices.
Demasiados intereses ‘a la limón’. Demasiadas preguntas por contestar. Demasiados encuentros y desencuentros entre colegas o no tan colegas de partido, y repartido. ¿Revanchas o puros negocios? Nunca se sabrá con certeza la realidad oculta tras el ‘desmantelamiento’ de una población costera. Lo que siempre llevaremos como lastre de vergüenza institucional, es el dolor causado a miles de familias de nuestro litoral, que se están viendo en la puñetera calle. Y aún se han de ver, si no cambian los criterios o la jodida ley, con una mano delante y otra detrás para proteger sus pudorosas partes, no vaya a ser que esta indecencia formalizada en cortes no haya quedado satisfecha...
Incluso, en altos foros políticos, incluido el parlamento europeo, hay responsables del gobierno español, la defensora del pueblo, que no pueden sostener las críticas de sus colegas continentales y terminan por reconocer que esta ley de costas es una injusta barbarie, para la mayoría de los casos donde se aplica. Incluso, el gran número de desestimaciones judiciales de expedientes ya ‘cocinados’, viene la refrendar y sentar jurisprudencia -de ser prudentes, eh-, en contra de dicha norma. Incluso, siendo un poco suspicaces, y por aquello del agravio comparativo, podríamos darnos un garbeo por nuestras costas y ver con toda claridad donde se encarniza dicha ley, y donde claudican, o hacen la vista demasiado grossa sus ejecutores, a la hora de aplicarla. Porque es mucho más suave judicialmente destruir los hogares de esas pobres familias sin un puto céntimo, que afrontar un vía crucis de demandas, sentencias y apelaciones desde los gabinetes estelares de esas intocables corporaciones urbanísticas que todos conocemos. Eso creo, no estoy muy seguro, pero parece tener todas las trazas de ser tal y como lo describo. O ¿no?...
La obra denuncia el ''doble rasero'' en la aplicación de la Ley de Costas con los pueblos marineros tradicionales y los poderes empresariales
Mayo de 2006. Una importante cadena hotelera canjea con la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente la propiedad de la Isla de Lobos por una concesión de 30 años para la explotación en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo de un complejo sobre el que había recaído una orden de demolición por incumplir la Ley de Costas al invadir dominio público marítimo-terrestre. Yeray González Nuez, un periodista grancanario que tenía por entonces 28 años, es el encargado de redactar la nota de prensa del Cabildo de Fuerteventura para su difusión por los diferentes medios de comunicación.
Casi un lustro después, tras cuatro años en el paro y alentado por unas fotografías que le enseñó su madre, Yeray inició un trabajo de investigación que ha dado como resultado un documental de cerca de 80 minutos que denuncia el "doble rasero" en la aplicación de la ley de Costas en Canarias, “inflexible” con los pueblos marineros tradicionales y “permisivo” con grandes poderes empresariales.
“Empecé a indagar y cada vez me encontraba con injusticias más flagrantes que se perpetraban con la connivencia de los políticos y de los empresarios. El último mono era el ciudadano con sus derechos”, explica el director de A nuestra costa, una obra que ha financiado íntegramente con los ahorros de los que disponía y gracias a la colaboración desinteresada de su entorno cercano.
Secundado por las otras dos patas fundamentales del proyecto, Eduardo Hernández y Alfonso García, Yeray ha recorrido cuatro islas (Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife) para visitar una decena de pueblos bajo amenaza de desaparición por la aplicación de la Ley de Costas. En el contacto con los vecinos ha podido comprobar “el espíritu de superación y la capacidad que tiene el ser humano para tirar hacia adelante en situaciones límite”.
Cho Vito se ha erigido en emblema de esta lucha. En octubre de 2008 un amplio dispositivo policial irrumpió en el poblado marinero, lo cercó y derribó una veintena de casas. Aún queda una decena en pie. “Estuvimos cuatro días en Cho Vito y el recibimiento fue espectacular, nos acogieron como una familia. Nos han dado lecciones de vida, de humildad, de sencillez, de dignidad, de cómo comportarse cuando alguien con más poder trata de hundirte”, asegura el guionista y realizador del documental. “Esa gente sabe más de leyes que un político”, tercia Eduardo, que ha colaborado en la edición y en el sonido.
Yeray González reconoce que en el proceso de producción se han topado con presiones y obstáculos de la clase política, el mundo empresarial e, incluso, de medios de comunicación. “Cuando alzas la voz en Canarias, te intentan silenciar. El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o la Demarcación de Costas en Santa Cruz, entre otros, no nos quisieron atender. Me ha sorprendido la falta de tacto que tienen las instituciones públicas para tratar al ciudadano, la impunidad con la que se mueven”, asevera.
Playas semiprivadas vs. yacimientos destrozados
El periodista grancanario ha querido poner de manifiesto con el documental A nuestra costa las “incongruencias” en la aplicación de una ley que nació en 1988 con el objetivo de “recuperar lo que es de todos para disfrute de todos”. Así, contrapone la laxitud mostrada por la administración con un complejo hotelero de Tenerife que llegó a anunciar que disponía de una playa artificial semiprivada a la contundencia de la actuación en Cho Vito.
“A los políticos les ha dado por promocionar los hoteles de lujo y los campos de golf, pero nosotros tenemos nuestra belleza natural, pueblos con valor etnográfico, nuestra cultura, nuestras raíces, que están desapareciendo”. Yeray ilustra su argumentación con un ejemplo de Gran Canaria: “En el paseo que va de Maspalomas a Meloneras tenemos grandes hoteles con forma de edificios típicos canarios y, frente a ellos, hay un yacimiento destrozado, la tradición centenaria de los primeros pobladores sin ningún cuidado”.
MiradasDoc
Tras su presentación en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 'A nuestra costa' estará presente en el MiradasDoc Market que se celebrará en el municipio tinerfeño de Guía de Isora entre el 2 y el 4 de noviembre. En este mercado tendrán la oportunidad de entablar contacto con televisiones y distribuidoras para poder vender el documental. ”En Europa están muy interesados. Queremos dar luz a cosas que hasta el momento están oscurecidas, pero si no lo conseguimos vender y no recupero mis ahorros, estaré igualmente satisfecho con la acogida de la gente, orgulloso con lo que hemos hecho, y lo haré accesible para que no se quede en un cajón”, concluye Yeray, que asegura que ya maquina otros tres proyectos para “denunciar otras injusticias”.
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha dicho que la Ley de Costas rompe el principio de "no confiscatoriedad", uno de los principios "básicos" del sistema tributario español, porque los propietarios "no son expropiados", ya que no reciben "ninguna compensación", sino que son "expoliados o confiscados".
Así lo ha señalado Diego este jueves en el acto de inauguración del III Congreso Nacional de el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) y los Valores Catastrales, que se celebra en Santander hasta este viernes, y en el que ha estado acompañado por el rector de la Universidad de Cantabria (UC), Federico Gutiérrez-Solana; el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Julián Vélez; y el organizador del congreso, Juan Enrique Varona.
Diego ha considerado que la aplicación de la Ley de Costas ha dado lugar, en "muchas" ocasiones, a "la ruptura" de ese principio de 'no confiscatoriedad' ya que los territorios de las personas afectadas por la delimitación de los espacios de dominio público-marítimo-terrestre "pasan a ser de todos los españoles" perdiendo "la condición de propiedad privada".
Los propietarios, que lo eran de "manera reconocida" tanto por escrituras notariales como por registros de la propiedad, ven "confiscado" su patrimonio de "una manera arbitraria", ya que la delimitación de los espacios está hecha "con criterios técnicos pero siempre en un marco de subjetividad", y, en algunas ocasiones, "bastante injusta", ha considerado Diego.
Por todo ello, y por la "actualidad" y "polémica" de esta norma en Cantabria, el presidente regional ha destacado que espera que la Ley de Costas "sea reformada en la próxima legislatura" en el Congreso y el Senado dada "la trascendencia" que tiene la aplicación de la misma en Cantabria de cara a 2018
Mucho ha tardado el Presidente de Cantabria en darse cuenta de que la Ley de Costas "confisca, expolia, y despoja de todos los derechos adquiridos a quienes siempre estuvieron dentro de la ley y se guiaron por el Derecho y el Principio de confianza en las Administraciones Públicas.
Mucho está tardando su Partido (PP) en anunciar públicamente su intención de poner fin a una situación tan injusta que "ni Stalin lo hubiera hecho en sus mejores tiempos" (frase original de un ex jefe de la Demarcación de Costas de Cádiz).
¿A qué esperan para anunciar en los medios de comunicación que cuando gobiernen terminarán con esta violación de los Derechos Humanos?
Mientras nos van dando a pildorítas la posible, sólo posible, modificación de la Ley de Costas, el Ministerio de Medio Ambiente se está dedicando a mandar concesiones (con condiciones draconianas) y "recuperaciones posesorias" (lease incautación) a gente que no tienen más sitio donde ir que la vivienda que les pretenden ROBAR.
Al final sólo están claras dos cosas:
1.- que el PSOE está demostrándo que se puede morir, matando. Y,
2.- que el silencio de los futuros gobertantes en un asunto tan importante como es la pérdida injusta de la propiedad, no es la mejor manera de convencernos de que la situación va a cambiar.
Son de admirar las personas que mantienen su tesón y su entereza a pesar de que las circunstancias sean adversas. Lo que puede parecer una cita, es una realidad en un colectivo tan pisoteado como los propietarios de las viviendas con sentencias de derribo, esas familias que sin comerlo ni beberlo se han visto involucradas en una persecución por el mero hecho de haber adquirido una vivienda. No hay un habitante en Cantabria que no desee una solución a todo lo concerniente con los problemas de urbanismo de la región. Algunos, los pocos, creen que son necesarias medidas tajantes y derribos indiscriminados. Otros, los muchos, entre los que me incluyo, consideran que es necesaria una solución definitiva y consensuada a la inseguridad urbanística en Cantabria que es la culpable de tanta sentencia.
El Gobierno regional se ha puesto a trabajar de una manera denodada por buscarle una salida a tanta sentencia. La mejor muestra es que en menos de cinco meses tenemos un borrador y una posible solución al conflicto cuyo resultado es el Plan de Derribos que se espera, sea del agrado de los responsables de Justicia de nuestra región. En el citado plan se marcan unos plazos o hitos para llevar a cabo soluciones puntuales en las zonas afectadas, permitiendo legalizar fases o porciones y estableciendo derribos e indemnizaciones en otras zonas marcadas por el destino.
Liencres es uno de los pueblos afectados y donde la piqueta se ensaña sin ningún tipo de piedad, y cuya conclusión puede resultar el derribo en Cerrias de las viviendas de Calas del Norte y la franja de domicilios que se ven afectadas en el nuevo Deslinde Marítimo-Terrestre. Resulta irritante esta solución toda vez que parece un pacto de caballeros: «.derribamos unas casitas por aquí y por allí y de esta manera contentamos a las asociaciones ecologistas y tenemos tranquila a la opinión pública». Esta solución seria buena en el Ferial de Torrelavega cuando un trato se enquista y se decide partir la diferencia, pero no vale cuando están afectadas moradas en las que se encuentran familias y personas.
La solución para estas viviendas vendría por un Deslinde Público Marítimo-Terrestre que haga justicia con Liencres, ya que el actual establece es un franja de protección de 100 metros en toda la costa sin reconocer el suelo urbano, merced a unos informes emanados de la Consejería de Presidencia por aquel entonces presidida por el Sr. Mediavilla que se ensañaban con Liencres. Cabe la posibilidad, entiendo, de revisar o validar esos informes para dejar la franja de protección en los 20 metros que es lo que establece la Ley de Costas para los suelos urbanos. Otra posible solución al deslinde puede pasar por una revisión y actualización de una obsoleta Ley de Costas que aporta más inseguridad al urbanismo en Cantabria. Es necesario recordar que el origen de las sentencias en Liencres es una hipotética falta de servicios, por lo tanto no viene motivado por el deslinde, pues la Demarcación de Costas, como era preceptivo, emitió informes favorables a las licencias toda vez que no invadían el Dominio Público.
Entonces, ¿por qué se tiene en cuenta el actual deslinde que no reconoce ni un solo metro cuadrado de suelo urbano en Liencres? Las licencias son anteriores al actual deslinde, la calificación de los suelos es anterior a la entrada de la Ley de Costas del año 1988, el Plan de General de Ordenación Urbana de Piélagos es de 1986...
Si analizamos de una forma global la situación de las costas en España, parece que Cantabria no se encuentra tan castigada como otras zonas como la mediterránea o las insulares. No se trata de un consuelo, pero si que es significativo que en estas zonas los problemas estén resueltos con medidas o leyes de punto final y en franjas menos afectadas estemos infringiendo un sufrimiento gratuito a los propietarios. Además, en Europa hay un autentico clamor contra la Ley de Costas de España, no sólo la parlamentaria europea Margrete Auken, representante del Grupo Europeo de los Verdes, sino otras voces parlamentarias han salido en defensa de las propiedades de los ciudadanos en España. Recientemente, el Defensor del Pueblo Español en reunión mantenida en el Parlamento Europeo, dejo entrever que la Ley de Costas no estaba siendo muy justa con los afectados.
Como conclusión, cabe reseñar que el plan de derribos redactado por el Gobierno Regional es muy valiente, pero acalla en parte las voces de los afectados, ya que no soluciona la totalidad de los casos y que obliga a estos a iniciar, nuevamente, un calendario de actuaciones.
